SENTENCIA DEL TS DE 13-10-2014

SENTENCIA DEL TS DE 13-10-2014 SOBRE SEGURO DE SUELDO (DESFAVORABLE)

RESUMEN

Recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por D. Juan y por el C.I. de Telefónica de España, S.A.U., contra la sentencia del TSJ de Justicia de Castilla-La Mancha, de 8-5-2012, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 28-10-2011 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, en los autos seguidos a instancia de D. Juan Carlos contra la empresa Telefónica de España, S.A.U. y el C.I. de Telefónica de España, S.A.U., sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 8-5-2012 el TSJ de Castilla- La Mancha dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, en los autos seguidos a instancia de D. Juan Carlos contra la empresa Telefónica de España, S.A.U. y el C.I. de Telefónica de España, S.A.U., sobre reclamación de cantidad.

La parte dispositiva de la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha es del tenor literal siguiente:

La sentencia de instancia, de 28-10-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, contenía los siguientes hechos probados:

- El actor, D. Juan Carlos ha prestado sus servicios para la empresa "Telefónica de España, S.A.U.

- Por sentencia, de 23-7-1.994, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 3 de Albacete, en Procedimiento de Seguridad Social, le fue reconocido a D. Juan Carlos afecto de una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual derivada de enfermedad común, con efectos de fecha 10-8-1.993, sentencia que fue confirmada en suplicación por Sentencia, de fecha 3-2-1.995, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha.

- Los antecedentes fácticos e históricos del supuesto de autos, tal como refleja la sentencia de 11-3-1996, del TS son los siguientes:

a) La comisión rectora de ITP, en reunión extraordinaria celebrada el 14-2-1952, acordó el establecimiento de un llamado "seguro de sueldo".

b) En el Reglamento de la ITP, aprobada en 1977, se mantuvo el seguro indicado.

c) En el citado reglamento de 1977 se establecían las reglas atinentes al "seguro del sueldo".

d) En 1992, "T., S.A." promovió la liquidación de ITP, promocionando la creación de un fondo de pensiones.

e) "T., S.A." y el C.I. constituido en dicha empresa, el 3-11-1992 llegaron a un acuerdo, según el cual, la gestión del "seguro de sueldo" y la administración del correspondiente fondo pasaría al citado C.I..

f) A partir de tal acuerdo se siguieron haciendo efectivos los derechos reconocidos, derivados del "seguro de sueldo", sin hacerlo con respecto a los causados a partir de la aludida fecha, demorándolo hasta que fuera aprobada la anunciada reglamentación, habiéndose realizado distintos trabajos y estudios al respecto, pero sin que dicha reglamentación haya sido aprobada", afirmándose, igualmente, en la referida resolución que:

Al no entenderlo así la sentencia de instancia y atribuir a "T., S.A." una legitimación pasiva de que carece incurrió en la infracción denunciada, lo que debe determinar, con acogimiento del recurso, que sea casada y anulada la sentencia recurrida", argumentándose, igualmente, en la referida resolución que "se continuarían haciendo efectivos los derechos causados hasta entonces, suspendiéndose el reconocimiento de los que se generaran con posterioridad, hasta que la reglamentación fuera aprobada", así como que

- El TS, en sentencia de fecha 26-6-2001, afirmó que:

- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de Albacete se dictó Sentencia, de fecha 24 de julio de 1.998 , en el Procedimiento Ordinario Nº 339/98 , seguido a instancias de D. Juan Carlos frente a la empresa "Telefónica de España, S.A." y el "C.I. de Telefónica de España. S.A.U.", desestimatoria de sus pretensiones al estimar la excepción de cosa juzgada en relación a la sentencia, de fecha 11 de marzo de 1996, dictada por la Sala de lo Social del TS, sentencia que fue confirmada en suplicación por Sentencia, de fecha 3 de abril de 2000, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha.

- Entre los acuerdos adoptados por el Pleno del C.I., publicados en el BOE de 20-8-1994, figuraba el acuerdo:

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España, S.A., (BOE de 10-6-1.996), en su Cláusula 6 preveía….

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España, S.A.", (BOE de 29-9-1.997)…

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España. S.A.", (B.O.E. de 10-12-1.999)…

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España. S.A.", (B.O.E. de 2-7-2001)…

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España. S.A.", (B.O.E. de 18-10-2.003)…

- En el Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España. S.A.", (B.O.E. de 14-10-2.008)…

- En el último Convenio Colectivo de Empresa "Telefónica de España, S.A.", (B.O.E. de 4-8-2011), en su cláusula 11, bajo la rúbrica de "Previsión social y fondos sociales", que

- Por el C.I., según resulta del Acta de fecha 10-7-1.996, se acordó

- Por el Pleno del C.I., celebrado el día 29-3-2.000, se acordó

Manifestándose, igualmente, que

- Según certificación de la Dirección Provincial del I.N.S.S., de fecha 18-3-2.011, D. Juan Carlos percibe por la pensión de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual que tiene reconocida la suma 875,94 € brutos mensuales, siendo 12 el número de pagas ordinarias anuales y 2 el número de pagas extraordinarias percibidas. Los datos económicos desglosados de dicha pensión son los siguientes: Pensión: 517,51 €; Revalorizaciones: 358,43 €.

- En el mes de noviembre de 1.996, D. Juan Carlos percibió la suma de 920.061 Ptas. en cumplimiento de la Resolución del C.I. de fecha 16-7-1.996

- D. Juan Carlos percibe importes asumidos por el Seguro de Sueldo por su declaración como afecto de una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de 282,88 € brutos mensuales, en 12 pagas, ascendiendo el montante total anual a la cuantía de 3.514,56 € brutos.

- Las percepciones salariales percibidas por D.  Juan Carlos en su último año de prestación de servicios en la empresa "Telefónica de España, S.A.", ascendieron a la suma de 2.612.288 Ptas. anuales, con inclusión de la parte proporcional de pagas extra, (217.690 Ptas. mensuales, con inclusión de la parte proporcional de pagas extra).

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente:

Por el C.I. de Telefónica, S.A.U., mediante escrito de 23-10-2012, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:

- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por el TSJ de Madrid de 18-4-2002.

- Se alega la infracción del art. 1101 del código civil, art. 43 de la Ley General de la Seguridad Social y del art. 59 del E.T., en relación con el art. 1969 del código civil y art. 1968.2 y 1092 del mismo texto legal.

D. Juan Carlos, mediante escrito de 29 -10-2012, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:

- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por el TSJ de Madrid, de 26-10-1998

- Se alega la infracción de los arts. 1101, 1902, 1903, 1107, 1108, 1115, 1125 y 1278 del Código Civil, arts. 82 y concordantes del E.T., en conexión con el art. 11.3 del Convenio Colectivo 2011-2013, art. 11.4 del Convenio de Empresas 2008-2010, art. 10 del Convenio Colectivo 1997-1998, art. 10.3 del Convenio 1999-2000 y art. 11.2 del Convenio 2003-2005.

Por providencia de esta Sala de 25-4-2013 se apreció la eventual existencia de la causa de inadmisión respecto del recurso de D.  Juan Carlos, dándole un plazo de 5 días para que alegase lo oportuno, lo que tuvo lugar por escrito de fecha 13-6-2013 y por auto de 23-9-2014, la Sala acordó inadmitir el recurso.

La Sala acordó admitir a trámite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del C.I. de Telefónica, S.A.U., y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de 15 días.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de los antecedentes.

Se discute en este recurso si el C.I. de la empresa Telefónica de España S.A.U. (CTNE) debe indemnizar a un antiguo trabajador, ahora pensionista de invalidez, por no haber desarrollado la regulación del viejo "seguro de sueldo".

Esa prestación económica se reconocía a quienes se jubilaban o cesaban en la empresa por causa de invalidez, y equivalía a la diferencia entre la pensión que percibieran por todos los conceptos y el salario real calculado de conformidad con criterios específicos para el caso.

1. Los hechos litigiosos.

Los hechos que sirven de base para el presente debate muestran la siguiente secuencia:

a) La comisión rectora de ITP, en reunión extraordinaria celebrada el 14-2-1952, acordó el establecimiento de un llamado "seguro de sueldo", que había de ser atendido por un fondo carente de personalidad, integrado en dicha Institución, financiado exclusivamente con las aportaciones de los empleados de Telefónica, los cuales serían los beneficiarios de tal seguro.

b) En el Reglamento de la ITP, aprobado en 1977, se mantuvo el seguro indicado y su forma de financiación, rebajando la cuota a satisfacer por dichos empleados.

c) En el citado reglamento de 1977 se establecían las reglas atinentes al "seguro del sueldo". Entre ellas figuraba la incluida en su artículo 23, conforme a la cual el fondo especial para la atención de dicho seguro era independiente del fondo propio de la ITP.

d) En 1992, la empresa promovió la liquidación de ITP, promocionando la creación de un fondo de pensiones.

e) Telefónica y el C.I. constituido en dicha empresa, el 3-11-1992 llegaron a un Acuerdo, según el cual, la gestión del "seguro de sueldo" y la administración del correspondiente fondo (antes competencia de la empleadora) pasaría al citado C.I., estableciendo al efecto el plazo de un año.

f) El actor de autos tiene reconocida judicialmente una situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, con efectos de 10-8-1993, pero no ha podido complementársele la cuantía de su prestación, en los términos en que viene regulado el seguro de sueldo, por dicha falta de regulación.

g) El seguro sí lo perciben quienes ya lo cobraban con anterioridad al Acuerdo de 3-11-1992.

h) El demandante, percibió la suma de 920.061 pesetas (noviembre de 1996) en virtud de los Acuerdos sobre Previsión Social recogidos en el Anexo IV del Convenio Colectivo. Asimismo, en la actualidad viene percibiendo 282,88 euros mensuales a cargo del Seguro de Sueldo, por su declaración como inválido permanente total.

i) Mediante sentencia de 24-7-1998, el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete (confirmada en suplicación con fecha 3-4-2000) desestimó la demanda presentada por el trabajador contra su antigua empleadora y el C.I., apreciándose la existencia de cosa juzgada, por referencia a la Sentencia del TS de 11-3-1996.

j) Diversos Acuerdos o Convenios colectivos vienen prorrogando y reiterando la obligación del CI de proceder a reglamentar el seguro de sueldo.

k) Paralelamente, el TS ha entendido que no cabe solicitar el reconocimiento de dicho seguro de sueldo, que complementa la prestación de la Seguridad Social, hasta que por el comité se cumpla con esa obligación de redactar el Reglamento, pese a que durante todo ese tiempo, los trabajadores han proseguido abonando su aportación para dicho seguro de sueldo, gestión que se ha venido realizando como colaboración al comité por la propia empresa.

El trabajador entendió que todo ello era compatible con la obtención de una cuantía, en concepto de daños y perjuicios, equivalente a la que hubiera debido percibir al amparo de la regulación anterior a 1993 y articuló la correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Social de Albacete.

2. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete dictó sentencia desestimando la demanda interpuesta por el Sr. Juan Carlos contra la empresa "Telefónica de España, S.A.U." y el "C.I. de Telefónica de España, S.A.U.".

La sentencia estimó la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la defensa de la empresa "Telefónica de España, S.A.U.", absolviéndola.

Asimismo absolvió de las pretensiones deducidas al "C.I. de Telefónica de España, S.A.U." .

3. El recurso de suplicación del pensionista.

El trabajador interpuso recurso de suplicación interesando la revisión fáctica de la crónica judicial y denunciando la infracción de diversas normas: artículos 1.101, 1.902, 1.903, 1.106, 1.107, 1.108, 1.115, 1.125 y 1.278 del Código Civil; artículos 82 y ss. del E.T.; artículos 1, 6 y 18 de la Ley 51 de 2-12-03, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; artículos 9,3 y 24 del texto constitucional; artículos 11,3 del Convenio Colectivo para los años 2.011-2.013 y del artículo 11,4 del Convenio Colectivo de Empresa para los años 2.008-2.010, y del artículo 10 del Convenio para los años 1.993-1.995, así como del Acuerdo Cuarto de los Acuerdos de Previsión Social incluidos dentro del Anexo de dicho Convenio, del artículo 6,5 del Convenio de 1.996, de artículo 1º del Convenio de 1.997-1.998, del artículo 10,3 del de años 1.999-2.000 y del artículo 11,2 del Convenio de los años 2.003-2005.

4. La sentencia recurrida.

La sentencia recurrida, del TSJ de Castilla La Mancha de 8-5-2012 considera que se ha incurrido en un perjuicio económico por parte del Comité, sin justificación aparente, consecuencia de su grave morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo por ello reconocerse una compensación del daño a través de una indemnización por daños.

En relación con la cuantía de la indemnización, decide rebajar la demandada -consideraba causado el perjuicio desde la fecha en que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Total, en 1993-- al considerar que el actor ha incurrido en una cierta desidia procesal, al no plantear su reclamación indemnizatoria hasta septiembre de 2010. Es por ello que considera apropiado moderar al alcance retroactivo de la indemnización en función de esa dilación injustificada en instar la reclamación, considerando como un criterio posible y razonable estar a los últimos 5 años, aplicando con ello el alcance temporal establecido en el art. 43 LGSS, si bien no con limitación de efectos a solamente los tres últimos meses, sino a la totalidad de ese período, lo que arroja, conforme al cálculo realizado por el demandante --no cuestionado de contrario-- un total de 81.785,99 €.

En consecuencia, se revoca la sentencia de instancia reconociendo al demandante el derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por el incumplimiento de la obligación de redactar el Reglamento sobre el "seguro de sueldo", la cantidad de 81.785,99 €, condenando a su abono al codemandado C.I. de Telefónica de España, S.A.U., y manteniendo la absolución de la empresa codemandada "Telefónica de España S.A.U.".

5. El recurso interpuesto por el trabajador.

Disconforme con el alcance condenatorio de la sentencia de suplicación, el trabajador preparó y formalizó recurso de casación para unificación de doctrina interesando que se reconociera su derecho al cobro del íntegro seguro de sueldo "desde que fue declarado afecto de invalidez", tal y como la demanda postulaba.

A) Se aportó para contraste la sentencia del TSJ de Madrid de 26-10-1998

B) No existe, respecto de esta sentencia invocada de contraste, la contradicción que se denuncia al ser diferentes las pretensiones y los preceptos legales en que se amparan las mismas

C) Por ello, oídas las partes y de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, mediante Auto del pasado día 23 de septiembre de 2014, esta Sala puso término al referido recurso mediante Auto declarando su inadmisión.

6. El recurso interpuesto por el C.I..

El C.I., por su lado, también preparó y formalizó recurso de casación unificadora, que es el único que debemos resolver mediante la presente sentencia. El artículo 225.5 LRJS es claro al respecto, cuando prescribe que cuando la inadmisión se refiera solamente a alguno de los recursos interpuestos, se dispondrá la continuación del trámite de los restantes recursos no afectados por el auto de inadmisión.

Pues bien, en el recurso que ahora resolvemos, el Comité ataca la condena sentada por la sentencia de suplicación y articula tres motivos de recurso.

En el primero de ellos invoca dos resoluciones referenciales, por lo que ha de acogerse la más moderna de ambas, en concreto la sentencia del TSJ de Madrid de 18-4-2002, en la que se debate sobre el derecho de un trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total en 1998 a percibir el denominado "seguro de sueldo", por las diferencias entre la prestación reconocida y el salario percibido en activo.

Los motivos segundo y tercero, sobre la base del contraste con la misma sentencia (aunque sin la deseable claridad) en realidad desarrollan las infracciones cometidas por la sentencia y son claramente reconducibles al motivo primero. En síntesis, se postula la ausencia de responsabilidad indemnizatoria del CI; de forma supletoria, la reducción del alcance temporal de los daños y perjuicios a los del último año.

7. Las impugnaciones al recurso.

La representación letrada del demandante presentó un extenso y documentado escrito de impugnación del recurso, el cual:

Descarta la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas y abunda en el acierto de los argumentos acogidos por la sentencia de la Sala de Castilla-La Mancha.

Quita relevancia al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 18-11-2010, negando la existencia de hechos penalmente relevantes en el comportamiento de los miembros del CI, por inexistencia de norma legal o convencional que determine el reconocimiento del derecho de los actores.

Expone las razones que llevan a aplicar el plazo prescriptorio de 5 años previsto en la LGSS, frente al más reducido de un año sugerido por los recurrentes de forma subsidiaria.

Solicita la "confirmación" de la sentencia de suplicación y desestimación del recurso interpuesto por el C.I..

Por su lado, la entidad empleadora aprovechó el trámite de impugnación del recurso para argumentar en su favor ("entendemos que es correcto y ajustado a derecho"), amparándose en el criterio ya sentado por el TS.

8. Informe del Ministerio Fiscal.

El Fiscal emitió Dictamen que defiende la procedencia del recurso en cuestión. La representante del Ministerio Público se decanta a favor de la solución acogida en la sentencia referencial, por tomar como lógico antecedente la Jurisprudencia de la Sala Cuarta de este Tribunal.

Explica, entre otros temas, que si no existe incumplimiento de una obligación contractual específica, tampoco cabe acudir a la aplicación de los preceptos del Código Civil en materia de obligaciones.

Doctrina de este TS sobre el tema de fondo.

Superados los obstáculos a la admisión del recurso (que en caso contrario hubieran conducido ahora a una sentencia desestimatoria sin entrar en el fondo), procede ahora proporcionar la solución correcta al problema que se nos plantea.

Las resoluciones judiciales mencionadas hasta el presente, al igual que los escritos presentados por las partes en los trámites sustanciales del presente procedimiento invocan la doctrina previamente sentada por este TS en su sentencias de 1996 y 2001, a las que se ha sumado otra de 2014.

Exigencias constitucionales (seguridad jurídica, cumplimiento de las sentencias, tutela judicial) y legales (cosa juzgada, eficacia de las sentencias de conflicto colectivo) aconsejan, pues, revisar el alcance de esas resoluciones, para luego comprobar su incidencia en la resolución del caso.

1. La Sentencia del TS de 11 de marzo de 1996

La primera sentencia invocada resolvió el conflicto colectivo planteado por el sindicato CGT, quien bajo el argumento fundamental de que este seguro de sueldo era una mejora voluntaria de la Seguridad Social, consideraba que debía de condenarse al C.I. a abonarlo a todos los que tuvieran derecho a ella a pesar de no haberse promulgado el Reglamento previsto en aquellos Acuerdos de 1992.

La Sentencia del TS de 11-3-1996 desestimó la petición reseñada, argumentando lo siguiente:

Es cierto que en un primer momento se encontraba dentro de las prestaciones de previsión social cubiertas por la ITP, pero a partir de la supresión de la misma y su liquidación posterior, de conformidad con lo expresamente establecido por los anexos primero y segundo de la Orden de 11-6-1992, la cobertura de dicha garantía debe de estimarse fuera de aquella normativa, de donde se deduce que en modo alguno puede serle de aplicación lo previsto al respecto en el art. 23 del Reglamento de aquella Institución desaparecida;

A partir de aquella reestructuración del sistema de protección de Telefónica la cobertura de este seguro, que quedó fuera del Régimen General y del Fondo de Pensiones creado al efecto, y se atribuyó al C.I. la administración del fondo que cubría dicha prestación, podría entenderse situado dentro de la órbita reguladora de la Ley del Contrato de Seguro "Ley 50/1980, de 8-10" y de la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado "Ley 30/1995, de 8-11" pero, tales disposiciones legales no ofrecen argumento para que se puede llegar a concluir que estemos ante un seguro propiamente dicho puesto que ni el C.I. puede ser calificado de ente asegurador, ni se abona ninguna prima (aunque el descuento salarial pudiera serle asimilado), ni existe ninguna capitalización de dichas cantidades, con lo cual se trata de un Fondo situado completamente al margen de la normativa rectora de dicha materia, que, por lo tanto, no le puede ser de aplicación".

La sentencia noticia también que se han inadmitido por falta de contenido casacional varios recursos con la pretensión del trabajador de que se reconociese el seguro.

2. La Sentencia del TS de 26 de junio de 2001

En este caso se trataba de determinar si el llamado "seguro de sueldo" se halla legalmente en vigor y por ello tendrían derecho a percibirlo los trabajadores que pasaron a la condición de pasivos a partir del año 1992 o si, por el contrario, deben considerarse suspendidas tales prestaciones a partir del día último de aquella anualidad, lo que haría que los actores no tuvieran derecho a lo reclamado.

La sentencia de 26-6-2001 acoge la segunda opción, descarta la vulneración de preceptos del Código Civil y argumenta:

Los recurrentes apelan al art. 1258 del Código Civil para señalar cómo el Acuerdo de 1992 debió de haberse cumplido ya y el Reglamento haberse publicado, apelando a que la falta del mismo habría de obligar al C.I. a continuar aplicando en el ínterin la normativa anterior del mismo.

No es ésa, sin embargo, la conclusión que deriva de las previsiones del indicado precepto, pues lo más adecuado a las conclusiones de aquellos acuerdos serán las de intentar aplicarlos en sus estrictos términos, o sea, impidiendo el reconocimiento de nuevas prestaciones de tal naturaleza mientras el Reglamento pendiente no se haya publicado.

Sin olvidar que el C.I. no es un órgano extraño a los trabajadores, sino la representación institucional de los mismos dentro de la empresa, y teniendo en cuenta que en la actualidad el régimen de cobertura de dicha indemnización se halla establecido en un Convenio Colectivo estatutario que constituye en realidad la norma reguladora de la misma.

Asimismo se advierte que el criterio mantenido es "el mismo que mantuvo la Sentencia del TS 11-3-1996", y que en este punto opera con los efectos de cosa juzgada propio de todas las sentencias de conflicto colectivo; sin que puedan escudarse los trabajadores en su condición de personal pasivo, como han dicho expresamente, en tanto en cuanto los efectos de tales sentencias colectivas alcanzan al objeto de la pretensión con independencia de la condición de los trabajadores afectados siempre que se hallen dentro del ámbito de aplicación del convenio, norma o práctica de empresa a la que se pueda referir el conflicto sin exclusión del personal pasivo - por todas Sentencia del TS de 4-2-1999, 16-2-1999, 17-2-1999 u 11-5-1999

3. La Sentencia del TS de 13 mayo de 2014

Por su lado, la más reciente Sentencia del TS 13-5-2014 ha abordado el conflicto colectivo interpuesto por AST cuya petición primera era

mientras que la tercera iba dirigida a que

La sentencia de la AN de 29-11-2012 desestimó la primera petición "por falta de agotamiento de la vía previa" y la tercera por estimar "la excepción de cosa juzgada". Confirmando ese pronunciamiento y desestimando la casación formulada, nuestra Sentencia del TS de 13-5-2014 ha establecido estos presupuestos:

a) que la obligación que consagra el referido precepto es una obligación de hacer [referida a elaborar el Reglamento], personalísima e infungible [sólo puede hacerse por el C.I. y por Telefónica, no admitiendo el cumplimiento por terceros, pues la voluntad de aquéllos no puede sustituirse por ninguna otra], y aunque retóricamente parezca que los pactantes colectivos proclaman una obligación de resultado [la elaboración del citado Reglamento], sin embargo realmente establecen una de actividad o de diligencia [en tanto que la consecución del fin depende del encuentro posterior de más de una voluntad, lo que supone indefectiblemente negociación, y de las posibles dificultades de todo orden a que alude el propio Convenio Colectivo], y con mayor motivo se llega a esta conclusión si se atiene a que el resultado está ligado a la creación de Fundación Laboral para la que en el propio Convenio ya se adelantan posibles objeciones de índole legal, que llevarían --se dice- a la «búsqueda de alternativas»;

b) que es común doctrina que el incumplimiento de las obligaciones personalísimas no es susceptible de determinar el cumplimiento de la prestación en forma específica y que únicamente puede dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios.

Respecto de la aplicación de la normativa vigente a 20-6-1992 hasta que se publicase el Reglamento en cuestión, se entiende (como ya hiciera la AN) que se trata de cuestión resuelta por la Sentencia del TS de 11-3-1996 pues el objeto de ambos procesos era el mismo [la aplicación de la normativa vigente a 30-06-1992, en tanto no se confeccionase la nueva Reglamentación] y que la solución dada previamente por el TS era -por definición- firme, con lo que se cumplen los dos requisitos impuesto para la cosa juzgada por el art. 222.1 LECiv:

Excepción que de manera absolutamente correcta fue apreciada por la AN, atendiendo a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva [art. 24] y de seguridad jurídica [art. 9.3], cuyo respeto hubiera impuesto -incluso- su apreciación de oficio y que en todo caso lleva a una «concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos» (Sentencia del TS 07-03-2000,. 23-01-2006 y 06-06-2006).

4. Recapitulación de tal doctrina en orden a la solución del presente caso.

Como resumen de nuestra doctrina, para la resolución del presente recurso, hemos de partir de que:

a) No es posible aplicar a la pretensión del demandante la normativa anterior a 1992

b) La gestión del "seguro de sueldo" está en manos de los propios trabajadores.

c) Los representantes de los trabajadores también lo son de quienes ya no se hallan en activo.

d) La elaboración del Reglamento es obligación personalísima, que solo puede cumplirse por el C.I. y la empresa.

e) La obligación de referencia es medial, no de resultado, estando sujeta a múltiples avatares.

f) El eventual incumplimiento de esa obligación puede generar una reclamación de daños y perjuicios. g) En la actualidad el régimen de cobertura de dicha indemnización se halla establecido en un Convenio Colectivo estatutario.

La responsabilidad del C.I. por no haber desarrollado reglamentariamente el "seguro de sueldo".

1. Términos del debate.

Sobre la base de cuanto antecede ha de enfocarse ya la solución final al problema, que va a diferir de la acogida por la sentencia recurrida.

La Sentencia del TS de 1996 reiteradamente citada por las posteriores de 2001 y 2014 ya advirtió que

Pues bien, se trata de determinar si la reclamación de una compensación por daños y perjuicios es una de las "medidas pertinentes" ante la pasividad del C.I..

En todo caso, la empresa queda a salvo de cualquier responsabilidad derivada del presente recurso, pues fue absuelta por la sentencia de suplicación, sin que el recurso del Comité haya interesado su condena.

2. Origen de la obligación incumplida.

La Sentencia del TSJ dictada por la Sala de Castilla-La Mancha basa su fallo condenatorio en el art. 1101 del Código Civil. Dicho precepto se integra en el Capítulo II ("De la naturaleza y efecto de las obligaciones") del Título Primero ("De las obligaciones") del Libro IV ("De las obligaciones y contratos") del CC. El tenor literal del primer párrafo reza así:

Pues bien, respecto de la "obligación" que pesa sobre el CI hay que recordar lo ya resuelto por nuestras anteriores sentencias: dimana de lo previsto en el convenio colectivo y está a merced de lo que ulteriores convenios hayan establecido.

La obligación de reglamentar el seguro de sueldo ha ido siendo recogida por los sucesivos convenios colectivos, como sucede con el art. 11.3 del válido para el periodo 2011/2013, oportunamente reproducido por la sentencia recurrida.

En este convenio colectivo (insistamos: fuente de la obligación incumplida), cuya impugnación no consta y cuya literalidad es similar a la de los precedentes, se dice lo siguiente:

Durante la vigencia del Convenio colectivo 2008-2010 se han producido determinados acontecimientos que no han permitido continuar avanzando en las actuaciones tendentes a la constitución de una Fundación Laboral y por ello, en el momento actual ambas partes declaran que es de común interés retomar las actuaciones necesarias que posibiliten la puesta en marcha de una Fundación Laboral y la reglamentación definitiva del Seguro de Sueldo.

Por ello, ambas partes se comprometen a partir de la firma del Convenio Colectivo a la elaboración del Reglamento que deberá regular, entre otras, las siguientes cuestiones:…

La Empresa continuará prestando el apoyo administrativo y de gestión de cobros y pagos contemplados en el apartado cuarto de los Acuerdos de Previsión Social de 3-11-1992.

3. Novación del deber del CI.

Debe recordarse que los convenios colectivos pueden disponer válidamente sobre los derechos reconocidos en los anteriores y que el posterior deroga al anterior "en su integridad" salvo previsión expresa (art. 86.4 ET). Dicho queda también que los derechos de los trabajadores pasivos pueden ser objeto de negociación en la medida que dependan de la unidad de negociación correspondiente.

A la vista de todo ello, no podemos compartir la tesis de que quepa reclamar en la actualidad frente al incumplimiento de una obligación en los términos fijados por Acuerdos pretéritos que han sido novados y sustituidos por convenios colectivos posteriores.

El deber cuyo incumplimiento puede reclamarse cuando el trabajador presenta su demanda es solo el contemplado en el convenio colectivo. Un deber, conforme a nuestras sentencias precedentes, que es de carácter personalísimo; una obligación de hacer que, además, el convenio ya ha convertido en bilateral (pues reclama el acuerdo entre representantes de trabajadores y empresa para la elaboración del Reglamento). La Sentencia del TS del 13-5-2014 llama la atención sobre esos extremos y sobre las dificultades que el propio convenio colectivo, en el pasaje transcrito pone de relieve en orden a la consecución del fin perseguido.

Teniendo en cuenta que:

- la regulación anterior a 1992 es inaplicable

- el convenio colectivo ha transformado la anterior obligación del CI

- se vienen abonando cantidades a cuenta en casos como el del demandante

- las disponibilidades económicas condicionan el abono de cualquier prestación

Se comprende que la sentencia de contraste descarte la exigencia de responsabilidad en los términos del artículo 1101 CC, toda vez que no hay una conducta de incumplimiento de una obligación contractual específica o simplemente negligente, ni un daño o perjuicio ocasionado a quien reclama ni nexo causal entre el incumplimiento y el daño.

4. Frustración de expectativas.

Ciertamente, los sucesivos Acuerdos y Convenios Colectivos han venido previendo algo que, hasta la fecha no se ha cumplido. En ese sentido el incumplimiento es innegable, mas ello en modo alguno equivale a una infracción específica y generadora de perjuicios indemnizables por parte del CI.

La Sentencia del TS de 1996 ya indicaba que la eventual pasividad de los representantes de los trabajadores debía dar lugar a que éstos, si lo consideraban pertinente, adoptaran "dentro del plazo fijado al respecto" las medidas pertinentes; la presentación de un conflicto colectivo, la revocación de los representantes, la promoción de sindicatos alternativos, la votación en determinado sentido, la externalización del malestar, el acudimiento a los tribunales, el desarrollo de medidas de conflicto colectivo, entre otras, son posibilidades sugeridas por la sentencia; una sentencia que, no lo olvidemos, ya descartaba la aplicación de las previsiones de los viejos Reglamentos.

La sentencia recurrida, por la vía de daños y perjuicios debidos a la pasividad del CI, acaba reconociendo el derecho a percibir un importe equivalente al que derivaría de la aplicación de la vieja regulación sobre el "seguro de sueldo". En apartados precedentes hemos ido poniendo de relieve las razones por las que no podemos compartir ese razonamiento, a lo que debe añadirse:

a) El plazo de prescripción para reclamar, en todo caso, no puede ser el contemplado en la LGSS sino el propio del ordenamiento laboral, como también ponía de relieve la sentencia de contraste.

Es significativo que el propio trabajador recurrido abandonó su pretensión de resarcimiento retrotrayendo los daños y perjuicios al mismo momento de ser declarado inválido para acoger la aplicación del plazo de prescripción de cinco años, asumido en la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, por analogía y a la vista de la desidia procesal del interesado.

b) Los daños y perjuicios del incumplimiento de una obligación de hacer no equivalen, de forma automática, al equivalente de lo que habría sucedido si se hubiera seguido aplicando la vieja regulación.

Las constantes modificaciones del régimen de pensiones públicas (aumentando periodos de carencia, modificando bases reguladoras, endureciendo incompatibilidades, topando el importe máximo, etc.) son ejemplo inmejorable de que mientras no surge el derecho ("hecho causante") solo hay expectativas, las cuales pueden trocarse por otras, cuando no desvanecerse, a medida que varía el régimen aplicado.

c) Aunque haya quedado al margen de la posible condena en este proceso, es lo cierto que del convenio colectivo (insistamos: esa es la fuente de la obligación incumplida por el CI) no solo deriva la obligación de actualizar el seguro de sueldo para la representación de los trabajadores sino que, la empresa posee una responsabilidad compartida en el incumplimiento de referencia.

d) Si la fuente de la obligación (renovada por cada convenio) comienza exponiendo las dificultades que existieron en el pasado para llevar a buen puerto la previsión similar del anterior convenio, es claro que la Comisión Negociadora así lo entiende.

Como nuestra sentencia del pasado mayo de 2014 advierte, no puede actuarse dando por incumplida una obligación que es de medios cuando no se ha conseguido el resultado perseguido; añadimos ahora, que precisamente se renueva la obligación presuponiendo que anteriormente había sido inviable su cumplimiento por los motivos expuestos.

Recuérdese que el convenio podría haber hecho desaparecer esa obligación, al margen de su impugnación por quien lo entendiera contrario a Derecho.

5. De cuanto antecede deriva nuestra decisión de casar la sentencia recurrida, dando plena virtualidad al pronunciamiento del Juzgado de lo Social, más acorde con las previas resoluciones de esta Sala Cuarta. Actuando así evitamos el quebrantamiento de la unidad de doctrina.

Debe mantenerse, por tanto, que es el convenio colectivo la fuente que disciplina en la actualidad el "seguro de sueldo" para antiguos empleados de Telefónica, sin que por vía directa o indirecta pueda reconocerse el derecho a cobrarlo en los términos previstos por la regulación anterior a 1993 a quienes han accedido con posterioridad a la condición de inválidos.

Es el convenio en cuestión el que ha ido previendo que se negocie una nueva regulación del referido seguro; se trata de un compromiso de hacer y personalísimo que pesa sobre la empleadora y los representantes de los trabajadores.

No podemos hacer recaer sobre el C.I. las consecuencias de que el demandante haya visto frustradas sus legítimas expectativas de obtener un importe superior al que ha percibido y viene percibiendo como pagos provisionales y a cuenta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 228.2 LRJS, resolviendo el debate suscitado en suplicación, hemos de desestimar el recurso del Sr. Juan Carlos, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Albacete que, desestimó su demanda de reclamación de reconocimiento de derechos y reclamación de cantidad, contra la empresa "Telefónica de España, S.A.U.", y el "C.I. de Telefónica de España, S.A.U.", estimando la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la defensa de la empresa "Telefónica de España, S.A.U.", absolviendo a la empresa "Telefónica de España, S.A.U." de las pretensiones deducidas de contrario, absolviéndose, igualmente, al "C.I. de Telefónica de España, S.A.U.".

FALLO

1) Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación letrada del C.I. de Telefónica S.A.U.

2) Casamos y anulamos la sentencia de 8-5-2012 dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, que revocó la dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete con fecha 28-10-2011.

3) Resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimamos el recurso de tal tipo interpuesto por D. Juan Carlos y confirmamos la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete de 28-10-2011, desestimando la demanda interpuesta por él frente a la empresa "Telefónica de España, S.A.U." y el "C.I. de Telefónica de España, S.A.U.", absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra.

VER SENTENCIA -> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS131020142.pdf

VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE EL SEGURO DE SUELDO ->

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASEGSU.html