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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (21 DE ENERO DE 2018)

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

CGT CONVOCA HUELGA EL 9 DE FEBRERO EN LA ENSEÑANZA ANDALUZA PARA EXIGIR UN NUEVO ACUERDO DE ESTABILIDAD DE INTERINOS

LA PLANTILLA DECIDIRÁ SI SE MOVILIZA POR EL MODELO QUE TROCEA LIMASA

LA FIRMA ESCOCESA DE TORRES PETROLÍFERAS STENA ULTIMA 60 DESPIDOS EN EL PUERTO DE LAS PALMAS

CSIF DENUNCIA EL DESPIDO DE CINCO TRABAJADORES DE LAS RESIDENCIAS MILITARES DE MÁLAGA

LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE LA EMPRESA DE SEGURIDAD ‘LOW COST’ MARSEGUR VULNERÓ EL DERECHO A HUELGA

LOS TRABAJADORES DE LA OTA SEGUIRÁN EN HUELGA HASTA LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS

FINALIZA EL ENCIERRO DE LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE NAVAL DE ROTA

BANKIA MANTIENE LOS DESPIDOS EN 2.510, PREJUBILARÁ CON 56 AÑOS Y PAGARÁ 25 DÍAS

EL JUEZ AUTORIZA EL ERE PARA TODA LA PLANTILLA DE UNIPOST

USO CONVOCA UNA PROTESTA CONTRA EL DESPIDO DE TRABAJADORES EN MATSA

EL COMITÉ DE BRIDGESTONE CONVOCA HUELGA DE 7 DÍAS A PARTIR DEL DÍA 29

LOS ESTIBADORES AMENAZAN CON UNA NUEVA HUELGA EN TODOS LOS PUERTOS DEL PAÍS

LOS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA CELEBRAN SU TERCERA HUELGA EL 25 DE ENERO

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES DE AVANZA INTERURBANOS TRAS CUATRO MESES DE HUELGA

EL COMITÉ DE HUELGA DE TITANLUX DENUNCIA VULNERACIÓN DE DERECHO DE HUELGA POR PARTE DE LA EMPRESA

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CGT CONVOCA HUELGA EL 9 DE FEBRERO EN LA ENSEÑANZA ANDALUZA PARA EXIGIR UN NUEVO ACUERDO DE ESTABILIDAD DE INTERINOS

Sevilla (Europa Press)

El sindicato CGT ha anunciado la convocatoria de huelga para el 9 de febrero y asambleas para decidir un plan de lucha continuado que evite el "previsible" despido de miles de profesores interinos andaluces.

El acuerdo firmado por el Ministerio con los sindicatos mayoritarios para la "mejora del empleo público" y con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad laboral al 8 por ciento "puede suponer el despido de miles de profesores interinos", señala el sindicato en una nota.

Dada la alta tasa de profesorado interino de larga duración en la enseñanza, "el acuerdo amenaza con convertirse en un ERE masivo para el profesorado que lleva años trabajando en esos puestos de trabajo".

"De esta manera, se conculca el derecho a la estabilidad en el empleo, un componente primordial de la protección de los trabajadores. La figura del profesorado interino en Andalucía en particular y, en general, en todo el Estado se ha convertido en una figura paradójica, y ello porque el uso abusivo por parte de la administración de las contrataciones temporales ha ocasionado que se empiece a hablar de interino permanente o interino de larga duración".

CGT considera que los sindicatos de la mesa sectorial andaluza "abandonan a su suerte al profesorado interino ante esta grave situación, al plantear movilizaciones para reivindicar unos objetivos que no garantizan la estabilidad del profesorado interino andaluz".

Frente a ello, desde la central sindical se plantea como "objetivo más eficaz" el que se guarden las notas de convocatoria anteriores.

Expone que la mayor parte del profesorado interino ha aprobado la fase de oposición en más de una convocatoria, sin que en muchos casos sean funcionarios "debido a la insuficiente y precaria oferta de plazas de las convocatorias pasadas".

En otro orden de cosas, "el profesorado interino que no haya aprobado ninguna prueba selectiva, ¿no ha mostrado ya de una manera clara y evidente su profesionalidad y aptitudes para el desempeño de la función docente durante sus muchos años de servicio a la administración?", se pregunta CGT.

"La mayor optatividad en la elección de temas en la oposición tampoco es relevante en la reducción de la precariedad. En cualquier caso, y de mantenerse el carácter eliminatorio de las pruebas de la fase de oposición, se puede terminar favoreciendo, otra vez, los caprichos del azar y no la experiencia y formación de los aspirantes al funcionariado", lamenta.

El pretendido aumento del peso de la antigüedad en la fase de concurso es "engañoso" para el sindicato, "ya que si aumenta el total que se puede aportar disminuye el valor de cada año trabajado, pasando de valorase 1 punto a solo 0,7: además, divide a los interinos, ya que favorece a los que tienen más tiempo y perjudica a los que tienen menos años de experiencia".

LA PLANTILLA DECIDIRÁ SI SE MOVILIZA POR EL MODELO QUE TROCEA LIMASA

Esperanza Codina - cadenaser.com

El PSOE acusa al gobierno local del PP de pagar con dinero público la deuda que tiene la parte privada con el Ayuntamiento

Los trabajadores de Limasa decidirán en asamblea, qué acciones de presión adoptarán ante el futuro modelo de empresa anunciado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de privatizar la limpieza viaria y municipalizar la recogida de basura y su posterior tratamiento.

El comité de empresa, nada más hacerse pública esta fórmula intermedia, ya advirtió de que no les gustaba la solución. Su presidente, Manuel Belmonte, precisó que dejarían pasar las fiestas navideñas, pero subrayó que no pensaban quedarse de brazos cruzados.

Se estarían barajando desde paros parciales a la posible convocatoria de una huelga, decisión que corresponde adoptar a los trabajadores.

Aún se desconoce cuándo entrará en vigor el nuevo modelo de servicio de limpieza de Málaga, ya que quedan detalles por perfilar, y desde el equipo de gobierno del PP se han apresurado a aclarar desde el primer momento que toda la plantilla será subrogada por el Ayuntamiento y mantendrá sus condiciones laborales.

También relacionado con Limasa, el grupo municipal Socialista ha acusado al gobierno local del PP de pagar con dinero público la deuda de 2,4 millones de euros que la parte privada de Limasa (51% de la empresa) mantiene con el propio Ayuntamiento.

Ese débito se ha ido acumulando por la asistencia técnica que la parte privada factura al Consistorio dentro de la compensación económica, un concepto que el interventor determinó en 2014 que no debía abonarse porque no se refiere a ningún servicio, ha recordado el PSOE. La cantidad se habría incluido en los 6,8 millones autorizados en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 15 de diciembre para realizar el cierre contable de Limasa.

"Se ha venido reclamando que los privados paguen esa deuda, ya que la propia Intervención así lo manifestó, que no pueden cobrar asistencia técnica porque legalmente no son servicios, sino incrementos salariales", ha recalcado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha vuelto a criticar el modelo anunciado por el alcalde. "Ha asumido una empresa troceada y privatiza por imposición de Ciudadanos", ha añadido.

El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha afirmado que ese concepto no se está pagando. "Pagamos una compensación y restamos la asistencia técnica. Esas son las cuentas del Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga no le paga a Limasa el valor de la asistencia técnica de la compensación, que es por lo que debemos velar.

Eso no se está pagando", ha asegurado Jiménez en comisión plenaria, en contestación a una pregunta de la concejal socialista Begoña Medina.

LA FIRMA ESCOCESA DE TORRES PETROLÍFERAS STENA ULTIMA 60 DESPIDOS EN EL PUERTO DE LAS PALMAS

R.L.P. - abc.es

Stena tiene en la capital grancanaria tres buques y 450 empleados

Stena Drilling, el contratista de plataformas petrolíferas que tiene en el Puerto de Las Palmas una de sus principales bases al sur de la UE, ha confirmado el despido de unas 60 personas.

De momento, ya ha realizado una consulta entre los 450 empleados que tiene en la capital grancanaria para sondear la ejecución de un plan de despidos de 60 trabajadores, según pudo confirmar ABC de fuentes de la empresa.

Stena tiene su sede en Escocia y en Las Palmas capital un total de tres buques de perforación estacionados. La decisión de despedir personal tendría su origen en las perspectivas de contratos procedentes de perforaciones en África occidental.

El personal externo será el primer grupo afectado. Los buques que están apilados en Canarias son: Stena Forth, Drillmax e Icemax. Desde la empresa se ha indicado que existe una sobreoferta de plataformas en el mercado implicaba la pérdida de puestos de trabajo. Se trata de mano de obra altamente cualificada.

El pasado verano, Stena Atlantic, filial de Stena Drilling, según ha podido saber ABC, notificó al astillero coreano, Samsung Heavy Industries que había ejercido su derecho a cancelar su contrato para la construcción del buque Stena MidMax una planta semisumergible.

La plataforma se ordenó en junio de 2013 con una fecha de entrega en marzo de 2016. Samsung Heavy Industries, sin embargo, no había podido completar y entregar la unidad dentro del plazo acordado contractualmente. Stena Atlantic ha reclamado 215,4 millones de dólares previamente pagadas al astillero coreano más los intereses acumulados. Stena Atlantic también tiene la intención de presentar reclamaciones de indemnización por los costes incurridos sobre el proyecto.

De otro, en enero de 2018 Exxon ha confirmado resultados positivos de su pozo de exploración Ranger-1, marcando el sexto descubrimiento petrolero de ExxonMobil en el exterior de Guyana desde 2015.

El descubrimiento del pozo Ranger-1 se suma a descubrimientos previos de clase mundial en Liza, Payara, Snoek, Liza Deep y Turbot, que se estima que suman más de 3.200 mil millones de barriles equivalentes de petróleo recuperables. Estos pozos fueron perforados por Stena con su buque Carron, una de nuestras cuatro perforadoras de especificación ultraalta.

CSIF DENUNCIA EL DESPIDO DE CINCO TRABAJADORES DE LAS RESIDENCIAS MILITARES DE MÁLAGA

laopiniondemalaga.es

Trabajaban en las cafeterías y cocina de los centros Castañón de Mena, Reyes Católicos y Nuestra Señora de Luján, de cuyo servicio se hacía cargo Margon Coletividades en noviembre

La central sindical CSIF ha denunciado que la empresa de restauración Margon Colectividades, adjudicataria de los servicios de cafetería y cocina en las residencias militares de Málaga desde el pasado 26 de noviembre, ha despedido a cinco trabajadores en el primer mes de la adjudicación, el primero de ellos apenas un día después de hacerse cargo del servicio.

CSIF, que solicita la readmisión inmediata, ya ha interpuesto demandas por la improcedencia de los despidos, que suponen el 17% de la plantilla total de las residencias militares Castañón de Mena, Reyes Católicos y Nuestra Señora de Luján.

CSIF subraya que Margon Colectividades (del Grupo Hermanos Martín, propietario de Supermercados Mas) se hizo cargo del servicio con la plantilla existente y asumiendo todas las obligaciones laborales derivadas de la subrogación, al tiempo que denuncia que en modo alguno concurren las causas objetivas que cita la empresa para ejecutar los despidos.

De hecho, Margon ha cursado exactamente la misma carta de despido a varios trabajadores, a los que modificó su categoría laboral previamente y a la que se apela para justificar el despido.

Además, CSIF denuncia que se ha producido una nueva contratación recientemente en condiciones de precariedad, por lo que este sindicato sospecha que la intención de la empresa sea abaratar costes mermando hasta límites intolerables los derechos laborales de la plantilla.

CSIF, que alerta de la precariedad de las nuevas contrataciones que se realicen en las residencias militares, no descarta acudir a la Inspección de Trabajo y la convocatoria de movilizaciones contra los despidos y la situación del resto de la plantilla del servicio de cafetería y cocina.

Del mismo modo, este sindicato reclama a los responsables de las residencias militares de Málaga que ejerzan una labor de control y vigilancia de la situación a fin de que la empresa respete las condiciones de la adjudicación recogidas en el pliego.

LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE LA EMPRESA DE SEGURIDAD ‘LOW COST’ MARSEGUR VULNERÓ EL DERECHO A HUELGA

Los sindicatos CCOO, UGT y USO denunciaron a la compañía por imponer unilateralmente unos servicios mínimos en las huelgas de los días 25 y 26 de septiembre

La Audiencia Nacional considera que Marsegur vulneró el derecho a huelga y le impone una indemnización de 6.251 euros para cada una de las organizaciones sindicales

Además, el Supremo ha anulado también el convenio de la compañía, que incluía salarios un 54% por debajo de los pactados por los sindicatos

Concentración de vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa contra Mercasegur ->

https://images.eldiario.es/politica/Defensa-rescindir-contrato-seguridad-Marsegur_EDIIMA20170927_0548_4.jpg

Varapalo judicial para la polémica empresa de seguridad 'low cost' Marsegur (ahora denominada Novo Segur). La Audiencia Nacional ha concluido que la compañía vulneró el derecho a huelga al imponer unilateralmente unos servicios mínimos en las huelgas convocadas los días 25 y 26 de septiembre de 2017. El tribunal falla a favor de los sindicatos CCOO, UGT y USO, que demandaron a la empresa, a los que deberá pagar una indemnización de 6.251 euros a cada uno.

La Audiencia Nacional estima así gran parte parte de los argumentos de las organizaciones sindicales, aunque rechaza imponer una sanción por temeridad y mala fe a la compañía por no aportar una prueba documental.

La Sala coincide con los demandantes en que Marsegur violó el derecho a huelga de las organizaciones sindicales y los trabajadores de la compañía al imponer unos servicios mínimos a sus empleados "amparándose en una Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad que no es de aplicación ya que fue dictada para otra huelga distinta" y "sin previo acuerdo de la Autoridad gubernativa competente por razón de la materia, recoge la sentencia del 3 de enero a la que ha tenido acceso este medio.

La comunicación de los servicios mínimos de Marsegur a su personal los conminaba a presentarse en su puesto de trabajo "para no incurrir en falta laboral muy grave pudiendo la empresa tomar medidas disciplinarias". La necesidad de la prestación de estos servicios mínimos –cuyo número de trabajadores fijó unilateralmente la empresa– ni siquiera queda justificada, en opinión de la Sala.

Por ello, la justicia concluye que la empresa incurrió en "una actuación claramente lesiva del derecho fundamental de huelga de las tres centrales sindicales demandantes que convocan la huelga así como de los trabajadores de la empresa".

La Audiencia Nacional argumenta que esta vulneración supuso "un perjuicio evidente para los sindicatos demandantes, privándoles, de llevar a efecto la huelga y tratando de minimizar las medidas de presión" de la convocatoria de protestas, por lo que decide imponer una multa.

Además de sancionar la violación de un derecho fundamental, la Sala entiende que debe cumplir una "función disuasoria" para impedir medidas empresariales idénticas o similares a la juzgada. La cantidad fijada, lejos de los 25.000 euros para cada sindicato demandados, es de 6.251 euros, cuantía equivalente a la sanción por faltas muy graves en su grado mínimo.

El Supremo anuló el convenio colectivo de la empresa

Esta sentencia se suma a la del Tribunal Supremo del pasado 19 de diciembre en la que declaró nulo el convenio colectivo de Marsegur, que incluía salarios un 54% por debajo de los pactados por los sindicatos con las patronales para toda España.

El Supremo corrobora así el fallo dictado el mayo del año pasado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al estimar la demanda de conflicto colectivo interpuesta contra la empresa canaria por parte de los sindicatos CCOO, UGT y USO, pero también por Aproser, FES y UAS, tres de las organizaciones patronales que habían firmado el convenio nacional vigente en el sector desde 2013.

La empresa recurrió al Supremo y seguí aplicando el convenio, con un sueldo base supera por poco los 700 euros mensuales, el plus de peligrosidad supone 18 euros al mes y el trabajo nocturno se paga a diez céntimos extra la hora.

Durante 2017, la empresa se hizo con contratos licitados por diferentes administraciones, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Tesorería General de la Seguridad Social o Correos, por valor de más de 7 millones de euros.

LOS TRABAJADORES DE LA OTA SEGUIRÁN EN HUELGA HASTA LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS

bilbotarra.naiz.eus

El presidente del comité de empresa, Javier Escobar, ha denunciado que la UTE Eysa-Cycasa, adjudicataria del servicio, «no quiere oír hablar» de la readmisión de los siete trabajadores despedidos en diciembre y ha explicado que se ha levantado de la mesa apenas transcurrida media hora de la reunión.

Movilización de los trabajadores de la OTA en huelga ->

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Los trabajadores del servicio de la OTA en Bilbo afrontan su tercera semana de huelga indefinida sin visos de una pronta solución al conflicto tras levantarse la parte sindical de la mesa de negociación, disconforme con la actitud empresarial en relación a sus reivindicaciones.

Según asegura la agencia EFE citando al presidente del comité de empresa, Javier Escobar, la UTE Eysa-Cycasa, adjudicataria del servicio, «no quiere oír hablar» de la readmisión de los siete trabajadores despedidos en diciembre, una reivindicación planteada por los sindicatos junto con una negociación del convenio «sin chantajes».

El comité, que considera los despidos un «chantaje» en las negociaciones, se ha levantado de la mesa apenas transcurrida media hora de la reunión.

«Si no se readmite a los siete trabajadores, el conflicto no va a tener solución. La pelota está en manos de la empresa», ha advertido el representante sindical.

La empresa, por su parte, ha acusado al comité de tener «poca o ninguna» voluntad de llegar a una acuerdo y ha considerado que es prueba de ello el hecho de estar ya convocadas manifestaciones antes de la reunión -los trabajadores están convocados esta tarde a una movilización por el centro de Bilbo-.

Fuentes de la UTE han deseado un cambio de actitud por parte de los sindicatos y han considerado, en referencia a la demanda de que sean readmitidos los trabajadores despedidos, que un planteamiento de ese tipo debería ser más una consecuencia que una condición en la negociación.

La reunión entre empresa y sindicatos ha sido la primera para tratar sobre el convenio desde que el pasado día 2 se iniciase la huelga indefinida en el servicio de la OTA de la capital vizcaína.

Las partes se reunieron también, pero en esta ocasión lo hicieron en el seno del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para tratar sobre el conflicto colectivo planteado por ELA en relación al calendario laboral establecido por la UTE para 2018. Este encuentro también concluyó sin acuerdo.

Así las cosas, continúa la huelga que secunda la mayoría de los trabajadores del servicio y que se desarrolla sin servicios mínimos, lo que ha provocado el apagado de muchos parquímetros por falta de mantenimiento al agotarse las baterías que les hacen funcionar.

FINALIZA EL ENCIERRO DE LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE NAVAL DE ROTA

El comité de empresa dice que quedan a la espera de reacciones tras los apoyos recibidos

Trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota al término del encierro que iniciaron el 23 de diciembre ->

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Los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota dieron por finalizado el encierro que mantenían en esa localidad, el salón de actos del Palacio Municipal Castillo de Luna, con el que han denunciado públicamente desde el pasado 23 de diciembre "la persecución" y "las represalias" que dicen estar sufriendo por parte de la mercantil estadounidense Louis Berger Aircraft Services (LBAS).

El secretario del comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto de la base, Edgard Schmidt, explicó en un comunicado que quedan a la espera "de ver las reacciones que se producen con los movimientos políticos que, en los días pasados, se han comprometido a llevar a cabo los parlamentarios andaluces y diputados nacionales que han pasado por el Castillo de Luna para mostrar su apoyo a la plantilla".

Schmidt matizó que la finalización del encierro "de ninguna de las maneras significa que finalice la lucha" e indicó que "más bien al contrario", ya que "continuará incluso con más intensidad si cabe hasta lograr el objetivo".

Ante el "silencio" y la "negativa de diálogo con sus trabajadores" de la empresa Louis Berger Aircraft Services, INC., Sucursal en España, los empleados instan a la firma a que de "una vez por todas se siente a negociar de buena fe entre las partes un nuevo convenio colectivo y se abstenga de realizar nuevos despidos a final de mes".

El secretario del comité de empresa dijo que en el caso de que hubiera nuevos despidos a final de mes, "eso abocaría irremediablemente al comité de empresa a convocar una huelga indefinida, previo mandato de la asamblea de trabajadores".

Schmidt destacó "la determinación mostrada por la plantilla en defender sus legítimos derechos laborales" y señaló que confían en que "el respaldo recibido por autoridades y representantes políticos del pueblo de Rota haga reconsiderar a la marina de Estados Unidos (EEUU) el modelo de relación que desea mantener con la comunidad local".

Al inicio del encierro, Schmidt denunció "represalias" por parte de la empresa que se reflejarían en "23 despidos, 12 de ellos el 31 de enero de 2017, por causas de naturaleza productiva y organizativa, que en los cuatro primeros juicios de junio fueron declarados improcedentes". A pesar de que esas "cuatro sentencias calificaban a los despidos como improcedentes", indicó el comité, fueron despedidos "por causas idénticas" seis trabajadores el pasado 30 de noviembre.

BANKIA MANTIENE LOS DESPIDOS EN 2.510, PREJUBILARÁ CON 56 AÑOS Y PAGARÁ 25 DÍAS

intereconomia.com

Bankia no mueve ni un solo trabajador afectado en su ERE, pese a la exigencia de los sindicatos, que solo han conseguido que se rebajen las prejubilaciones a los 56 años, un año menos del previsto inicialmente.

La entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri no da ni una sola muestra de reducir el número de afectados, que se mantiene en los 2.510 afectados, la mayoría de ellos en servicios centrales, con más de 800 trabajadores, un número superior al de los servicios centrales de BMN, que supera apenas los 600.

Asimismo, la indemnización por despido sería, de momento, de 25 días por año trabajado, muy inferior a las cifras que han acordado Banco Santander y Banco Popular en sus respectivos ERE. En total, quedarán afectados por el ERE el 14% de la plantilla, el mismo porcentaje fijado el pasado mes de diciembre.

Las negociaciones formales con los sindicatos han comenzado, pero Bankia no ofreció detalles de las condiciones, como sí ha hecho saber a los sindicatos este lunes, cuando ha tenido lugar la segunda reunión oficial.

La diferencia sustancial entre la actual propuesta y la inicial es la rebaja en un año para poder acogerse a la prejubilación. Hasta ahora, la entidad financiera no había concretado el porcentaje de salario bruto con el que se prejubilarán los trabajadores, aunque ha señalado que pagará 25 días por año trabajado. Continuarán negociando.

El planteamiento realizado por la entidad financiera controlada por el Frob es radicalmente distinto al realizado por Banco Santander en su ERE, donde ha impuesto las mismas condiciones que en 2016. “Bankia se equivoca gravemente si quiere utilizar la fusión para recortar drásticamente la plantilla”, han asegurado ya desde CC OO.

De esta forma, los sindicatos no han podido rebajar, como sí han logrado en Evo Banco y Banco Santander, el número de despidos. El ERE contempla 817 despidos en servicios centrales, otros 700 en oficinas, 118 en estructuras intermedias -incluyendo direcciones territoriales y direcciones de zona-, 300 por ajustes de productividad en la Red Comercial y otros 375 por excedencias y cesiones a otras empresas del grupo. Según CC OO, “no significa que sean las que actualmente se encuentran en esta situación, sino que Bankia manifiesta no necesitar ese número de personas”. Además, hay que sumar otros 210 por digitalización.

Estas cifras se refieren a puestos de trabajo a tiempo completo (FTEs), no implican la identificación concreta de personas. Además, ha manifestado que, a fecha de hoy, en este proceso no se prevén externalizaciones. Los sindicatos rechazan los despidos “por considerar que están sobredimensionadas, y ha pedido a Bankia que justifique esos cálculos, cálculos que seguramente no habrán tenido en cuenta las prolongaciones de jornada de la plantilla”.

EL JUEZ AUTORIZA EL ERE PARA TODA LA PLANTILLA DE UNIPOST

Carles Huguet - economiadigital.es

El juzgado mercantil número 7 de Barcelona aprueba el despido de todos los trabajadores de la compañía de servicios postales, en concurso de acreedores

Protesta de la plantilla de Unipost contra los recortes aplicados por la familia Raventós ->

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La justicia confirma los despidos en Unipost. El juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona autorizó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía de servicios postales presentó el pasado mes de octubre. Recurrido por el sindicato CGT, el magistrado no dio recorrido a la impugnación.

De este modo, el tribunal admite la extinción de forma progresiva de los 2.200 empleados que la empresa de la familia Raventós todavía posee. De este modo, la primera fase del ERE queda oficialmente aplicada para las 560 personas sujetas al ajuste.

La segunda fase se aplicará también de manera progresiva hasta que la sociedad entre en liquidación. Para ello, la compañía le dio la semana un periodo de dos meses en los que encontrar un comprador.

USO CONVOCA UNA PROTESTA CONTRA EL DESPIDO DE TRABAJADORES EN MATSA

C. Sáez - huelvainformacion.es

La compañía rompe con Servicios Valverdeños en favor de una subcontrata portuguesa

Unión Sindical Obrera (USO) ha convocado para el próximo día 26 de enero una concentración para protestar por los despidos que se están llevando a cabo en la Mina de Aguas Teñidas (Matsa).

La central sindical (una de las tres del comité de empresa) denuncia que en el último mes la compañía ha despedido a quince trabajadores de las áreas de administración, producción, planta y mina. Se trata de personal de dirección, jefes de planta y administración, principalmente, aunque también de otros sectores laborales.

El comité solicita información sobre la situación de la empresa y el empleo

Los primeros despidos se produjeron a mediados del pasado mes de diciembre, de manera unilateral y sin comunicarlo previamente al comité de empresa. En esa ocasión fueron nueve personas de la plantilla de la empresa minera, a las que han seguido otras desde entonces, hasta alcanzar el número que indica USO.

El sindicato también ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la cesión ilegal de trabajadores en relación a la subcontrata Servicios Valverdeños Mineros. Según USO, Trabajo ha dado la razón al sindicato y ha impuesto una sanción a la compañía minera.

Además 25 trabajadores han llevado el caso a los tribunales, que deberán determinar ahora a qué empresas pertenecen como personal laboral si a servicios Valverdeños o a Matsa.

La subcontrata seguirá con los trabajos que viene realizando hasta el próximo 21 de enero, cuando cesará su actividad casi en toda su totalidad. Según los representantes de los trabajadores, Matsa ha justificado la medida tomada por la pérdida de confianza hacia la subcontrata valverdeña. A partir de entonces será otra subcontrata, esta vez la empresa portuguesa EPOS, la que se haga cargo de los trabajos relativos al mantenimiento y otras actividades.

El cambio de subcontrata no ha sido bien recibida por el comité de empresa, cuyo presidente, Félix José Rastrojo, ha trasladado a la dirección de la compañía minera, a través de un escrito, su preocupación por "la continua política de desnacionalización de empresas contratistas llevadas por Matsa, rompiendo con su política de compromiso con las empresas de los círculos concéntricos".

Según el comité de empresa, el último caso es la subcontratación de EPOS, en detrimento de cuatro subcontratas onubenses y pueblos de la zona, una de ella la ya mencionada Servicios Valverdeños Mineros. "Esta política totalmente desafortunada -añade- parece que va a ser extensiva a otras áreas topográficas y taller de vehículos ligeros, entre otras". La cotización a la baja de empresas no nacionales repercutirá en las condiciones laborales de los empleados, en su opinión.

Para el comité, los mayores perjudicados de estas decisiones de la empresa ("la cual no ha informado en ningún momento de sus intenciones a los representantes de los trabajadores"), serán los empleados de las subcontratas que se "verán gravemente perjudicados al empeorar ostensiblemente sus condiciones laborales, tanto económicas como sociales".

Por ello expresa su "rotundo rechazo a la desnacionalización de empresas subcontratadas y al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores".

El comité reclama "toda información que pueda afectar a los trabajadores, a la situación de la empresa y del empleo de la misma" para proceder a su examen y estudio, al tiempo que critica la "política de opacidad en las relaciones laborales" de Matsa. El comité se reserva emprender las acciones que considere oportunas.

Matsa pertenece a una empresa participada al 50% por Mubadala Development Company y por Trafigura Group. Es la compañía española titular de los derechos de explotación de la mina de Aguas Teñidas y mina Magdalena en Almonaster la Real y de la mina Sotiel localizada en el término municipal de Calañas.

EL COMITÉ DE BRIDGESTONE CONVOCA HUELGA DE 7 DÍAS A PARTIR DEL DÍA 29

Torrelavega (Cantabria) (EFE)

El comité intercentros de Bridgestone ha anunciado la convocatoria de siete días de huelga a partir del 29 de enero hasta el 4 de febrero en las factorías que la multinacional nipona tiene en España, situadas en Cantabria, Burgos y Vizcaya.

Según informó USO en una nota de prensa, esta huelga ha sido convocada tras la reunión celebrada en Basauri (Vizcaya) entre los representantes de los trabajadores (USO, UGT, ELA, CCOO y BUB) y la dirección de la empresa.

USO precisa que la mayoría sindical -que conforman USO, UGT, ELA, y BUB- ha planteado una serie de propuestas sobre el incremento salarial, la jornada y la regulación de las contrataciones, una postura que ha sido reprochada, según el sindicato, por la dirección.

El sindicato USO recuerda que CCOO ha firmado en solitario un acuerdo de eficacia limitada con la empresa, que propone un incremento salarial del IPC para los años 2016 y 2017, un aumento del 1,25 % garantizado con revisión al alza del IPC para 2018 y un 1,5 % en los mismos términos para 2019.

En la reunión, la empresa, que no ha hecho concesiones en el punto del incremento salarial, según USO, ha dicho estar en disposición de recibir propuestas para jornada y contrataciones.

"La respuesta unánime de la mayoría sindical fue finalizar la reunión tras reprochar a la empresa su postura. No podemos aceptar que, tras dos años de negociación, de los tres puntos propuestos, se cierre el punto del incremento salarial", ha insistido USO

El sindicato ha recordado también que, se va a celebrar en la Audiencia Nacional la vista sobre la demanda que ha promovido USO sobre tutela de los derechos fundamentales y libertad sindical contra Bridgestone.

Con esta demanda, USO pretende que sea retirada y considerada ilegal la intención de la empresa de aplicar la adhesión tácita del acuerdo de eficacia limitada suscrito con CCOO, porque "supone una lesión a la libertad sindical".

LOS ESTIBADORES AMENAZAN CON UNA NUEVA HUELGA EN TODOS LOS PUERTOS DEL PAÍS

Dalia Guerra - laopinion.es

La CETM acusa al Gobierno estatal de incumplir su compromiso de redactar un reglamento que permita continuar con las negociaciones con la patronal del sector

La movilización del año pasado paralizó los muelles

Las jornadas de huelga que los estibadores realizaron entre el mes de mayo y junio del año pasado paralizaron los puertos españoles. Los paros registraron un seguimiento cercano al 100% en todo el Estado, pero no se produjeron incidentes durante las protestas y el sector cumplió con los servicios mínimos estipulados salvo en contadas excepciones.

Las infraestructuras portuarias registraron durante estos días una inusual imagen de calma, ya que debido a la huelga de los trabajadores muchas compañías optaron por reprogramar sus operaciones. Las amenazas de desabastecimiento en el Archipiélago con motivo de estas movilizaciones no tardaron en llegar desde el sector empresarial, ya que el 95% de la mercancía que llega a Canarias lo hace en barco.

Aunque los estibadores siempre defendieron que no se produciría una carestía de productos esenciales y optaron por realizar los paros durante todo el día, pero en horas alternas. D. G.

Los estibadores vuelven a amenazar con una nueva huelga que paralice los puertos de todo el país, si el Gobierno estatal no da garantías de que se está trabajando en el reglamento que permitirá aplicar el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de junio entre los trabajadores y la patronal.

Así lo confirmó el coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, a la opinión de Tenerife, ya que aseguró que "después de siete meses el Gobierno sigue sin cumplir con sus compromisos".

De esta manera, los trabajadores enviaron un requerimiento al Ministerio de Fomento y el Ministerio de Empleo solicitando información acerca del punto en el que se encuentra el proceso de redacción de este reglamento. "Les daremos un plazo prudente para contestar, pero si no es así, a final de semana nos reuniremos para acordar nuevas movilizaciones", reconoció.

Hay que recordar que el sector ya mantuvo varias jornadas de huelgas en los puertos españoles el año pasado, que paralizaron gran parte de la actividad de los buques de mercancía que llegaban a los muelles de todo el país.

El motivo era forzar a las empresas a que se hicieron cargo del sector, -después de que se aprobase el decreto ley el 18 de mayo en el Congreso-, subrogaran a los 6.000 trabajadores que se empleaban en los puertos del estado, 200 de ellos en el muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Unesco) llegaron a un acuerdo el pasado mes de junio en el que la patronal se comprometía a mantener los puestos de trabajo.

Sin embargo, para continuar con las negociaciones es necesario que el Ejecutivo redacte y publique el reglamento que debe articular el decreto ley. "Esa demora imposibilita que podamos avanzar en las negociaciones del convenio colectivo y específicamente del convenio marco nacional", aclaró Goya, además de todo lo que se refiere a la formación teórica y práctica de los nuevos estibadores.

El representante sindical apuntó que la patronal les ha indicado que "antes de continuar con la negociación hay que conocer las normas del juego y entendemos que tienen razón" y por eso acusan al Ejecutivo comandado por Mariano Rajoy de "bloquear la capacidad negociadora".

Por este motivo, y tras meses de espera, los trabajadores han decidido que retomarán las movilizaciones. "No es la mejor solución, somos un colectivo negociador pero siete meses después esto parece una tomadura de pelo", manifestó el coordinador general.

Goya recordó que el reglamento que desarrollará el decreto ley "fue una salida del ministro de Fomento para poder aprobarlo en el Congreso de los Diputados", ya que relegaba los cambios más polémicos a la redacción posterior. Ya en ese momento el propio Goya afirmó que el nuevo texto daba más potencia a la negociación colectiva, por lo que siguen reclamando que se redacte y publique lo antes posible.

El representante sindical aseguró que la única manera de evitar los paros es que "el Gobierno nos clarifique en qué punto está la elaboración del reglamento, ya que si no hay respuesta nos obligará a movilizarnos". Bajo su punto de vista, el Ejecutivo deberá "trasladarnos el proyecto y un calendario de ejecución y nosotros tener la certeza de que se está realizando".

Goya mantuvo que el Ministerio de Fomento se comprometió el pasado 18 de mayo a tener elaborado el reglamento como máximo en tres meses. "Era una tramitación que nos dijeron que era por la vía de urgencia por lo que en dos meses se podía haber aprobado y publicado", concluyó.

De esta manera, el sector se reunirá para acordar las nuevas movilizaciones y fijar un calendario de paros en todos los puertos del país.

LOS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA CELEBRAN SU TERCERA HUELGA EL 25 DE ENERO

Consuelo Bautista - cadenaser.com

Denuncian recortes continuos en salarios y personal

Protesta de los funcionarios de justicia ->

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Se agudiza el conflicto de la Xunta y los funcionarios de justicia que vuelven a la huelga el próximo 25 de enero en denuncia de los recortes de presupuesto y plantilla, sistemáticos en los últimos años en Galicia. A pesar de manifestaciones sobre avances en la negociación, se ha suspendido un nuevo encuentro sin previo aviso.

Los sindicatos critican la desaparición de 106 plazas de funcionarios desde 2013 y la degradación cada vez mayor del servicio por la falta de medios. En algunos casos hay plazas no consolidadas en precario desde hace 15 años. Irán a la huelga el día 25 de enero.

Denuncian descuentos del 50 por ciento del sueldo por estar enfermos a pesar de presentar bajas firmadas por un médico, una situación que no se produce con funcionarios de otros puntos del Estado o los magistrados.

Durante cuatro años han perdido cinco mil euros por trabajador por los recortes, hasta diez mil en el caso de los médicos forenses. Los recortes de gasto y cuadros de personal lastran continuamente el servicio al ciudadano.

Convocan a los 2.500 funcionarios de la justicia en Galicia a la manifestación el día 25 en Santiago coincidiendo con su tercera huelga.

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES DE AVANZA INTERURBANOS TRAS CUATRO MESES DE HUELGA

actualidadsur.es

Desde que arrancaran las movilizaciones allá por el mes de octubre, el enfrentamiento entre la dirección de la compañía de capital mexicano y los empleados de la misma, lejos de tender a minimizarse, se ha ido agravando y enconando con el tiempo hasta el punto de romper todo tipo de negociación que pueda poner fin a una situación que afecta a miles de vecinos de la zona sur de Madrid.

El último episodio de este ‘tira y afloja’ entre las partes se produjo el pasado 12 de enero, cuando la empresa y el comité de huelga intercambiaron comunicados y acusaciones mutuas que dan una idea de lo enquistado de la situación.

La dirección de la empresa acusaba a los trabajadores de la comisión de actos vandálicos durante el conflicto, y cifraba incluso los daños sufridos durante los cerca de cuatro meses de huelga. El comité de huelga, por su parte, se ha desvinculado de tales acusaciones y ha matizado que la empresa “está intentando lavar su imagen y no encuentra otra formar que verter falacias”. “Volvemos a reiterar nuestra desvinculación de estas actuaciones y aprovechamos para recordar a la empresa que mucho más barato le saldría evitar el conflicto y para ello hay una fórmula magistral: sensibilidad con su plantilla y preocupación por el servicio”, apuntan.

De esta forma, las movilizaciones siguen con una manifestación el día 24 de enero de 10:00 a 11:30 de la mañana, en las puertas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la madrileña Puerta del Sol, para “reivindicar un transporte público digno, seguro y de calidad en la zona sur de Madrid y Corredor de la Sagra”.

Mientras tanto los paros continúan los días 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de enero y los días 1, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de febrero, de 5:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

EL COMITÉ DE HUELGA DE TITANLUX DENUNCIA VULNERACIÓN DE DERECHO DE HUELGA POR PARTE DE LA EMPRESA

El Comité de Huelga de industrias Titán

El pasado día 9 de enero el Comité de huelga de industrias Titán presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo con carácter urgente, por hechos que entiende como una flagrante vulneración del derecho de huelga por parte de los responsables de la dirección de la Empresa.

Los hechos denunciados son la contratación de 15 trabajadores de ETTS, aprovechando el cierre de las instalaciones por vacaciones para dar salida a los retrasos acumulados en la entrega de pedidos a clientes y distribuidores, con la clara intención de contrarrestar los efectos de la huelga, que los trabajadores de dicha empresa venimos realizando desde el mes de noviembre en forma de paros parciales de dos horas por el despido objetivo de más de 70 trabajadores durante el pasado 2017.

Los hechos, que el Comité considera como lesivos del derecho a la huelga (art. 28.2 de la Constitución Española) están tipificados como una de las infracciones más graves que puede realizar un empresario.

El Comité también ha criticado duramente la práctica que, en estos últimos días, tras reanudarse la huelga, la directora del departamento de RRHH viene realizando al dirigirse directamente a los trabajadores para explicar “de primera mano” la situación de la Empresa, y el perjuicio que estos paros pueden generar a la marcha de la misma, en una estrategia que trata de condicionar el seguimiento de la plantilla en los paros convocados para todo el mes de enero.

Si a este hecho le añadimos la denuncia incluida en las demandas de los trabajadores despedidos, en las que se argumenta que la empresa ha realizado un fraude de facto al tratar como despidos individuales lo que claramente son despidos colectivos, lo que venía llamándose anteriormente un ERO encubierto, estaríamos ante un intento continuado de burlar la ley con el fin de eludir los límites tanto en materia de despidos, colectivos como en lo referido al derecho a huelga.

Estas prácticas son consideradas por los miembros del Comité, como verdaderas prácticas antisindicales impropias de una empresa que presume de ser socialmente responsable y de respetar las leyes laborales.

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