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SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 18-01-2016 SOBRE RECLAMACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE

Recurso de suplicación interpuesto por D. Nazario contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid de 8-7-2015

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Nazario presentó demanda contra Telefónica de España SAU, Fraternidad Muprespa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 275, INSS en reclamación de Incapacidad Permanente, habiéndose dictado sentencia el 8-7-2015 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Desestimando totalmente la demanda interpuesta por D. Nazario frente a Telefónica de España SAU, la Mutua MUPRESPA e INSS y TGSS absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos de la misma."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:

1) D. Nazario nacido en 1955 está afiliado al régimen general de la Seguridad Social.

2) El 15-10-2013 el actor sufrió un accidente laboral cuando trabajaba en Telefónica de España SAU, quien tenía cubierto el riesgo de accidentes de trabajo con la Mutua MUPRESPA.

3) Iniciado el expediente administrativo en solicitud de una declaración de incapacidad, fue examinado por el EVI, dando lugar a la propuesta en la que se reconoce que el demandante se halla afecto a lesiones permanentes no invalidantes derivada de accidente de trabajo, siendo tal propuesta ratificada por el INSS en fecha 13-1-2015, con el baremo 110.

4) El actor se halla afecto de las siguientes lesiones…

5) El actor presta servicios en la empresa como operador de comunicaciones nivel V, cuyas funciones consisten en… Actualmente sigue prestando servicios en la empresa sin haberse modificado su categoría, funciones o salario.

6) Para el caso de prosperar la pretensión la B.R. mensual sería de 3.425,70 euros por 24 mensualidades.

7) Interpuesta la preceptiva reclamación previa fue desestimada en fecha 13-4-2015.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado por las demandadas Telefónica de España SAU, y la Mutua MUPRESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre por el actor en suplicación la sentencia dictada en procedimiento sobre incapacidad permanente y lesiones permanentes no invalidantes, desestimatoria de la demanda, planteando en primer término motivo que ampara en el art. 193 a) de la LRJS, y en el que se aducen como infringidos los arts. 335, 301 y 1 de la LEC, y 24 de la CE.

Entiende el actor que el informe de la médico que actuó en calidad de perito en el juicio oral carece de objetividad porque quien lo suscribe es empleada de la Mutua demandada, tiene interés en el pleito por integrar la estructura de la misma y lo que en dicho documento se dice viene a reproducir el que ya consta unido al expediente administrativo, medio de prueba, sigue añadiendo, que propiamente es interrogatorio de parte, eludiéndose por la sentencia el que ha sido aportado por la parte actora, habiendo mala fe en la actuación de la referida demandada.

Quien ha suscrito el dictamen en cuestión ha intervenido en el proceso en calidad de perito y el hecho de que haya examinado al actor tras haber sufrido el accidente de trabajo, siguiendo su evolución o valorando finalmente su situación clínica, cuenta, en relación con lo que contiene el dictamen, con la misma presunción de objetividad que el perito que actúa en el proceso a instancia de la parte actora.

Ante dictámenes que pueden ser contradictorios, el Juzgador, una vez examinados, junto con la documentación médica que obra en el expediente y el dictamen del EVI, concluye conforme a las reglas de la sana crítica, valorando la prueba como prerrogativa que le viene legalmente impuesta.

En relación con la prueba pericial -que no es en el presente caso un interrogatorio de la demandada- el TS en la Sentencia de 22-2-2011, tiene manifestado que:

A) El control de la valoración de la prueba a través del recurso extraordinario por infracción procesal se limita a los supuestos en los que por ser manifiestamente arbitraria o ilógica no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho de tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE.

B) Es posible con carácter excepcional la impugnación de la valoración de la prueba pericial:

a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio

b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales

c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial

d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia

Con relación a la prueba pericial el TS manifiesta lo siguiente:

«La prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada y valorable por el juzgador según su prudente criterio y ni el artículo 1242 ni el 1243 del Código Civil junto con el art. 632 de la LECiv tienen carácter de criterios valorativos de la prueba pues es de libre apreciación por el juzgador. Tan sólo puede impugnarse en este recurso extraordinario la valoración realizada, si la misma es contraria en sus conclusiones a la racionalidad o conculca «las más elementales directrices de la lógica».

Pero, se ha de prescindir de forma flagrante de las reglas de la sana crítica y con criterios claramente irracionales, arbitrarios y absurdos.

En el mismo sentido se pronuncia el TS, al referirse que ello acontece cuando el órgano «a quo» tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales o falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga deducciones absurdas o ilógicas.

En la misma línea, añade que la valoración de la prueba pericial desde el punto de vista del recurso de casación es de libertad del juzgador «a quo», si bien en los casos de error notorio en la valoración de la pericia hay posibilidad de casar tal valoración, pero ello tan sólo acontecerá cuando el juzgador «a quo» tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales, falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga deducciones absurdas o ilógicas.

El TS añade que sólo cabe su control casacional cuando se acredite que es ilógica u omita datos que figuren en el informe.

El TS añade, que las reglas de la sana crítica no están codificadas, han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana y por ello es extraordinario que pueda revisarse la prueba pericial en casación, pues el Juez ni siquiera está obligado a sujetarse al dictamen pericial. ».

De la anterior doctrina se concluye en que la elección entre diversos dictámenes practicados y opiniones científicas no concordes es facultad de los tribunales de instancia, y si no se constata que el juicio de estos al valorar tal medio de prueba está viciado por alguna de las irregularidades indicadas -hipótesis que no concurre en el caso actual- tanto las partes como la Sala han de partir del criterio del Juzgado de lo Social. Se desestima en consecuencia el motivo.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 193, b) de la LRJS, se interesa la modificación del ordinal fáctico cuarto, con solicitud de que no figure en el mismo, al no ser hecho contradictorio, que "no consta probado que padezca anquilosis en el III dedo". Tal expresión no es accesoria en el aspecto atinente a la valoración clínico-funcional de las lesiones residuales padecidas por el actor, ni tampoco es errónea como hecho que constata una certeza a efectos de establecer la capacidad laboral del trabajador, siendo correspondiente con la limitación del III dedo, cuya movilidad del 20%, por razón evidente, excluye la anquilosis, con independencia de la asimilación legal a la que más adelante nos referiremos, respecto de la prestación que corresponda.

Como el aserto fáctico cuya eliminación se pide es redundante porque encaja con la limitación indicada, se desestima el motivo.

TERCERO.- Con amparo en la misma norma, propone el actor que en el ordinal quinto conste que:

"actualmente sigue prestando servicios en la empresa sin haberse modificado su categoría o salario, pero si las funciones realizas, en cuanto que sólo realiza aquellas que no impliquen destreza o habilidad con las manos, siendo actualmente sobre todo administrativas y de recogida de equipos en los domicilios de los clientes."

La revisión no puede estimarse por no haber prueba documental en la que se apoye. Ha de precisarse que la carga de la prueba sobre los extremos sometidos a revisión fáctica incumbe a la parte actora, condición incumplida que, como se ha adelantado, conduce a la desestimación del motivo.

CUARTO.- En el primer motivo destinado a la censura jurídica -art. 193 c) de la LRJS- se alega infracción de los arts. 137 de la LGSS, 13 de la N.L. de Telefónica de España, y art. 97.2 de la LRJS, así como de la jurisprudencia que estima de aplicación al caso.

El punto atinente al trabajo desempeñado por el actor queda resuelto conforme se extrae de los recibos salariales y el parte de accidente, con lo que las funciones del demandante están incluidas en la norma convencional invocada, en el apartado que a su específica actividad corresponda, todo ello en el entendimiento de que después del accidente su categoría profesional y funciones no han sido circunstancias laborales modificadas. Bajo este antecedente básico y esencial, queda descartada la pretensión principal planteada en el recurso relativa a reconocimiento de incapacidad permanente parcial, al no darse el requisito del apartado 3 del art. 137 de la LGSS para que la incapacidad permanente parcial sea reconocida (disminución del rendimiento laboral en la proporción que dicha norma señala).

En este específico punto ha de recordarse, según el TS que:

"el sistema de calificación de la incapacidad aún vigente (D.T. 5 ª bis LGSS) en relación con el art. 137 de la misma Ley) tiene carácter profesional, con las excepciones de las lesiones permanentes no invalidantes y la gran invalidez, y, en este sentido, la remisión del número 3 del art. 137 a un porcentaje de incapacidad no envía a una valoración fisiológica por baremo, sino a una estimación aproximada en términos de una apreciación sensible de la repercusión de las lesiones en la capacidad de ganancia en el marco de la profesión habitual"

El TS añade que:

"no se define en función del concreto puesto de trabajo que se desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional".

El TS sigue diciendo:

"A efectos de la calificación de la incapacidad permanente han de tenerse en cuenta todas las funciones que integran objetivamente la profesión".

En consecuencia, no se constata infracción de los preceptos citados, ni irregularidad procesal de la sentencia de instancia por incumplimiento del art. 97.2 de la LRJS, cuya denuncia de vulneración debe articularse por el cauce del art. 193, a) de dicho Texto Procesal, a fin de pedir, en su caso, la nulidad de actuaciones por haberse infringido normas del procedimiento causante de indefensión.

QUINTO.- Se alega infracción del art. 150 de la LGSS y apartado IV del Anexo de la Orden ESS/66/2013, de 28-1, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.

Las secuelas definitivas del accidente de trabajo se concretan en...

En el apartado IV del anexo referido se dispone que:

"tendrán también la consideración de anquilosis las alteraciones de sensibilidad, así como los estados que, por sección irrecuperable de tendones o por lesiones de partes blandas, dejen activamente inmóviles las falanges".

La pérdida de sensibilidad en 4 dedos de la mano derecha y lesión completa sensitiva en el III y IV dedos, son lesiones que deben de compensarse según la valoración dineraria que la norma reglamentaria citada regula en esta última disposición.

SEXTO.- Atendiendo a lo expuesto, se estima el recurso, en su pretensión subsidiaria, quedando cuantificada la prestación objeto de condena en 12.510 euros, dado que el actor ha percibido 1.500 euros reconocidos a su favor en el expediente administrativo.

FALLO

Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por D. Nazario contra la sentencia de 8-7-2015 del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, en autos instados contra el INSS, la TGSS, Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 y Telefónica de España, S.AU, y con revocación de la misma, declaramos el derecho del actor a percibir en concepto de prestación por lesiones permanentes no invalidantes derivadas de accidente de trabajo, la cantidad de 12.510 euros, por lo que condenamos a la Mutua referida a abonarle dicho importe, y al INSS y a la TGSS en lo que afecte a las obligaciones establecidas en la legislación del Sistema en caso de impago del mismo, absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos deducidos en su contra.

Contra esta sentencia sólo cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia

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