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APROBADO UN REAL DECRETO-LEY QUE EVITARÁ QUE ALREDEDOR DE 41.000 PERSONAS QUEDEN DESPROTEGIDAS Acuerdo del Consejo de Ministros La medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, ya que se trata de personas que han agotado todo tipo de ayudas y con responsabilidades familiares a su cargo Al haber finalizado la vigencia del PAE el 30-4-2018 las personas que había causado baja temporal no podían reincorporarse, a pesar de tener reconocido el derecho El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). Ver Real Decreto-Ley 8/2018 de 3-8 -> https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/REALDECRETOLEY8_2018.html El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30-4-2018. El carácter urgente del Real Decreto-ley se justifica por que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares. La interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad. Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y con responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho. El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. |
