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SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 21-01-2016


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SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 21-01-2016 SOBRE RECONOCIMENTO DE ANTIGÜEDAD DE CONTRATOS TEMPORALES

Recurso de Suplicación interpuesto por Telefonica de España, S.A.U., contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de León de 12-5-2015, dictada en virtud de demanda promovida por Dª Celia contra la referida recurrente sobre cantidad

ANTECEDENTES DE HECHO

En la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de León, como hechos probados constan los siguientes:

Primero.- La demandante, Celia, presta sus servicios laborales para la empresa demandada, Telefónica de España, SAU, reclamando el reconocimiento del tiempo que presto servicios en virtud de contratos formativos, que la empresa no le reconoce a efectos de antigüedad.

Segundo.- El 20-7-2009 se dictó, por la AN, sentencia estimatoria en el procedimiento de conflicto colectivo que se siguió contra Telefónica de España SAU, a instancia de UGT. En la parte dispositiva de la precitada sentencia se dice que:

Estimamos la demanda interpuesta por UGT en trámite de conflicto colectivo, a la que se adhirieron CGT, CCOO y CO.BAS contra Telefonica de España SAU, AST, UTS-STC y C.I. de Telefonica y en consecuencia declaramos el derecho de los trabajadores afectados por este conflicto a que los distintos períodos de servicios prestados por los trabajadores en razón a contratos temporales, sea cual sea la razón de temporalidad y el tiempo transcurrido entre los mismos, sean computables a efectos de antigüedad en la empresa, en relación con el complemento de antigüedad establecido en el art.80 de la N.L. de Telefónica y el premio de servicios prestados del art. 207 de la misma normativa, así como en relación con los derechos y beneficios que reconocen a los trabajadores en los artículos 45, 47, 50, 56, 61, 71, 77, 125, 139, 151, 161, 179, 183, 192, 246 en los términos que se establecen."

Contra dicha sentencia se interpuso, por Telefónica de España SAU, Recurso de casación ante el TS, dictándose, el 20-7-2010, sentencia desestimatoria del mismo, confirmándose así la de instancia.

Tercero.-

A) El 16-1-2013, se dictó sentencia por la AN en la que consta el siguiente fallo:

"Estimando la demanda interpuesta por STC-UTS, a la que se adhirieron AST, COBAS y UGT, declaramos que los periodos de servicios prestados por los trabajadores con contratos en prácticas o formación debe computarse como antigüedad en la empresa, y ello con independencia del período de interrupción temporal entre contrato y contrato, siempre y cuando dicha interrupción no fuese imputable al trabajador por abandono, dimisión o despido disciplinario, declarando judicial y firmemente como procedente y, en consecuencia se les reconozcan aquellos derechos recogidos en la N.L. de Telefónica de España, S.A.U. en función de la antigüedad en la empresa, expresados en los artículos de la N.L. números 45, 47, 50, 56, 61, 71, 77, 80, 125, 139, 151, 161, 179, 183, 192, 207 y 246".

B) Contra dicha sentencia se interpuso, por Telefónica de España SAU, Recurso de casación que ante el TS, dictándose, el 5-11-2014, sentencia desestimatoria del mismo, confirmándose así la de instancia.

C) En la citada sentencia del TS de 5-11-2014, y en concreto en el apartado 2 del FD 4 se lee lo siguiente

"El presente conflicto trae causa de los conflictos colectivos números 118/2008 y 106/2009 en los que se dictaron sendas sentencias confirmadas por esta Sala IV/TS en las que se declaraba "el derecho de los trabajadores afectados a que los distintos periodos de servicios prestados en razón de contratos temporales, sea cual sea la razón de la temporalidad y el tiempo transcurrido entre los mismos, sean computables a efectos de antigüedad en la empresa"...."

Cuarto.- La parte considera que la empresa no se está dando pleno cumplimiento al fallo de las sentencias de AN y del TS y, además, no se cumple con la legislación vigente; y, por tanto plantea esta demanda.

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la demandada, fue impugnado por la actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de León de 12-5-2015 estimó parcialmente la demanda de derecho y cantidad deducida por Dª Celia frente Telefónica de España, S.A.U, y condenó a ésta a abonar a la trabajadora demandante la cantidad de 211,42 euros, incrementada con el 10% de interés por mora, en concepto de diferencias salariales correspondientes al complemento de antigüedad devengado como consecuencia de computar a los indicados efectos la contratación en prácticas que en su día vinculó a las partes del litigio.

Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento por Telefónica de España, interesando en primer término, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la revisión de los hechos probados de la sentencia de origen.

En concreto, se insta la plasmación en el ordinal fáctico de lo siguiente:

"UGT presentó escrito el 28-9-2010, ante la AN, solicitando la ejecución de la sentencia recaída en el conflicto 118/2008 y 106/2009, siendo denegada dicha ejecución por auto de 9-12-2010, y el 17-9-2010 se presentó papeleta de conciliación referida al cómputo de antigüedad de los contratos formativos y en prácticas que dio lugar al conflicto colectivo 260/2010".

A juicio de la Sala, aun cuando no habría inconveniente para aceptar lo que se quiere incorporar a la realidad de la contienda, puesto que ello se encuentra suficientemente documentado en los antecedentes que obran en la sentencia del TS de 5-11-2014, que confirmó la de la AN que resolvió el conflicto colectivo con nº de registro 260/2010, esa aceptación habría de serlo sin embargo sólo a efectos dialécticos: sencillamente, por la irrelevancia de lo que se quiere incorporar a la realidad de la contienda para alterar el fallo en la instancia alcanzado.

Por lo demás, ya obran en la versión judicial las vicisitudes que tuvieron lugar tras la resolución del conflicto colectivo que se residenciara en la AN con nº de registro 106/2009, vicisitudes atinentes a la exclusión por la empresa del reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores que habían estado vinculados con Telefónica mediante contratos formativos, y al planteamiento de nuevo conflicto colectivo para obtener ese reconocimiento, conflicto que se registró en la AN con el nº 260/2010.

SEGUNDO.- En el terreno del debate jurídico, esto es, con la habilitación que proporciona lo previsto en el artículo 193 c) de la LRJS, atribuye la empleadora recurrente a la sentencia de origen la infracción de lo establecido en el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sosteniéndose en síntesis en el citado motivo de suplicación que, habiéndose dictado como se dictó pronunciamiento firme de la AN y del TS que excluía a efectos de antigüedad el cómputo de los servicios prestados a Telefónica bajo la modalidad de contratos formativos y en prácticas, exclusión claramente rastreable en la circunstancia de que se denegara la ejecución de la sentencia recaída en la AN en el proceso de conflicto colectivo con nº de registro 106/2009, son entonces los efectos negativos de la cosa juzgada los que impiden el reconocimiento de la pretensión que se llevó a cabo en la sentencia que es ahora objeto de suplicación, puesto que Telefónica reconoció a partir de septiembre de 2009, esto es, desde un año antes de la fecha del planteamiento del conflicto colectivo con registro 260/2010, las consecuencias económicas asociadas al cómputo como antigüedad en la empresa de los servicios prestados bajo el formato de contratos formativos, reconocimiento el de ese cómputo que se llevara a cabo en la sentencia que resolviera aquel conflicto colectivo, y nunca antes.

La cuestión litigiosa ha sido ya examina en plurales y recientes sentencias de esta Sala (por todas, la dictada el 16-12-2015), imponiéndose por elementales razones de seguridad jurídica y de economía jurisdiccional la reproducción del enjuiciamiento allí efectuado.

Como entonces se dijo, la sentencia de la AN de 20-7-2009, que reconoció el cómputo a efectos del complemento salarial de antigüedad del tiempo de trabajo prestado bajo contratos temporales, "sea cual sea la razón de la temporalidad y el tiempo transcurrido desde los mismos", fue sentencia que sin embargo no consagró una sola línea a abordar la aducida exclusión a efectos de antigüedad de los contratos formativos, lo que impide la posibilidad de vincular a aquella sentencia efecto positivo alguno de cosa juzgada.

Por otra parte, la denegación de la ejecución a la que también se hace referencia en el escrito de recurso nada tenía que ver con cuestión alguna relativa a los contratos formativos, sino que fue denegación fundamentada en la naturaleza meramente declarativa de la sentencia dictada en conflicto colectivo.

Y, además, las sentencias de la AN de 16-1-2013 y del TS de 5-11-2014 que confirmara la anterior, manifestaron expresamente que las mismas traían causa de las dictadas en el año 2009, ratificándose en las mismas el rechazo de la tesis empresarial que propugnaba que en el conflicto colectivo 106/2009 se había excluido el cómputo de los contratos formativos a efectos de antigüedad.

Junto a lo anterior, en cuanto a la fecha de prescripción de las acciones para exigir las percepciones económicas objeto del presente litigio, ha de recordarse que el plazo de 1 año a que se refiere el art 59.2 del estatuto se verá interrumpido por la demanda de conflicto colectivo, de conformidad con lo establecido en el art 160.6 LRJS, y que el año para reclamar habrá que referirlo al inmediatamente anterior a la fecha de interposición de la papeleta de conciliación del primero de los procesos de conflicto colectivo, pues precisamente declara el Alto Tribunal en su sentencia de 5-11-2014

"el presente conflicto colectivo trae causa de los conflictos 118/2008 y 106/2009, en los que se dictaron sendas sentencias confirmadas por esta Sala en las que se declaraba el derecho de los trabajadores a que los distintos períodos de los servicios prestados en razón de contratos temporales, sea cual sea la razón de su temporalidad y el tiempo transcurrido entre los mismos, sea computable a afectos de su antigüedad en la empresa".

Por tanto, si el propio TS estima que el derecho ya estaba reconocido por las sentencias estimatorias recaídas en tales anteriores procedimientos de conflicto colectivo, y que son la base de las demandas individuales interpuestas para solicitar los atrasos no prescritos correspondientes, resulta palmaria la incidencia de dichos procedimientos a los efectos de interrumpir la posible prescripción de las cantidades reclamadas.

Y siendo notorio e indiscutido que dichos procedimientos arrancaron en el mes de mayo de 2008, culminando el primero con el dictado por la AN de su sentencia de 13-2-2009, que seria confirmada por la del TS de 19-5-2010, y el segundo por sentencia de la AN de 20-7-2009, confirmada por la del TS de 20-7-2010, interpuesta por la trabajadora demandante papeleta de conciliación el 14-7-2011, resulta claro, teniendo en cuenta como se dijo los efectos interruptivos de la prescripción que ha de atribuirse a la primitiva conciliación administrativa celebrada en mayo de 2008, que no habría transcurrido el plazo prescriptivo de 1 año y debían abonarse los atrasos correspondientes desde el año inmediatamente anterior a dicha conciliación, a saber desde mayo de 2007, como se reconoce por la sentencia impugnada.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Telefonica de España, S.A.U, contra sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de León de 12-5-2015, dictada en virtud de demanda promovida por Dª Celia contra la referida recurrente sobre derecho y cantidad.

Asimismo, decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir, ordenamos se dé el destino legal a las cantidades consignadas o a las garantías prestadas para el cumplimiento de la condena, lo cual habrá de tener lugar una vez sea firme esta sentencia, y condenamos a la parte recurrente a abonar la suma de 400 euros en concepto de honorarios de letrado de la parte recurrida e impugnante de la suplicación formalizada.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación.

VER SENTENCIA

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