AUTO DEL TS DE 08-09-2016

AUTO DEL TS DE 08-09-2016 SOBRE EL SEGURO DE SUPERVIVENCIA (INADMISIÓN)

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Granada se dictó sentencia el 12-3-2014, en el seguido a instancia de D. Jose Ignacio contra Telefónica de España S.A.U., Metrópolis Cia Nacional de Seguros y Reaseguros S.A., Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A., C.I. de Telefónica S.A., Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos (ATAM), y FOGASA, sobre reclamación de cantidad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por el TSJ de Andalucía el 30-10-2014, que desestimaba el recurso interpuesto y, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- D. Jose Ignacio formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 18-4-2016, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada, falta de fundamentación de la infracción legal, falta de idoneidad de la sentencia de contraste y falta de contradicción.

A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de 5 días hiciera alegaciones, lo que efectuó.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 219 de la LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un TSJ, de la Sala IV del TS o, en su caso, del TC, Tribunal Europeo de Derecho Humanos y TJUE.

Por su parte, el artículo 224 de la LRJS establece que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219.

Ninguna de esas exigencias se cumple en el presente recurso.

En primer lugar se advierte que el recurrente incumple el requisito de hacer una relación precisa y circunstanciada de la contradicción que alega, pues omite cualquier examen comparado de hechos, fundamentos y pretensiones entre la sentencia recurrida y las varias citadas como contradictorias de tal forma que es prácticamente imposible conocer con qué objeto o punto de contradicción se alega cada una de las sentencias. El defecto advertido es causa de inadmisión del recurso según previene el art. 225.4 LRJS y viene declarando reiteradamente esta Sala IV.

Por otra parte y siguiendo con el aspecto procesal, el recurso adolece de falta de fundamentación de la infracción legal cometida por la sentencia impugnada. Su desarrollo es tan poco sistemático que no se deduce del contenido del escrito los preceptos jurídicos o la jurisprudencia infringida, en los términos exigidos por el art. 224.1 b) y 2 LRJS.

El recurrente no expresa separadamente, con precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación respecto de los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) del mismo artículo. El defecto es asimismo determinante de la inadmisión del recurso según el artículo citado más arriba y la reiterada doctrina de la Sala IV que así lo viene declarando.

SEGUNDO.- La contradicción alegada tampoco puede apreciarse.

El recurrente prestó servicios para Telefónica de España S.A.U. desde el 18-4-1967 hasta el 23-9-2000 en que se acogió al programa de prejubilación contenido en el plan social de un ERE aprobado por resolución de 16-7-1999.

En octubre de 2000 Telefónica le abonó, con cargo al fondo interno de la entidad y en concepto de liquidación definitiva correspondiente al sistema de previsión social del personal, un importe íntegro de 56.588,03 € del que se practicó la retención por IRPF de 7.107,25 €, resultando un neto de 49.750,78€. El actor manifestó su conformidad con la liquidación.

En la demanda origen de las presentes actuaciones reclama en primer lugar y en concepto de prestación de supervivencia la suma de 127.115 € así como la devolución correspondiente al IRPF descontado en su día. Esa petición va seguida de otras que recoge la sentencia recurrida en su fundamento jurídico primero.

En los hechos probados consta que Telefónica tenía garantizada la prestación de supervivencia mediante un contrato de seguro colectivo con Metrópolis a través de la póliza 123.855, en cuya cláusula adicional 3ª a) 2 se establecía que:

En el año 1992 terminó un largo proceso de transformación de la previsión social, quedando integrada la prestación de supervivencia en un plan de pensiones acogido al régimen transitorio de la Ley 8/1987.

El actor no se adhirió al plan de pensiones.

El 7-11-2002, a consecuencia del cambio introducido por la Ley 30/1995, Telefónica suscribió una póliza de seguro con Antares S.A. según la cual:

La sentencia recurrida ha confirmado la de instancia que desestimó íntegramente la demanda, considerando correcta la cantidad abonada al actor en el año 2000 porque las condiciones pactadas con Antares en noviembre de 2002 no pueden afectar a las establecidas anteriormente a favor de quien había causado baja en la empresa antes de esa fecha. Y añade que el conocimiento de la cuestión relativa al descuento de IRPF corresponde al orden contencioso-administrativo.

La sentencia del TC de 20-5-1988, única idónea de las citadas, se ha dictado en el recurso de amparo interpuesto por Telefónica contra la sentencia del Tribunal Central de Trabajo (TCT) que había declarado su responsabilidad solidaria junto con la ITP en el pago del subsidio de defunción al demandante.

El problema suscitado en amparo es si el TCT había incurrido en reformatio en peius al cambiar la responsabilidad subsidiaria de la CTNE en solidaria sin que ninguna de las partes lo hubiese solicitado. A juicio del TC la decisión judicial del TCT no fue irrazonable ni causó indefensión a la parte recurrente en amparo porque la disposición transitoria 4ª del Reglamento de la ITP se ha interpretado reiteradamente en el sentido de que la entidad mutualista y la empresa están ligadas por un nexo de solidaridad pasiva, de modo que la suficiencia de los beneficios sociales requiere entender que:

En consecuencia se desestima el recurso de amparo.

No puede apreciarse contradicción entre las sentencias comparadas porque deciden sobre distintos supuestos de hecho, pretensiones y fundamentos, y la doctrina establecida por el TC no es aplicable al caso de la sentencia recurrida.

En esta se reclama con carácter principal un importe superior de la prestación de supervivencia que el abonado en el momento del cese en la empresa mediante un plan de prejubilación al que se acogió el demandante, decidiendo la Sala de suplicación que el actor no puede beneficiarse de las condiciones pactadas en una póliza de seguro colectivo suscrita 2 años después de que causase baja en la empresa. De cualquier modo la Sala de suplicación destaca la falta de cita de infracción jurídica o jurisprudencia a través del correspondiente motivo.

En la sentencia de contraste se discute si la resolución judicial objeto del recurso de amparo ha incurrido en una en reformatio en peius al cambiar el tipo de responsabilidad de la CTNE respecto al pago del subsidio reclamado en la demanda. El TC examina la condición jurídica impuesta por el Reglamento de la ITP y la aplicación por el órgano judicial de una reiterada doctrina sobre el nexo de solidaridad pasiva existente entre las dos codemandadas.

Debe indicarse que en el escrito de alegaciones no se hace referencia alguna a las diferencias advertidas en este punto y que se expusieron en la providencia abriendo el trámite de inadmisión en los siguiente términos resumidos: la doctrina del Tribunal Constitucional se ha establecido para un supuesto de posible "reformatio in peius" porque el órgano judicial cambia el tipo de responsabilidad de empresa condenada junto con la ITP al pago del subsidio reclamado, considerándose correcto por el TC que la garantía de los beneficios sociales exige la responsabilidad solidaria del fiador sin beneficio de excusión.

En el supuesto de la sentencia recurrida el actor plantea en suplicación una modificación de hechos probados que rechaza íntegramente la Sala y por vía del art. 193 c) LRJS no cita precepto jurídico alguno o jurisprudencia infringida, siendo correcta para la sentencia la conclusión alcanzada en la instancia.

TERCERO.- A requerimiento de esta Sala el recurrente ha seleccionado 4 sentencias de contraste:

- una sentencia del TSJ de Murcia de 31-3-1999

- una sentencia del TC de 20-5-1988

- la sentencia del TSJ de Madrid 2115/1998, recurso 977/1998

- la sentencia del TSJ de Andalucía, sede en Granada, 1825/2011, RJ 2001/326340.

Primeramente debe apreciarse falta de idoneidad de la sentencia del TSJ de Murcia por ser de otro orden jurisdiccional. La contradicción, que, como requisito del recurso de casación para la unificación de doctrina, regula el artículo 219 apartados 1 y 2 de la LRJS, ha de establecerse con las sentencias que menciona el precepto citado, sin que puedan tenerse en cuenta a estos efectos las de otras Salas del TS distintas de la Sala de lo Social.

La exclusión de estas sentencias se funda en que la función unificadora que la Sala IV tiene atribuida afecta únicamente a la doctrina del orden social, sin que pueda extenderse, de forma directa o indirecta, a otros órdenes jurisdiccionales.

CUARTO.- De acuerdo con lo que disponen los artículos 221.4 y 224.3 de la LRJS la parte recurrente debe identificar en preparación la sentencia o sentencias que considera contradictorias con la recurrida, sin que puedan ser válidamente invocadas en el escrito de interposición las sentencias que no hayan cumplido previamente dicho requisito. Así lo establece la doctrina reiterada de esta Sala. Según esa doctrina

Conforme a esa doctrina debe apreciarse igualmente falta de idoneidad de las sentencias dictadas por los TSJ de Madrid y Andalucía por no haber sido citadas en el escrito de preparación.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 225.5 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jose Ignacio, contra la sentencia del TSJ de Andalucía de 30-10-2014, en el recurso de suplicación interpuesto por D. Jose Ignacio, frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Granada de 12-3-2014 en el procedimiento seguido a instancia de D. Jose Ignacio contra Telefónica de España S.A.U., Metrópolis Cia Nacional de Seguros y Reaseguros S.A., Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A., C.I. de Telefónica S.A., ATAM, y FOGASA, sobre reclamación de cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

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