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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASO DE 15-11-2016


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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 15-11-2016 SOBRE INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE CONTRATO DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO VACACIONAL

Recurso de Suplicación interpuesto por Teodoro y Delta Seguridad, S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Vitoria-Gasteiz de 22-3-2016, dictada en proceso sobre DSP, y entablado por Teodoro frente a Delta Seguridad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La relación de hechos probados de la sentencia de instancia es la siguiente:

- El actor D. Teodoro ha venido prestando servicios en la empresa Delta Seguridad, S.A., con antigüedad de 16-2-2015, ostentando la categoría profesional de vigilante de seguridad.

- El demandante ha desarrollado su actividad en virtud de contrato de interinidad durante varios períodos:

a) De 16-2-2015 a 2-11-2015, para la sustitución del trabajador Blas con derecho reserva puesto de trabajo

b) De 3-11-2015 al 29-11-2015, para sustitución del trabajador Blas con derecho reserva puesto de trabajo

c) De 30-11-2015 al 30-11-2015; para la sustitución del trabajador Blas con derecho reserva puesto de trabajo; habiendo sido para la cobertura del puesto del mismo trabajador por razón de permiso sindical, siendo el demandante conocedor, tanto de la persona a la que iba a sustituir, como que la sustitución lo era por razón de "permiso retribuido" y no por vacaciones.

d) De 1-12-2015 al 15-12-2015; para la sustitución del trabajador Gabino con derecho reserva puesto de trabajo

El 29-11-2015 el Jefe de Seguridad, D. Manuel le comunicó al demandante de viva voz la finalización del contrato y que al día siguiente comenzaba otra sustitución, siendo que dicha nueva sustitución del día 30-11-2015 se la comunicó por escrito,

- El trabajador D. Blas, a quien sustituyó el demandante, venía prestando sus servicios en el Parlamento Vasco, siendo que dicho servicio exige conocimientos de euskera. El demandante no acredita conocimientos de euskera para la cobertura de dicho servicio.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que previa desestimación de la excepción de falta de acción y desestimando la demanda de despido interpuesta por el Letrado D. David Izquierdo de la Guerra, en nombre y representación del Sindicato USO y de D. Teodoro contra Delta Seguridad, S.A., y declaro procedente el despido de fecha 29-11-2015 y absuelvo a la demandada de los pedimentos formulados de contrario."

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las dos partes contendientes interponen sendos recursos de suplicación, dirigido el de la empresa a que, con mantenimiento de su absolución, se declare que la misma también deriva de la falta de acción del demandante, y el de éste a que se revoque la sentencia recurrida declarándose la improcedencia de su despido por ser fraudulento el contrato de trabajo que se le ha extinguido.

SEGUNDO.- El recurso interpuesto por la empresa se compone de 2 motivos, el primero encaminado a la adición de un nuevo hecho probado y el segundo a defender la falta de acción que impide mantener la demanda que da origen a las presentes actuaciones.

A) Al amparo del art. 193 b) de la LRJS se postula la adición de un nuevo hecho probado que recoja

"Que el demandante ha interpuesto procedimiento especial de despido respecto de la extinción del contrato de interinidad suscrito con la demandada el día 1-12-2015, extinción que se dio con fecha 15-12-2015 en cuyo seno se solicita la improcedencia del despido y postulando una antigüedad del día 16-2-2015 aduciendo en dicha demanda los mismos motivos de improcedencia que los existentes en la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones y recayendo dicho procedimiento en el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Vitoria-Gasteiz en los autos 39/2016".

Sustentada la adición solicitada en la demostración de la existencia de la falta de acción defendida en el siguiente motivo, y siendo ciertos, según resulta de la prueba documental invocada, los extremos que se pretenden añadir al relato fáctico, procede su acogimiento para una correcta valoración de la cuestión jurídica suscitada.

B) Por el cauce procesal previsto en el art. 193 c) de la LRJS se denuncia la infracción de los arts. 22.1, 22.2 y 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Disposición Transitoria 4ª de la LRJS y con el art. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sosteniendo que, dada la existencia de una vinculación laboral mediante 4 contratos de interinidad sin solución de continuidad, y habiéndose impugnado varios de ellos postulando su antigüedad desde el primero por la existencia de una unidad de vínculo contractual, en evitación de que, caso de estimarse sus pretensiones, puede llegarse a una superposición de indemnizaciones con un enriquecimiento injusto, al no proceder la acumulación de todos los procedimientos por despido interpuestos (art. 26 LRJS), debe acogerse la falta de acción en este procedimiento y dejarse al Juzgado de lo Social nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en el que ha recaído la impugnación del último contrato de trabajo extinguido, el análisis de la validez o no de todos los contratos concatenados.

Debe destacarse es que en las distintas demandas por despido presentadas por el actor se ataca de forma diferenciada la extinción de cada uno de los contratos de trabajo mantenidos, pidiendo se declare la improcedencia de cada concreta extinción por haberse producido un despido sin causa.

Dichas peticiones nos llevan a entender que ni se interesan indemnizaciones acumuladas o superpuestas por el trabajador, ni que sea posible dar una respuesta jurídica en tal sentido como consecuencia de las sucesivas indemnizaciones que puedan generarse.

En este caso resulta que el demandante ha accionado como consecuencia de que el día 29-11-2015 el Jefe de Seguridad le comunicara de viva voz la finalización del contrato que mantenía en ese momento, contrato que el Sr. Teodoro considera que fue suscrito en fraude de ley, razón por la que interpone la demanda por despido.

Pues bien, como la expresión «despido» no debe entenderse constreñida al que tenga origen disciplinario, ya que su significado también comprende cualquier otro cese unilateralmente impuesto por el empresario al trabajador, aunque estuviese fundado en causa ajena al incumplimiento contractual, la comunicación extintiva al actor antes aludida y con la que el trabajador no está de acuerdo genera en él el derecho a accionar por despido, sin que la nueva contratación por quien se estima que estaba obligado a dar continuidad a la relación laboral hasta entonces mantenida, de forma que se busque iniciar una nueva relación que excluya la anterior, enerve la acción por despido ejercitada.

La sentencia de 7.12.2009 establece que la continuidad de la prestación de servicios en la misma empresa no altera la existencia de un despido si se ha producido un efecto extintivo respecto a la primera relación, efecto cuya impugnación entra en el marco de la garantía de la tutela judicial efectiva.

De esta forma, en este este caso no puede declararse la falta de acción del Sr. Teodoro, puesto que goza de la necesaria legitimación activa y sigue el procedimiento adecuado en defensa de sus derechos, con un interés real, actual y concreto. En consecuencia, debe rechazarse íntegramente el recurso de Delta Seguridad SA.

TERCERO.- El recurso formulado por el trabajador, en un motivo único, al amparo del art. 193 c) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 15.1 y 55.4 del E.T., del art. 108.1 de la LRJS y de la doctrina jurisprudencial.

Lo que viene a cuestionar es la procedencia de la modalidad de contratación utilizada (de interinidad) para la cobertura del período vacacional de los trabajadores de la plantilla. Señala que no es válida la causa de interinidad en la ausencia por vacaciones ya que entonces no se está ante una vacante del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino ante una mera interrupción ordinaria de la prestación del servicio que no genera una vacante reservada, concluyendo que la contratación del actor ahora impugnada ha sido fraudulenta y que de su finalización deriva un despido sin causa y, por tanto, improcedente.

Efectivamente, el contrato de trabajo temporal suscrito el 3-11-2015 bajo la modalidad de interinidad tuvo por objeto sustituir a trabajadores/as con reserva del puesto de trabajo, haciéndose constar que su duración se prologaría hasta el 29-11-2015 para sustituir al trabajador Blas por vacaciones. Ninguna de las sentencias aludidas en el recurso permite alcanzar la conclusión postulada por el demandante, puesto que analizan cuestiones distintas.

La sentencia de 12-6-2012 revoca el fallo combatido, que calificó de fraudulenta la contratación del trabajador al haberse efectuado mediante la modalidad de contrato eventual por acumulación de tareas, razonando aquél al efecto que la cobertura de la insuficiencia de la plantilla por coincidencia del periodo de vacaciones no justifica el uso de dicho tipo de contrato temporal.

La sentencia de 16-5-2005 señala que si bien en el ámbito de la empresa privada no pueden calificarse como propios de la acumulación de tareas los casos en que el desequilibrio o desproporción entre el personal y las tareas a desarrollar se debe exclusivamente a la existencia de vacantes o puestos fijos sin cubrir en la plantilla de la misma, en la Administración Pública, hay que tener en cuenta que tal provisión exige el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones, lo que implica que la misma no puede tener lugar inmediatamente, ni siquiera con rapidez, sino que necesariamente ha de transcurrir un período de tiempo, que en ocasiones puede ser dilatado, hasta que se realizan los nombramientos pertinentes para ocupar tales vacantes.

Se descarta la aplicación de las anteriores sentencias al presente supuesto.

El art. 15.1 c) del ET contempla la posibilidad de concertar contratos de trabajo de duración determinada cuando se trate de sustituir a trabajadores con reserva del puesto de trabajo siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitución, siendo dicha modalidad contractual denominada de interinidad en el art. 4 del RD 2720/1998.

Habiéndose utilizado esta modalidad en el contrato cuya extinción se impugna aquí, y habiéndose cumplido en él los requisitos formales exigidos, debemos determinar si puede considerarse fraudulento por haber ido dirigido a sustituir a un trabajador que se encontraba de vacaciones.

Mencionándose por el recurrente, al objeto de que se declare fraudulenta la contratación, diversas sentencias del TS en las que se viene a decir que la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de trabajo, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que conllevaría que la causa de la interinidad señalada en el contrato en tal caso deba ser considerada como una causa de eventualidad, sin embargo omite que en tales casos el Alto Tribunal, pese a cuestionar que sea correcta la modalidad contractual utilizada, no llega a considerar que tal irregularidad invalide la extinción comunicada ni que exista motivo para apreciar una conducta fraudulenta. También esta Sala se ha pronunciado en ese sentido, admitiendo la validez del contrato de interinidad para la sustitución de trabajadores que se encontraban de vacaciones.

CUARTO.- Conocida la reciente sentencia del TJUE de 14-9-2016 en la que, dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Madrid con ocasión de la extinción de un contrato de interinidad de una trabajadora que prestaba sus servicios para el Ministerio de Defensa, declara, al amparo del principio de no discriminación, que la normativa española enjuiciada (arts.49.1c, 53.1b) y 15.1 ET) es contraria a la cláusula 4ª del Acuerdo Marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, derivado de la Directiva 1999/70/CE, porque deniega cualquier indemnización por finalización del contrato de trabajo al trabajador con contrato de interinidad, mientras que concede a los trabajadores fijos comparables una indemnización de 20 días por año, debemos completar la válida extinción del contrato del actor recogida en los fundamentos anteriores con el abono de dicha indemnización.

- Dicho reconocimiento se acomoda a la petición del actor de que la extinción impugnada se acompañe de los pronunciamientos legales inherentes y "con abono, en todo caso, de las cantidades dejadas de percibir", sin que sea óbice que su pretensión principal vaya dirigida a la declaración de la improcedencia del cese.

Ya se ha pronunciado esta Sala en 2 sentencias de 18-10-2016 (recursos 1690/16 y 1872/16) señalando que con dicho pronunciamiento no se altera el principio de congruencia, aludiendo para ello distintos sentencias dictadas por el TS, también la sentencia del TSJ Madrid de 5-10-2016 en la que se articuló la cuestión prejudicial referida ante el TJUE, y considerando además inserta en la acción de despido ejercitada el cobro de una cantidad a título de compensación por el trabajo perdido.

- En cuanto a la aplicabilidad directa horizontal o entre particulares de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, hay que tener en cuenta que conforme al TJUE la misma debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho Social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva. Por esa razón, el TJUE ha empleado el estándar de interpretación propio del principio de no discriminación.

Al tratarse de un principio general de la UE el principio de no discriminación, procede la aplicación directa horizontal. En efecto, según el TS, la aplicación a la relación entre particulares o eficacia directa «horizontal», no puede predicarse de todo el Derecho de Unión, sino tan sólo del «Derecho originario europeo», integrado por los Tratados, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y los principios generales que el TJ atribuye cualidad de constitucionales; y también alcanza -la primacía- al Derecho derivado con directa eficacia, en concreto los Reglamentos, puesto que los mismos gozan de «alcance general» y serán «obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro» desde su publicación en el DOUE.

En la misma línea, el TJUE ha considerado que cuando una Directiva concreta un Derecho fundamental o principio general de la UE, como la prohibición de discriminación corresponde a los jueces nacionales que conocen de un asunto en el que se discute sobre el principio de no discriminación garantizar, en el marco de su competencia, la protección jurídica que confiere el Derecho de la Unión a los justiciables y la eficacia plena de éste, dejando si es preciso sin aplicación cualesquiera disposiciones de la normativa nacional contrarias a dicho principio (MUY BIEN).

Por lo tanto, el TJUE considera la cláusula 4ª del Acuerdo Marco una plasmación del principio de no discriminación, un derecho fundamental y, por tanto, un principio general del Derecho Social de la Unión que ha de tener eficacia no solo vertical, sino también horizontal o entre particulares.

- Sentado lo anterior, como debemos analizar si el demandante durante la vigencia del contrato cuya extinción se impugna se encontraba en una situación laborable comparable a la de los trabajadores contratados por la empresa por tiempo indefinido por el mismo empleador durante el mismo período de tiempo, de los datos existentes no puede extraerse sino que el Sr. Teodoro efectuó durante ese período un trabajo semejante al de un trabajador fijo.

- Por ello, sin que la extinción del contrato de interinidad conlleve el percibo de indemnización alguna (art. 49.1.c del ET), procede reconocer al demandante en virtud de lo dispuesto por el TJUE una indemnización equivalente a 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades (art. 53.1.b del ET), que habrá de ser calculada, por tratarse de una indemnización derivada de la extinción de un contrato y no de un despido, atendiendo al tiempo de su duración, es decir, a los 27 días transcurridos desde el 3-11-2015 hasta el 29-11-2015, resultando así a favor del trabajador un importe indemnizatorio de 65,67 euros, debiendo estimarse parcialmente su recurso es este sentido.

QUINTO.- Desestimado el recurso de suplicación de quien no goza del beneficio de justicia gratuita y ha constituido para recurrir el depósito (Delta Seguridad SA), procede imponer a la misma las costas (art. 235-1 LRJS), incluidos los honorarios del letrado impugnante en la cantidad de 300 euros, con pérdida del depósito efectuado, al que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme (art.204-4 LRJS).

FALLO

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Delta Seguridad SA y estimando parcialmente el interpuesto por D. Teodoro, ambos frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Vitoria-Gasteiz, de 22-3-2016 en autos sobre despido, seguidos a instancia de D. Teodoro contra Delta Seguridad SA, revocamos parcialmente la sentencia recurrida y condenamos a la empresa demandada a abonar al demandante la cantidad de 65,67 euros, con mantenimiento del resto de los pronunciamientos efectuados.

Procede imponer a la empresa recurrente las costas, incluidos los honorarios del letrado impugnante en la cantidad de 300 euros, con pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS, que deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

VER SENTENCIA

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