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EL GOBIERNO APRUEBA 31 MILLONES DE EUROS DE SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO


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EL GOBIERNO APRUEBA 31 MILLONES DE EUROS DE SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Nota del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) una subvención por importe de 31.038.690 euros (UN PIQUILLO) a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para financiar los gastos de funcionamiento e inversión.

Dicha cantidad se financia con cargo al crédito disponible en los conceptos presupuestarios del programa de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal.

La Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, establece en su artículo 25 que la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo actuará como entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en dicha materia y que tendrá funciones de apoyo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional, en los términos que se establecen legal y reglamentariamente.

Ley 30/2015, de 9-9, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Artículo 25. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

1. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pertenece al sector público estatal y su Patronato estará constituido por la Administración General del Estado, por las CC.AA. y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El citado Patronato estará compuesto por el número de miembros que determinen sus Estatutos con el límite entre 12 a 18 miembros por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 1 miembro por cada comunidad autónoma y el número de miembros de la Administración General del Estado que resulte necesario para que esta tenga una representación mayoritaria en dicho órgano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 50/2002, de 26-12, de Fundaciones, los patronos no percibirán retribución alguna por el ejercicio de su cargo. Sin perjuicio de lo anterior, los patronos tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención debidamente justificados, en las cuantías establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24-5, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Respecto de aquellos patronos que no figuren expresamente señalados en el artículo 8 o en el anexo 1 del citado Real Decreto, se estará a lo dispuesto en la disposición final 2ª del mismo.

La presidencia la ostentará el titular de la Secretaría de Estado de Empleo.

El régimen de adopción de acuerdos requerirá la mayoría de los miembros del Patronato, teniendo su Presidente voto dirimente en caso de empate.

2. En el marco de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26-12, de Fundaciones, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo llevará a cabo, en el ámbito de las competencias del Estado, las actividades que le sean atribuidas reglamentariamente. En todo caso, actuará como entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el empleo, previa suscripción del correspondiente convenio de colaboración de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo, tendrá funciones de apoyo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal tiene carácter tripartito y su Patronato está constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas) y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (LOS AGENTES).

El pasado mes de diciembre, la Fundación adaptó sus estatutos a la Ley de Fundaciones, que establece la exigencia de que la mayoría de los miembros del patronato sean designados por las entidades del sector público estatal.