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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 24-03-2015


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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 24-03-2015 SOBRE ULTRAACTIVIDAD Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (DIDÁCTICA)

RESUMEN

Recurso de Suplicación interpuesto por Rita contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia/San Sebastián de 19-11-2014, dictada en proceso sobre RPC, y entablado por la hoy recurrente frente a Pastelería Eceiza S.A..

ANTECEDENTES DE HECHO

La sentencia del Juzgado de lo Social contempla los siguientes hechos probados:

- Dª Rita venía prestando sus servicios para la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." desde el 1-3-1973, con la categoría profesional de dependienta.

- En la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." se venía aplicando el CºCº de industria y comercio de confiterías de Gipuzkoa, que estuvo en vigor desde el 1-1-2.007 hasta el 31-12-2009.

- Tras agotarse el plazo de vigencia del CºCº de industria y comercio de confiterías de Gipuzkoa, las partes que negociaban un nuevo convenio no llegaron a ningún acuerdo para renovar ese convenio o suscribir uno nuevo, a pesar de las reuniones que han mantenido para intentar llegar a un acuerdo.

- A pesar de no llegar a firmarse un nuevo convenio, la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A.", durante los años 2.010, 2.011 y 2.012, y hasta el 8-7-2013, abonó a sus trabajadores un concepto denominado "a cuenta de convenio", que era la subida de salario que creía se iba a producir cada año, a fin de que en el caso de que se firmara un nuevo convenio con una subida retroactiva, no tuviera que abonar de golpe toda la diferencia de salario que se hubiera producido.

- El 8-7-2013, la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." entregó a Dª Rita una carta en la que le comunicaba que a partir de ese día en la empresa se aplicaría el E.T., a pesar de lo cual se le mantendrían algunas condiciones salariales.

- Tras la notificación de la carta anterior, la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." solo ha suprimido de la nómina de Dª Rita el concepto "a cuenta convenio", manteniéndole todas sus demás condiciones laborales.

- En la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." prestan sus servicios 20 trabajadores, y cuenta con 3 centros de trabajo, un obrador de pastelería y dos tiendas de venta al público, todos ellos en la localidad de Tolosa.

- El 5-11-2.013 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el CºCº del comercio en general de Gipuzkoa.

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Desestimamos la excepción de falta de acción de Dª Rita, y entrando a conocer del fondo del asunto desestimo la demanda, declaramos que en la comunicación que la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." realizó a Dª Rita el 8-7-2013, no se produjo ninguna modificación de sus condiciones de trabajo, debiendo las partes pasar por esta declaración; y absuelvo a la empresa "Pastelería Ezeiza, S.A." de los pedimentos de la demanda."

Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión de la trabajadora demandante en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que ya hemos considerado de carácter colectivo en un cúmulo de previas resoluciones judiciales, lo cual supuso en general la anulación de los procedimientos previos y la reposición de autos en resoluciones procedentes de los juzgados donostiarras, por eso la nueva sentencia de instancia que ahora se combate, entendiendo que verdaderamente no se ha producido modificación sustancial de la denunciada por la sindical y su trabajadora, por cuanto la comunicación que realiza la empresarial a partir de 8-7-2013, en la práctica no consta ni se acredita que haya producido ninguna modificación en las condiciones de trabajo, que la empresarial ha venido manteniendo las mismas, tal cual se consideraban vigentes con anterioridad a aquella comunicación que se ha impugnado, exige recordar que estamos ante el CºCº para la Industria del Comercio de Confiterías de Gipuzkoa y que en la carta reseñada se llegaba a la decisión empresarial de mantener al personal activo, hasta el 31-12-2013, determinadas condiciones que venían disfrutando con anterioridad.

Disconforme con la resolución de instancia plantea recurso de suplicación la sindical, en representación de su afiliada, que justifica en un primer motivo al amparo del párrafo b) del artículo 193 de la LRJS, al que se une segundo motivo jurídico según el párrafo c) del mismo artículo.

TERCERO.- En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados.

La sindical recurrente denuncia la infracción art. 41 del ET en relación a los arts. 3.1 y 3.3 del ET y los 1114 y 1258 del CC, todo ello según el art. 86.3 del ET citando el art. 138 de la LRJS, peticionando finalmente que la modificación sustancial colectiva sea considerada por ello nula o subsidiariamente injustificada, analizaremos la temática específica que se circunscribe a la existencia de unas cartas empresariales genéricas y similares, que han dado origen a pleitos ya de conflictos colectivos o de modificaciones sustanciales colectivas, con acciones de impugnación, que hemos dicho tienen acción legitima o interés, entre otras, en nuestras sentencias de 19 y 26-11- 2013, así como en la del 3-12-2013 para el sector del metal de Gipuzkoa, e igualmente en las de 20-2-2014, de 18 y 4-3-2014.

Como quiera que el juzgador de instancia no considera que estemos ante una modificación sustancial (tenida por colectiva), respecto de aquellas condiciones de trabajo, de jornada salarial y otras, que denuncia la recurrente, reproduciremos nuestros argumentos jurídicos utilizados en los distintos procedimientos que siguen la decisión en pleno jurisdiccional y hemos expuesto, entre otros, en la sentencia de 27-5-2014 que cita el recurrente así como en otras previas como la de 20-4-2014, en las que hemos afirmado que en los supuestos en que la empresarial comunica que un determinado convenio no rige desde el 8-7-2013 por consecuencia de lo dispuesto en el 86.3 del ET, pero aún así mantiene todas las previas condiciones laborales por decisión graciosa y unilateral, hasta una concreta fecha, esa decisión constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que si no ha seguido el tramite previsto en el art. 41 del ET, podrá ser considerada nula.

La actual redacción del artículo 86.3 del E.T. lo que literalmente dice es que, superado el periodo de vigencia pactado en el CºCº y denunciado el mismo, el CºCº es prorrogado por un año y si luego no se ha logrado acuerdo sobre el nuevo convenio o dictado laudo arbitral, el anterior pierde vigencia (salvo pacto en contrario al efecto) y que, si procede, se aplica CºCº de ámbito superior que fuere de aplicación.

Interesa resaltar que, en nuestro caso, ninguna de las partes ha señalado CºCº de ámbito superior al que alude tal precepto, ni nosotros lo conocemos.

Bajo estas premisas y como las partes no han llegado a acuerdo previo al juicio, se trata de ver si la modificación sustancial de condiciones de trabajo con aquella carta es legal.

No se ha seguido el trámite previsto el efecto en el artículo 41.4 del E.T. y que, por ello, la medida modificatoria se califica como nula, conforme el artículo 138.7 de la LRJS.

El sistema regulatorio de las relaciones laborales se ha basado en la existencia de un triple nivel conformador de los contenidos de la relación laboral:

- la legislación imperativa

- el CºCº

- el contrato de trabajo.

El reconocimiento, con rango constitucional, del derecho a la negociación colectiva (artículo 37.1), incide en libertades públicas tan importantes como el de libertad sindical del artículo 28.1 de la propia Constitución .

Solo con el contrato y el E.T. no se alcanza a todos los aspectos del sinalagma de derechos y obligaciones bilaterales que forman el contenido de la relación laboral. Lo cierto es que si solo consideramos esos dos pilares y no el tercero (el CºCº) se producen vacíos reguladores en aspectos muy importantes de tal relación, vacíos a los que no se ofrece solución si solo se consideran esos dos elementos.

En el E.T. no faltan normas en las que se permite que se cambie la normativa legal por lo negociado o se relegue todo un aspecto de la propia relación laboral directamente al CºCº, como, por ejemplo:

- el esquema general de fuentes de la relación laboral (artículo 3)

- contratos formativos (artículo 11)

- contrato a tiempo parcial (artículo 12)

- periodo de prueba (artículo 14)

- contratos temporales causales (artículo 15)

- permisos formativos (artículo 23)

- promoción profesional y ascensos (artículo 24)

- promoción económica (artículo 25)

- salario (artículo 26)

- liquidación del mismo (artículo 27)

- jornada laboral, horario y distribución de jornada (artículo 34)

- horas extraordinarias (artículo 35)

- conciliación de la vida laboral y familiar (artículo 37)

- vacaciones (artículo 38)

- movilidad funcional (artículo 39)

- traslados (artículo 40)

- extinción en general (artículo 49)

- extinción colectiva (artículo 51)

- despido disciplinario (artículo 54)

- faltas y sanciones laborales (artículo 58)

- comité de empresa (artículos 63 y 64)

- garantías de los miembros del comité de empresa (artículo 68)

- elecciones sindicales (artículos 69, 70 y 71).

Algunas de ellas merecen el calificativo de sustanciales, en los términos del artículo 41.1 del E.T..

Tampoco creemos que estuviese en la mente del legislador del año 2012 que, en estos casos tal relación se rigiese solo con la Ley imperativa y el contrato. Desde luego, no era su voluntad suprimir ese sistema basado en los tres pilares mencionados y ni siquiera se puede pensar en que se pretendiera suprimir o menoscabar aquel derecho constitucional a la negociación colectiva. No solo porque se trate de que el constituyente quiso que trabajadores y empresarios actuasen lo que se consideraba era un derecho, el de negociación colectiva, sino porque quiso que se garantizase ese derecho y que los convenios que se alcanzasen por tal vía trascendiesen su valor de simple pacto entre partes para llegar a darle valor vinculante, según el artículo 37.1 de la Constitución .

Partiendo de ese principio, si se lee el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 se podrá concluir en que se pretende:

- una mayor adaptabilidad de la negociación colectiva a la particular circunstancia coyuntural de cada empresa - primar el convenio de empresa frente a otros tipos de CºCº

- evitar que los convenios colectivos se petrifiquen mediante el expediente de suprimir la prórroga del CºCº de forma indefinida en el tiempo cuando se ha superado su periodo de vigencia pactado, etc.

Pero ni de esa Exposición de Motivos ni de su Texto se puede deducir que lo que se pretenda con las reformas citadas sea menoscabar aquel derecho constitucional, ni que sea su última finalidad que las relaciones laborales queden reducidas a ser reguladas por el E.T. y el contrato de trabajo. No creemos que ese sea un efecto querido por el legislador.

Cabe considerar que otra sea la intención del legislador: que en este caso cambie el marco convencional y que sea el de ámbito superior el regulador, si no hay pacto alguno entre las partes sobre la prórroga superior. Pero hasta ahí, no más: entendemos que la Norma no dice que, si no hay CºCº de ámbito superior, la relación laboral solo se rija por el E.T. y el contrato de trabajo.

Tampoco entendemos que sea de recibo acudir al expediente de que ello se puede soslayar por la vía de concertación individual de cada trabajador con su empresario, pues sobre ser ello absolutamente irreal por olvidar lo que nos enseña la historia, obvia lo dicho en relación al dato de que la negociación colectiva está concebida en la Constitución como un derecho y ello porque se sabía de la importancia de la fuerza de los negociadores colectivos para la adecuada conciliación de los respectivos intereses dentro de lo que es:

- por un lado, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (artículo 38.1 de la Constitución)

- por otro lado, el derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente por el mismo como atender las propias necesidades y las de la familia (artículo 35 número 1).

Precisamente porque no resulta concebible este salto en el vacío entendemos que se ha generalizado el tipo de respuesta empresarial que tratamos, relegando a un futuro hipotético y mediato lo que pudiera ser la aplicación del binomio Ley y contrato exclusivamente.

Suponemos que ello es un medio para obtener a medio plazo una postura de fuerza en la negociación colectiva ante el aviso de un futuro oscuro para el mantenimiento de las condiciones laborales que hasta la fecha han disfrutado los trabajadores en la empresa a virtud del convenio que ha venido incidiendo en la relación laboral hasta fechas próximas en el tiempo.

Esta Sala no ha tenido conocimiento directo de caso en el que se haya pasado ya por empresa alguna a aplicar directamente solo el E.T. y el contrato de trabajo. Desde luego cambio tan brusco incidiría de forma importante en principios tales como la cláusula "rebus sic stantibus" como límite al "pacta sunt servanda.".

Y es que también se ha de considerar la condición que el CºCº como un antiguo pacto, que ya no tiene valor de norma, pero que sí que reguló en parte la relación laboral en periodo bien reciente y por acuerdo entre las partes interesadas.

De hecho, es frecuente, aunque no nos consta que sea así en el caso de los contratos laborales suscritos por la demandada, que haya una remisión expresa en el propio contrato de trabajo al CºCº. Desde luego, si existiese tal remisión literal, habrá de considerarse que se trata de un pacto entre las partes. De no existir, sí que debiera especularse cuando menos con la idea de que estaba en las bases de la contratación entre partes que el CºCº de mérito regulaba muchos aspectos sustanciales de la relación laboral y que, sobre lo allí previsto, se acordaban las cláusulas de tal contrato (artículo 1258 del Código Civil ). No sabemos cuál es el caso del personal afectado, pues tampoco se han aportados los contratos de trabajo de los mismos.

Pero en nuestro caso, ni siquiera hay un acuerdo individual con cada uno de los trabajadores afectados por el CºCº, sino que tratamos de una decisión exclusivamente emanada de la voluntad empresarial.

Y en este contexto, consideramos que no debemos hacer elucubraciones teóricas o doctrinales sobre la llamada cuestión de la "contractualización" de aquellas condiciones del previo CºCº, puesto que lo que se está impugnando es una medida empresarial que ya hemos dicho que constituye una modificación sustancial de condiciones, al trocar en concesión unilateral del empresario lo que eran las condiciones sustanciales que regulaba el anterior CºCº y por ello, aunque se mantenga que lo que el artículo 86.3 del E.T. lo que dice es que, en el caso allí previsto, no rige el CºCº, ni como norma ni como pacto en forma alguna, lo cierto es que lo que el E.T. no dice es que, en tal caso, el empresario pueda disponer de los extremos de la relación laboral que venían siendo regulados por aquel CºCº que ya no está en vigor a su propia y exclusiva voluntad. No dispone que tales extremos deban ser decididos por el empresario de forma unilateral.

Incidiendo tal decisión en materias que han de ser consideradas como sustanciales del contrato de trabajo (artículo 41.1) y sin seguir el procedimiento fijado en su punto 4, la calificación que se impondría la calificación de nulidad de la modificación (artículo 138.7 de la LRJS)."

Por tanto, la consideración judicial será la estimación de la motivación jurídica articulada por la sindical recurrente, por cuanto consideramos nula la modificación sustancial de carácter colectivo articulada de forma plurindividual, sin justificación alguna y sin trámite, conforme a lo prevenido en el art. 41 del ET.

CUARTO.- Sin embargo, distinta suerte va a correr la otra cuestión que apunta la parte actora en relación a las sumas que venía percibiendo a cuenta del futuro CºCº del sector y que dejó de cobrar a partir del 8-7-2013..

Para solventar este segundo debate acudiremos nuevamente a las resoluciones judiciales precedentes, entre otras los recursos 2502 y 920/14, que transcribimos parcialmente:

"Es de advertir que la finalidad del concepto controvertido era doble:

- de un lado, mejorar la retribución del personal, adelantando parte del incremento salarial a establecer, previsiblemente con carácter retroactivo, en el CºCº sectorial pendiente de renovación

- de otro, evitar a la empresa tener que desembolsar la totalidad de los atrasos en el momento de la publicación del nuevo convenio, todo ello sin perjuicio de la posterior regularización en función de la subida finalmente pactada.

A la luz de esta finalidad debe concluirse que decaída definitivamente la vigencia de la norma paccionada a cuenta de cuya predecible suscripción se percibía la cantidad reclamada, y no habiéndose alegado ni acreditado que se mantenga el proceso negociador para suscribir otra que la sustituya, carece de todo fundamento jurídico la pretensión de la demandante de que se le siga abonando esa partida hasta que se produzca un hecho -la firma de un nuevo convenio sectorial con efectos retroactivos- que 14 meses después no ha acontecido, y que es altamente improbable, al no existir indicio alguno de que las partes hayan retomado o vayan a retomar una negociación que no ha dado fruto en los casi cinco años transcurridos desde que el 31-12-2009 terminó la vigencia ordinaria del convenio.

Llegada esa última fecha, la empresa demandada decidió, de manera unilateral, abonar a sus empleados un anticipo a cuenta de los incrementos salariales que pudiesen acordarse en el convenio llamado a sustituir al vencido, sin que tal conducta pueda valorarse como muestra de su voluntad de reconocer el derecho de los trabajadores a percibir "sine die" esa partida, al margen de los avatares de la negociación colectiva, lo que pugna con el origen, naturaleza y objeto de aquella.

En tal sentido procede traer a colación la sentencia de 27-11-2001, dictada por esta Sala en tanto razona que la

"partida denominada complemento a cuenta de convenio, como su propio nombre indica, supone una percepción de carácter provisional, supeditada al resultado de la negociación colectiva, y, por tanto, reveladora de la falta de voluntad del empresario de proceder a su consolidación incondicional. Por tanto, no es posible advertir el derecho a su mantenimiento de futuro a título de condición más beneficiosa".

En la situación descrita incidió la norma sobrevenida contenida en la Ley 3/2012, anteriormente referenciada, que determinó la expiración del convenio sectorial con efectos de 7-7-2013. A partir de esa fecha, no existe título jurídico alguno que obligue a la empresa a seguir haciendo efectiva la suma controvertida, una vez decaído el convenio provincial, sin que tan siquiera se mantengan conversaciones para su renovación.

Lo que pretende la actora en realidad es transformar un concepto provisional y vinculado a un convenio en trance de negociación mientras se mantenía la vigencia prorrogada del anterior, en un concepto consolidado y sin ningún elemento referencial, al haberse extinguido el convenio al que se conectaba, lo que resulta manifiestamente inadmisible.

Por tanto, la decisión empresarial de suprimir el concepto en cuestión no entraña una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, siendo una mera consecuencia de la consunción del CºCº a cuenta del cual se abonaba, por lo que al declararlo así la sentencia de instancia no incurrió en la infracción que se le achaca. Procede, pues, su confirmación en este punto.

Resta por señalar que la diferente solución dada a las dos pretensiones formuladas en la demanda, se justifica porque las condiciones en las que inciden tienen distinto carácter y proceden de diferentes fuentes, como se desprende de las consideraciones expuestas anteriormente que resulta innecesario reiterar".

Por lo mencionado estimamos parcialmente el recurso de suplicación dejando al margen el concepto a cuenta de convenio al no ser un derecho adquirido y no suponer su supresión una modificación sustancial denunciable:

FALLO

Estimamos parcialmente el Recurso de Suplicación formulado por Rita contra la sentencia de 8-9-2014 del Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia en autos seguidos a instancia de la hoy recurrente frente a Pastelería Eceiza S.A., revocando parcialmente la resolución de instancia y declarando nula la decisión empresarial, en el sentido de fijar unilateralmente las condiciones laborales aplicables a su relación a partir del 8-7-2013, condenando a la empresarial demandada a reponer en sus anteriores condiciones de trabajo a la trabajadora, ratificando por el contrario la decisión de la empleadora de suprimir el concepto denominado "a cuenta de convenio".

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del TS, que deberá prepararse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

VER SENTENCIA

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VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES

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