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SENTENCIA DEL TS DE 20-07-2017


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SENTENCIA DEL TS DE 20-07-2017 SOBRE RECLAMACIÓN AL ESTADO DE SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Supuesto en que el trabajador presta servicios para otra empresa durante la tramitación del proceso de despido.

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Delegación del Gobierno en Andalucía, contra la sentencia de 24-7-2015 del TSJ de Andalucía, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, de 7-4-2014, recaída en autos seguidos a instancia de Sol Meliá, S.A. frente la ahora recurrente, sobre cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 7-4-2014 el Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

- Se interpuso demanda contra el despido que tuvo lugar el 14-3-2008.

- El Juzgado dictó sentencia desestimatoria el 15-7-2008, siendo revocada por la sentencia de 9-6-2009 del TSJ de Andalucía, que declaró la improcedencia del despido, con un salario regulador de 43,40 € diarios, sentencia notificada a la empresa el 22-6-2009.

- Optando la empresa Sol Meliá S.A. por la indemnización, abonó al trabajador 13.737,27 € netos en concepto de salarios de tramitación devengados entre el 15-3-2008 y el 22-6-2009, conforme a lo dispuesto en diligencia de ordenación del Juzgado de 31-8-2010. Mediante comparecencia en el Juzgado el 6-4-2011, ambas partes acordaron que con la entrega de los citados salarios de tramitación, más la de la indemnización fijada en la sentencia, no habría más que reclamar, mostrándose la empresa conforme con las cantidades referidas.

- La empresa reclamó el 27-5-2011 al Estado los salarios de tramitación que exceden de 60 días.

El Estado resolvió en resolución de 5-7-2011 aprobar parcialmente la cantidad reclamada, quedando el pago pendiente de fiscalización por la Intervención Delegada del Ministerio de Justicia.

- El actor trabajó para otro empleador entre el 10-6-2008 y el 28-4-2009.

En dicha sentencia consta el siguiente fallo:

«Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Sol Meliá, S.A.; contra la Delegación de Gobierno en Andalucía, condeno al Estado a pagar a la actora 5.936,08 €, en concepto de salarios de tramitación netos».

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Abogado del Estado ante el TSJ de Andalucía, que dictó sentencia el 24-7-2015, en la que consta el siguiente fallo:

«Desestimamos el recurso de suplicación formulado por la Delegación del Gobierno en Andalucía y confirmamos la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, autos promovidos por Sol Meliá S.A. contra la Delegación del Gobierno en Andalucía».

TERCERO.- La Delegación del Gobierno en Andalucía formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se invoca como sentencia contradictoria con la recurrida la del TS de 8-11-2006. El recurso se fundamenta en un único motivo, por infracción de los artículos 116.1 de la LRJS y 57.1 del ET, por un lado, y 217.2 y 7 de la LEC, por otro lado.

CUARTO.- El Ministerio Fiscal interesa que se declare la procedencia del presente recurso.

OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN UNIFICADORA

La cuestión que es objeto del presente recurso de casación unificadora estriba en determinar si debe ser acogida la reclamación al Estado de salarios de tramitación que formula la empresa que los abonó en su momento al trabajador al que había despedido, correspondientes al periodo en el que dicho trabajador había prestado servicios para otro diferente empleador, y cuando no se ha acreditado lo percibido en este posterior empleo.

CONCLUSIONES

Salarios de tramitación con cargo al Estado. Se descuentan los períodos en los que el trabajador despedido ha prestado servicios en otro empleo, aunque la empresa que ahora los reclama del Estado se los hubiere abonado, porque no logró acreditar en el juicio del despido que estaba trabajando para otras empresas, y ello con independencia de las causas que hubieran podido motivar la falta de prueba.

En estos casos, corresponde al empresario demostrar la realidad del trabajo para una segunda empresa así como lo percibido en ella por el trabajador despedido, de manera que el incumplimiento de esa obligación empresarial dentro del proceso de despido o, en su caso, en el trámite de ejecución del mismo, no puede afectar negativamente a un tercero, el Estado, que no participó, ni tuvo por qué hacerlo, en el pleito de despido.

La responsabilidad del Estado solo alcanza al abono de los salarios de trámite pagados por el empresario para resarcir al trabajador de los daños causados por la superación de los plazos de trámite previstos en la ley, pero entre estos no se encuentran, una vez acreditada tal circunstancia, aquellos que coincidan en el tiempo con periodo trabajado y retribuido por otras empresas.

No hay que olvidar que el Estado no tiene participación procesal alguna en el litigio del despido y únicamente interviene, como demandado, en la posterior reclamación del empresario solvente para resarcirse de una parte de los salarios de trámite que este haya satisfecho al trabajador.

Es, pues, en este segundo proceso cuando el Estado puede y debe hacer valer las limitaciones legales de su responsabilidad en aquellos casos en los que, como aquí sucedió, el empresario no logró acreditar en el primero (el del despido) el hecho que podría haber limitado su propia responsabilidad en el abono de los salarios de trámite.

FALLO

Esta sala ha decidido

Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Delegación del Gobierno en Andalucía, contra la sentencia de 24-7-2015 del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, de 7-4-2014, recaída en autos seguidos a instancia de Sol Meliá, S.A. frente la ahora recurrente, sobre cantidad.

Casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate de suplicación en el sentido de estimar el recurso de igual clase formulado por el Abogado del Estado para revocar íntegramente la sentencia del juzgado de lo social, desestimar la demanda y absolver a la Delegación del Gobierno de Andalucía de todas las pretensiones ejercitadas en su contra.

VER SENTENCIA

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