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LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DEL GOBIERNO EN ECONOMÍA


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LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DEL GOBIERNO EN ECONOMÍA

C. Lafraya / A. Rodríguez de Paz - La Vanguardia

LOS RETOS DEL NUEVO EJECUTIVO

Los ministerios del área económica afrontan cuestiones que afectan directamente al presupuesto de los hogares

Los siete ministerios del área económica deberán actuar con rapidez. Tienen sobre la mesa cuestiones que afectan de manera directa a los presupuestos de los hogares y sobre las cuales se han manifestado en una dirección u otra. Entre las cuestiones pendientes destacan la modificación, de manera cosmética o más profunda, de la reforma laboral, las alzas en las pensiones, o las políticas que afectan a la factura eléctrica.

Todo ello en el contexto del compromiso dado por el nuevo presidente, Pedro Sánchez, de mantener los presupuestos elaborados por el Partido Popular para el 2018.

El PSOE deberá intervenir con precisión para no contravenir los pactos asumidos ante Bruselas. Estos son los puntos que integran la agenda más inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez:

Reforma laboral.- Expectativas sindicales, prevención en la patronal

Ya. La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado que comenzará a negociar con patronal y sindicatos cambios en la controvertida reforma laboral del 2012 de forma inmediata. Una oferta que los empresarios afrontan con prevención y las fuerzas sindicales, con elevadas expectativas. Pero ya no se habla de derogación.

Las limitaciones de este Gobierno le empujan a tratar de abordar modificaciones quirúrgicas, para eliminar aspectos que vincula a la precariedad y la rebaja salarial de los últimos años. Entre ellos, por ejemplo, la prioridad del convenio de empresa. Ahora es el momento de poner sobre la mesa iniciativas socialistas que han tenido buena acogida en el Parlamento, como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para atacar la devaluación de las condiciones de trabajo que sufren los empleados de subcontratas y las kellys. O la obligación de un registro horario de la jornada, con el que poner coto al abuso de la contratación parcial y de las horas extras no pagadas o pagadas en negro.

Autopistas quebradas.- Las concesionarias, a la espera de un cambio de rumbo

El nuevo ministro de Fomento es también el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Entre sus responsabilidades está el saber cómo invierte los 8.500 millones de euros que recogen los presupuestos para el 2018. Pero su decisión más inmediata será sobre las autopistas quebradas, las autopistas radiales de Madrid. En concreto, sobre si las vuelve a licitar o no.

La decisión es importante. De ella depende la magnitud de las pérdidas que deberá asumir el Gobierno en virtud de la denominada responsabilidad patrimonial de la administración, y que oscila entre los 2.000 y los 5.000 millones de euros, según qué organismo realice los cálculos.

Fomento también tendrá que tomar una decisión firme sobre las autopistas de peaje cuyas concesiones vencen durante estos dos años. Levantar los peajes e implantar la gratuidad, dada su amortización, implica que la administración asuma el coste de su conservación. Sólo el mantenimiento de las concesiones de Acesa, Aumar y AP1, cuyos contratos vencen los tres próximos años, cuesta alrededor de 450 millones de euros, según fuentes de la patronal constructora, Seopan.

Pensiones.- El pacto de Toledo tiene que consensuar un rumbo

La subida anual de las pensiones le estalló en la cara al Gobierno saliente. Ahora Valerio debe comandar una vía para desactivar esta sensible preocupación social, sin poner en peligro la viabilidad de unas arcas de la Seguridad Social con 18.000 millones de déficit.

El PSOE ha hecho bandera de tumbar la reforma del PP del 2013, acabando con una fórmula de actualización que condenaba a los pensionistas a tener su prestación semicongelada durante décadas y con el factor de sostenibilidad que iría reduciendo la cuantía para los nuevos jubilados. Parte del camino está hecho (los presupuestos de Montoro acordados con el PNV recogen subidas en línea con el IPC y el retraso del factor de sostenibilidad), pero la comisión del pacto de Toledo tiene que consensuar un rumbo claro para los próximos años.

Y, mientras los partidos de izquierda plantean una vuelta automática al IPC, el resto se inclina por restringir el blindaje solo a las pensiones más bajas en épocas de crisis. Asimismo, tienen que buscar fórmulas para obtener más ingresos, en buena parte por la vía de los impuestos (subida de tipos o de nueva creación). Porque las medidas de mejora de las pensiones tienen un alto precio para una sociedad en progresivo envejecimiento.

Bankia.- Vender el banco nacionalizado o pedir una prórroga a la UE

La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, debe determinar qué se hace con la participación del 61% que el estado mantiene en el capital de Bankia a través del FROB. La cotización de la entidad financiera, el pasado viernes, se encontraba en los 3,35 euros, un valor que imposibilita llevar a cabo una colocación porque se haría a pérdidas. Se culparía al nuevo Gobierno el malvender el banco y no recuperar los 22.000 millones de euros que se le inyectaron.

Podemos presionará al PSOE para que a través de Bankia se promueva la banca pública, pero esa hipótesis recibiría el rechazo frontal del actual presidente de la entidad nacionalizada, José Ignacio Goirigolzarri. Calviño siempre tiene la opción de solicitar a Bruselas que se alargue el plazo que se concedió para su privatización más allá de finales del próximo año. En eso la ministra de Economía no debería tener problemas si consigue el visto bueno de la Comisión.

Pero supondría pasar la patata caliente al próximo Gobierno. En la agenda de la ministra de Economía está también el Banco de España. Por primera vez en muchos años, el PP rompió la política de consensuar el nombramiento del presidente de la institución y nombró a Pablo Hernández de Cos unas horas antes de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy. Está pendiente el nombramiento del subgobernador, algo que compete a Hernández de Cos, pero este deberá ser el primer interesado en consensuar con Calviño el nombre de su número dos.

Déficit.- La herencia más controvertida de Cristóbal Montoro

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hereda la patata caliente de lograr que este año las administraciones se ciñan al objetivo de déficit del 2,2% comprometido con Bruselas. Todo un reto si se tiene en cuenta que ni la Comisión Europea, ni la Airef confiaban en que los cálculos de Cristóbal Montoro acabaran cuadrando.

Las últimas estimaciones de la Autoridad Fiscal hablan de una desviación de casi 5.000 millones de euros, porque consideran que están infraestimado el gasto por la subida de los salarios de los funcionarios y de las pensiones. Paradójicamente, el nuevo equipo económico está llamado a comandar la salida de España del procedimiento por déficit excesivo –un club actualmente con un solo miembro-, porque no hay dudas de que estará por debajo del 3%.

Sin embargo, instituciones como el Banco de España o la Airef ya han recordado que abandonar el pelotón de los torpes implica obligaciones fiscales más exigentes. En este juego de equilibrios también hay que añadir otras incógnitas: ¿será posible introducir mejoras sociales con el presupuesto que aún están en el Senado? ¿Se desarrollará la tasa Google?

Energía.- En juego más de 50.000 millones para las empresas

La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, ya ha manifestado que va a derogar la normativa sobre el llamado impuesto al sol (unos 200 millones al año), que fomentará las energías renovables y dará los primeros pasos para la desaparición del carbón y las nucleares del mix energético.

Pero su antecesor en el ministerio, Álvaro Nadal, deja asuntos pendientes por un valor de más de 50.000 millones de euros para el sector.La revisión de los costes regulados en el sector eléctrico (la normativa vence en el 2019), supone más de 20.000 millones.

El cierre de las nucleares tiene un sobrecoste de 6.000 millones que las compañías  no quieren asumir. El informe de los expertos incluye también una revisión por 18.000 millones en fiscalidad del sector eléctrico que se quiere traspasar a las petroleras. Alguna de ellas ya ha advertido al Ejecutivo que, según cómo se apliquen esos impuestos, repercutirán su coste a los consumidores.

Financiación autonómica.- Convocar a las autonomías para analizar nuevos repartos

El actual modelo de reparto de los recursos para las comunidades autónomas se comenzó a aplicar en el 2009 y debía revisarse cinco años después. El tradicional descontento de las autonomías abrió de nuevo el melón sobre la mejora del modelo en un proceso sucesivamente postergado.

Ahora María Jesús Montero tiene la misión de desencallarlo. Conoce bien el debate sobre la reforma porque ha participado en él como consejera de Andalucía. Desde esa posición, llegó a cifrar en 16.000 millones de euros los recursos adicionales necesarios para reequilibrar el sistema cuyo volumen supera los 100.000 millones de euros y que ha de sufragar servicios clave como la educación y la sanidad.

A su favor, el trabajo técnico ya realizado (incluido el informe de un comité de expertos) y el importante peso de las autonomías de órbita socialista. La nueva ministra ha de negociar con los distintos territorios y concretar qué parte del plan Montoro hará suyos. Catalunya está ausente por voluntad propia de estas negociaciones.

Presupuestos 2019.- Pisar el acelerador para mandar las cuentas a Bruselas

La falta de apoyos políticos sólidos también convierte en titánico el reto de sacar adelante unos presupuestos para el 2019. El primer escollo, es el techo de gasto, que esperan tener cerrado antes de mediados de julio. Después tendrán que ir negociando las distintas partidas de unas cuentas a las que se han comprometido a dar un cariz más social. Nueva subida de pensiones, más gasto en sanidad, educación o ciencia…

Si se tienen en cuenta los planes de los últimos meses del equipo de Sánchez, este giro presupuestario pasa necesariamente por aumentar los ingresos y, por tanto, los impuestos. Desde el primer momento tanto María Jesús Montero como la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se han mostrado dispuestas a hacer cambios en el sistema tributario.

Hasta hace unos días el PSOE había defendido que, para llevar hasta 30.000 millones de euros más a las arcas de la Agencia Tributaria, era necesario aplicar un impuesto a la banca (se ha hablado de un recargo complementario del 8% al de sociedades) y aumentar la presión fiscal a las rentas más altas.

El PSOE tampoco descartaba crear una tasa a determinadas transacciones financieras, medida que contaba con opositores como el gobernador saliente, Luis María Linde.

El ministro saliente Cristóbal Montoro pasará a la historia como el ministro que más presupuestos ha diseñado en democracia. En su haber está que los presupuestos del 2018, por él activados, deberá aplicarlos el partido que inicialmente los rechazó en el Congreso.

Queda por ver las enmiendas que pretende introducir el Partido Popular en el Senado y si estas afectarán a los compromisos asumidos en su día con el PNV.