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SENTENCIA DEL TS DE 17-09-2015


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SENTENCIA DEL TS DE 17-09-2015 SOBRE IMPUGNACIÓN DE PRÁCTICA EMPRESARIAL EN GASOLINERAS DE CAMPSA

RESUMEN

Solicitud de que se declare contrario al CºCº Estatal de Estaciones de Servicio la obligación de los encargados de la Red de Estaciones de Campsa de denunciar en comisaría los casos en que los clientes se van de las estaciones de servicio sin abonar el combustible (“fugas”), así como el actuar de la empresa detrayendo del salario del trabajador el importe de dichas fugas cuando no se ha procedido a denunciar.

DOCTRINA:

1) No es contraria a Derecho la práctica de referencia.

2) Las funciones contempladas en el CºCº para los Encargados Generales no impiden que se les encomiende esa tarea.

3) Ningún acuerdo de la Comisión Interpretativa del Convenio impide tal práctica. 4) La empresa puede imponer esa obligación al amparo de sus facultades directivas.

Recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) contra la sentencia de la AN de 17-2-2014, en autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra la empresa Campsa Estaciones de Servicio, CCOO y UGT, sobre conflicto colectivo.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) interpuso demanda de conflicto colectivo ante la AN, suplicando se dicte sentencia por la que se declare contrario al CºCº de las estaciones de servicio, la obligación de los encargados de Campsa Estaciones de Servicio de denunciar en comisaría los casos en que el cliente se va de las EESS sin abonar el combustible y en consecuencia la empresa deje sin efectos las sanciones que por dichos hechos se hubieran podido imponer, siendo únicamente necesario la comunicación a la empresa de dichos hechos.

El 17-2-2014 se dictó sentencia, en la que consta el siguiente fallo:

"Desestimamos la demanda formulada por el Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR), contra Campsa Estaciones de Servicio S.A., CCOO y UGT, en materia de conflicto colectivo y absolvemos a la empresa demandada de las pretensiones frente a la misma deducidas en demanda".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

- La empresa demandada ejerce su actividad bajo el ámbito de aplicación del CºCº Estatal de Estaciones de Servicio 2010-2015.

- El 18-4-2013, en relación con el procedimiento de mediación promovido por Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) frente a Campsa Red Estaciones de Servicio. S.A. por motivo de detracción de la nómina del trabajador del importe a las "fugas" cuando éste no ha interpuesto la correspondiente denuncia.

Con carácter previo, la representación de la empresa manifiesta que según las Recomendaciones existentes a día de hoy, son los encargados los que presentarán la denuncia en caso de fuga de clientes. En base a ello, esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente acuerdo entre las partes intervinientes:

1. La empresa se compromete a revisar aquellos supuestos en los que se haya procedido durante el último año a descontar cantidades del concepto de quebranto de moneda que se hayan hecho indebidamente a los expendedores que no hubieran interpuesto denuncia en casos de fugas, por no tener obligación a ser denunciantes.

2. La empresa se compromete a someter a la Comité Nacional de Seguridad y Salud (CNNS) para su posible incorporación al protocolo que se está negociando actualmente, que la presentación de denuncias en los casos de fugas por parte de los encargados sea voluntaria.

3. En el supuesto de que la CNNS no acordase la inclusión de la voluntariedad de la presentación de denuncias para los encargados, las partes acuerdan dar por cumplido el trámite de mediación previo a la presentación de la demanda ante la AN".

Contra la expresada resolución se preparó recurso de casación a nombre del Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR), basándose en el siguiente motivo: Al amparo del art. 207.e) de la LPL, por infracción de los arts. 38 de la CE, 85.2, 91 del ET, así como los arts. 3.1, 5.c) y 20.1 ET en relación con el art. 229 de la LEC.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La cuestión suscitada.

El Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) presentó demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare contraria al CºCº de estaciones de servicio, la obligación de los Encargados de Campsa Estaciones de Servicio de denunciar en comisaría los casos en que el cliente se va de las EESS sin abonar el combustible ("fugas"), así como el actuar de la empresa detrayendo del salario del trabajador el importe de dichas "fugas" cuando no se ha procedido a denunciar.

La sentencia de instancia.

La sentencia de 17-2-2014, de la Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda por las siguientes razones:

a) La obligación cuestionada no es contraria al artículo 16 del Convenio aplicable, que define las funciones de los Encargados.

b) La asignación de tal cometido constituye ejercicio lícito, correcto y no abusivo de las facultades de dirección y organización del trabajo cuyo fundamento constitucional se encuentra en la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución que tiene hoy su expresión básica en el E.T. (artículos 5.c y 20.1).

c) La cuestión fue resuelta en el acta de la Comisión mixta de interpretación y seguimiento del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio 2006-2007-2008-2009 celebrada el 28-11-2007 en la que se establece que al trabajador en modo alguno se le puede hacer responsable de las faltas que sean consecuencia de robos o hurtos, si bien es cierto que viene obligado a denunciar los citados hechos delictivos cuando éstos se producen, habiéndose limitado actualmente el ámbito subjetivo de esta obligación, desde el año 2013, a los Encargados Generales de Estaciones de Servicio.

Examen del motivo único del recurso.

1. Confrontación de la práctica empresarial y el CºCº.

Lo que solicitaba la demanda (y denegó la sentencia recurrida) es que se declare contraria al CºCº la obligación impuesta en la empresa Campsa sobre denuncia de "fugas". A la vista de los hechos probados ante la AN, así como de lo previsto en el CºCº debemos precisar esos términos:

A) La práctica empresarial.

Los hechos probados ponen de manifiesto la existencia de una práctica de empresa, actualmente consistente en la obligación impuesta a los Encargados Generales de las Estaciones de Servicio de seguir el procedimiento de gestión de fugas establecido en el que se recogen los pasos a seguir por los encargados de las estaciones de servicio desde el momento en que se detecta una fuga hasta el seguimiento posterior a la celebración del juicio.

En el mismo se catalogan como tal, todos aquellos casos en los que el cliente se va sin pagar el suministro y sin reconocer la deuda. El encargado de la Estación de Servicio generará un parte de siniestro en la oficina móvil para cada una de las fugas reales existentes.

Con periodicidad mensual, preferiblemente entre los días 1 y 5 de cada mes, el encargado general presentará ante el registro del juzgado correspondiente todas las denuncias del periodo recopiladas en el área de su competencia. Como dirección de notificación se pondrá la de la Delegación regional o el de la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo de la estación de servicio o el móvil del encargado. En el anexo I se presenta un modelo de denuncia en el que consta que el denunciante facilitará su nombre y número de documento de identificación; hará constar que denuncia en calidad de empleado de la estación de servicio "x" y que el perjudicado es Campsared, como gestora de la estación.

Dependiendo de los casos, podrá señalarse asimismo como testigo de los hechos o facilitar la afiliación del expendedor que estuviera de servicio en ese momento; no obstante, dado que, en la mayoría de los casos, el único testigo presencial son las cámaras de CCTV, se recomienda no hacer constar ningún testigo en la denuncia. Siempre se dará como domicilio el de la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo de la misma o el móvil del encargado.

El tiempo empleado en la denuncia y en el procedimiento de gestión de fugas se considera tiempo de trabajo, la empresa paga a los encargados generales los gastos causados por las gestiones (gastos de desplazamiento, importe de los kilómetros y el importe del parking).

B) El CºCº.

Según su artículo 16, el Encargado General de Estaciones de Servicio

"a modo meramente enunciativo y no limitativo realiza funciones tales como coordinar y distribuir el trabajo de las diferentes secciones, teniendo bajo su mando a todo el personal, dotado de iniciativa propia con representación directa del Gerente o propietario de la Estación".

C) Compatibilidad entre la práctica denunciada y el convenio.

Tiene razón la sentencia recurrida al explicar que la delimitación funcional realizada por el CºCº no se vulnera por el hecho de que quien posee la condición de Encargado General venga obligado a presentar denuncia policial de los comportamientos identificados como "fugas".

El propio convenio indica que los cometidos enumerados lo son a título ejemplificativo, de manera que el poder de dirección del empleador (art. 20.1 ET) puede especificar válidamente el contenido de la prestación laboral, siempre que se mueva dentro del respecto a las leyes, indicando tareas concretas a tales Encargados.

El poder de dirección permite al empresario disponer del trabajo prestado por su cuenta, ordenar las prestaciones laborales y organizar el trabajo en la empresa. Este poder de dirección halla su reconocimiento constitucional en el art. 38 CE y aparece reflejado cuando se dispone que los trabajadores prestan sus servicios "dentro del ámbito de organización y dirección" de un empresario (art. 1.1 ET), al establecer como deber básico del trabajador "cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas" ( art. 5.c) ET ) o al indicar que “el trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue" ( art. 20.1 ET ).

Conforme indica el art. 20.2 ET "en cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus relaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe", convirtiéndose así en principio general del Derecho que impone un comportamiento adecuado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (arts. 7.1 y 1.258 CC), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones. No apreciamos vulneración alguna ni del principio general en cuestión ni de las fuentes jurídicas que lo alimentan en la práctica empresarial de referencia, habida cuenta el carácter cualificado del trabajador a quien se encomienda la denuncia, así como las contraprestaciones y garantías con que se rodea la obligación.

2. Incumplimiento del Acuerdo de 5-11-2008.

Presta el recurso especialísima atención al acuerdo adoptado por la comisión mixta de interpretación y seguimiento del convenio estatal de estaciones de servicio 2006-2009 con fecha 5-11-2008, que entiende vulnerado por la sentencia recurrida.

A) El tenor del Acuerdo.

En acta de la Comisión Mixta se hace constar:

"... si el empresario o su representante decide denunciar los robos o hurtos, fugas, que se produzca en una Estación de Servicio, el trabajador está obligado a colaborar con el empresario. Una vez que el empresario decide denunciar los hechos comunicados por el trabajador, dicho trabajador tendrá obligación de acompañar al empresario en la citada denuncia, considerando dicho tiempo como tiempo efectivo de trabajo, debiendo protegerse en lo posible los datos personales de los trabajadores y debiendo informar a efectos de notificaciones como domicilio del trabajador, el domicilio de la empresa, quedando lógicamente obligados a cumplir como cualquier otro ciudadano los deberes que a este respecto establece la LEC."

B) La tesis del recurso.

El Sindicato recurrente entiende que debe ser el empresario o su representante legal quien lleve a cabo la denuncia, no un mero Encargado General. Así lo deduce de la mención que el Acuerdo de 2008 realiza a la hipótesis de "si el empresario o su representante decide denunciar los robos o hurtos, fugas, que se produzca en una Estación de Servicio, el trabajador está obligado a colaborar con el empresario".

C) Consideraciones de la Sala.

Son varios los argumentos por los que no podemos aceptar el planteamiento asumido por el Sindicato recurrente. De manera sintética:

El Acuerdo en cuestión contempla la hipótesis de que el empresario o su representante decida denunciar, y establece un deber de colaborar. Pero no está excluyendo que el empresario o su representante decidan denunciar y se lo encomienden a un empleado de la propia empresa. Ni siquiera está excluyendo que el trabajador decida denunciar por propia iniciativa o por indicación de sus superiores.

El Acuerdo en cuestión contempla la figura del "representante" de la empresa, sin mayores detalles. La suposición de que ha de tratarse de persona que posea poder para pleitos es tan legítima como la contraria.

El Acuerdo se adopta cuando el deber de denunciar pesaba sobre el conjunto de los trabajadores, como la sentencia y el recurso explican. En la actualidad, sin embargo, solo vienen obligados a formular esa denuncia los Encargados generales, por lo que han variado enormemente las circunstancias del problema y bien pudiera cuestionarse la validez del Acuerdo en cuestión para interpretar la situación actual.

El Acuerdo en cuestión vino a interpretar el tenor del CºCº 2006-2009, donde la identificación de funciones de los Encargados Generales no es coincidente con la aplicable en nuestro caso (carece de la cláusula abierta expuesta) y la regulación legal sobre clasificación profesional tampoco es la misma que la actualmente vigente.

El Comité Nacional de Seguridad y Salud de CAMPSARED en acta 2/2013 de 19-6-2013 estableció un protocolo sobre el "procedimiento de fugas" que no pudo ser tenido en cuenta por el Acuerdo de 2008, como tampoco pudo tomar en consideración el acuerdo alcanzado en la reunión del SIMA de 18-4-2013, actos todos ellos expuestos con detalle en los antecedentes de la presente sentencia.

En consecuencia, además de que resulta dudoso que el tenor del Acuerdo tan invocado condujera al resultado pedido por el recurso, es lo cierto que el mismo no puede tomarse en cuenta como elemento decisivo único para resolver la cuestión examinada.

Tampoco compartimos la tesis de que el Acuerdo de 2008 fuera incompatible con el adoptado el 28-11-2007. En él se establece que al trabajador, en modo alguno, se le puede hacer responsable de las faltas que sean consecuencia de robos o hurtos, si bien es cierto que viene obligado a denunciar los citados hechos delictivos cuando éstos se producen habiéndose limitado actualmente el ámbito subjetivo de esta obligación, desde el año 2013, a los Encargados Generales de Estaciones de Servicio. Bien podría pensarse que ese deber de denunciar existe en todo caso, sin perjuicio de que la empresa o su representante (legal, según el recurrente) fuesen quienes adoptaran el acuerdo de hacerlo.

3. Desestimación del motivo y del recurso.

Los argumentos del recurso en modo alguno evidencian la existencia de infracciones normativas o jurisprudenciales por parte de la sentencia de la AN. El análisis de la práctica empresarial combatida, a la luz de los fundamentos de Derecho precedentes, muestra que:

- No es contraria a Derecho.

- Las funciones contempladas en el CºCº para los Encargados Generales no impiden que se les encomiende esa tarea.

- Ningún acuerdo de la Comisión Interpretativa del Convenio impide tal práctica.

- La empresa puede imponer esa obligación al amparo de sus facultades directivas.

FALLO

1) Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) contra la sentencia de la AN, de 17-2-2014.

2) Confirmamos la sentencia de 17-2-2014, de la AN, en autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra la empresa Campsa Estaciones de Servicio, CCOO y UGT, sobre conflicto colectivo.

3) No ha lugar a la imposición de costas ni a la adopción de medidas especiales en materia de depósitos o consignaciones.

VER SENTENCIA

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