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EL SUPREMO FALLA CONTRA LOS EX TRABAJADORES DE URALITA


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EL SUPREMO FALLA CONTRA LOS EX TRABAJADORES DE URALITA

CasMadrid

Invalida las sentencias y pide la devolución de las indemnizaciones

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Los antiguos trabajadores de la empresa y sus familiares tendrán que comenzar de cero su vía crucis judicial después de que el Supremo haya invalidado todas las sentencias favorables y las indemnizaciones.

El uso de amianto en la construcción se prohibió en España en 2002. Su inhalación provoca daños pulmonares de diversa gravedad, desde insuficiencias respiratorias a mesoteliomas, un tipo de cáncer de pleura muy agresivo. Antonio no conocía esta información cuando acudía a trabajar todos los días a la fábrica de Uralita en Getafe, pero suponía que aspirar constantemente una neblina de polvo no podía ser bueno.

Tras más de 10 años de idas y venidas judiciales, el Supremo ha invalidado las sentencias favorables de 2009 y 2013 a favor de los trabajadores y que se centra en la forma de la denuncia, anulando el procedimiento. Algunas de las indemnizaciones ascendían a 105.000 euros; de los 21 demandantes en 2007 quedan sólo 2 con vida. Este detalle, no cayó en saco roto a los miembros de la asociación que agrupa a los ex trabajadores. «Al final, las familias pierden la esperanza y bajan los brazos», afirma Juan Carlos Paúl, presidente de la asociación.

La Asociación de Afectados por el Amianto (Avida) se ha concentrado a las puertas del juzgado nº 36 de lo social en la Plaza de España para apoyar a los familiares de los 6 trabajadores por los que se celebra el juicio. Todos ellos murieron a causa del mesotelioma y una de las familias, los Chamorro, ha perdido por la misma razón a su madre hace apenas un año.

Durante los 27 años que pasó Antonio en la empresa no vio una sola mascarilla que pudiera actuar de barrera entre el material tóxico y sus fosas nasales; ahora que sufre asbestosis no entiende cómo los médicos de la empresa nunca advirtieron a los responsables del peligro que suponía el contacto con el amianto. «No éramos sabedores de que fuera cancerígeno. Veníamos de los pueblos a Madrid a ganar dinero, simplemente», recuerda.

Tiene 82 años y no se olvida de todos los compañeros que han muerto por la misma razón. «Nos tendrían que haber jubilado antes, como a los mineros», asegura.

El peligro no sólo lo asumían los trabajadores, pues muchas de las mujeres que lavaban la ropa de sus maridos al llegar de la fábrica sufren hoy las mismas dolencias. Como Agapita, la mujer de Antonio, que padece también de asbestosis, y que está a la espera de juicio contra la empresa. «Mi mujer lo pasa muy mal cuando se resfría, y yo también, me asfixio y prefiero no salir de casa», murmura Antonio.

Ahora, tras haber conseguido una sentencia en firme que le da la razón, no le mueve la indemnización: «No me interesa el dinero, sólo quiero disfrutar los años que me queden».

Ahora el Tribunal Supremo les exige empezar de nuevo, que se vuelva a instruir todo de nuevo pero por la vía laboral. Desde que la empresa tuvo conocimiento de la demanda que Avida pretendía imponer, el contacto con los afectados ha sido nulo. «Hubo un intento de negociación, pero nos exigían retirar la demanda», asegura Juan Carlos Paúl.

Uralita ha recurrido «de forma sistemática» todas las sentencias. «A las familias les hace el doble de daño, por haber perdido a un familiar y por tener que devolver el dinero, empezando de cero», dice.

Amalio Pérez denunció en vida a Uralita, pero falleció durante el proceso judicial. Rosa, sus 4 hermanas y su madre tuvieron que ratificar la denuncia. «Mi padre estaba jubilado por la empresa cuando le detectaron la enfermedad y solicitamos un tribunal médico, con 78 años», explica.

Amalio trabajó durante 35 años en Uralita; a raíz de una operación de corazón, empezó a sentirse mal. Diversas pruebas confirmaron que tenía un cáncer de pleura muy avanzado. «Mi padre no llegó a durar ni un año con el cáncer». Es una de las familiares que acuden al juicio que se celebra este viernes. «Un tío mío también ha fallecido por lo mismo, pero ellos sí tuvieron suerte con la demanda y tienen sentencia en firme llevada por lo social», precisa.

El padre de Raúl Gamonal, Domingo, sólo trabajó durante 15 meses en Uralita; bastaron para que también desarrollara un mesotelioma. «Él vino a Madrid a buscarse la vida, y un tío suyo le metió en Uralita en la década de los 60. Fue de los últimos en llegar, se dedicaba a barrer el suelo», explica Raúl. En 2007, recién jubilado, Domingo se cansaba más de lo normal, y apenas sí podía andar. «Lo primero que le preguntó el neumólogo nada más verle es si había trabajado en Uralita», relata su hijo. En año y medio, el cáncer de pleura acabó con él.

La mujer de ese familiar que le ayudó a entrar en la empresa sufrió el mismo final: un cáncer fulminante, causado cree su familia por inhalar el amianto que se adhería a la ropa de trabajo de su marido. «Mi tía Esperanza decía: ‘Me está pasando lo que a Domingo’. Y todos le quitábamos hierro al asunto…, pero resultó ser verdad», apunta Raúl.

Los afectados señalan que hay numerosos estudios que relacionan las enfermedades que han padecido los trabajadores de Uralita y sus familiares con la empresa.

Entretanto, los familiares de los trabajadores fallecidos mantienen el recuerdo de sus seres queridos que alimenta su lucha. Quieren ser reconocidos como víctimas de unas condiciones laborales que acabaron por costarles la vida y que se haga justicia.

La multinacional Uralita, que en 2015 cambió su denominación social por COEMAC, siempre ha defendido que no existe relación causal entre el empleo de fibras de amianto en sus plantas con las enfermedades respiratorias posteriormente desarrolladas por algunos de sus extrabajadores.

VER SENTENCIA ->

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7914777&links=ASBESTOSIS&optimize=20170123&publicinterface=true

RESUMEN:

Recargo por falta de medidas de seguridad.

Efectos económicos del recargo (art. 43.1 LGSS/1994; actual art. 53.1 LGSS/2015): aplicación del plazo de 3 meses anteriores a la solicitud.

La "solicitud" es la de imposición del recargo (no la de la prestación) pero, en el caso de autos, ha de tenerse por tal la iniciación de actuaciones por parte de la inspección de trabajo que, a la postre, dio lugar al recargo.

Se estima en parte el recurso de la beneficiaria para reconocer los efectos económicos desde los 3 meses anteriores a que la inspección de trabajo iniciara las actuaciones determinantes del recargo. En lo esencial reitera doctrina.