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ENTREVISTA: BERTA ZÚÑIGA CÁCERES


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ENTREVISTA: BERTA ZÚÑIGA CÁCERES

Amnistía Internacional

Uno va por la Rambla del Raval de Barcelona a encontrarse con una joven de 25 años a la que acaban de asesinar a su madre y espera ver a alguien triste, quizá con pocas ganas de hablar. Pero no. Bertita, como la conocen muchos, es todo menos frágil. Con una mezcla de entereza, determinación y, sobre todo, dignidad, Berta Zúñiga habla claro y fuerte sobre el asesinato de su madre, fundadora y líder del COPINH, consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras: “fue un crimen político. La mataron con odio y saña, y también por ser mujer”. Dani Vilaró

Berta Cáceres murió tiroteada en su casa el pasado 3 de marzo, un día antes de cumplir los 45 años. Desde el COPINH, ella cuestionaba el proyecto Agua Zarca de construcción de una represa hidroeléctrica. La comunidad indígena lenca de Río Blanco se opone al proyecto por entender que puede acabar expulsándoles de sus tierras ancestrales en el río Gualcarque, al que consideran sagrado, y del que depende su seguridad alimentaria y la preservación de sus medios de vida.

“La comunidad nunca fue consultada sobre el proyecto, pese a que el derecho internacional establece que debe consultarse a los pueblos indígenas sobre proyectos que afectan a sus tierras. Ahí empezó todo. Luego llegó el actual ciclo de represión y violencia que culmina con el asesinato de mi madre”, cuenta Berta Zúñiga.

Pero el caso de Berta Cáceres no es aislado y son habituales el acoso, las amenazas y los asesinatos de activistas de derechos humanos en Honduras, sobre todo ambientalistas. “Son cifras escandalosamente altas para un país pequeño y que no sufre ningún conflicto armado. El asesinato de mi mami (sic) es una muestra del clima de impunidad en el que operan institucionalidad y empresas: es fácil matar a alguien en mi país, porque lo más probable es que no haya consecuencias”, apunta Berta. Y añade: “Si la mataron a ella, una líder conocida y con reconocimiento internacional (en 2015 recibió el Premio Goldman, el llamado Nobel verde), le puede pasar a cualquiera. Ya no hay garantías ni protección para nadie”.

Al cierre de esta revista estaban detenidas cuatro personas por su presunta implicación en el asesinato de Berta Cáceres, entre ellas un militar y un gerente de departamento de DESA, la empresa que gestiona el proyecto Agua Zarca. “Desde el primer momento los familiares y el COPINH fuimos excluidos de las investigaciones, que buscaban minimizar el vínculo entre el asesinato de mi madre y su activismo como defensora de derechos humanos. Reclamamos una investigación exhaustiva e independiente en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la única manera de conocer la verdad y sentar un precedente de justicia muy importante en un país con índices de impunidad superiores al 90 por ciento.”

Preguntada por si cree que el asesinato de Berta Cáceres va a conseguir justo el efecto contrario al que buscaban los perpetradores, no duda: “A nosotras nos gusta decir que mi madre no murió, se multiplicó. Todo esto nos vuelve más fuertes porque sabemos que si su crimen queda impune, todo irá a peor. Su crimen no fue efectivo porque nuestras luchas siguen. Claro que la muerte de mi madre nos manda un mensaje de miedo. Pero no vamos a permitir que venzan”.

Regresamos al miedo. Cinco activistas del COPINH han sido asesinados en los últimos años; uno de ellos, Nelson García, apenas doce días después de la muerte de Berta Cáceres. “Claro que tenemos miedo”, admite Berta, “Y podemos verlo y sentirlo. Pero debemos atacar sus causas. Y reaccionar con indignación, más que con miedo.”

Algo que puede contribuir a conjurar el miedo es el apoyo internacional. Berta Zúñiga estuvo en Barcelona a finales de abril invitada por la Plataforma Berta Vive en una gira que la llevó a otras ciudades españolas y a países como Holanda, Finlandia y Alemania. “La situación en mi país es sumamente compleja y hay que visibilizarla y tratar de proteger mejor a las personas amenazadas. Que nos acompañen organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional u otras, es importante para seguir presionando al Gobierno de Honduras.”

Entre otras cosas porque el Gobierno hondureño aprobó en abril de 2015 una ley de protección de defensores y defensoras, periodistas y operadores de justicia demasiado vaga y poco transparente en su aplicación. “Fue algo que Honduras se vio forzado a aprobar por la presión internacional y ante las cifras de muertes tan elevadas. Pero está claro que el Estado ha demostrado ser ineficiente e incapaz de garantizar los derechos humanos, pero también la vida de quienes sí defienden los derechos humanos: a mi madre le asignaron unas medidas cautelares de protección que fueron insuficientes y ella misma llegó a denunciar amenazas más de 30 veces”, finaliza Berta.