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SENTENCIA DEL TS DE 18-10-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 18-10-2016 SOBRE PORCENTAJE DE LIMITACIÓN QUE DETERMINA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (IPP)

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, contra la sentencia del TSJ de Galicia de 14-5-2015, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 22-2-2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, en autos seguidos a instancia de dicha recurrente contra el INSS, TGSS, Dª Ana, sobre seguridad social.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 22-2-2013, el Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, dictó sentencia cuya parte dispositiva es:

«Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo contra Dª Ana, INSS y TGSS, se declara a la actora afecta de IPP para su profesión habitual, con derecho al percibo de una cantidad, a tanto alzado, de 24 mensualidades de la B.R., condenando a Mutua Gallega, a abonar la citada prestación y condenando al INSS y TGSS, a que procedan a la devolución a la actora del capital coste correspondiente a la pensión inicialmente reconocida que legalmente proceda, más los intereses legales».

Los hechos probados son los siguientes:

1º.- La demandada, Dª Ana, nacida en 1970, afiliada al RETA, sufrió un accidente de trabajo, el 29-9-2010, a consecuencia de una caída desde una escalera de 4 peldaños, iniciando situación de I.T., con el diagnóstico de contusión (incluye conmoción cerebral) en varias partes del cuerpo. La Mutua que cubría en esos momentos las contingencias profesionales era la demandante Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo.

2º.- Por resolución del INSS, de 25-10-2011, se reconoció a la trabajadora la prórroga del periodo de I.T. por un plazo máximo de 180 días.

3º.- Previo el oportuno expediente administrativo, iniciado el 6-3-2012, fue declarada inválida permanente en el grado de total para su profesión habitual de propietaria de almacén de ropa, derivada de accidente de trabajo, por Resolución del INSS de 20-4-2012, con derecho a una pensión del 55% de una B.R. de 841,80 euros. La trabajadora había presentado solicitud de invalidez permanente, ante el INSS. Contra dicha Resolución la demandante, Mutua Gallega, interpuso escrito de Reclamación Previa, que fue desestimada por Resolución del INSS de 1-8-2012, quedando expedita la vía judicial.

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, el TSJ de Galicia, dictó sentencia el 14-5-2015, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

«Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Mutua Gallega contra la sentencia del juzgado de lo social nº 1 de A Coruña, en juicio seguido por Dª Ana, contra la recurrente, el INSS, la TGSS, la Sala la confirma en su totalidad, condenando a la recurrente a abonar al letrado impugnante del recurso la cantidad de 600 € en concepto de honorarios».

Contra la sentencia dictada en suplicación, Mutua Gallega mediante escrito de 18-6-2015, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:

- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Galicia de 12-6-2014

- Se alega la infracción del art. 4.2 del Real Decreto 1273/2003, de 10-10.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Términos del debate casacional.

La cuestión a unificar en el presente recurso se centra en concretar cuál es el % de limitación que determina el reconocimiento de la (IPP) para trabajadores afiliados al RETA.

Sentencias dictadas en el procedimiento.

A) El Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, estima parcialmente la demanda de la Mutua y declara a la trabajadora afecta de IPP para su profesión habitual, con derecho al percibo de una cantidad, a tanto alzado, de 24 mensualidades de la  B.R..

B) La trabajadora se aquieta con ese fallo, pero la Mutua interpone recurso de suplicación denunciando la infracción del artículo 4.2 del Real Decreto 1273/2003, en relación con el 137.3 de la LGSS. Considera que no concurren los presupuestos para la declaración de IPT.

C) El TSJ de Galicia, mediante sentencia de 14-5-2015 desestima el recurso de suplicación de la Mutua, confirma la resolución del Juzgado y condena en costas a la recurrente.

La Sala concluye que, siendo la actividad de la trabajadora propietaria de almacén de ropa, las lesiones que le aquejan implican que en este caso no alcanzan la limitación para las actividades fundamentales de su profesión, exigencia básica para la declaración de IPT. Sin embargo, no es exagerado mantener que la limitación para su trabajo habitual alcanza el grado del 33 % exigido para la IPP, por lo que habiendo resuelto el juez de instancia en tal sentido la sentencia ha de ser confirmada y el recurso desestimado.

3. Recurso de casación unificadora.

El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por la Mutua actora y tiene por objeto determinar cuál es el % de limitación que determina el reconocimiento de la situación de IPP en el caso de trabajadores afiliados al RETA, si el 33% contemplado en el art. 137.3 LGSS o el 50% que exige el art. 4.2 del RD 1273/2003

4. Impugnación e Informe del Ministerio Fiscal.

A) La trabajadora demandada impugna el recurso de casación formalizado por Mutua Gallega.

Descarta que las sentencias puedan contrastarse porque las profesiones y dolencias valoradas por ambas son muy diversas, existiendo consolidada jurisprudencia que pone de relieve la cuasi imposibilidad de comparación para valorar situaciones incapacitantes.

Subsidiariamente, pone de relieve que las lesiones resultantes bastan para acceder a la IPP "de conformidad con la regulación establecida por el artículo 137.3 de la LGSS".

Pero es que, además, la demandada cumple con las exigencias del RD 1273/2003 pues en el Fundamento Tercero de la sentencia de instancia así se afirma.

B) El INSS se muestra favorable a la estimación del recurso de la Mutua pues a las personas integradas en el RETA no se les debe aplicar la regulación de la IPP propia de los asalariados, que es la del artículo 137.3 LGSS, sino la específica del citado art. 4.2 del RD 1273/2003.

C) El Ministerio Fiscal se declara partidario de la tesis sostenida en la sentencia referencial, debiendo estimarse el recurso.

SEGUNDO.- Examen de la contradicción entre sentencias.

1. El presupuesto del artículo 219.1 LRJS.

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un TSJ o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. Sentencia referencial.

La sentencia de instancia estima la demanda de la actora, declarándola en situación de IPP derivada de accidente de trabajo, con las consecuencias inherentes. La sentencia de suplicación estima el recurso interpuesto por la Mutua FREMAP, y, revocando la sentencia del Juzgado de lo Social, desestima la demanda de la actora.

3. Examen detallado.

Siguiendo con la propia estructura que marca el artículo 219.1 LRJS, la comparación entre las dos resoluciones de la Sala gallega arroja el siguiente resultado:

A) Hechos relevantes. En ambos casos la sentencia de instancia ha declarado a las actoras en situación de IPP para sus respectivas profesiones habituales.

B) Pretensiones.- En ambos casos se impugna el reconocimiento de la situación de IPP.

C) Fundamentos.- En ambos casos las Mutuas consideran que no procede el reconocimiento de la situación de IPP de las actoras, trabajadoras del RETA, al resultar de aplicación a este Régimen Especial el art. 4.2 RD 1273/2003 (que exige un porcentaje de limitación del 50%) y no el art. 137.3 LGSS (que exige un porcentaje del 33%).

D) Solución.- Los fallos de las sentencias son contradictorios, consecuencia de haber aplicado la sentencia recurrida el art. 137.3 LGSS y la de contraste, el art. 4.2 RD 1273/2003.

4. Decisión de la Sala.

Las dos sentencias contrastadas superan las exigencias del presupuesto procesal en estudio.

Hay que decidir si ha de estarse a los dispuesto en la LGSS/1994 (norma aplicable al caso) o al RD 1273/2003.

TERCERO.- La IPP profesional en el RETA.

1. Sobre la aplicación del art. 137 LGSS al RETA.

A) El art. 10.4 LGSS dispone que para el RETA (aunque no solo en él) las normas reglamentarias determinarán su alcance y contenido tendiendo a la máxima homogeneidad con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras del sistema y las características de los distintos grupos afectados por dichos regímenes.

B) El artículo 137 LGSS forma parte de su Título II, dedicado al Régimen General de la Seguridad Social; por lo tanto, por sí misma esa regulación es inaplicable a quienes desarrollan actividades lucrativas por cuenta propia.

C) Lo que sucede es que cuando se produce el accidente de trabajo que genera este procedimiento (2010) la Disposición Adicional 8ª.1 LGSS prescribe que será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 137, apartados 2 y 3, además de otros varios preceptos.

D) El artículo 137.3 LGSS, desde que fuera modificado por Ley 24/1997, prescribe que la lista de enfermedades, la valoración de las mismas, a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo, y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del INSS.

Sin embargo, según establece la Disposición Transitoria 5ª bis de la propia LGSS (incorporada también por la Ley 24/1997), lo dispuesto en el artículo 137 únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el reproducido apartado 3. Entretanto, se seguirá aplicando la legislación anterior.

E) La "legislación anterior", por tanto, es la que conforme a la Disposición Adicional 8ª LGSS resulta de aplicación "a todos los regímenes". De este modo, el contenido del art. 137.3 LGSS que resulta invocado y expandido a todo el sistema de Seguridad Social es el que prescribe que se entenderá por IPP para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

2.- Doctrina sobre la IPP en el RETA.

La duda suscitada por el anterior panorama normativo ha sido resuelta ya diversas sentencias del TS en el sentido de que la acción protectora del RETA no comprende la figura de la IPP derivada de contingencias comunes. Venimos recordando que el art. 27 del Decreto 2530/1970, de 20-8, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, prescribe lo siguiente:

"1. La acción protectora de este Régimen Especial comprenderá:

a) Prestaciones por invalidez en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez [...]".

Por su parte el art. 36.1 dispone que:

"estará protegida por este Régimen Especial de la Seguridad Social la situación de invalidez permanente, cualquiera que fuera su causa, en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez".

Y advierte que:

"Los textos transcritos de los precitados arts. 27.1.a) y 36.1 del Decreto 2530/1970 son respectivamente reiterados en sus mismos términos por los arts. 56.1.a) y 74.1 de la O.M. de 24-9-1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos"

Por otra parte, la aplicación de dichas normas

"no resulta impedida ni afectada por ninguna norma ni disposición posterior. Concretamente no la afectan ni la disposición adicional 34ª LGSS , sobre extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el RETA, disposición agregada por el art. 40.4 de la Ley 53/2002, de 30-12, de Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social, ni los arts. 4 y concordantes del Real Decreto 1273/2003, de 10-10, que regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores del RETA y la ampliación de la prestación por I.T. de los trabajadores por cuenta propia. Basta señalar, respecto de estas últimas disposiciones, (...) que se refieren a la acción protectora por contingencias profesionales, en tanto que la incapacidad apreciada en el caso de autos deriva de enfermedad común".

Añadiendo que:

"el apartado primero del art. 137 LGSS, redacción de la Ley 24/1997 de 15-7 (que establece cuáles son los diversos grados de incapacidad, relacionando entre ellos la IPP) no está incluido en la disposición adicional 8ª.1 LGSS, que enumera los preceptos que serán de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social".

3. Especialidad del art. 4.2 RD 1273/2003.

A partir de lo expuesto (no resulta aplicable la categoría de IPP al RETA) queda despejado el camino para que entre en juego la regla específica que existe sobre contingencias profesionales.

A) La norma reglamentaria cuya primacía aplicativa proclama la sentencia de contraste se encuentra en el Real Decreto 1273/2003, dictado al amparo de la Disposición Adicional 34ª LGSS, que había incorporado la Ley 53/2002, de 30-12.

A tenor de ella los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETA podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que les dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, previa o simultáneamente, dentro de dicho ámbito, la protección por I.T. derivada de contingencias comunes.

B) La citada DA 34ª precisa que por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen general, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

C) El artículo 4.2 del citado Real Decreto, precisa que en el RETA, se entenderá por IPP para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquélla.

4. Conclusión.

A) La norma legal habilitante (DA 34ª de la LGSS) remite a las condiciones que reglamentariamente se establezcan el derecho a percibir prestaciones derivadas de contingencias profesionales por parte de las personas integradas en el RETA. Por tanto, la delimitación del concepto de IPP que el Real Decreto 1273/2003 lleva a cabo encuentra cobertura en esa previsión y debe reputarse válida puesto que determina cuáles son los requisitos para acceder a ella.

B) Por otro lado, puesto que quienes vienen integrados en el RETA no están protegidos en caso de IPP derivada de contingencia común, la previsión del RD 1273/2003 posee el carácter de mejora o ampliación que aleja la sospecha de regla ultra vires o restrictiva que pesa sobre la exigencia de que la limitación funcional alcance el 50 % (y no meramente el 30).

C) En consecuencia, es la resolución de contraste la que alberga la doctrina acertada, tal y como han sostenido tanto el Ministerio Fiscal cuanto la Administración de la Seguridad Social, además de la Mutua recurrente.

CUARTO.- Resolución del recurso.

A) La sentencia recurrida, confirmando la dictada en la instancia, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la Mutua y declara que, en atención al trabajo que desempeña, la limitación para ese trabajo habitual alcanza el 33% que es el exigido para la incapacidad permanente total en aplicación del artículo 137.3 de la LGSS. Sin embargo, como se ha expuesto, para los trabajadores afiliados al RETA el porcentaje de limitación debe alcanzar el 50% a fin de poder ser declarados en situación de IPP, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 4.2 del RD 1273/2003.

B) La estimación del recurso formalizado por la Mutua Gallega comporta la anulación de la sentencia de suplicación. Conforme al art. 228.2 LRJS, en tales casos lo que debemos hacer es resolver el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a la unidad de doctrina quebrantada, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada.

C) El Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña ha declarado a la trabajadora afecta de IPP para su profesión habitual, con derecho al percibo de una cantidad, a tanto alzado, de 24 mensualidades de la B.R.. La Mutua ha combatido, oportunamente y a través de recurso de suplicación, la condena que se le impone en ella. El recurso de suplicación debe prosperar, lo que comporta dejar sin efecto la condena impuesta a la Mutua (capital coste de 24 mensualidades de la B.R., más intereses legales), debiendo recuperar la cuantía depositada al efecto.

FALLO

1º) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo.

2º) Casar y anular la citada sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, de 14-5-2015, en el recurso de suplicación nº 3208/2015.

3º) Estimar el recurso de suplicación formulado por Mutua Gallega frente a la sentencia de 22-2-2013 por el Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, en los autos nº ,109/2013 seguidos a instancia de dicha recurrente contra el INSS, TGSS y Dª Ana, sobre Seguridad Social.

4º) Revocar la citada sentencia del Juzgado de lo Social y estimar la demanda presentada por Mutua Gallega, a la que deberá reintegrarse la cantidad abonada para cumplir la sentencia del Juzgado.

VER SENTENCIA

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