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SENTENCIA DEL TS DE 23-02-2017


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SENTENCIA DEL TS DE 23-02-2017 SOBRE DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN PAREJAS DE HECHO

Disposición Adicional 3ª de la Ley 40/2007

Se exige que el beneficiario no sea titular de otra pensión contributiva de seguridad social, requisito que se mantiene durante todo el tiempo de percepción de la pensión

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), contra la sentencia de 22-5-2015, aclarada por auto de 22-6-2015, del TSJ de Galicia, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, de 7-2-2013, recaída en autos seguidos a instancia de Dª Amanda contra el INSS, sobre compatibilidad entre pensiones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 7-2-2013 el Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

1º.- La demandante, Dª Amanda, nacida en 1951, afiliada a la Seguridad Social, solicitó pensión de viudedad el 4-10-2002, que le fue denegada por el INSS, mediante resolución de 25-10-2002, por no haber sido cónyuge de D. Jacinto, pensionista de jubilación, fallecido el 16-7-2002, siendo así que en la fecha del hecho causante únicamente podían ser beneficiarios de la pensión de viudedad el cónyuge supérstite, o quien hubiese sido cónyuge legítimo del causante.

2º.- El 30-1-2008, la actora presentó nueva solicitud de pensión de viudedad que, por resolución de 26-4-2008, le fue estimada, en aplicación de la Ley 40/2007, de 4-12, de medidas en materia de Seguridad Social.

3º.- Por resolución de 10-4-2012, el INSS declaró a la actora en situación de IPT, reconociéndole una pensión del 75% de su base reguladora, resultando un importe liquido mensual de 586,29€.

4º.- No obstante, Dª Amanda fue requerida para que optase entre la pensión de IPT o la de viudedad, por ser ambas incompatibles; optando aquella por la primera, sin perjuicio de formular también reclamación previa contra la decisión del INSS, por considerar que las prestaciones si eran compatibles.

5º.- La reclamación previa fue desestimada por resolución de 30-5-2012, que se basa en la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007.

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

«Desestimando la demanda formulada por Dª Amanda, contra el INSS, declaro no haber lugar a ella, absolviendo al demandado de las pretensiones deducidas en su contra».

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por Dª Amanda ante el TSJ de Galicia, que dictó sentencia el 22-5-2015, en la que consta el siguiente fallo:

«Estimando el Recurso de Suplicación interpuesto por Dª Amanda contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña de 7-2-2013, y con revocación de su fallo debemos declarar el derecho de la demandante a la compatibilidad de la pensión de viudedad y la pensión de IPT, condenando al INSS a estar y pasar por tal declaración y a que se le abone la prestación reglamentaria».

La Sala procedió a instancia de la parte demandante, mediante auto de 22-6-2015, a aclarar la precitada sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, quedando redactado en los siguientes términos:

«[...] por lo que se impone, previa estimación del recurso, la revocación de la resolución recurrida».

TERCERO.- Por el INSS se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se elige como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Cataluña de 11-6-2013, considerando la parte recurrente que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en la DA 3ª de la Ley 40/2007 en relación con lo dispuesto en el artículo 193 c) de la LGSS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El objeto del litigio y la posición de las partes

1.- La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora reside en determinar si una pensión de viudedad reconocida en abril de 2008 al amparo de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, es compatible con el reconocimiento a la misma titular de una pensión de IPT en el año 2012.

La sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña de 7-2-2013, desestimó la demanda de la beneficiaria y declaró ajustada a derecho la resolución del INSS en la que se le requiere para que opte entre la pensión de viudedad y la de IP.

El recurso de suplicación de la actora es acogido en sentencia de la Sala Social de Galicia de 22-5-2015, que revoca la de instancia, estima la demanda y reconoce el derecho a percibir conjuntamente esa pensión de viudedad y la de IPT.

Contra esta resolución se formula por el INSS el recurso de casación para la unificación de doctrina.

El contenido de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007

1. - La Ley 40/2007, de 4-12, de medidas en materia de Seguridad Social, que modificó la LGSS para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el derecho a pensión de viudedad de las parejas de hecho, incluye la disposición adicional 3ª sobre la que versa el objeto del litigio, y que tras la Sentencia del TC de 14-2-2013 que declaró inconstitucional la exigencia de que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes, ha quedado como sigue:

«Pensión de viudedad en supuestos especiales. Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización a que se refiere el apartado 1 del art. 174 de la LGSS, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.

b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho en los términos establecidos en el primer inciso, párrafo cuarto, art. 174.3 de la LGSS, en la redacción dada por el art. 5 de la presente Ley, con el causante, durante, al menos, los 6 años anteriores al fallecimiento de éste.

d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social.

e) Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero de 2007, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición».

Como hemos adelantado, se trata de resolver si el requisito de la letra d) -que el beneficiario no tenga derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social-, debe concurrir exclusivamente en el momento del hecho causante o es exigible durante todo el periodo de percepción de la prestación de viudedad que haya sido reconocida al amparo de esta norma.

2.- La precitada disposición adicional no contiene mayores precisiones sobre el alcance de aquel requisito, ni tampoco una específica mención de las reglas de incompatibilidad que deban aplicarse a tan singular pensión de viudedad, pero de forma expresa establece que se trata de un "supuesto especial", en el que "Con carácter excepcional...", se reconoce la prestación a quienes reúnan determinados requisitos.

Lo que seguidamente concreta en un listado muy particular de condiciones que no tienen la menor semejanza con los requisitos generales de aplicación en esta materia del art. 174.3º LGSS , porque no es solo que el legislador hubiere incluido inicialmente aquella exigencia de tener hijos comunes que ha sido declarada inconstitucional, sino que también fija un plazo preclusivo de doce meses para solicitar la prestación, y condiciona su reconocimiento al hecho de que el beneficiario no tenga reconocida otra prestación contributiva de Seguridad Social.

Se establece de esta forma un régimen jurídico propio y específico para este singular supuesto, al que no resultan fácil de ajustar las ordinarias previsiones legales sobre compatibilidad de la pensión de viudedad.

En este punto es donde surgen las dudas en la interpretación de esa norma, que dejan abiertas las dos posibilidades a las que se han acogido de manera discrepante la sentencia recurrida y la de contraste, esto es:

A) Entender que resulta de aplicación la regla ordinaria del art. 179.1º LGSS, en la que se dice que:

"1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo. La pensión de viudedad, en los términos del segundo párrafo del apartado 1 del art. 174, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años".

B) Considerar por el contrario, que la propia disposición adicional 3ª que regula esta excepcional pensión de viudedad contiene el régimen jurídico completo y cerrado que debe regir en tal especial supuesto, toda vez que impone un requisito para su reconocimiento -la carencia de otra prestación contributiva- que no es exigible en el régimen común de la viudedad para el que está prevista la norma ordinaria sobre compatibilidad del art. 179.1º LGSS, con lo que tal específica exigencia constituye en sí misma , y precisamente por ello, una excepción singular a esta regla de compatibilidad.

La regulación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho en el art. 174.3º LGSS

1.- La resolución del asunto exige analizar el contexto legal en el que se dicta la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, que seguidamente pasamos a exponer.

El criterio tradicional de nuestra normativa de seguridad social -al margen de las especiales circunstancias históricas y legislativas que justificaron la singular excepción a esta regla que se deriva de la disposición adicional 20ª de la Ley 30/1981, de 7-7-, ha venido siendo el de reconocer el derecho a la pensión de viudedad exclusivamente a quienes habían estado unidos en matrimonio.

La Ley 40/2007, de 4-12, de medidas en materia de Seguridad Social, revisa este tradicional esquema y modifica el art. 174 de la LGSS para introducir en nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento en determinadas circunstancias de la pensión de viudedad a las parejas de hecho.

En comparación a los supuestos de uniones matrimoniales, se establece un régimen legal marcadamente diferente y mucho más restrictivo, en cuanto introduce como exigencia para el acceso a la pensión que los ingresos económicos del beneficiario no superen unos determinados límites cuantitativos.

En lo que ahora interesa para la resolución de las específicas cuestiones controvertidas en el presente asunto, esta Ley introduce un nuevo artículo 174.3º LGSS que condiciona el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho al cumplimiento de ciertos requisitos de carácter económico.

Dice así el precepto:

"3. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones".

Define seguidamente las características de la situación de convivencia que se considera pareja de hecho, las exigencias formales para su acreditación y el tiempo mínimo de duración de dicha situación, lo que no es objeto de discusión en el caso de autos y vamos a dejar al margen para no distorsionar el hilo argumental en el que debe sustentarse nuestra decisión.

2. - De esta regulación se desprende que el derecho a la pensión de viudedad en las situaciones de pareja de hecho queda condicionado y supeditado al requisito de que los ingresos del beneficiario no superen un determinado límite, lo que no es en cambio exigible en los casos de matrimonio.

Se ha establecido aquí una gran diferencia en el tratamiento jurídico de las parejas de hecho respecto a las matrimoniales que constituye un elemento especialmente relevante para la resolución de la presente cuestión, que justamente reside en dilucidar las consecuencias jurídicas que deban derivarse del incremento de ingresos económicos que supone para el beneficiario el reconocimiento de una prestación contributiva de seguridad social con posterioridad a la pensión de viudedad.

Esta esencial diferencia entre la viudedad de las parejas de hecho y de las uniones matrimoniales, exige que adelantemos una reflexión sobre la incidencia de tal circunstancia en las reglas de compatibilidad de la pensión de viudedad que contiene el art. 179.1º LGSS.

En este precepto se dice que la pensión de viudedad "será compatible con cualesquiera rentas de trabajo", pero es evidente que eso no es legalmente posible cuando se trata de supuestos de parejas de hecho, en los que la superación de determinados niveles de ingresos económicos impide el acceso a la pensión de viudedad, e incluso, como luego veremos, una vez reconocida puede determinar su pérdida en algunos casos.

La Ley 40/2007 no introduce ninguna modificación en el art. 179.1º LGSS, que se mantiene en la anterior redacción prevista para las pensiones de viudedad derivadas de uniones matrimoniales, lo que hace que resulte en gran medida inaplicable a la viudedad causada en las parejas de hecho en tanto que no sea conciliable con los requisitos económicos relativos al nivel de ingresos exigido al supérstite.

La sentencia recurrida sustenta su decisión en la aplicación de las reglas sobre compatibilidad de la pensión de viudedad que este artículo contiene, lo que nos llevara luego a analizar con más detalle su incidencia sobre la disposición adicional en litigio.

La exigencia de que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social

La circunstancia de que la disposición adicional en litigio haya condicionado el reconocimiento de la viudedad al requisito de que el beneficiario no sea titular de otra pensión, obliga a otras consideraciones que abundan en la misma conclusión que hemos alcanzado en los anteriores fundamentos de derecho:

A) Resulta del todo ilógico que el derecho a la percepción de viudedad quede condicionado al albur de que la otra pensión contributiva pudiere ser declarada en una fecha anterior o posterior al fallecimiento del causante, con la desigualdad que esto puede generar ante dos situaciones de necesidad idénticas por el solo hecho de cual pueda ser el día en el que finalmente se acaba reconociendo la segunda de tales prestaciones.

B) De aceptarse que ese requisito únicamente debe concurrir en el momento mismo del reconocimiento de la pensión de viudedad, queda en manos del propio beneficiario la posibilidad de decidir unilateralmente cuando solicita la segunda de las prestaciones de seguridad social, en actitudes que incurrirían claramente en fraude de ley en supuestos tan volátiles como los de incapacidad permanente en los que puede resultar más difusa la fijación del hecho causante.

C) No es razonable que el mismo requisito que sería impeditivo del acceso a la prestación resulte luego irrelevante de futuro, cuando puede estar en disposición del beneficiario la posibilidad de activar en uno u otro momento el mecanismo legal para su reconocimiento.

D) Debe también considerarse el irrazonable efecto que se produciría en el supuesto contrario, de ser revisada por mejoría y dejada sin efecto la pensión de incapacidad permanente de la que pudiere  ser titular el beneficiario en el momento del hecho causante de la viudedad, lo que le privaría definitivamente y de forma injusta de la pensión a la que tenido derecho.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, la solución más ajustada a derecho de las confrontadas en esta casación unificadora es la contenida en la sentencia de contraste.

El reconocimiento de la pensión de viudedad en el supuesto de parejas de hecho al amparo de la situación especial recogida en la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, exige que el beneficiario no sea titular de otra pensión contributiva de seguridad social en el momento del hecho causante.

Su naturaleza excepcional conlleva que este requisito se mantenga durante todo el tiempo de percepción de la pensión, lo que la hace incompatible con la prestación de IPT posteriormente reconocida a favor del mismo beneficiario.

Deben aplicarse al caso las mismas consecuencias jurídicas derivadas del artículo 174.3 de la LGSS, disposición que tiene en cuenta un determinado nivel de ingresos del beneficiario a efectos de poder acceder a la pensión, requisito que debe concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación como durante el periodo de su percepción.

Las reglas generales sobre compatibilidad de la pensión de viudedad con el trabajo o con otras prestaciones recogidas en el artículo 179 de la LGSS no se aplican a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho reconocidas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 174.3 de la LGSS o a las causadas por el singular y excepcional mecanismo de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007. Sala General.

FALLO

Esta sala ha decidido estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, contra la sentencia dictada por el TSJ de Galicia de 22-5-2015, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 7-2-2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, en autos seguidos a instancia de Dª Amanda contra la Entidad Gestora ahora recurrente. Casamos y anulamos la sentencia impugnada y resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimamos el recurso de igual clase formulado por la demandante y confirmamos en sus términos la sentencia de instancia que desestimó la demanda. Sin costas.

Voto particular que formula el Magistrado Don Jordi Agusti Julia, al que se adhieren las Sras. Doña Mª. Luisa Segoviano Astaburuaga y Doña Rosa María Virolès Piñol.

La sentencia cuenta con voto particular en el que se señala que para el reconocimiento del derecho a una prestación de la seguridad social es en el momento del hecho causante cuando se tienen que reunir los requisitos para el reconocimiento de la misma y, una vez reconocida, su pérdida o extinción tiene que producirse por una causa expresamente prevista en la Ley, y no por vía interpretativa de los requisitos establecidos para el reconocimiento de la prestación. No es acorde con la ley, ni legítimo, privar a la demandante –con merma del constitucionalizado principio de seguridad jurídica– del percibo de una pensión que ha obtenido con la aportación de los periodos cotizados para el derecho a la misma, resultantes de su esfuerzo personal.

VER SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7979369

VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASSS.html