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EL SUPREMO ANULA UN ARTÍCULO SOBRE DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO


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EL SUPREMO ANULA UN ARTÍCULO SOBRE LAS CAUSAS ECONÓMICAS QUE JUSTIFICAN DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Europa Press

El Alto Tribunal considera contraria al Estatuto de los Trabajadores la definición que se hace del concepto de «insuficiencia presupuestaria»

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de CC.OO. y UGT contra el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de 2012 y ha procedido a anular parte del artículo 35.3, en el que se determinan los criterios para definir la «insuficiencia presupuestaria» a la que pueden agarrarse las administraciones y entidades públicas a la hora de justificar despidos colectivos por causas económicas.

El Alto Tribunal considera contraria al Estatuto de los Trabajadores la definición que se hace de este concepto de «insuficiencia presupuestaria».

En concreto, el mencionado artículo introduce dos criterios para determinar si existe tal insuficiencia: por un lado, el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y por otro, la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.

Ahora bien, el Alto Tribunal recuerda en este fallo que la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores, norma de referencia, establece que la mera insuficiencia presupuestaria no es causa justificativa del despido colectivo, sino la insuficiencia presupuestaria «sobrevenida y persistente».

Para el Supremo, «esta importante adjetivación está literalmente ausente en el artículo 35.3 del reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella», sostiene.

El Alto Tribunal añade además que este criterio reglamentario supone «una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo, como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados, sustituyéndolo por un dato puramente formal».

En este mismo fallo, el Alto Tribunal anula también el apartado primero de la disposición final segunda del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral.

El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral.

Por otro lado, el Supremo ha dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

El Supremo declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del TC de 22-1-2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobarlo.

LA SENTENCIA NO TENDRÁ CARÁCTER RETROACTIVO, SEGÚN CUATRECASAS

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que se anula parcialmente el artículo 35.3 del reglamento de procedimientos de despidos colectivos de 2012 no tendrá efecto retroactivo, con lo que los ajustes aplicados en el sector público al amparo de dicho artículo no tendrán marcha atrás.

Así lo ha indicado el socio del área de Laboral del despacho de abogados Cuatrecasas, Javier Molina, en declaraciones a Europa Press, quien, sin embargo, ha avisado de que los procesos de despido colectivo pendientes "deberán tener en cuenta" la sentencia del alto tribunal.

Dicha sentencia estima parcialmente un recurso de CC.OO. y UGT contra el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de 2012 y anula parte del artículo 35.3, en el que se determinan los criterios para definir la "insuficiencia presupuestaria" a la que pueden agarrarse a la hora de justificar despidos colectivos por causas económicas.

Según ha explicado Molina, una sentencia de la Sala de los Social del mismo tribunal de diciembre de 2014 ya anunciaba deficiencias en la técnica legislativa de dicho artículo.

"Ahora, la Sala de lo contencioso administrativo, que tiene mucho más impacto, va al origen del problema, a cómo se ha desarrollado la norma, si se ha sido coherente con las reglas del derecho administrativo o se ha ido más allá", ha añadido.

Dicho esto, Molina ha insistido en que "los tribunales de justicia o el Supremo, cuando tengan que afrontar la aplicación de este artículo posiblemente declararán improcedente o injustificado el despido colectivo de que se trate".