SENTENCIA Nº 3 DEL TSJ DE CATALUNYA DE 12-12-2025

SENTENCIA Nº3 DEL TSJ DE CATALUNYA DE 12-12-2025 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (DESFAVORABLE)

Recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan Enrique contra el TEAR de Cataluña, representado por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte actora interpuso recurso contencioso administrativo, que tiene por objeto la Resolución del TEAR de Cataluña de 26-6-2023, que acuerda "estimar en parte la reclamación, anulando el acto impugnado, y acordando la retroacción de actuaciones en los términos señalados en la presente resolución", seguida ante aquél, "contra un Acuerdo de la AEAT, Dependencia de Cataluña, por el concepto de estimación parcial de la solicitud de rectificación de la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2016. Cuantía: 6.200,39 euros".

SEGUNDO. La actora dedujo demanda.

TERCERO. La Administración demandada solicitó la desestimación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene a la sazón por objeto Resolución del TEAR de Cataluña de 26-6-2023, que acuerda "estimar en parte la reclamación".

El cuerpo de fundamentos de la aludida resolución obedece a la siguiente literal dicción, en cuanto importa (puntos 3º a 6º):

3º.- El artículo 17.2 a) 3ª y 5ª de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF establece la regla general de calificación de este tipo de prestaciones, en todo caso, como rendimientos del trabajo

La pretensión del recurrente es que la cantidad de 41.369,78 euros percibida (parte de las primas según él satisfechas) resulte no sujeta a tributación habida cuenta de lo dispuesto en los preceptos citados, para evitar la doble imposición, como consecuencia de estar formada esta dotación inicial en su integridad por derechos por servicios pasados, como consecuencia de cotizaciones previas a 1992 hechas por el recurrente y que le fueron detraídas de cada nómina.

La cuestión de si los 41.369,78 euros constituyen primas satisfechas por el interesado por el seguro de vida citado es una cuestión de hecho sujeta a las reglas de carga de la prueba y valoración de la misma rigen en este ámbito.

Por ello deberá tenerse en cuenta que el artículo 105 de la Ley General Tributaria

Por otra parte, la distribución de la carga de la prueba entre las partes ha sido objeto de reiterada jurisprudencia, siendo aplicable la que podría llamarse teoría de la proximidad al objeto de la prueba. Así, el TS se ha pronunciado en el sentido de que la carga de la prueba debe adaptarse a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados, en atención a criterios de "normalidad", "disponibilidad" y "facilidad probatoria".

Esta Doctrina ha sido recogida en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, como dispone en el artículo 217 que corresponde de manera genérica al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a sus pretensiones, matiza en el apartado 6 que "para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio". Es la parte, que insta la rectificación de su autoliquidación en base a un error, quien ha de acreditar el error sufrido y por tanto sobre quien debe recaer la carga de la prueba de tal extremo.

El interesado ha aportado un documento de la Comisión de Control de Fonditel en que se indica que en ejecución del plan de reequilibrio al interesado le fue imputada al plan de pensiones la cantidad de 41.369,78 euros el 1-7-1992, por 2 conceptos:

- Plan de transferencia (21.424,19 euros)

- Plan de Amortización déficit (19.945,59 euros)

No se ha aportado copia de las nóminas de los periodos anteriores a 1-7-1992.

4º.- En la cuestión relativa a la tributación en el IRPF de la prestación percibida con ocasión del rescate del Plan de Pensiones de los empleados de Telefónica, S.A.(Fonditel), el TEAC ha sentado criterio vinculante para toda la Administración Tributaria, tanto para los órganos encargados de la aplicación de los tributos como para los competentes para la revisión de los actos dictados por estos, conforme al artículo 242.4 de la Ley General Tributaria, por lo cual con independencia de resoluciones previas de este Tribunal, ha de estarse al referido criterio vinculante adoptado en Resolución del TEAC de 20-7-2022, recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, interpuesto por el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT (OJO), precisamente frente a una resolución de este órgano.

La resolución del TEAC citada aborda 2 cuestiones, una sustantiva y otra procedimental relativa a la carga de la prueba.

En cuanto a la primera, podemos decir que el criterio del TEAC, en realidad, no difiere del sostenido por este Tribunal previamente, (ver Fundamento Jurídico TERCERO de la Resolución del TEAC).

A) Aportación inicial por el importe de los Derechos Consolidados por Servicios Pasados:

En conclusión, cuando el trabajador perciba la prestación del plan de pensiones deberá tributar como rendimiento del trabajo del artículo 17.2.a).5ª de la Ley del IRPF por el exceso que suponga el importe de los Derechos Consolidados por Servicios Pasados a 1-7-1992 sobre las contribuciones imputadas fiscalmente y las aportaciones directamente realizadas por el trabajador. Cuando la prestación percibida lo sea en forma de capital podrá aplicar en virtud de la Disposición Transitoria 11ª de la Ley del IRPF los porcentajes de reducción establecidos en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3 ...

B) Aportaciones subsiguientes realizadas por los partícipes y el promotor del plan de pensiones:

Estas aportaciones son jurídica y fiscalmente aportaciones a un plan de pensiones por lo que la parte de la prestación derivada de las mismas tributará como rendimiento del trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2.a).3ª de la Ley del IRPF, resultando, en su caso, de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria 12ª de la Ley del IRPF y, por remisión de ésta, en el artículo 17.2.b) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3, con aplicación de un coeficiente reductor del 40 % cuando la prestación se perciba en forma de capital.

5º.- La diferencia principal con el criterio hasta fechas recientes sostenido por este Tribunal, tanto admitiendo la existencia de aportaciones sólo en el plan de transferencia, como posteriormente en ambos componentes del traspaso de derechos por servicios pasados (transferencia y amortización) siguiendo el criterio del TSJ de Cataluña, se halla en el segundo de los puntos objeto de unificación de criterio, la carga de la prueba de las aportaciones del trabajador al seguro colectivo o de contribuciones por la empresa imputadas fiscalmente, extremo sobre el que el TEAC efectúa las consideraciones en su Fundamento Jurídico TERCERO.

Por tanto, de acuerdo con dicho criterio la eventual doble imposición debe ser acreditada por el exempleado mediante la prueba de sus aportaciones o de la imputación fiscal de contribuciones de la empresa (de entrada, no se excluye que puedan proceder total o parcialmente de dicho tipo de aportaciones y contribuciones ambos componentes de derechos por servicios pasados en el plan de reequilibrio), y ello generalmente mediante las nóminas cuyas copias habrán de ser aportadas por el propio obligado, porque la empresa no tiene obligación de conservarlas respecto de periodos tan antiguos.

6ª.- El criterio vinculante sentado por el TEAC en su resolución, es el siguiente:

Aplicando tal criterio al caso planteado, dado que en el procedimiento en que se ha dictado la resolución aquí impugnada no se han requerido ni aportado las copias de todas las nóminas que reflejarían las aportaciones realizadas por el obligado al seguro colectivo y las contribuciones que le fueron imputadas fiscalmente (y que podrían integrar parte de los derechos por servicios pasados en cualquiera de los componentes, transferencia o amortización, frente a lo motivado por la gestora), y que no obraba en el expediente puesto de manifiesto por la gestora al obligado la documentación (citada por el TEAC en su resolución) emitida por la Dirección General de Seguros que ha servido en la propuesta y en la resolución para distinguir capital y rentabilidad en el plan de transferencia, ausencia puesta de manifiesto por el reclamante y que le ha generado indefensión, procede la anulación del acto impugnado y la reposición de las actuaciones para que se complete la instrucción y el expediente, sin indefensión y con adaptación al criterio vinculante citado, con el límite de la prohibición de reformatio in peius (artículo 237.1 de la Ley General Tributaria).

SEGUNDO. La que nos ocupa es impugnación que, reiterada por la misma representación y defensa de forma sistemática ante resoluciones iguales del TEAR, ha sido igualmente abordada por este Tribunal en múltiples sentencias. La demanda que se nos presenta obedece a un modelo normalizado e indistinto, que se presenta idéntico en todas aquellas impugnaciones. Hemos por ello de estar al criterio sentado por esta Sala y Sección en sentencias pronunciadas para supuestos idénticos al que aquí nos ocupa, dados los estrictos términos de la impugnación.

Al respecto, esta Sala y Sección, en formación plenaria, ha pronunciado sentencia de 06-06-2025 (Ver Fundamentos Jurídicos)

En tanto que, conforme a la sentencia de esta Sala y Sección de 19-06-2025 (Ver Fundamentos Jurídicos):

El recurso, en suma, atendiendo al criterio que las 2 sentencias precedentes acogen, merece desestimación.

FALLO. Esta Sala ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan Enrique contra resolución del TEAR de 26-6-2023.

La presente sentencia no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala.

OJO

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6-12, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7, del Poder Judicial.

VER SENTENCIA -> https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a28bcec5c38b003a0a8778d75e36f0d/20260313