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EL TC ANULA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN LA VENTA DE INMUEBLES CON PÉRDIDAS


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EL TC ANULA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN LA VENTA DE INMUEBLES CON PÉRDIDAS

Europa Press

El TC ha declarado inconstitucional varios artículos de la norma foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como 'plusvalía municipal' porque la cobran los ayuntamientos) en Guipúzcoa, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

Así se pronuncia el TC ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián en relación a dichos artículos de la norma foral, que según ha sentenciado el alto tribunal son contrarios al principio de capacidad económica contemplado en el artículo 31.1 de la Constitución española.

La resolución, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, ha sido adoptada por el pleno del TC por unanimidad. Según ha explicado el TC, la norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años --entre un mínimo de uno y un máximo de 20- durante los que el propietario ha sido titular del mismo.

La sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los principios del artículo 31.1 de la Constitución española y reitera que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", como sucede cuando la venta del inmueble se produce sin obtener ninguna ganancia o incluso con pérdidas.

De este modo, precisa:

"no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".

El tribunal insiste, además, en que el principio de capacidad económica:

"no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación".

Apunta que:

"No caben en nuestro sistema tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica".

La sentencia analiza los preceptos cuestionados y concluye que establecen "una ficción de incremento de valor" que, además, impide al particular "toda prueba en contrario". Según indica el tribunal, "ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión", sin tener en cuenta si efectivamente el valor real se ha incrementado o no.

Por lo tanto, concluye, que la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, "en todo caso y de forma automática", un incremento de su valor.

El TC señala que la fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado o incluso ha disminuido, "una circunstancia esta última no poco frecuente" como consecuencia de la crisis económica.

La sentencia considera que esta consecuencia:

"carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza".

Adaptar el régimen legal

Por ello, el Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados,

"únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

En consecuencia, indica que, a partir de la publicación de la sentencia,

"corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

Los pasos para reclamar lo pagado de más por la plusvalía municipal

Legálitas ha explicado que el primer paso para reclamar el impuesto de plusvalía municipal es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, ante el ayuntamiento que ha recaudado el impuesto, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado en una sentencia inconstitucional una norma foral que regula la plusvalía, que es copia de la normativa estatal en la materia, por lo que afectaría también a esta.

En una nota, Legálitas señala que la sentencia reforzaría "enormemente" el argumento de aquellos que quieran reclamar a los ayuntamientos la devolución del dinero pagado por el impuesto de plusvalía en los casos en los que durante los años de crisis vendieron por debajo del precio de compra y los que perdieron un inmueble por no poder pagar su hipoteca.

Aunque desde hace unos años cada vez más contribuyentes estaban obteniendo sentencias favorables que obligaban a los ayuntamientos a devolverles lo pagado por la plusvalía en esos supuestos, para Legálitas la sentencia del Tribunal Constitucional supondría un "importante espaldarazo" a los que aún no lo hayan hecho.

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, este impuesto grava el incremento de valor que experimenten los inmuebles, que se pone de manifiesto a consecuencia de su transmisión. Sin embargo, la plusvalía municipal no depende del valor de compra o del valor de venta.

El ayuntamiento en el que está situado el inmueble no tiene en cuenta si ha habido o no un incremento de valor en el inmueble, sino que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayamos tenido el bien y, además, por un tipo impositivo que viene contemplado en la ordenanza municipal de ese ayuntamiento.

El resultado siempre es positivo y se debe pagar

Por ello, el resultado siempre es positivo y se debe pagar, aunque se haya tenido que vender por debajo del precio de compra, algo a lo que se han visto "obligadas" muchas familias en estos últimos años, como consecuencia de la crisis. Estos son casos en los que en lugar de una ganancia se ha obtenido una pérdida y no ha existido tal plusvalía.

A modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de julio de 2013 señalaba que "el impuesto grava, según el artículo 104 de la Ley de Hacienda Locales el incremento de valor que experimenten los terrenos, y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad", y concluye que "la ausencia objetiva de incremento de valor dará lugar a la no sujeción al impuesto".

Más recientes son otras dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fechas 10-6-2016 y 28-6-2016, en la sede de Valladolid.

En ellas se ha establecido también que no existe incremento del valor del terreno necesario para que se produzca el hecho imponible de la plusvalía, ya que a la vista de las pruebas aportadas por los interesados, "no se justifica que se someta a tributación un incremento que es inexistente".

En el caso de los que perdieron el inmueble y además están obligados a pagar plusvalía, Legálitas ve "especialmente duro" el caso de aquellos que debieron pagar plusvalía, no por una venta, sino después de haber perdido el inmueble por no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca, bien en una ejecución hipotecaria, bien en una dación en pago, a pesar de que el valor por el que se transmite es generalmente muy inferior al de precio por el que lo compraron.

A pesar de que se estableció para estas situaciones una exención del pago de ese impuesto en el decreto-ley de 2014, solo afecta a los casos en que se trata de la vivienda habitual y además no se disponga de más bienes.

Esto supone que segundas viviendas, oficinas y locales de negocio quedaron fuera y sus dueños, a pesar de perder el inmueble por no poder pagar la hipoteca, quedaron en deuda con su ayuntamiento por "el incremento de valor" que les supuso esa pérdida. Dado que en la mayoría de los casos no pagaron la plusvalía fueron sancionados.

Pasos para reclamar

De esta forma, Legálitas recomienda la reclamación de este impuesto teniendo en cuenta una serie de pasos, como que, una vez que se ha efectuado el pago del impuesto, un "requisito fundamental", el primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, ante el ayuntamiento que ha recaudado el impuesto, haciendo constar el importe satisfecho.

Así, se habrá abierto la vía administrativa, y la Administración tendrá que contestar dándonos plazo para interponer un recurso de reposición y si lo permite, puesto que hay poblaciones que no disponen del Tribunal Económico Administrativo municipal, a continuación una reclamación económico administrativa que será resuelta esta última por el Tribunal Económico Administrativo municipal correspondiente, agotándose así la vía administrativa.

Entonces, se puede iniciar un procedimiento judicial que es dónde más posibilidades hay de ganar, indica Legálitas, que explica que el plazo es de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Antes de iniciar la vía judicial también ve aconsejable valorar cada caso, porque "no siempre va a compensar interponer un contencioso administrativo".

Si el propio ayuntamiento realiza la liquidación porque ha pasado el plazo voluntario para pagarlo y el usuario no lo ha hecho o porque realizan liquidación administrativa, y da un plazo para contestar, Legálitas subraya que hay que aprovechar dicho plazo para interponer el correspondiente escrito de alegaciones o recurso de reposición, pero sin olvidar efectuar el pago.