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LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS DEBEN ENTREGAR PREVIAMENTE Y POR ESCRITO LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (Sentencia del TS de 14-06-2021) J. G. - diariodesevilla.es El Tribunal Supremo estima un recurso de la Junta y dicta que esta medida debe realizarse incluso en caso de contrataciones realizadas de forma telefónica Ver Sentencia del TS de 14-06-2021 -> https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/42cf026be64fc914/20210622 La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías telefónicas deben facilitar al usuario, con carácter previo y por escrito, las condiciones generales de contratación cuando las mismas hayan sido solicitadas expresamente, aun tratándose de contrataciones realizadas de forma telefónica, y que pueden hacerlo tanto en forma papel como mediante sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico. Consideran los magistrados que así debe interpretarse del artículo 12 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas aprobada por Real Decreto 899/2009, de 12-5, y de otro, de lo previsto en el artículo 97 y en el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por RDL 1/2007, de 16-11, según ha informado el Alto Tribunal. La sentencia estima un recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de 22-5-2019, relativa a una serie de sanciones a la compañía Vodafone. El recurso ante el Supremo se refería sólo a la infracción por no entregar por escrito las condiciones generales de contratación habiendo sido solicitadas, que el TSJA revocó y el Supremo repone. El TSJA vino a aceptar la argumentación de Vodafone sobre la falta de tipicidad de la conducta al entender que la contratación a distancia no exige facilitar al cliente/usuario la información por escrito si la pide. El Supremo expone que el Preámbulo del Real Decreto 899/2009, de 22-5, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario. Indican los magistrados que: “Por ello, aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las condiciones generales de contratación también es cierto, como sostiene la Junta de Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de diversas características”. Así, destaca la sentencia que “si bien los usuarios conocidos como “nativos digitales”, que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados con ella no acontece lo propio con los llamados “inmigrantes digitales”, es decir aquellos usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera telemática”. Por tal razón, conforme a la previsión de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas respecto a la facilitación por escrito de las condiciones generales de contratación previa a su celebración cuando es peticionada, debe accederse a ello sin que altere la naturaleza del futuro contrato la pre-contratación a distancia o telefónica, tal cual regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser sancionada”, explica la sentencia. En ese sentido, recuerda el Supremo que “debe tenerse en consideración que cuando la norma dice 'por escrito' tanto comprende el tradicional formato papel enviado a domicilio, como los más novedosos whatsapp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, SMS, o un correo electrónico. De lo que se trata es de que si el usuario final demanda un texto escrito individualizado lo reciba”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- FALLO DE LA SENTENCIA.- Esta Sala ha decidido: PRIMERO.-Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia de 22-5-2019, del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso administrativo deducido por Vodafone España SAU, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 5-7-2016, en el punto relativo a la sanción por no facilitar por escrito las condiciones generales de contratación habiendo sido solicitadas expresamente declarando nula la sentencia en tal punto y confirmando el Acuerdo del Consejo de Gobierno en la cuantía de la infracción impuesta. SEGUNDO.- Se fija como doctrina la reseñada en el fundamento de derecho SEPTIMO ----------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDAMENTO DE DERECHO SEPTIMO SÉPTIMO.- El marco legal expuesto en el fundamento sexto otorga cobertura a la Administración Autonómica para imponer la sanción cuestionada. La respuesta a la cuestión de interés casacional. El Preámbulo del Real Decreto 899/2009, de 22-5, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario. Por ello aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las condiciones generales de contratación también es cierto, como sostiene la Junta de Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de diversas características. Si bien los usuarios conocidos como "nativos digitales", que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados con ella no acontece lo propio con los llamados "inmigrantes digitales", es decir aquellos usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera telemática. Por tal razón, conforme a la previsión de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas respecto a la facilitación por escrito de las condiciones generales de contratación previa a su celebración cuando es peticionada, debe accederse a ello sin que altere la naturaleza del futuro contrato la pre-contratación a distancia o telefónica, tal cual regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser sancionada. Debe tenerse en consideración que cuando la norma dice "por escrito" tanto comprende el tradicional formato papel enviado a domicilio, como los más novedosos whatsapp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, SMS, o un correo electrónico. De lo que se trata es de que si el usuario final demanda un texto escrito individualizado lo reciba. A la vista de lo argumentando, la respuesta de la cuestión planteada es que resulta necesario facilitar al usuario, con carácter previo y por escrito, que tanto puede ser en formato papel tradicional como sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico, las condiciones generales de contratación, cuando las mismas hayan sido solicitadas expresamente, aun tratándose de contrataciones telefónicas, a la vista de lo establecido, de un lado, en el artículo 12 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas aprobada por Real Decreto 899/2009, de 12-5, y de otro, de lo previsto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por RDL 1/2007, de 16-11. Lo anterior conduce a la estimación del recurso de casación de la Junta de Andalucía anulando la sentencia de instancia en el pronunciamiento relativo a falta de tipicidad de la conducta consistente en no facilitar por escrito las condiciones generales de contratación, habiendo sido solicitadas expresamente, por lo que se confirma la tipicidad de dicha conducta declarada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5-7-2016, que se declara conforme a Derecho por lo que, en consecuencia, se desestima el recurso contencioso administrativo en tal punto lo que conduce a la confirmación de la cuantía de la sanción originariamente impuesta por tal infracción. |
