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SENTENCIA DEL TS DE 16-11-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 16-11-2016 SOBRE SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DESPIDO IMPROCEDENTE PRESENTADA MÁS ALLÁ DE LOS 3 MESES PREVISTOS PARA INSTAR EL INCIDENTE DE NO READMISIÓN

Despido improcedente. Incidente de no readmisión posterior a los 3 meses. Prescripción de la ejecución. Posible prescripción de los salarios de tramitación. Devengo de dichos salarios hasta la firmeza de la sentencia.

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Ruth contra la sentencia de 19-1-2015 del TSJ de Madrid en recurso de suplicación interpuesto contra el auto de 28-5-2014, del Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, en autos seguidos a instancia de Dª Ruth contra Digital CCTV Control System SL y el FOGASA sobre despido. No han comparecido los recurridos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 19-2-2013, el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, dictó auto en el que consta la siguiente parte dispositiva:

«No procede acceder a la solicitud presentada por la demandante el 20-3-2012, sobre ejecución de sentencia dictada el 19-5-2010, en el presente procedimiento por despido.»

Dª Ruth presentó recurso de reposición contra la anterior resolución, dictando auto en fecha 28-5-2014, y en cuya parte dispositiva consta:

«Desestimando el recurso de reposición interpuesto por Dª Ruth contra el auto de 19-2-2013, procede confirmar la citada resolución en todos sus extremos.»

SEGUNDO.- En el auto de fecha 28-5-2014 constan los siguientes antecedentes de hecho:

1º.- El 19-5-2010 recayó sentencia en este proceso, estimándose en parte la demanda interpuesta por Dª Ruth contra la empresa Digital CCTV Control System S.L. y FOGASA, declarándose la improcedencia del despido acordado por la empresa demandada, con los demás pronunciamientos que constan en el fallo de la misma. Dicha sentencia se notificó a la parte actora, el 1-6-2010 y a la parte demandada, mediante edictos, el 24-6-2010 y al FOGASA el 1-6-2010. Por la empresa demandada, no se ejercitó la opción a que se hacía referencia en el fallo de la citada sentencia.

2º.- Mediante escrito de 25-3-2011, la demandante solicitó la ejecución de la sentencia, al no haber dado cumplimiento al fallo de la sentencia, fijando en el mismo las cantidades adeudadas por la empresa por el concepto de indemnización y salarios de tramitación.

3º.- Mediante providencia de 28-4-2011, se acordó la citación de comparecencia de las partes y del FOGASA, habiéndose celebrado la misma el 1-6-2011, dictándose auto el 9-6-2011 en el que se declaró "la prescripción de la acción, invocada por el FOGASA, y en consecuencia no ha lugar a la ejecución de la sentencia, desestimando el incidente de no readmisión instado por la parte actora" advirtiéndose que contra el citado auto, cabía interponer recurso de reposición. Dicha resolución se notificó a la parte actora, el 7-3-2012 y a la parte demandada, mediante edictos, el 14-7-2011 y al FOGASA el 22-6-2011.

4º.- Con posterioridad, mediante escrito de 20-3-2012, la parte actora solicita nuevamente la ejecución de la sentencia dictada en el presente procedimiento respecto de los salarios de tramitación, habiendo reiterado su petición, mediante escrito de 10-7-2012, habiéndose presentado escrito el 2-8-2012 por el FOGASA, oponiéndose a la ejecución solicitada, dictándose auto el 19-2-2013, desestimándose la solicitud presentada por la parte actora el 20-3-2012, sobre ejecución de la sentencia dictada el 19-5-2010, en el presente procedimiento por despido.

5º.- El 28-2-2013, la parte actora presentó recurso de reposición contra el anterior auto de 19-2-2013, habiendo sido impugnado el mismo por el FOGASA, mediante escrito de 15-4-2013.

TERCERO.- Contra el anterior auto, Dª Ruth formuló recurso de suplicación y el TSJ de Madrid, dictó sentencia el 19-1-2015, en la que consta el siguiente fallo:

«Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandante Dª Ruth, contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid de 28-5-2014 en autos seguidos a instancia del recurrente contra Digital CCTV Control System SL y el FOGASA y en consecuencia confirmamos dicho Auto. Sin costas.»

CUARTO.- Contra la sentencia del TSJ de Madrid, Dª Ruth interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por esta Sala de lo Social del TS de 24-1-2012.

QUINTO.- El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de estimar procedente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Pretensión y sentencia recurrida.-

1.- La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si la solicitud de ejecución de la sentencia de despido improcedente presentada más allá de los 3 meses que se establecen en el artículo 279.2 de la LRJS para instar el incidente de no readmisión, supone la prescripción de cualquier cantidad referida a la sentencia de despido -incluidos los salarios de tramitación contenidos en la propia sentencia- o, por el contrario, los efectos prescriptivos se habrán de proyectar únicamente sobre los que se refieran al propio incidente de no readmisión, aplicándose la prescripción de un año a que se refiere el artículo 243 LRJS para la ejecución de la sentencia de despido en lo que se refiere a tales salarios de tramitación fijados en la sentencia de despido.

SEGUNDO.- Recurso de casación para la unificación de doctrina.-

1.- La actora recurre en casación para la unificación de doctrina alegando que la sentencia infringe la sentencia del TS de 24-1-2012 que designa de contraste entendiendo que los salarios de tramitación están sujetos al plazo de prescripción de un año previsto en el art. 241 LPL (hoy art. 243 LRJS) y no el de 3 meses del art. 277 LPL, con lo que no se trata de una nueva ejecución sino que la ejecución seguía viva.

La sentencia referencial señala que la acción para la ejecución dela sentencia mediante el incidente de no readmisión prescribe a los 3 meses previstos en el art. 277.2 LPL, pero que la acción para la ejecución de la deuda dineraria de los salarios de tramitación prescribe al año (art. 241.2 LPL), de suerte que la declaración de prescripción de la primera acción por sentencia firme no puede afectar a la segunda acción.

Entre ambas sentencia comparadas es evidente la existencia de contradicción al ser los supuestos sustancialmente iguales, y sin embargo, las sentencias llegan a fallos diferentes. Superado el requisito de la contradicción, han de examinarse los concretos motivos del recurso.

TERCERO.- Respuesta al motivo de recurso formulado.

Denuncia la recurrente la infracción de los artículos 241 y 277.2 de la LPL (hoy arts. 243 y 279.2 de la LRJS), por entender que la doctrina correcta se contiene en la sentencia de contraste.

Tal y como sugiere el Ministerio Fiscal en su informe, anticipamos que la doctrina ajustada a derecho, se contiene en la sentencia de contraste, razón por la que deberá estimarse el recurso interpuesto por la trabajadora.

Las razones jurídicas que se dan en la sentencia de contraste son las que seguidamente se reproducen:

"1.- Desde hace años, la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del TS viene afirmando que la sentencia en la que se declara el despido improcedente contiene dos condenas diferentes " ...de una parte, a la readmisión del despedido o al abono a éste de la indemnización correspondiente -condena alternativa, con opción en favor de la empresa, en este caso ejercida por la readmisión- y, en todo caso, al pago de los salarios de tramitación, bajo las limitaciones legalmente impuestas. Ambas condenas -readmisión y salarios de tramitación-, aun consecuencia de la improcedencia, tienen perfiles distintos: la primera impone una obligación de hacer; la segunda el pago de determinada cantidad. De ahí que para aquélla establezca la LPL un trámite específico en orden a su ejecución, no aplicable a la segunda, pues, para dichos efectos, se habrá de estar a lo dispuesto por los artículos 200 y siguientes del citado cuerpo legal".

2.- Hemos de partir entonces de que en las sentencias de despido improcedente se contienen dos condenas distintas:

- una referida a una obligación de hacer, que es la readmisión del trabajador cuando, como en el caso que nos ocupa, la empresa no ejercita la opción legal que se le concede en ella

- otra de abono de una cantidad concreta, líquida, que son los salarios de tramitación comprendidos entre la fecha del despido y la de notificación de la sentencia.

En esa situación, el artículo 277 LPL exige que la ejecución de la parte correspondiente a la obligación de hacer, la readmisión, si se entiende incumplida, se lleve a cabo en la forma que exige el artículo 226 LPL, esto es, a través de la solicitud del incidente de no readmisión, devengándose salarios de tramitación distintos de los inicialmente fijados en la sentencia. Sólo para éstos y para la propia acción de ejecución referida a la readmisión, el artículo 277 LPL establece la forma y plazos en los que esa acción ejecutiva ha de plantearse, limitándose esos salarios de tramitación cuando se ejercita dicha acción dentro de los 3 meses siguientes a la firmeza de la sentencia, entendiéndose ésta producida "por ministerio de la Ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el término para interponerlos, con independencia a éstos efectos de cuándo sea declarada la firmeza y cuándo sea notificada".

3.- Pues bien, una vez realizado el cómputo de los 3 meses en la forma indicada, desde la firmeza de la sentencia de despido que se intenta ejecutar, la prescripción especial que en él se contiene únicamente podrá proyectarse sobre el eventual incumplimiento de la obligación de hacer que se dice incumplida, esto es, la readmisión, de manera que todo lo que se refiera al percibo de la indemnización que se corresponda con la ausencia de tal readmisión estará prescrito si se pide más allá de los 3 meses, como ocurre en este caso, y no se haya acreditado la interrupción de ese plazo de prescripción.

4.- Pero los salarios de tramitación correspondientes al despido, esto es, los contenidos en el fallo de la sentencia y que comprenden los habidos desde la fecha del despido hasta los de la notificación de la sentencia, constituyen una cantidad concreta, susceptible de ejecución independiente, como antes se dijo, de manera que para el ejercicio de la acción de ejecución a ellos referida se habrá de estar a lo que se dispone con carácter general para tal tipo de condenas, esto es, al artículo 241.1 LPL; en el que se dice que, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 277, el plazo para instar la ejecución será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda ..." y se añade en el número 2 que "en todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de reclamar la entrega de sumas de dinero será de un año".

En el presente supuesto, la sentencia recurrida infringió la doctrina expuesta, puesto que declaró prescrita la acción de ejecución de la sentencia de despido que se dictó a favor de la demandante, en todos sus extremos, al haberse presentado más allá de los 3 meses a que se refiere el artículo 277.2 LPL (hoy 279.2 LRJS), cuando debió distinguirse, como se ha razonado antes, entre la no readmisión y la indemnización que de ella se derivase, y los salarios de tramitación contenidos en la sentencia, que sí resultarían susceptibles de ser ejecutados, al haberse presentado la petición o acción para ello antes de que transcurriese un año, a contar desde la firmeza de la sentencia.

CUARTO.- Por cuanto antecede, el recurso de casación para la unificación de doctrina ha de estimarse.

FALLO.- Esta sala ha decidido:

1.- Estimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Dª Ruth, contra la sentencia de 19-1-2015 del TSJ de Madrid

2.- Casar y anular la sentencia recurrida y revocar el auto de instancia dictado por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid de 28-5-2014, en autos seguidos a instancias de Dª Ruth frente a Digital CCTV Control System SL y FOGASA. Y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimamos el de tal clase formulado por la recurrente contra el referido auto, para estimar la pretensión que se contiene en la demanda de ejecución para que se despache la misma por los salarios de tramitación solicitados comprendidos entre la fecha del despido (4-2-2010) hasta la de la notificación de la sentencia (1-6-2010).

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