PRORROGA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE UCRANIA

EL CONSEJO DE MINISTROS PRORROGA LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE UCRANIA

Resumen de la Rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros de 27-06-2023

El Ejecutivo ha extendido hasta el 31 de diciembre:

- la rebaja del IVA de alimentos básicos

- las ayudas para la bonificación del transporte público

- la suspensión de desahucios de familias vulnerables

Además, ha puesto en marcha la nueva línea de avales ICO para la adquisición de vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas aplicables en la segunda mitad del año para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania.

Se trata del séptimo paquete de iniciativas con esta finalidad y estas actuaciones "están siendo muy eficaces para bajar la inflación y apoyar a las familias y las empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo".

Ante la evolución de la guerra, el Gobierno:

- ha prorrogado las principales medidas de apoyo a los colectivos y los sectores más afectados por el alza de los precios

- ha traspuesto diversas directivas europeas

- ha adoptado iniciativas adicionales para desplegar proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Prórroga de medidas de apoyo y protección de los más vulnerables

Entre las actuaciones que se amplían hasta el 31 de diciembre, figuran:

- la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes y los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible

- la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos y la bajada al 5% para aceites y pastas alimenticias

- las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales y agricultores y ganaderos (la bonificación será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año).

Además, se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y, por tanto, no se benefician de esa bonificación, así como para los servicios de transporte marítimo de interés público.

También se prorrogan varias de las medidas en materia energética y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano.

Igualmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social y en los ámbitos laboral e hipotecario.

Este conjunto de actuaciones movilizará 3.800 millones de euros adicionales, entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, los 7 paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra.

Junto a estas medidas con impacto fiscal, se refuerza la protección de colectivos vulnerables, ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía en empresas que reciban ayudas públicas. Además, se adopta el "derecho al olvido oncológico" de las personas que han padecido un cáncer en la contratación de cualquier producto, financiero o no, transcurridos 5 años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior.

Trasposición de directivas y regulación de las licencias de VTC

Un segundo grupo de medidas aprobadas traspone directivas ya vencidas o adapta el marco normativo español a sentencias comunitarias.

El objetivo es incorporar las directivas sobre:

- modificaciones estructurales de sociedades mercantiles

- conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores

- lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea

- y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras.

Además, el Ejecutivo ha adaptado el régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año. Las principales novedades, consisten en:

- exigir que el titular de la autorización para VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un período superior a 3 meses

- aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2

- apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, con requisitos de calidad también más exigentes

- otorgar nuevas herramientas a CC.AA. y entidades locales para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros atendiendo a consideraciones de buen funcionamiento, gestión del tráfico y medioambientales.

Avales para la compra de la primera vivienda e incentivos fiscales

Un tercer apartado engloba iniciativas urgentes para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas financiados con los fondos europeos 'Next Generation'. Entre ellas:

- la puesta en marcha de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los jóvenes menores de 35 años y las familias con menores a su cargo a pagar la entrada de su primera vivienda

- medidas para facilitar las inversiones del proyecto estratégico relacionado con los semiconductores y los microprocesadores

- la modificación de la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dando certidumbre a las empresas sobre cómo acreditar el cumplimiento de los plazos de pago y, por tanto, cómo acceder a los programas de ayuda y contratos públicos

- medidas para estabilizar el empleo público y retrasar la obligación de cotización para los contratos en prácticas.

Se prevén 2 nuevas deducciones del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. El máximo de la deducción que se podrá aplicar desde el momento de la adquisición del vehículo será de 20.000 euros.

En el ámbito del Impuesto de Sociedades se incorpora un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, y se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga de hasta 3 megavatios, frente a los 250 kilovatios actuales.

Además, se introduce la figura de las comunidades de energías renovables y se extiende 6 meses el plazo para que los proyectos de energías renovables en tramitación obtengan la autorización de construcción.