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SENTENCIA DEL TS DE 17-02-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 17-02-2016 SOBRE DESPIDO DISCIPLINARIO POR TRASGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL

Improcedencia pero no nulidad al no apreciarse vulneración de la dignidad, honor o intimidad del trabajador

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Banco de Sabadell contra la sentencia de 18-12-2013 del TSJ de Madrid por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por D. Santos contra la sentencia de 5-7-2013 dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid en autos seguidos por D. Santos frente a Banco de Sabadell., sobre reclamación por despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 5-7-2013 el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:

"1.- Desestimo la acción de nulidad del despido.

2.- Estimo la demanda por despido improcedente interpuesta por D. Santos contra Banco de Sabadell, SA, y declaro la improcedencia del despido de 22-10-2012 del que el demandante fue objeto, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, así como a que en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia opte entre la readmisión del trabajador o abonarle una indemnización de 11.632,32 euros. Se advierte a la empresa demandada que de no optar por la indemnización lo hace por la readmisión. Si se produjese la readmisión se deberán abonar los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de notificación de la presente resolución, en la cuantía de 151,42 euros por día.".

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

Por carta de fecha 22-10-2012 la empresa demandada comunica al actor la extinción de su contrato por despido disciplinario con efectos del 22-10-2012

El trabajador fue imputado en una causa abierta en la AN y puesto en libertad con cargos bajo fianza de 25.000 euros.

Según la Empresa, estos hechos ponen de manifiesto una evidente conducta transgresora de la buena fe contractual y abuso de confianza, infracción de normas y constituyen una falta muy grave y podrían ser justa causa para imponer la sanción del despido de acuerdo con lo que establece el apartado 5 letra c) del artículo 54 del Convenio antes citado y el propio artículo 54.1 del E.T.."

El demandante figura como imputado en un procedimiento Diligencias Previas seguido ante el Juzgado de Instrucción n° 4 de la AN de Madrid.

El día 16-10-2012 D. Santos no acudió a trabajar a su hora habitual. Posteriormente, D Santos se personó acompañado de la Policía Judicial y de la Secretaria del Juzgado de Instrucción n° 4 de la AN en su centro de trabajo situado en C/Príncipe de Vergara, 125. Estando D. Santos presente, éstos procedieron al registro de su puesto, interviniendo documentación de carácter personal así como archivos informáticos existentes en el disco duro del PC del actor, y otros archivos a los que pudiera el actor acceder a través de la red. Una vez finalizado el mencionado registro, D. Santos abandonó el edificio junto con la Policía Judicial y la Secretaria del Juzgado (por reconocimiento de las partes).

TERCERO.- La sentencia fue recurrida en suplicación por D. Santos ante el TSJ de Madrid, que dictó sentencia de 18-12-2013, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

"Estimando el recurso de suplicación formulado contra la sentencia de 5-7-2013 dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, revocamos la citada resolución y estimando la demanda formulada, declaramos la nulidad del despido por lesión de derechos fundamentales condenando a la empresa Banco de Sabadell SA estar y pasar por la anterior declaración, así como a la readmisión inmediata en iguales condiciones a las que regían antes del despido y con abono de los salarios dejados de percibir desde entonces."

CUARTO.- Banco de Sabadell preparó recurso de casación para unificación de doctrina, invocando como sentencia de contraste la del TSJ de Cataluña de 4-2-2008.

QUINTO.- El Ministerio Fiscal presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora estriba en determinar si constituye falta grave de transgresión de la buena fe contractual, susceptible de ser sancionada con despido disciplinario, la conducta descrita en la comunicación empresarial recogida en la inmodificada declaración fáctica de la sentencia de instancia.

Concurre el requisito de la contradicción del art. 219 LRJS, porque ante supuestos similares, en los que está en juego la posible vulneración del derecho al honor y a la propia imagen de trabajadores despedidos por motivos disciplinarios pero basados en conductas extralaborales no enjuiciadas ni determinadas siquiera de manera definitiva, la sentencia impugnada, pese a que, igual que en la referencial, no consta que la decisión extintiva hubiera tenido cualquier tipo de difusión fuera del estricto ámbito contractual entre empresa y trabajador, entiende vulnerados aquellos derechos y declara nulo el despido, mientras que, por el contrario, la resolución de contraste llega a la solución inversa y reconoce la mera improcedencia del despido; la contradicción se produce incluso a fortiori porque en el caso de la sentencia de contraste, no así en la recurrida, la actora ni siquiera había resultado imputada penalmente y, además, en la recurrida, el trabajador, ni en la demanda ni es su recurso de suplicación, había invocado los arts. 10 y 18 de la Constitución.

SEGUNDO.- 1. La doctrina correcta se encuentra en la sentencia referencial, por lo que procede casar y anular la resolución judicial impugnada, declarando la firmeza de los pronunciamientos de instancia, incluidos los que aluden a los salarios de tramitación y sus limitaciones, sobre los que ni tan siquiera se planteó objeción alguna en el recurso de suplicación del trabajador, porque, en efecto, situándose el objeto de la controversia en la hipotética vulneración de la dignidad personal y el honor del trabajador demandante, sin que conste acreditado el más mínimo indicio de que la decisión extintiva empresarial hubiera sido difundida fuera del estricto ámbito privado contractual laboral de las partes del presente litigio.

2. La sentencia ahora recurrida pretende sustentar su conclusión de nulidad del despido en distintas resoluciones del TC pero ninguna de las que menciona y trascribe en parte contempla un supuesto como el de los presentes autos, en el que está ausente cualquier actividad empresarial que haya difundido de algún modo la imputación de transgresión de la buena fe contractual ni de cualquiera de los sucesos a los que alude la carta de despido.

Mal puede, pues, resultar afectado el demandante, no ya en su dignidad como persona (art. 10 CE), configurada sistemáticamente más como principio constitucional que como derecho fundamental autónomo en sentido estricto, ya que no se encuentra concernido por el régimen jurídico de protección y garantías de éstos, y cuyo ámbito de protección está relacionado con los fundamentos del orden político y con la paz social, sino en su honor, en su intimidad personal y familiar o en su propia imagen (art. 18.1 CE), al menos en relación al vínculo laboral que le unía con su empleadora, si ésta, en el ejercicio regular de sus facultades disciplinarias, se ha limitado a comunicarle el despido por transgresión de la buena fe y la consecuente desconfianza que entiende derivada de su implicación --aparente al menos-- en una causa penal.

La imputación, ciertamente ambigua, tal vez excesivamente ambigua si se quiere, se ajusta miméticamente al tipo legal (art. 54.2.d ET) y a la previsión similar de la norma convencional, y no resulta afectada por el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que "no puede alegarse en el ámbito de las relaciones laborales".

3. A estos mismo efectos, esta Sala quiere hacer suyos los acertados razonamientos de la sentencia de contraste, en particular cuando asegura que la presunción de inocencia "no tiene cabida en el orden jurisdiccional social en cuanto a la valoración de conductas constitutivas de despido disciplinario" y también cuando afirma que

"el ataque al honor tutelado por el art. 18 CE requiere la intencionalidad de atentar contra la buena reputación de una persona, descrédito que necesariamente proviene del conocimiento o difusión de las expresiones o información relativa a la persona en este caso del trabajador hacia terceros o más allá de las fronteras de la relación privada y en este caso empleo de la información personal de la trabajadora con terceras personas, dentro o fuera de la empresa. Como quiera que esta situación no se ha producido, al haberse limitado la empresa a basar su decisión extintiva en su propio conocimiento de los hechos, que le habían sido revelados por la propia trabajadora, relativos a circunstancias personales extralaborales no puede entenderse vulnerado el citado derecho".

4. En definitiva, concurriendo esa concreta imputación, se nos antoja evidente, en contra de lo que al respecto parecía sostener la sentencia de instancia cuando cree partir de la inexistencia de causa o motivo alguno, que la empresa adujo realmente una causa de despido, vinculada indirectamente de algún modo a las actuaciones penales pero sustancialmente al margen de ellas: la transgresión de la buena fe contractual. Esa transgresión podría incluso haber justificado la procedencia del despido, si el juez de instancia lo hubiera considerado oportuno al valorar la prueba practicada, por la hipotética ocultación que ya ponía de relieve la carta de despido al relatar que, 3 días después de que el trabajador se personara acompañado de la policía y del fedatario judicial, el actor notificó su imputación a la dirección y su puesta en libertad con cargos.

5. Cuestión diferente es que, incumpliendo la empresa el deber que le impone el art. 105.1 LRJS --es decir, no acreditada por ella la veracidad de la causa imputada o no demostrada la gravedad de la conducta que requiere la disposición convencional--, la decisión extintiva merezca la declaración de improcedencia, tal como expresamente impone el art. 55.4 ET. Pero deducir solo de ello que se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales reconocidos en el art. 18 de nuestra norma suprema excede con mucho de la doctrina constitucional que pretende amparar la tesis de la sentencia recurrida, máxime si, esos derechos fundamentales, igual que los principios que contempla el art. 10 CE, ni siquiera fueron invocados por el trabajador en su escrito de demanda o en el recurso de suplicación que acogió favorablemente de modo erróneo la Sala de Madrid, en los cuales el único derecho fundamental que se aducía, exclusivamente, era el de presunción de inocencia.

6. Así pues, en virtud lo expuesto, y partiendo de que no existe en la declaración de hechos probados el más mínimo indicio de que la empleadora difundiera de algún modo los motivos que adujo en la carta de despido --y, solo por ello, no pudo producirse la vulneración que aprecia la resolución impugnada--, procede estimar en parte (el suplico del recurso pide que se "desestime la demanda interpuesta") el recurso, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el de tal clase formulado por el trabajador demandante y, declarar firme el fallo de la sentencia de instancia que reconoció la improcedencia del despido y frente al que se aquietó en su día la propia empleadora.

FALLO

Estimar en parte el recurso de casación para la unificación interpuesto por el Banco de Sabadell, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el de tal clase formulado por el trabajador demandante, D. Santos y, en consecuencia, declarar firme el fallo de la sentencia de instancia. Sin costas.

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