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EL CONSEJO DE EUROPA CONTRA LA “LEY MORDAZA” Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) Pide al Congreso español que en su revisión se garantice la libertad de expresión, así como la no devolución ni expulsiones colectivas de personas en busca de asilo. En una carta dirigida a los presidentes del Congreso y del Senado españoles difundida el 23 de noviembre, Dunja Mijatovic, comisionada para los derechos humanos del Consejo de Europa, insta al Parlamento Español a garantizar que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (Ley Mordaza), elimine las posibilidades de una interferencia desproporcionada con los derechos a la libertad de expresión. Al dar la bienvenida a esa revisión, la Comisionada expresa su preocupación por el impacto negativo que esta ley ha tenido en el disfrute de los derechos humanos. Escribe que: "La redacción amplia e imprecisa de la Ley en su conjunto otorga un amplio margen de discreción a las fuerzas del orden público para interpretarla y, por lo tanto, permite limitaciones arbitrarias y desproporcionadas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, según lo protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos". La Comisionada subraya que la aplicación de la ley ha dado lugar a sanciones impuestas por motivos poco claros, sanciones contra periodistas que filman a las fuerzas del orden público y una gran cantidad de multas, a veces pesadas, impuestas a personas que participan en manifestaciones pacíficas y otras reuniones públicas. También expresa su preocupación por la posibilidad de imponer sanciones a las personas que convocan manifestaciones no notificadas y el hecho de que la ley permita imponer multas elevadas en caso de desórdenes públicos en el contexto de manifestaciones llevadas a cabo en las cercanías del Congreso. En lo que respecta a la parte de la Ley que introdujo disposiciones especiales con respecto a los extranjeros que ingresan a Ceuta y Melilla, Dunja Mijatovic subraya que "estas enmiendas a la Ley de extranjería no brindan garantías claras contra la devolución y las expulsiones colectivas, así como garantías adecuadas para el derecho de toda persona en busca de asilo, independientemente de la forma en que lleguen a territorio español. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que se imponga a las autoridades la obligación de proporcionar sin demora a la Guardia Civil una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla". |
