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ACUERDO EN EL PACTO DE TOLEDO PARA REFORMAR LAS PENSIONES TRAS CUATRO AÑOS


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ACUERDO EN EL PACTO DE TOLEDO PARA REFORMAR LAS PENSIONES TRAS CUATRO AÑOS

Gonzalo Velarde - eleconomista.es

- Subida con el IPC, endurecimiento de la prejubilación...

- -Las pensiones quedarán ligadas al avance de la inflación por ley

- Se penalizará más la prejubilación y se incentivará el retiro tardío

- La separación de fuentes sacará 23.000 millones de gastos a los Presupuestos

El Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras 4 años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.

La Comisión cerró un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones en el órgano de mesa y portavoces, y que someterá a votación entre todos los miembros que conforman el Pacto de Toledo para dar luz verde a la reforma de pensiones y para unos días después llevarlo al Pleno del Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que lo que se presentará una vez se sustancie el acuerdo serán 21 recomendaciones sobre aspectos que afectan al funcionamiento de las pensiones y de la Seguridad Social y que suponen un mandato para el ministro de la materia, José Luis Escrivá, quien será el encargado de trasladar estas recomendaciones a cambios normativos en la legislación de la Seguridad Social.

Fuentes de Unidas Podemos mostraron satisfacción con "el acuerdo alcanzado" en torno al texto y pusieron el acento en que cumple con lo pactado en el programa de coalición porque garantiza "unas pensiones dignas y un sistema público sostenible", además supone "la derogación de facto" de la reforma de las pensiones de 2013. Desde el PSOE, también celebraron llegar a este texto que se ha cerrado y que suscita un apoyo mayoritario. Mientras, desde el PP no quisieron desvelar el sentido de su voto el martes y señalaron que el compromiso de que el nuevo sistema de cotización de los autónomos se aborde en el diálogo social y no se adopte "de forma unilateral" por el Gobierno, recogido en el texto final, es uno de los puntos fundamentales para condicionar su apoyo.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema, y que ha zanjado la actual presidenta del órgano y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Suficiencia de las pagas

El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos. Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.

La idea que esbozan los partidos en la Comisión es la de Separación y clarificación de las fuentes de financiación donde se aboga por que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con impuestos. Se trata de recursos procedentes de las cotizaciones sociales que se están utilizando para pagar políticas no contributivas, reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad o los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Este saneamiento de las finanzas mencionado, consiste en sacar del sistema una serie de gastos para en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Revalorización con el IPC

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. De este modo, las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema. Cabe recordar que, en suma, la Seguridad Social habrá dispuesto a finales de 2020 de hasta tres créditos del Estado procedentes del Presupuesto General. Cabe recordar que el primero de ellos, el liberado en abril por valor de 13.800 millones de euros, ya se encontraba recogido en las Cuentas aprobadas en 2018 por Cristóbal Montoro y que aún permanecen prorrogadas, y por lo tanto no computa como incremento de la deuda. Estos dos préstamos de 14.002 millones y 16.000 millones ya no aparecen en el cuadro presupuestario por lo que impactarán directamente en un repunte del déficit público y un incremento de la deuda. En suma, tres créditos en un solo año por valor de casi 45.000 millones de euros para afrontar los gastos de la Seguridad Social, que es el triple de la financiación extra que necesitó el pasado año.

Endurecimiento de la prejubilación

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

Evolución del retiro laboral -> https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x701/9/1/f/211020-edad-pensiones.jpg

Las prejubilaciones aplican coeficientes reductores de en torno al 8% por cada año de anticipación del retiro, lo que pide la asociación es el levantamiento de estas penalizaciones. Una propuesta que recibió el Pacto de Toledo consistía en la aplicación de los coeficientes reductores para el cobro de la pensión durante los años en situación de prejubilación, hasta llegar a la edad legal de retiro, momento en el que esta penalización se levantaría y se reconocería el 100% de la paga. Una medida que se podría aplicar sobre las jubilaciones ya causadas en estas condiciones y que repararía parte del impacto de la crisis, pero que no soluciona la cuestión para las nuevas jubilaciones. Ahora bien, la piedra de toque de esta medida es el impacto presupuestario que pueda acarrear consigo. Por ello, según fuentes cercanas a la negociación, lo más probable es que el Gobierno concluya en su estudio que la viabilidad de la medida se restringe a las jubilaciones causadas de manera no voluntaria.

Plan de pensiones de empleo

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

En este punto, José Luis Escrivá planea incentivar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los privados en su ofensiva contra el déficit del sistema. El ministro ya manifestó estas líneas de acción fundamentales en su comparecencia ante los miembros del Pacto de Toledo, que se entiende como un desplazamiento de los incentivos fiscales y supone, de facto, que en el medio plazo, los impulsos a este tipo de ahorro a largo plazo desaparecerán, por lo que la Seguridad Social contará en sus arcas con casi 2.000 millones de euros más que cuesta la desgravación fiscal al Estado cada año.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10845267/10/20/Subida-con-el-IPC-endurecimiento-de-la-prejubilacion-Acuerdo-en-el-Pacto-de-Toledo-para-reformar-las-pensiones-tras-cuatro-anos.html