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SENTENCIA DEL TSJ DE EXTREMADURA DE 11-12-2014


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SENTENCIA DEL TSJ DE EXTREMADURA DE 11-12-2014 SOBRE SUCESIÓN DE CONTRATAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS (BADAJOZ)

RESUMEN

El Ayuntamiento se ve obligado a asumir la gestión temporal de una residencia de ancianos de su titularidad ante el desistimiento unilateral anticipado de la empresa contratista que lo gestionaba. Asunción en ese período de la totalidad de trabajadores de la empresa saliente, que posteriormente pasan a la nueva adjudicataria.

Recurso de suplicación interpuesto por Dª Amalia contra la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Badajoz en el procedimiento demanda seguido a instancia de la recurrente, frente al Ayuntamiento de Badajoz, UTE Street Bulding Convacal S.L. y HAGANEX S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Dª Amalia presentó demanda contra el Ayuntamiento de Villalba de Los Barros, UTE Street Bulding Convacal S.L, HOGANEX, ante el Juzgado de lo Social, que dictó la sentencia el 31-3-2014.

En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

Dª Amalia prestó servicios laborales en el centro de trabajo Hogar de Ancianos Asistidos y Centro de Día de Villalba de Los Barros. El Ayuntamiento de Villalba de los Barros es el propietario del centro, adjudicando su gestión por medio de contrato de gestión de servicio público.

La trabajadora firmó contratos de trabajo para la prestación de servicios:

- Con la empresa Asociación de Ayuda en Carretera de Badajoz, desde el 1-9-2009 hasta el día 29-7-2010.

- Con la empresa Consuelo Cerrato Tamayo, desde el 5-8-2010 hasta el 27-3-2012

- Con la empresa Campisur Servicios Sociales, S.L., desde el 4-4-2012 hasta el 16-12-2012

- Con el Ayuntamiento de Villalba de los Barros, desde el 28-12-2012 hasta el 31-3-2013.

El Ayuntamiento de Villalba de los Barros adjudicó la gestión del servicio público municipal Hogar de Ancianos Asistidos y Centro de Día de Villalba de Los Barros, a la empresa Asociación de Ayuda en Carretera de Badajoz, D. Y. A.

El Ayuntamiento de Villalba de los Barros adjudicó la gestión del servicio público municipal Hogar de Ancianos Asistidos y Centro de Día de Villalba de Los Barros, a la empresa Consuelo Cerrato Tamayo.

En el pleno de 27-1-2012, acordó aprobar el cambio de titularidad a la empresa Elen Roc Servicios Sociales, S. L. U.

El 12-12-2012, una de las personas de la empresa, presentó un escrito comunicando que abandonaba unilateralmente la gestión de la residencia, haciéndose cargo de la gestión el ayuntamiento a partir de ese momento.

El 1-4-2013, después de haber seguido el correspondiente procedimiento para la adjudicación del servicio, la empresa UTE Steet Building Convalcal, S. L. y HOGANEX, S. L. comenzó a gestionar el centro.

En las bases de la adjudicación no se lijaba un listado de trabajadores que deberían ser contratados por la empresa.

El 17-4-2013, la trabajadora presentó la preceptiva reclamación administrativa previa ante el Ayuntamiento de Villalba de los Barros, que fue desestimada.

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo:

"Desestimo la demanda presentada por D Amalia contra el Ayuntamiento de Villalba de los Barros, UTE Steet Building Convalcal, S. L. y HOGANEX, S. L. Por ello, absuelvo a los demandados de todas las pretensiones contenidas a misma"

Frente a dicha sentencia interpuso recurso de suplicación por Dª Amalia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con amparo procesal en el apartado de la letra c) del art. 193 de la LRJS denuncia infracción del art. 70.1 y 2, f) del VI Convenio Colectivo marco estatal de Servicio de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la promoción de la Autonomía Personal, de 25-4-2012; aludiéndose también al art. 44.2 ET  en orden a mantener la existencia de sucesión de empresas y con cita de la sentencia del TUCE de 24-1-2002 con relación a dicho precepto estatutario invocado.

Viene a argumentarse por la recurrente en síntesis:

a) que como el ayuntamiento demandado "opera como la empresa saliente y la codemandada como la empresa entrante" por cuanto  hubo de gestionar la residencia con carácter temporal por secuestro del servicio que prestaba la anterior concesionaria y por ende, al transmitirla a una nueva adjudicataria es por lo que, entiende, se ha producido sucesión empresarial, pues de haber seguido gestionando el Ayuntamiento el servicio, se dice, "...es evidente que no se produce ninguna subrogación...";

b) que a tenor de lo dispuesto en el precepto convencional que se cita como infringido, art. 70, el apartado 2,f) párrafo cuarto, que viene a decir que la subrogación empresarial no desaparece cuando el arrendatario del servicio la suspende por un plazo no superior a 6 meses y siempre que el Servicio se reiniciare con la misma u otra empresa, ha de operarse la subrogación en la empresa nueva adjudicataria;

c) que ha de entenderse sucesión de empresa en virtud de lo dispuesto en el art. 44.2 ET y con base en la jurisprudencia comunitaria que se cita.

Es precisamente en el argumento que se formula por el recurrente donde encuentra acomodo el instituto de la sucesión empresarial, tanto del Ayuntamiento a través del secuestro del servicio como después por el hecho transmisión del mismo a través de la adjudicación a la nueva empresa. Baste al efecto razonar conforme a lo resuelto por esta propia Sala en su sentencia de 3-2-2011, dictada en el recurso de suplicación y confirmada por la del TOS el 26-1-2012 donde se dice:

La doctrina de esta Sala es constante al afirmar que la extinción de la contrata y la asunción con trabajadores propios de la actividad antes descentralizada no constituye, por si misma, un supuesto de subrogación empresarial,

"no es menos veraz que tal criterio general resulta inaplicable cuando la empresa que venía llevando a cabo la actividad mediante sucesivas contratas con diferentes empresas, decide asumir aquélla y realizarla por sí misma, pero haciéndose cargo del personal de la empresa contratista, supuesto en el cual puede decirse que se ha producido una sucesión de empresa encuadrable jurídicamente en el referida art. 44 ET”

Como es también inatendible el criterio general cuando la transmisión vaya referida a cualquier "entidad económica que mantenga su identidad" después de la transmisión o traspaso, entendiendo por tal "un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria"; o el "conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio".

Si bien el Ayuntamiento de Villalba de los Barros, con motivo del rescate del servicio, hubo de contratar a través de contratos temporales para obra o servicio a todos los trabajadores que prestaban sus servicios con la anterior concesionaria por abandono de ésta, obligación aquella de asumir a todo el personal que lo venía prestando, conforme le es exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, y, en particular, a tenor del art. 134 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, lo cierto es que tal asunción del servicio con la total plantilla supone subrogación conforme a la jurisprudencia comunitaria, citada en la sentencia transcrita del Tribunal Supremo; y lo propio acontece respecto de la nueva empresa adjudicataria, por el mismo motivo de asumir la práctica totalidad de los trabajadores -17 de 20- que, con independencia de sus modalidades contractuales precedentes, venían prestando los servicios para el Ayuntamiento, que, en este caso, y de acuerdo con la interpretación de la doctrina comunitaria, así como de la del TOS, trasmite una unidad productiva a la empresa que, como nueva adjudicataria asumió la mayor parte de la plantilla de trabajadores, por cuanto la actividad que se le transmite por el citado Ayuntamiento, fundamentalmente consistía en mano de obra, que es común en esa actividad, ya que en el caso de que no se transmitieran elementos materiales o instalaciones, se produce la subrogación, si, como es el caso, la nueva empresa se hace cargo de una parte importante de la plantilla de los trabajadores que venían prestando el propio servicio.

La consecuencia de la negativa de la empresa codemandada, última adjudicataria de la prestación del servicio, UTE Street Bujiloding Convacal y Hoganex S.L. de subrogarse en la trabajadora demandante y aquí recurrente, supone un acto de improcedente despido y la citada empresa y sólo élla debe responder de las obligaciones a que se contrae el art. 56 ET.

FALLO

Se estima el Recurso de Suplicación interpuesto Dª Amalia contra la Sentencia de 31-3-2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz, en autos seguidos a instancia de la recurrente frente al Ayuntamiento de Villalba de los Barros, UTE Street Bulding Convacal S.L y se revocar la sentencia del juzgado, y se declara improcedente el despido y condenar a la empresa codemandada a que a su opción en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia readmita a la trabajadora recurrente a su puesto de trabajo en las propias condiciones que tenía antes del despido y le abone los salarios de tramitación desde la fecha en que se considera despedida 1-4-2013 hasta la notificación de esta sentencia, o, en otro caso la indemnice en la suma de 4.880 euros.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse dentro del improrrogable plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia.

VER SENTENCIA ->

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