SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 01-07-2015

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 01-07-2015 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (DESFAVORABLE)

RESUMEN

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Hernan contra la Resolución de 24-2-2012 del TEAR de Castilla y León, siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre IRPF, ejercicio 2005 (solicitud de rectificación de autoliquidación).

ANTECEDENTES DE HECHO

D. Hernan interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de 24-2-2013 del TEAR de Castilla y León, desestimatoria de la reclamación presentada contra el Acuerdo de la AEAT, por el que se desestimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2005.

La parte actora dedujo la correspondiente demanda en la que solicitaba se dice sentencia por la que:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Resolución impugnada y pretensiones de las partes.

La Resolución de 24-2-2013 del TEAR de Castilla y León, desestimó la reclamación presentada por D. Hernan contra el Acuerdo de la AEAT, por el que se desestimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2005, por entender, que cuando Telefónica creó en el año 1992 su plan de pensiones ofreció a sus trabajadores la opción de continuar con su derecho a percibir la prestación de supervivencia establecida en el contrato de seguros celebrado con la compañía Metrópolis, o bien, integrarse en el plan de pensiones creado, optando el reclamante por incorporarse al plan de pensiones; que el hecho de que se le reconocieran unos derechos por los servicios prestados que, además, no supondrían una imputación fiscal, no significa que ejercitase el derecho de rescate del contrato de seguro y se aportase al Plan de Pensiones, ni supuso una transformación del seguro colectivo en un plan de pensiones, sino que fue una incorporación a un plan de pensiones con todas sus consecuencias y en unas condiciones determinadas, que suponían que se le reconociesen unos derechos por servicios pasados y la renuncia, posiblemente a favor del tomador de seguro (Telefónica), de su derecho de rescate sobre las reservas matemáticas del seguro; y que, en contra de lo que pretende el solicitante de la rectificación de la autoliquidación, no puede hablarse de un origen diferenciado en las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones ya que todas proceden de una misma fuente, las aportaciones del promotor, siendo indiferente el origen de los recursos con los que el promotor financia las aportaciones, pues desde el momento en el que unos fondos y unas persona se incorporan a un plan de pensiones quedan sujetas al régimen legal previsto para los mismos, siendo claro que las prestaciones obtenidas de los planes de pensiones tributan como rendimientos del trabajo.

D. Hernan alega en la demanda que ingresó en Telefónica el día 2-5-1968, causando alta en dicha fecha en el Seguro Colectivo y ITP. Como consecuencia de la disolución de oficio de la ITP, Telefónica efectuó una reestructuración profunda de la previsión social de sus empleados y en julio de 1992 le reconocieron como aportación inicial en el Plan de Pensiones de empleados de Telefónica los derechos consolidados por servicios pasados que ascendieron en principio a 26.757,72 €.

Que en la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2005 incluyó indebidamente ingresos de trabajo personal por la cantidad de 81.368,77 € del pago de prestaciones correspondientes al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, cuando dicha prestación en la cuantía correspondiente a los derechos reconocidos en 1992 está exenta y su gravamen produciría una doble imposición.

Que mediante solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación y la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, solicitud que ha sido rechazada por la Agencia Tributaria y por el TEAR.

Breve exposición de la previsión social de telefónica.- Existía:

a) Una ITP que estuvo operando hasta 1991, otorgando las prestaciones sustitutorias a las contempladas en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Una póliza del Seguro Colectivo que se creó en 1943 con Metrópolis (póliza 1278), en la modalidad de capital asegurado simple y doble; en el año 1977 como consecuencia de la publicación de la Orden de 24-1-1977 del Ministerio de Hacienda por la que se regulaban los seguros del grupo sobre la vida humana se cambió la póliza generándose una nueva que estuvo vigente hasta 1983, año en que se hicieron 3 pólizas de seguros desdoblando muerte, supervivencia y accidentes, pólizas de riesgo, de accidentes y supervivencia.

A partir de esta fecha se crea un fondo interno actuando Telefónica como entidad de seguros según se acredita por el TS en diferentes sentencias.

Para dotar a estos sistemas de fondos necesarios Telefónica descontaba en nómina a sus empleados las contribuciones de los mismos a la ITP y las primas del seguro colectivo, estas primas en el transcurso del tiempo se descontaran o no en nómina, siempre se imputaban fiscalmente a los empleados o los efectos de la declaración del IRPF.

Este sistema llega hasta el año 1992 cuando existe una profunda reforma con ocasión de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los colectivos activos y pasivos que venían percibiendo a través de la ITP, aquellas prestaciones sustitutorias de las que se otorga el sistema de la Seguridad Social.

Se disuelve la ITP y se creó un plan de pensiones de forma que para aquellos trabajadores en activo que lo fueran antes del 1-7-1992 y se acogieran al Plan de pensiones que se le reconocería en sustitución del seguro colectivo de supervivencia unos derechos económicos por servicios pasados que serían ingresados en dicho Plan de Pensiones y para los que no se adherían al Plan de Tensiones se mantuvo seguro colectivo de prestación de supervivencia y el seguro de riesgo en sus configuraciones y cuantías actuales.

Alega que en la Instrucción 55 de Telefónica de junio de 1984 consta claramente que la prima del seguro colectivo obligatorio muerte/vida se descuenta mensualmente en nómina a los empleados y que la compañía bonificada el 50% de dicha prima, importe bonificado que posteriormente declaraba e imputaba fiscalmente al empleado según el régimen fiscal vigente en cada momento.

Considera aplicable lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2004, en la Disposición Transitoria 5ª y en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 35/2005 de 28-11 del IRPF, en cuanto regulan el régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con anterioridad a 1-1-1999.

En su aplicación dada la fecha de incorporación a telefónica los derechos consolidados por servicios pasados reconocidos por telefónica en 1992 están exentos de tributación. Se basan para ello en las nóminas y certificados de retenciones, fecha de ingreso de la actora en Telefónica y demás documentación que ha incorporado a las actuaciones.

La Abogacía del Estado se opone a la demanda

SEGUNDO. Sobre la problemática litigiosa en sentencias anteriores de esta Sala, de 28-5-2012 y de 26-9-2014 hemos mantenido el criterio siguiente:

"De acuerdo con los datos obrantes en estos autos y los existentes en las referidas sentencias del TS, es posible elaborar el siguiente resumen:

Telefónica tenía suscritas con la compañía de seguros Metrópolis, 2 pólizas colectivas en beneficio de sus trabajadores, una de ellas de muerte e invalidez y otra de supervivencia a la edad de 65 años. Para su cobertura, se descontaba, a los trabajadores de su salario y a los jubilados de su pensión, el importe de las cuotas necesarias.

El 31-12-1982, Telefónica rescató dichas pólizas, fijándose el importe de los capitales asegurados hasta dicho rescate, a fin de garantizar las reservas técnicas necesarias para su abono, en el momento de la producción del riesgo asegurado.

Desde ese momento, hasta el año 1992, en que Telefónica constituye un Plan de Pensiones a favor de sus trabajadores, la cuestión de la previsión por supervivencia se oscurece, estribando la dificultad en determinar el origen de las aportaciones que lo nutrieron, y si provenían del bolsillo de los empleados o de la entidad. (ALGUNA FORMA HABRÁ DE SABERLO)

Y a partir de julio de 1992 la compañía traspasa el importe del denominado Fondo interno al Fondo de Pensiones que en última instancia retribuye al demandante.

El criterio más generalizado (EL MÁS EXTENDIDO, NO EL ÚNICO) es, al menos, hasta 1982, el seguro de supervivencia fue sufragado por aportaciones de los trabajadores, mediante el descuento salarial correspondiente.

Restaba, sin embargo, por conocer la procedencia de las cantidades aplicados a partir del momento del rescate del seguro. La tesis de la Administración, y de algunas resoluciones judiciales se inclinaba por considerar que el denominado "fondo interno" se dotaba con cargo a los resultados de la Compañía, y no de los empleados.

El TS en numerosas sentencias ha mantenido que la prestación de Supervivencia a los 65 años satisfecha por Telefónica con cargo a su fondo interno, durante el periodo de vigencia de la Ley 18/1991 del IRPF, tributaba en el IRPF como incremento patrimonial y no como rendimiento irregular de trabajo. Consideraba que la retención practicada en la nómina demuestra que las cantidades entregadas como consecuencia de un seguro colectivo deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia del contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado. (...)

En el presente caso tenemos que estamos hablando del año 2005, es decir trece13 años después de la constitución del plan de pensiones ya con aportaciones tanto del promotor como del participe.

A ello se une que estamos en un procedimiento de rectificación de declaración a instancia de parte, como pone de manifiesto el Abogado del Estado (QUE SABE MUCHO), lo que supone que de acuerdo con el art. 108.4 de la LGT que:

Lo que puesto en relación con el principio general de carga de la prueba que establece el art. 105 del mismo texto legal, cuando nos dice:

Resulta que si el recurrente declaró como rentas irregulares de trabajo las cantidades percibidas de Fonditel, a él (Y SÓLO A ÉL) le corresponde acreditar la existencia del error y los presupuestos necesarios para la rectificación de su declaración, declaración que en principio se ajusta a derecho, pues a las cantidades aportadas al fondo de pensiones en concepto de derechos por servicios pasados a fecha 1-7-1992, se han añadido con posterioridad las la aportaciones, realizadas durante los años posteriores, tanto de Telefónica 6,87% del S.R., como de los partícipes, 2,2 %. Y en principio las cantidades percibidas por el recurrente se reciben de un plan de pensiones, con lo que de acuerdo con el art. 16.2.a)3ª del RD-L 3/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la LIRPF

Es cierto que el origen de las aportaciones por reconocimiento de derechos por servicios pasados, según las sentencias que cita el recurrente tienen un componente de primas de seguro abonadas por el participe, y detraídas de su nómina después de tener en cuenta el importe de la prima para determinar la renta percibida por el recurrente, con lo cual si ya pagó IRPF al percibir el sueldo por las primas, si ahora se considerasen esas cantidades como renta de trabajo sin más resultaría que estaría volviendo a pagar por una renta que ya pagó, pues la primas pagadas en su día se integraron en el cálculo de la base imponible, a diferencia de lo que ocurre con las cantidades aportadas a planes de pensiones que reducen directamente la base imponible.

Ahora bien (OJO) el que ello sea así, no exime al interesado de acreditar cuales han sido esas aportaciones, por las que tendría que pagar a partir de la Ley 40/98 del IRPF como rendimientos del capital mobiliario, art. 23.3, con la remisión al  art.16.2.a) (con la LIRPF anterior como incrementos de patrimonio); máxime cuando como resulta del Certificado expedido por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Telefónica, los derechos consolidados reconocidos al recurrente en concepto de derechos por servicios pasados, de acuerdo con el Plan de reequilibrio, resulta que de dichos derechos reconocidos solo se aportaron al Plan de modo efectivo los incluidos en el Plan de Transferencia, mientras que el resto lo fueron con cargo al Plan de Amortización, que habría de efectuar Telefónica en el futuro, siendo por tanto una aportación clara de Telefónica. Dicha acreditación no se ha producido en el presente caso.

Con relación al ejercicio de 2005, que es que se revisa, resulta aplicable el criterio recogido en la Sentencia del TSJ de Andalucía de 10-2-2011, que confirma la resolución impugnada:

"la resolución del TEARA de 14-11-2008 estimó parcialmente la reclamación, anulando el acuerdo impugnado para que, en su sustitución, se practicara liquidación con arreglo a lo dispuesto en su último fundamento, que disponía así:

"La tributación de la prestación percibida por el reclamante sería la siguiente:

1º) Como rendimiento del trabajo personal, la parte que corresponda a la estricta prestación del Plan de pensiones citado, o lo que es lo mismo, la originada por las cantidades aportadas al mismo en virtud del Plan a partir de 1992;

2) El resto de la prestación -la que trae su causa en la dotación inicial-, como quiera que, en la actualidad, el seguro de vida deja de tributar como incremento de patrimonio para estar sujeto al IRPF como rendimiento del capital mobiliario salvo que, con arreglo a lo previsto en el artículo 16.2.a), deba tributar como rendimiento del trabajo (artículo 23.3), procede sujetarla a tributación bajo este último componente, esto es, como rendimiento del trabajo, aunque no por lo dispuesto en el artículo 16.2.a).3ª sino por el artículo 16.2.a).5ª-(...), lo que conduce a que esta parte de la prestación tribute por diferencia entre la misma y la suma de las aportaciones realizadas por el trabajador y las contribuciones realizadas por Telefónica en la medida en que ésta fueran imputables a aquél, y todo esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 del texto refundido de dicha Ley , no aceptando, sin más lo que el reclamante pretende (OJO AL DATO) de que el importe total de los "derechos por servicios pasados» quede sin tributar

- primero porque desconocemos (NO SABEMOS) si dicho importe coincide con la suma de las contribuciones imputadas por la empresa y las aportaciones realizadas por el trabajador o, en cambio, es superior a dicha suma fruto de su actualización financiera,

- segundo porque el reclamante no acredita lo que afirma (OJO OTRA VEZ) de que a la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica le resulte imposible hacer tal distinción dentro de la prestación total abonada, con olvido de que, siendo éste quien insta la revisión de su declaración, a él le corresponde la prueba del error, prueba que ha de extenderse a todos los componentes considerados».

Por consiguiente, el supuesto de autos estaría regulado en el régimen de tributación de los rendimientos del trabajo del art. 16.2. 5º del citado texto refundido

Sin embargo, resulta que no habiendo acreditado el actor los presupuestos de hecho de aplicación de la norma, la cuantía de las contribuciones imputadas por la empresa y las aportaciones realizadas por la trabajadora, no cabe estimar la pretensión del suplico de la demanda de que el importe de 42.000 € percibido del total de los "derechos por servicios pasados" queden sin tributar, solicitud que en todo caso desconoce que esta suma es en parte fruto de su actualización financiera.

Y, por la misma razón, la falta de acreditación de su importe, también se desestima la petición subsidiaria de la demanda, de que puedan declarase exentos una parte de aquellos derechos (aportaciones efectuadas por Telefónica y la parte actora al Seguro de Vida y Supervivencia, y a las que ya se les retuvo el correspondiente IRPF) tributando la diferencia entre los derechos consolidados y la cantidad anterior como rendimiento de capital mobiliario.

En el caso de autos el actor no ha acreditado las cantidades que justificarían su pretensión. El propio actor alega en la demanda y en el escrito de conclusiones (¿???) que según la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica es imposible distinguir la parte del importe recibido que deriva de las estrictas aportaciones al plan, de aquella que deriva de la dotación inicial.

Como se indica en la sentencia del Sentencia del TSJ de Castilla y León 16-12-2011, mediante una argumentación plenamente aplicable al caso de autos:

Lo expuesto nos lleva a mantener a que no se ha cumplido con la carga de la prueba de los presupuestos para la rectificación y devolución interesadas.»

En consecuencia, visto el tratamiento normativo la decisión de este proceso dependerá en primer lugar de la documentación aportada a cada caso y el criterio que se siga sobre la carga de la prueba respecto a las "contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador" a que se refiere el precepto legal de aplicación artículo 16.2.a) 5º de la Ley 35/2005 , de 28-11, lo que nos lleva a la desestimación de la demanda pues, en definitiva y con independencia de la doctrina citada, no queda eximida la parte actora de justificar, probar y acreditar ante una petición de rectificación de sus declaraciones, los presupuestos de su pretensión (LO PUEDE DECIR MÁS ALTO, PERO NO MÁS CLARO), no bastando con justificar cuál ha sido el quantum de los derechos por servicios pasados, que es lo único que en autos ha acreditado la parte, sino que debió acreditar también por cualquier medio en derecho, las aportaciones efectuadas por la propia parte y por Telefónica (OJO PARA LOS ABOGADOS).

Procede desestimar la demanda origen de este proceso, significándose no obstante, como dijimos en la última sentencia citada:

1) que dicho criterio es el mantenido, entre otros, por el TSJ de Asturias -por todas, Sentencia de 26-6-2012-, TSJ de Castilla y León, -por todas, Sentencia de 26-6-2012-, TSJ de Canarias, Sentencia de 21-12-2011, ó Sentencia del TSJ de Baleares de 11-12-2013;

2) que el criterio que invoca el recurrente y seguido por el TSJ del País Vasco -Sentencia de 10-6-2011 y Sentencia de 7-3-2012, estimatorias parciales de los recursos- de considerar a todos los empleados sometidos a idéntica situación, ha sido expresamente rechazado por la Sentencia del TS de 26-3-2012 desestimatoria del recurso de casación para la unificación de doctrina presentado frente a la Sentencia de 4-6-2008 del TSJ de Madrid y ello por admitir la posible existencia de divergencia fáctica no obstante tratarse de empleados de Telefónica ("a pesar de la similitud formal de los asuntos"), que impide a su vez aplicar la doctrina que el propio TS mantiene sobre este particular, entre otras, en Sentencias de 27-7- 2002, 20-2 y 6 y 7-3 y 2 y 10-10-2005 y 21-1-2008.

FALLO

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Hernan contra la Resolución de 24-2-2013 del TEAR de Castilla y León por su conformidad con el ordenamiento jurídico, y sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.

VER SENTENCIA

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