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SENTENCIA DEL TS DE 28-11-2014


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SENTENCIA DEL TS DE 28-11-2014 SOBRE DELITO DE ACOSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL EN MERCADONA

RESUMEN

Responsable de tienda que al preguntar a sus empleadas que están dispuestas a hacer por la empresa, y contestar estas: lo que sea necesario, entiende que la respuesta incluye tener relaciones sexuales con él, procediendo a continuación a hostigarlas abusando de su casi omnímodo poder.

Presunción de inocencia. Declaración de la víctima. Delito de acoso sexual. Cuantificación de la responsabilidad civil. Responsabilidad civil subsidiaria del empleador.

Recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por el procesado Pedro Enrique y del responsable civil subsidiario MERCADONA SA , contra Sentencia de 8-4-2014, de la Audiencia Provincial de Valencia, dimanante del Sumario del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Moncada, seguido por delitos de acoso y agresión sexual contra mencionado recurrente

ANTECEDENTES

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Moncada instruyó Sumario por delitos de acoso y agresión sexual contra Pedro Enrique, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, que con fecha 8-4-2014, dictó Sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

Pedro Enrique ostentaba el puesto de coordinador de la planta del establecimiento de Mercadona

Entraron a trabajar Sabina en 1995 y Marí Juana en 2002, las cuales fueron objeto del trato por parte de aquél que a continuación se describe...

Marí Juana decidió demandar a Mercadona por razón el despido, y con esta finalidad se puso en contacto con Sabina para preguntarle si quería ser testigo del acoso de que aquélla había sido objeto por parte de Pedro Enrique.

Sabina aceptó la propuesta y se decidió a contar a Marí Juana que ella también había sido acosada por Pedro Enrique.

Se dictó sentencia en primera instancia en la que se desestimó su pretensión, y fue revocada por el TSJ de Valencia dándole la razón.

Por su parte, Sabina no formuló ninguna reclamación por vía laboral.

El día 9-9-2009 formularon la querella que inició la presente causa.

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Primero. Condenar a Pedro Enrique como autor de dos delitos de acoso sexual y como autor de un delito de agresión sexual, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

- por 2 delitos de agresión sexual, dos penas de 7 meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena

- por el delito de agresión sexual, la pena de un año y 6 meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena.

Asimismo se le impone la medida de libertad vigilada por un período de 3 años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Se le condena al pago le tres cuartas partes de las costas causadas, incluidas las de la acusación articular.

Por vía de responsabilidad, Pedro Enrique, y subsidiariamente la entidad Mercadona S.A., indemnizará a Sabina en la cantidad de 75.000 euros y a Marí Juana en la cantidad de 75.000 euros por los daños psíquicos y perjuicios morales causados, y tales cantidades devengarán el interés legal del dinero de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo. Absolver a Pedro Enrique del delito de violación de que ha sido acusado, declarando de oficio una cuarta parte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el TS de conformidad con lo prevenido en él artículo 847 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo prevenido en el artículo 856 de dicha Ley.”

Notificada la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional por las representaciones legales del procesado Pedro Enrique y del responsable civil subsidiario MERCADONA, SA.

El recurso de casación formulado por la representación legal del procesado Pedro Enrique se basó en los siguientes motivos de casación:

1º.- Se articula el motivo al amparo del art. 852 de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por vulneración al derecho fundamental a la presunción de inocencia, ex artículo 24.2 de la CE.

2º.- Encuentra su base procesal el presente motivo en el art. 852 de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por interdicción de arbitrariedad ex artículos 120 y 9.3 de la CE.

3º.- Se articula el presente motivo con base procesal en el art. 852 de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, ex artículo 24.1 de la CE.

4º. - Encuentra su base procesal el presente motivo en el art. 852 de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por vulneración al derecho fundamental a un proceso con las debidas garantías por vulneración a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y principio acusatorio, ex artículo 24 de la CE.

5º.- Se fundamenta en la alegación de error en el tribunal en la apreciación de la prueba por lo que respecta a los documentos, consistentes en los historiales médicos y clínicos de las denunciantes, que no está contradicha por otros elementos probatorios.

El recurso de casación formulado por la representación legal del responsable civil subsidiario MERCADONA SA se basó en los siguientes motivos de casación:

1º.- Por infracción de precepto constitucional, se articula al amparo del artículo 852 de la LECrim., en relación con el apartado 4º del art. 5 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido en el art. 24.2 de la CE., por cuanto que la sentencia recurrida se basa para condenar al acusado, únicamente en la declaración de las supuestas víctimas y en la credibilidad que la misma les otorga.

2º.- El segundo motivo de recurso se articula al amparo del apartado 4º del art. 5 de la LOPJ , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la CE , por cuanto la Sentencia incurre en una total ausencia de motivación en cuanto a la cantidad en que se fijan las indemnizaciones a las que son condenados los responsables civiles, ni la hora de abordar dicha cuestión, ni tampoco en otro apartado de la resolución, produciendo con ello una total indefensión a mi representada, por cuanto se ignoran los criterios tenidos en cuenta por el Tribunal de instancia para alcanzar tal convicción y si aquellos se ajustan o no a derecho.

3º.- Por infracción de Ley se articula al amparo del art. 849.1 de la LECrim., por cuanto que se ha infringido precepto penal sustantivo, concretamente por aplicación indebida del art. 115 del C. penal, en cuanto el alcance de la responsabilidad civil y la exigencia de motivación suficiente que establezca las bases en que las sentencias fundamenten la cuantía de la indemnización de daños.

4º.- Por infracción de Ley se articula al amparo del art. 849.1 de la LECrim., por considerar que se ha infringido precepto penal sustantivo concretamente del art. 120.4 del Cenal, en cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria de mi representada, derivada de su condición de empleadora del acusado y la falta de relación entre la acción criminal y el ámbito funcional que desarrollaba el mismo.

Son recurridas en la presente causa la Acusación particular Dª Sabina y Doña Marí Juana

El Ministerio Fiscal no estimó necesaria la celebración de vista para su resolución, y solicitó la inadmisión del mismo que subsidiariamente impugnó.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Aunque la declaración incriminatoria de las víctimas es prueba suficiente, por sí misma, para enervar la presunción de inocencia, es también necesario que la declaración de aquellas se encuentre rodeada de datos corroboradores, externos y objetivos, que la doten de una especial potencia convincente.

Indemnización por daños morales. Cuantificación

El quantum de la indemnización por las responsabilidades ex delicto no pueden ser sometidas a la revisión casacional y sí solo las bases sobre las que opera el juzgador para fijar el monto de esas indemnizaciones por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante. La determinación de la reparación del daño moral solo puede ser objeto de control en el recurso de casación cuando resulta manifiestamente arbitraria y objetivamente desproporcionada.

Error facti. La posibilidad de invocar un informe pericial para demostrar el error de la sentencia es excepcional.

Elementos del delito de acoso sexual.

El comportamiento típico consiste en una directa e inequívoca solicitud a la víctima de comportamientos cuya administración le corresponde a su autonomía sexual. Esa solicitud no tiene que ser necesariamente verbalizada, bastando que se exteriorice de manera que así pueda ser entendida por la persona destinataria. De tal suerte que el delito se consuma desde su formulación, de cualquiera manera que sea, si le sigue el efecto indicado, pero sin que sea necesario que alcance sus objetivos.

Responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. Procedencia

Lo relevante es que la persona elegida para desempeñar una determinada actividad actúe delictivamente en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas (culpa in eligendo), y las desarrolle con infracción de las normas penales sin que los sistemas ordinarios de control interno de la empresa lo detecten (culpa in vigilando). En el caso analizado, no existían controles por parte de la empresa ni supervisión alguna. Además, no puede decirse que la acción delictiva fuera puntual o episódica, sino más bien prolongada en el tiempo, lo que significa que cualquier tipo de control brilló por su ausencia.

FALLO

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por las representaciones legales del procesado Pedro Enrique y del responsable civil subsidiario MERCADONA SA, contra la Sentencia de 8-4-2014, de la Audiencia Provincial de Valencia.

Se condena a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por sus respectivos recursos, y a Mercadona SA la pérdida del depósito legal, si en su día lo hubiere constituido.

VER SENTENCIA

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VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES

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