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DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


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DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres, para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de la violación sistemática de los derechos de las mujeres en todo el mundo decidió en 1999 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.

Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración del Gobierno:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo, una violencia que constituye una grave violación de sus derechos y libertades fundamentales. Mientras exista una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que obstaculice la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres, no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática.

En este año 2018, en el que conmemoramos el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española, queremos recordar que la Constitución promueve y crea el marco que permite construir el camino hacia la igualdad de las mujeres y los hombres a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad en el artículo 14 y de la obligación impuesta a los poderes públicos, en el artículo 9, para garantizar las condiciones en que esta igualdad sea real y efectiva. El desarrollo legislativo de la igualdad por razón de sexo está plasmado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22-3, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de las que impulsamos medidas y actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres.

Combatir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad del Gobierno que ha convertido estos objetivos en uno de los ejes vertebrales de su acción y de su política exterior de derechos humanos, en línea con los compromisos asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2-9-2015, concretados en el "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", aprobado por El Consejo de Ministros de 29-6-2018. Así como de las obligaciones establecidas en el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en 2014. En este contexto, España apoya los mecanismos internacionales de lucha contra la violencia contra la mujer, entre ellos, el mandato de la relatora Especial de Violencia contra la Mujer.

La violencia de género se ha cobrado en nuestro país la vida de 972 mujeres desde el año 2003, 44 de ellas en 2018, y de 27 menores desde el año 2013, a quienes queremos rendir un sentido recuerdo. Estas cifras ponen de manifiesto la situación trágica a la que nos enfrentamos, una situación ante la cual la sociedad, las instituciones, y los y las responsables políticos no pueden permanecer impasibles. Por ello, es nuestra responsabilidad garantizar una respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos con el objetivo de asegurar la mejor atención a las víctimas, el rechazo absoluto hacia las actitudes violentas y la condena de los maltratadores. Para ello es necesario disponer de todos los instrumentos con los que cuentan el conjunto de las administraciones públicas del Estado y sumar los esfuerzos de los agentes económicos y sociales, de las asociaciones de mujeres, de los medios de comunicación, en resumen, del conjunto de la sociedad.

Muestra de ello es la aprobación en septiembre de 2017, en el seno del Congreso y del Senado, sedes de la soberanía popular, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto ha dotado a España de un instrumento excepcional para poder afrontar juntos el reto de lograr la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto la que se produce en el ámbito de las relaciones de afectividad, como de la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, entre otras.

Un Pacto que cuenta con el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas y representa la esperanza de un país en ser cada día mejor. Mejor en la prevención, mejor también en la respuesta, en la protección y en la solidaridad, no solamente con las mujeres objeto de violencia en cada una de sus variables, sino también con las víctimas que estos asesinatos dejan como rastro y que afectan de manera principal a sus familias y particularmente a sus hijos e hijas.

Desde la aprobación del Pacto de Estado y también como consecuencia de la ratificación por España del Convenio de Estambul, el Gobierno está concentrando sus esfuerzos en la revisión y adaptación del ordenamiento jurídico a los compromisos asumidos para mejorar la respuesta que desde las Instituciones se presta a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres y para mejorar e incrementar los mecanismos de prevención, detección y protección. Fruto de este compromiso es la aprobación, el 3 de agosto, del Real Decreto-ley 9/2018, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que acomete algunas de las reformas más inaplazables en relación con la asistencia a las víctimas. Entre las medidas aprobadas destaca la recuperación de las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género por parte de los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas, y la aportación de fondos económicos para contribuir a su desarrollo.

Junto a las reformas legislativas, el Pacto se acompaña de un importante compromiso económico que va a permitir a todas las Administraciones involucradas, entre ellas, las CC.AA. y las Entidades Locales, acometer las actuaciones de prevención de la violencia y de asistencia a las víctimas que tienen encomendadas.

Este Gobierno en colaboración y coordinación con todas las administraciones públicas y poderes del Estado, así como con las organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado su firme compromiso en la implementación de las medidas acordadas en el Pacto como prioridad en el desarrollo de sus políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que éstas confían son fundamentales para minimizar los riesgos de victimización secundaria tan frecuente en los casos de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual.

Uno de los ejes de actuación en los que más insiste el Pacto de Estado, y que ya se está implementando, es el impulso de la formación multidisciplinar de los y las profesionales que atienden y asisten a las víctimas. Para ofrecer a las víctimas de cualquier forma de violencia la mejor asistencia posible es necesario impulsar la formación especializada de los y las profesionales que intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas. Para ello es preciso promover la formación con perspectiva de género de todos los profesionales implicados, desde los profesionales de la administración de Justicia, pasando por el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta el personal de los servicios sociales, sanitarios, y el personal docente, entre otros.

El Pacto también nos insta a mejorar en el conocimiento, el seguimiento estadístico y la investigación sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres para poder abordar de forma más eficaz las políticas públicas de prevención, apoyo y protección, teniendo en cuenta cuestiones como la edad, la discapacidad, la situación de extranjería, la incidencia en el mundo rural, o el impacto de la violencia sobre las hijas e hijos de las víctimas.

Necesitamos seguir avanzando en la conciencia de una sociedad en la que el machismo llega hasta el extremo de asesinar a las mujeres. España es un país pionero en la lucha contra la violencia de género y un referente a nivel mundial, que ha enseñado a otros que la única manera de atajar la violencia contra las mujeres es hacerla aflorar, que la sociedad la conozca, no la calle ni la oculte en el ámbito privado o de las relaciones personales. La mejor manera de erradicar la violencia sobre las mujeres es enfrentarse a ella, romper los silencios cómplices, y lograr el rechazo unánime de la sociedad ante las actitudes violentas y discriminatorias.

Para ello es fundamental incidir en el ámbito educativo, fomentando que, desde el inicio de la formación, nuestros niños y niñas, entiendan que la igualdad y el respeto a la diversidad, están en el centro de nuestras libertades y de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es importante que eduquemos con responsabilidad, porque es ahí donde trazamos a los hombres y a las mujeres del futuro, conscientes del cuál es su identidad, de cuáles son sus derechos y respetuosos los unos con los otros.

Asimismo, para el logro de una sociedad plenamente igualitaria, resulta esencial la contribución activa de los medios de comunicación. La construcción de una conciencia social que rechace cualquier forma de violencia contra la mujer, y apoye inequívocamente a quienes la sufren, tiene que contar con los medios. Para ello, desde el respecto a las normas deontológicas y de autorregulación, es fundamental continuar informando acerca de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo evitando estereotipos, y sensacionalismos y promoviendo una opinión pública que sea consciente y beligerante con la violencia de género, la más extrema y cruel manifestación de discriminación contra la mujer.

Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso de seguir avanzando, desde la unidad, la lealtad y el consenso alcanzados en el Pacto de Estado, en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones a través del establecimiento de las todas medidas legales y de cualquier otra índole necesarias para erradicarla, apoyar a las víctimas, y garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres, desde el convencimiento de que sin la libertad y la seguridad de las mujeres no es posible la construcción de una sociedad plenamente democrática".