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SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 22-07-2015


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SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 22-07-2015 SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATO DE RELEVO

Jubilación del trabajador relevado 10 meses antes de cumplir los 65 años. Efectos sobre el contrato del relevista. Procedencia del cese.

Se debate si constituye despido el cese de un trabajador con contrato de relevo por la jubilación parcial de otro cuando se produce su jubilación total el 31-3-2014, prevista inicialmente en el contrato suscrito para 2015.

Recurso de Suplicación, formalizado por Dª Erica, contra la sentencia de 17-11-2014 del Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid en sus autos seguidos a instancia de Dª Erica frente a la Comunidad de Madrid - Residencia PP.MM S. Fernando, en reclamación por Despido y Cantidad

ANTECEDENTES DE HECHO

En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

- Dª Erica ha venido prestando sus servicios para la Comunidad de Madrid - Residencia PP.MM S. Fernando desde el 1-9-2010 como diplomada en enfermería y un salario mensual incluida la parte proporcional de las pagas extra de 1.677,70 €

- El vínculo entre las partes se articuló a través de contrato de relevo con motivo de la jubilación parcial del trabajador D. Pascual nacido en 1.950. En el contrato se establece como duración desde el 1-9-2010 hasta la fecha en la que el relevado cumple 65 años.

- El Sr. Pascual pasa a situación de jubilación total el 31-3-2014.

El 26-3-2.014 la empresa comunica a la actora la finalización de su contrato

La actora causa baja por IT derivada de enfermedad común el 20-5-2013 por recaída.

Agotado el plazo máximo el 16-1-2014, el INSS le reconoce la prórroga de dicha situación por un plazo máximo de 180 días pasando a partir del 1-2-2014 a pago directo de la prestación por la entidad gestora.

Desde el 16-7-2014 y por un plazo de 6 meses se demora la calificación de la incapacidad permanente

El 24-4-2014 se celebra ante el SMAC acto de conciliación. En junio se presenta reclamación previa.

La actora tiene devengada y no percibida en concepto de vacaciones 2014 la suma de 321,94 €.

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo:

"Desestimando en lo sustancial la demanda interpuesta por Dª Erica contra la Comunidad de Madrid - Residencia PP.MM S. Fernando debo declarar inexistente el despido de la actora condenado a la parte demandada únicamente a que abone la suma de 321,94 € en concepto de vacaciones."

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora formula recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, solicitando en primer lugar la revisión de la declaración fáctica, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS.

Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas por las partes, se ha de significar lo siguiente:

1.- El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a ), b ) ó c) del art. 193 de la LRJS, según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión y que produce la consecuencia prevista en el art. 202 LRJS, se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o, finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material, conllevando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en el número 3 del artículo 202 LRJS.

Así, dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio.

Sin que quepa ignorar que corresponde exclusivamente a las partes la construcción e impugnación del recurso, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

2.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que las cuestiones de hecho y de derecho ineludiblemente han de ser tratadas por separado y, por otro, que sólo cuando se aprecia la infracción denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que si las infracciones procesales generadoras de indefensión han de denunciarse por el cauce del artículo 193 a) LRJS, el error de derecho en la apreciación de la prueba, por aducirse infracción de una norma, ha de formalizarse por la vía del artículo 193 c) de la LRJS, debiendo significarse por lo demás que en las censuras jurídicas que se articulen amparadas en el apartado c) del artículo 193 debe precisarse de forma concreta el precepto que se considera infringido, sin que pueda invocarse genéricamente una norma que contiene varios, siendo preciso además que la norma esté vigente

En lo que respecta al error fáctico, que ha de denunciarse por el cauce del artículo 193 b) LRJS, no es posible ignorar que, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, de la doctrina sentada respecto al mismo se desprenden una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformarlo en una segunda instancia, pudiendo compendiarse estas reglas, en lo que aquí interesa, del siguiente modo:

1º) La revisión de hechos no faculta al Tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental o pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho, bien entendido que su apreciación no puede entrañar denegación de las facultades valorativas de la prueba atribuidas al Juzgador "a quo", a quien corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la LRJS, apreciar todos los elementos de convicción aportados al proceso y declarar, en función de éstos, los que estime probados.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada.

3º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba. Asimismo, en la valoración de contradictorios informes periciales ha de estarse al que haya servido de base a la resolución recurrida, salvo que, notoriamente, se demuestre el error en que ha incurrido el juez de instancia en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad.

4º) No pueden introducirse en el momento de la suplicación cuestiones fácticas novedosas y que no hayan sido objeto de alegación y, en su caso, debate en la instancia, debiendo subrayarse que siendo únicamente las pruebas documental y pericial aptas para amparar este tipo de motivo, sólo son admisibles para poner de relieve el yerro fáctico los documentos hábiles que ostenten un decisivo valor probatorio y tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia o idoneidad, de forma que el error que se denuncia ha de quedar de manifiesto de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, a lo que se ha de añadir que el recurso se da contra el fallo y no contra los hechos o consideraciones jurídicas de la sentencia, siendo intrascendentes al recurso las denuncias por error de hecho o infracción jurídica que no alteren el sentido del fallo.

Pues bien, en el supuesto de autos, la actora afirma en el motivo Primero del recurso, que formula al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, que pretende explicar la contradicción que, a su entender, existe en los Hechos Probados Primero y Segundo, realizando una serie de alegaciones sin proponer el texto concreto que en su caso debiera incluirse en el relato fáctico y afirmando asimismo que se han producido las infracciones que indica, lo que debería haber hecho acudiendo al cauce del artículo 193 c) de la LRJS .

De este modo, nos encontramos con que se mezclan aquí cuestiones de hecho y de derecho, que necesariamente han de ser tratadas por separado, no siendo posible la revisión del relato fáctico cuando se procede en la forma antedicha, apartándose la recurrente por completo de la técnica suplicatoria, conforme a lo indicado.

SEGUNDO.- A su vez, y habida cuenta de que la actora denuncia la infracción de los artículos 12.7.b) del E.T. y 63.1.B) 2º párrafo del CºCº del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, afirmando que existió un despido y debe condenarse a la demandada al pago de la indemnización correspondiente, han de hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) Constituyendo el despido en todo caso la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario, se ha de subrayar que, a falta de concepto legal, el despido ha sido interpretado en sentido amplio, comprensivo tanto de los supuestos en que, reciban o no esa estricta denominación, las decisiones empresariales dirigidas a la extinción del contrato tienen acomodo expreso entre las causas legalmente establecidas, como los que se denominan despidos "atípicos", por carecer de acogida expresa en la Ley o por no estar legalmente concebidos como tales despidos.

Por lo demás, el art. 108.1 de la LRJS, al igual que el art. 55 del E.T., determina que se ha de calificar en el fallo de la sentencia el despido como procedente, improcedente o nulo, aun cuando bien puede suceder, como es evidente, que el despido sea en realidad inexistente, es decir que no haya habido despido, como puede ocurrir igualmente que se haya de declarar "no probado" el despido.

Así, tras la reforma operada en el E.T. por la Ley 11/1994, de 19-5, se ha de declarar improcedente el despido -art. 55.4 del E.T.- tanto en el supuesto de que no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación como cuando en su forma no se ajuste el despido a lo establecido en el apartado 1 del propio art. 55, en que se exige que el despido sea notificado por escrito al trabajador haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos, asimilándose a tales supuestos, en general, aquellos en que no se acredite la existencia real de la causa alegada por la empresa para la extinción del contrato de trabajo.

2ª) Dentro de los contratos de trabajo se encuentran, entre otros, los contratos de relevo, que para ser válidos han de concertarse ajustándose a lo dispuesto en la ley (art. 12.6 del E.T.).

Así, en el artículo 12.6 del E.T. se regula el contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial, exigiéndose la celebración de dicho contrato con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. Pero, entre otros requisitos, se exige que el puesto de trabajo del trabajador relevista sea el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente (art. 12.6 pfo. 2º, c) E.T.).

3ª) En el supuesto ahora enjuiciado la actora impugnó mediante demanda por despido la comunicación de fin de contrato efectuada por la empresa, y la sentencia de instancia, por su parte, consideró que no existía despido, sino que la relación laboral se había extinguido conforme al artículo 12.6 del E.T..

Ante ello se alza la recurrente, que afirma que se han producido las infracciones antecitadas, aduciendo al efecto que la empresa demandada extingue el contrato de forma unilateral con una antelación de 10 meses, ya que la finalización del contrato se preveía para el 21-1-2015, fecha en que el trabajador relevado cumplía 65 años.

Ahora bien, pese a lo manifestado por la recurrente, es lo cierto que no se habría infringido la normativa de referencia por más que se extinguiera el contrato antes de la fecha prevista en el contrato, ya que el objeto del contrato de relevo es sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubilaba parcialmente, hasta que se produjera su jubilación total, siendo así que en el supuesto de autos el trabajador relevado se jubiló el 31-3-2014, lo que legitimaba a la empresa para extinguir el contrato de la actora en dicha fecha.

Sin que tampoco quepa apreciar la infracción del artículo 63.1 B 2º párrafo del CºCº antecitado, en el bien entendido de que dicha norma regiría para los supuestos de trabajadores en situación de IPT y en el presente caso consta en el relato fáctico que en fecha 16-7-2014 se demoró la calificación de la IP, lo que implica que en el momento de la extinción del contrato de la actora no existía una declaración firme de incapacidad total.

En consecuencia, resulta plenamente válida la causa de extinción esgrimida por la empresa, sin que sean de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas, y por lo tanto, no habiendo incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, procede, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

FALLO

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Dª Erica contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid de 17-11-2014, dictada en virtud de demanda presentada contra Comunidad de Madrid y Residencia PP.MM San Fernando, en reclamación por Despido y Cantidad, confirmamos dicha resolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse dentro del improrrogable plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia.

VER SENTENCIA

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