EL CONGRESO REVITALIZA EL PACTO DE TOLEDO PARA EVITAR LA QUIEBRA DEL SISTEMA

EL CONGRESO REVITALIZA EL PACTO DE TOLEDO PARA EVITAR LA QUIEBRA DEL SISTEMA

EFE - Madrid

El Congreso ha decidido revitalizar la Comisión del Pacto de Toledo y darle un carácter permanente en esta legislatura, ya que en 2016 deberá emitir nuevas recomendaciones sobre el sistema público de pensiones, tal y como hace cada 5 años, en un momento en el que está en cuestión su viabilidad.

El primer pleno de la XI Legislatura aprobó por unanimidad otorgar carácter permanente a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, nacida el 6-4-1995 a través de una iniciativa del entonces grupo parlamentario de Convergencia i Unió (CiU).

Su objetivo: "el análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse" sigue vigente y la mayoría del arco parlamentario apuesta por abordar en los próximos cuatro años temas fundamentales como la sostenibilidad del Fondo de Reserva o la garantía de mantener el poder adquisitivo a los pensionistas.

El recién estrenado presidente de la Comisión, el exmagistrado y diputado de Podemos, Juan Pedro Yllanes señala a EFE:

Yllanes resalta que el gasto público en pensiones es una de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado y confía en que en esta legislatura prime el "consenso".

Un diálogo reclamado por la mayoría de los partidos políticos que aprobaron instar al Ejecutivo a retomar el acuerdo para debatir el futuro y la viabilidad del sistema de previsión social.

El portavoz de Democracia i Libertad (DiL), Carles Campuzano resalta:

El diputado catalán afirma a EFE que lo más urgente es garantizar que el Fondo de Reserva "no se toque" ante la previsión de que "entre en batalla en la próxima década".

En el mismo sentido, se pronuncian los portavoces del PSOE y de Ciudadanos en esta comisión, Francisco Hernández y Sergio del Campo, que coinciden en que hay datos preocupantes que señalan que de no actuar el sistema se puede quebrar.

Del Campo incide en la "delicada" situación financiera de la Seguridad Social y pone el acento en una nueva reforma laboral que garantice contratos y cotizaciones.

"Sin carreras laborales dignas, no hay pensiones dignas", añade, al mismo tiempo que Hernández afirma que "es fundamental lograr el consenso entre todos los grupos parlamentarios y el PSOE hará un esfuerzo".

Yllanes, por su parte, augura máxima colaboración con la Comisión de Empleo y Seguridad Social, que sí tiene capacidad para hacer leyes, al mismo tiempo que indica que el Pacto de Toledo debe abrir el debate sobre el índice de revalorización de las pensiones desligado actualmente del IPC.

En 2016 toca revisar las últimas recomendaciones emitidas por el Pacto de Toledo en 2011 incluida la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años que aprobó el PSOE y que debería estar implementada definitivamente en 2027.

"Todo es negociable", asevera el diputado de Podemos, que recuerda que precisamente él procede de un colectivo donde la jubilación es a los 70 años y prorrogable hasta los 72.

El primer debate en la Comisión del Pacto de Toledo está previsto para principios de abril, una vez hayan recibido los dos informes sobre Seguridad Social y Fondo de Reserva, que enviará la Secretaria de Estado de la Seguridad Social antes que finalice marzo.

Campuzano avanza que su grupo rescatará en esta legislatura iniciativas que se han paralizado durante el gobierno del PP, como la mejora de la base reguladora de la pensión de viudedad hasta alcanzar el objetivo del 60 % o la consideración de tiempos del servicio militar como periodos cotizados a efectos de pensión. Incide:

El portavoz socialista recuerda que el Pacto de Toledo es un "gran éxito democrático" que se produjo hace 20 años y el de Ciudadanos afirma que "es una garantía fundamental de que, gobierne quien gobierne, las pensiones estarán aseguradas".

El portavoz de DiL rememora que su grupo, además, se siente "corresponsable" con el nacimiento de esta Comisión y explica:

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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO

Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el dialogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En el año 1995, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el «Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que debían acometerse», más conocido como «Pacto de Toledo». Un Acuerdo en virtud del cual todos los grupos parlamentarios adquirían un compromiso sólido con el mantenimiento y consolidación del sistema de la Seguridad Social, dejando de lado las diferencias partidistas. Acuerdo político que se articula desde 1999 en la Comisión, primero no permanente, de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

A partir del Pacto de Toledo y de sus recomendaciones, el Congreso de los Diputados acordó, casi de forma unánime, los principios básicos de evolución del sistema de la Seguridad Social, con especial incidencia en el ámbito de las pensiones públicas, con un triple objetivo: en primer lugar, reafirmar la vigencia de un sistema de Seguridad Social, basado en los principios de solidaridad intergeneracional, contribución y equidad, que combina las modalidades contributivas y no contributivas y adecua su estructura financiera a la naturaleza de las diferentes prestaciones; su segundo objetivo es mantener la suficiencia de la pensiones, garantizando en todo momento el mantenimiento de su poder adquisitivo; y, por último, fortalecer la seguridad y la viabilidad del sistema de Seguridad Social, a través de su constante adecuación a los continuos cambios sociales y económicos. Todo ello en un contexto de consenso político y de diálogo social.

En el desarrollo del Pacto de Toledo, y previo el Acuerdo social de 1996, la Ley 24/1997, de 15-7, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, llevó al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, parte de las medidas contenidas en las recomendaciones del Pacto. En años sucesivos, el Pacto de Toledo fue renovado en dos ocasiones, 2003 y 2011.

A la renovación del Pacto de Toledo de 2003, le siguió el Acuerdo social de 13-7-2006, y, en base a sus contenidos, la Ley 40/2007, de 4-12, de medidas en materia de Seguridad Social. O, tras la renovación de 25-1-2011, prosiguió el Acuerdo social y económico, de 2-2-2011, y la Ley 27/2011, de 1-8, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Frente a las actuaciones seguidas en el período descrito, que coadyuvaron a un fuerte desarrollo del sistema de la Seguridad Social, a una mejora del poder de compra de las pensiones, a una mayor legitimación social del sistema y a un fortalecimiento de sus elementos básicos, la actuación seguida por el Gobierno del Partido Popular en la pasada Legislatura ha implicado una grave ruptura de los consensos políticos y sociales anteriores, mediante la adopción de medidas de forma unilateral, que han supuesto, además, un fuerte deterioro de la viabilidad del sistema de pensiones, mediante la merma intencionada de sus ingresos, así como un empobrecimiento real de la cuantía de las pensiones, con mayor incidencia en las pensiones de importes más reducidos.

Sin ánimo de exhaustividad, como causas de la situación en que se encuentra el sistema de Seguridad Social y del empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas, pueden citarse las siguientes:

a) Las políticas del Partido Popular con respecto a los jubilados han supuesto un recorte importante fundamentalmente por el copago sanitario, ya que si el Gobierno, en los años 2014,2015 y 2016 ha dedicado a la revalorización de las pensiones unos 200 millones de euros por año, los pensionistas han tenido que pagar, en concepto de copago de los medicamentos, más de 800 millones cada año. Tales son los efectos, en esta materia, de la Ley 23/2013, de 23-12, respecto del nuevo índice de actualización de las pensiones, combinada con la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, respecto del pago por los pensionistas de parte (o de todo) del precio de los medicamentos.

b) Además, el Gobierno del Partido Popular no ha respetado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ya que en 2012, de forma sorpresiva y sin acudir previamente al Parlamento, suspendió la aplicación de recuperación del poder compra de las pensiones, que supuso detraer de los pensionistas más de 1.800 millones de euros, suspensión que se transformó en eliminación tras la entrada en vigor de la Ley 23/2013.

c) Asimismo, y como consecuencia del establecimiento del factor de sostenibilidad, a través de la Ley 23/2013, adoptada de forma unilateral por el Gobierno y al margen de los contenidos pactados en la materia en la Ley 27/2011, a los futuros pensionistas los recortes se extenderán a su pensión inicial y será para toda la vida del pensionista, sin que pueda hacer nada para cambiar esta situación.

d) Ha empeorado fuertemente las expectativas de derecho a pensión de los trabajadores de más edad, que son arrojados del mercado de trabajo a partir de los 50 años, ya que el Partido Popular procedió a suprimir el subsidio para mayores de 52 años, dificultando el acceso a este subsidio a los mayores de 55 años ya que se les imputa las rentas familiares. Además, ha reducido la cotización durante el desempleo para los desempleados mayores de 52 años en un 20 por 100, al eliminar la cotización por el 125% de la base mínima que pactaron el Gobierno socialista y los agentes sociales en 2007.

A mayor abundamiento, las políticas del Partido Popular obligan a estos desempleados a jubilarse anticipadamente ya que el subsidio se extingue cuando se llega a la edad de acceso a cualquier tipo de jubilación, aun cuando pudieran seguir cotizando, lo que reduce la cuantía de la pensión.

e) Frente a los compromisos pactados en 2011 y que se recogieron en la Ley 27/2011, el Partido Popular ha endurecido (Real Decreto-ley 5/2013) las condiciones de la jubilación anticipada a los 61 años o a los 63 años. Y ha rebajado la cuantía para la integración de lagunas de cotización.

f) El Gobierno del Partido Popular en sus informes ante los organismos de la Unión Europea ha venido presumiendo de recortar el gasto en pensiones en tres puntos del PIB como consecuencia del factor de sostenibilidad, mientras engañan a los pensionistas asegurándoles que nunca sus pensiones tendrán merma retributiva, y ello cuando los incrementos suponen prácticamente en una congelación constante de las pensiones.

Pero, además, toda esa política de recortes ha venido acompañada de una decidida actuación de deprimir los ingresos de la Seguridad Social, mediante la congelación del salario mínimo, lo que ha tenido su traslación a las bases mínimas de cotización, la reducción de los salarios (con su directa traslación a las bases de cotización de los trabajadores) o el establecimiento de «tarifas planas» u otras medidas de minoración de las cotizaciones sociales, que es asumida exclusivamente por la Seguridad Social, pues esa minoración no es compensada desde el Presupuesto del Estado, conforme a las orientaciones del Pacto de Toledo (en cualquiera de sus renovaciones) y a las tesis defendidas en dicho Pacto por los representantes del Partido Popular. De ahí que, a pesar de las proclamas gubernamentales sobre el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social en la legislatura —más de 500.000— sin embargo el volumen de las cotizaciones sociales prácticamente se ha congelado en la legislatura, frente al crecimiento de los gastos.

Esta situación ha motivado que, por primera vez en democracia, nuestro sistema de pensiones haya presentada déficit durante los cuatro años de Legislatura, alrededor de 15.000 millones de euros al cierre de 2015. Déficit que ha provocado que el Gobierno del Partido Popular haya hecho uso de forma masiva de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que prácticamente se ha reducido a principios de 2016 a un 50% del importe existente en la fecha en que dicho partido asumió las responsabilidades del Gobierno, a finales de 2011.

No es de extrañar, en esta coyuntura, que hayan arreciado las voces sobre la «próxima quiebra» del sistema de pensiones de la Seguridad Social, y la necesidad de complementar las mismas con sistemas complementarios, los cuales difícilmente puede ser suscritos por la gran mayoría de la población trabajadora, dada la fuerte depreciación salarial y el gran incremento de la contratación temporal. Todo lo cual podría ser un «caldo de cultivo» propicio para, en un futuro, ir situando el sistema obligatorio de pensiones en la gestión privada.

Por todo ello, se hace necesario recuperar el consenso parlamentario sobre la vigencia del sistema público de Seguridad Social, la defensa de la suficiencia de las pensiones, el fortalecimiento de la viabilidad de las pensiones, estableciendo, a través de los cauces que se previeron en la Ley 27/2011, fuentes alternativas y complementarias de financiación, en un marco de pacto social y económico con los interlocutores sociales. En definitiva, se trata de volver a situar el sistema de la Seguridad Social como una de las señas básicas de identidad de la ciudadanía española y como un baluarte en la protección social colectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley