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REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Resumen de la Rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros de 11-02-2025 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado el anteproyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que blinda el sistema de dependencia y lo proyecta para atender a más personas. La norma volverá próximamente al Consejo de Ministros, que la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. El objetivo es "avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en su domicilio, en su barrio, en su pueblo, en sus ciudades y en su entorno durante todo el tiempo que deseen, con los apoyos y los servicios necesarios para poder mantener niveles de bienestar y de calidad dentro de un sistema de provisión de cuidados público y universal". Una de las principales novedades es la eliminación del: - régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y - plazo suspensivo de 2 años de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Aprobación de nuevos derechos La futura ley recogerá cambios normativos para garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y ampliará el catálogo de servicios a los que pueden optar. El ministro ha avanzado que reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio: "Queremos que haya una cobertura universal de la teleasistencia garantizada en todo el Estado y se consagra también el derecho exigible a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución". En este sentido, la reforma de la ley de discapacidad incluye medidas para concretar ese derecho a la accesibilidad, como la creación de un fondo estatal que financiará las actuaciones necesarias para que todos los espacios y servicios públicos sean accesibles. En cuanto al ámbito privado, la norma incorpora una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones a acometer obras de accesibilidad en edificios y viviendas. Ampliación del catálogo de prestaciones Pablo Bustinduy ha anunciado que el texto amplía el ámbito de la ayuda a domicilio para incorporar actividades de la vida cotidiana que hasta ahora no están cubiertas, como acompañar a la persona dependiente al médico, al centro de día o hacerle la compra. También incorpora la posibilidad de organizar colectivamente los servicios de ayuda a domicilio a personas que convivan en la misma vivienda, en viviendas colaborativas ("cohousing") o en zonas rurales. El ministro también ha indicado que se incorpora la asistencia personal como un servicio dentro del catálogo y no solo como una prestación económica, como existía hasta ahora. Y se amplían las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar para que no solo los familiares, sino también personas allegadas, convivientes o vecinos que asuman las tareas de cuidados de una persona en situación de dependencia puedan ser beneficiarias de estas prestaciones. Agilización administrativa y lucha contra la discriminación La reforma simplificará algunos trámites administrativos con el propósito de agilizar los procedimientos para solicitar las prestaciones y establecerá una pasarela directa para que las personas a quienes se conceda cualquier grado de dependencia sean reconocidas con un grado de discapacidad del 33%. Bustinduy también ha incidido en que se incluyen medidas para luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, por ejemplo, en la contratación de seguros y para evitar que las nuevas tecnologías desarrollen sesgos discriminatorios hacia estas personas. Esfuerzo de financiación sin precedentes El ministro ha subrayado que la reforma presentada "es ambiciosa y extraordinariamente positiva para el cambio de modelo de cuidados” y va acompañada de un esfuerzo de financiación sin precedentes: "En el año 2024, alcanzamos los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado (AGE), esto es un máximo histórico, supone un 150% más respecto al año 2018 y un 200% más respecto al año 2014". En el año 2024, ha añadido, "a pesar de estar en un contexto de prórroga presupuestaria, la contribución de la AGE se incrementó en 213 millones de euros, y además completamos las transferencias a las CC.AA. del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los fondos europeos que, de manera pionera, España decidió dedicar al ámbito de la economía de los cuidados". |
