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SENTENCIA DEL TS DE 25-01-2021


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SENTENCIA DEL TS DE 25-01-2021. AVALA LOS ERTE POR COVID EN EMPRESAS QUE TRABAJAN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Sala establece que el ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato

Ver Sentencia del TS de 25-01-2021 -> http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a82530f04396d0bf/20210201

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha establecido que la suspensión colectiva de contratos (ERTE) por fuerza mayor, derivadas del estado de alarma sanitaria Covid-19, es compatible con el derecho del concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato.

La sentencia, ponencia de la magistrada Rosa María Virolés, da respuesta al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la demanda de conflicto colectivo promovido por la Federación Estatal de Comisiones Obreras en impugnación de la suspensión colectiva (ERTE) de contratos de trabajo en la empresa Ana Naya García, titular de diversos centros de educación infantil.

El 18 de marzo de 2020 se inició ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social un procedimiento de regulación temporal de empleo presentado por la empresa demandada solicitando autorización para la suspensión de las relaciones laborales de 187 trabajadores, es decir, sobre la totalidad de la plantilla de la empresa pertenecientes a los centros de trabajo de la empresa en la Comunidad Autónoma de Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, durante el período de declaración del primer estado de alarma decretado por la pandemia por causa de fuerza mayor.

El 31 de marzo, la empresa comunicó a los trabajadores que hacía efectiva la suspensión ya que, al no haber recibido comunicación alguna de la autoridad laboral, debía entenderse constatada su existencia por silencio administrativo. Entre tanto, diversos ayuntamientos en los que se ubican los centros de trabajo acordaron la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Posteriormente, por resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dictada en el ERTE por fuerza mayor Covid-19 nº346/20, se acordó declarar constatada la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa por pérdida de actividad como consecuencia del Covid- 19 y justificativa de la suspensión de relaciones laborales de los trabajadores, desde el momento de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del estado de alarma.

Tras estos hechos, fue promovida demanda de conflicto colectivo por la Federación de Enseñanza de CCOO solicitando la declaración de nulidad o en su caso la carencia de justificación de la medida, que fue desestimada por la Audiencia Nacional.

Contra esa sentencia interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ahora, la Sala de lo Social ha desestimado el citado recurso aunque admite que la sentencia recurrida no dio contestación ni siquiera implícita a una de las principales alegaciones de la demanda, consistente en la infracción del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17-3 sobre medidas en materia de contratación 2 pública para paliar las consecuencias del Covid-19. La Sala de lo Social estima que, por economía procesal, puede dar respuesta al resolver el recurso de casación, como así hace, sin anular la sentencia de instancia para que se pronuncie previamente al respecto.

Ante todo, el Supremo considera que si la empresa presentó la documentación requerida y constan los presupuestos exigidos nada impide que se pudiera entender aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo, aunque posteriormente recaiga resolución expresa.

El Pleno explica que la empresa se encuentra en uno de los supuestos de pérdida de actividad que implican suspensión o cancelación de actividades y tienen la consideración de fuerza mayor para la suspensión de la relación laboral. No puede obviarse tampoco que los ayuntamientos en que se encuentran los centros afectados suspendieron el servicio de escuela pública municipal y los contratos de gestión correspondientes ante la imposibilidad total de prestación de los mismos. En lo que se refiere al posible carácter fraudulento de la medida empresarial, teniendo en cuenta que los gastos laborales resultado de la suspensión contractual serían indemnizables, en su caso, por la administración contratante y la presunta imposibilidad de aplicar la medida de suspensión temporal en este caso por ser la empresa una concesionaria de servicios públicos, estas alegaciones son rechazadas por la Sala.

En definitiva, la Sala establece que el ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

FUENTE: https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/01/28/6012d5c8fdddff3d738b4676.html

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FALLO DE LA SENTENCIA DEL TS DE 25-01-2121

Esta Sala ha decidido:

1º.- Desestimar el recurso de casación formulado por CC.OO., contra la sentencia de la AN de 15-06-2020 en el procedimiento de Conflicto Colectivo

2º.- Declarar la firmeza de la sentencia recurrida

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FALLO DE LA SENTENCIA DE LA AN DE 15-06-2020

Desestimamos la demanda formulada por CC.OO. contra la empresa …… y la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre, Conflicto Colectivo en materia de impugnación colectiva de suspensión de contratos por causa de Fuerza Mayor, absolvemos a los demandados de las pretensiones frente a las mismas deducidas en demanda.