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SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEON DE 11-05-2015 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (DESFAVORABLE) Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Casilda contra la Resolución de 25-11-2011 del TEAR de Castilla y León, siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre IRPF, ejercicio 2008 (solicitud de rectificación de autoliquidación). ANTECEDENTES DE HECHO Dª Casilda interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 25-11-2011 del TEAR de Castilla y León, desestimatoria de la reclamación presentada contra el Acuerdo del Administrador de Astorga de la AEAT, sobre solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2008. La parte actora solicitaba se dicte sentencia por la que: a) Se anule y deje sin efecto la resolución recurrida de fecha 25-11-2011, dictada por el TEAR de Castilla y León (IRPF ejercicio 2008), por cuanto no reconoce la exención total de los derechos consolidados por servicios pasados de 32.444 €, así como el Acuerdo de la Agencia Tributaria de 17-11-2010, en cuanto sólo reconoció parcialmente lo solicitado. b) Que se reconozca y ordene a la Administración que practique nueva liquidación reconociendo la exención total del importe percibido como prestación del Fondo de pensiones y correspondientes a los derechos reconocidos por Telefónica por servicios pasados en 1992 y que ascienden a 32.444 €. Procediendo a la rectificación de la Autoliquidación presentada de IRPF ejercicio 2008 y a la devolución de los ingresos indebidos junto con sus intereses de demora." La Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.-Resolución impugnada y pretensiones de las partes. La Resolución de 25-11-2011 del TEAR de Castilla y León desestimó la reclamación presentada contra el Acuerdo del Administrador de Astorga de la AEAT, sobre solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2008, por entender, en esencia, que cuando Telefónica creó en el año 1992 su plan de pensiones ofreció a sus trabajadores la opción de continuar con su derecho a percibir la prestación de supervivencia establecida en el contrato de seguros celebrado con la compañía Metrópolis, o bien, integrarse en el plan de pensiones creado, optando el reclamante por incorporarse al plan de pensiones El hecho de que se le reconocieran unos derechos por los servicios prestados que, además, no supondrían una imputación fiscal, no significa que ejercitase el derecho de rescate del contrato de seguro y se aportase al Plan de Pensiones, ni supuso una transformación del seguro colectivo en un plan de pensiones, sino que fue una incorporación a un plan de pensiones con todas sus consecuencias y en unas condiciones determinadas, que suponían que se le reconociesen unos derechos por servicios pasados -lo que no deja de ser el reconocimiento de unos derechos consolidados en el plan de pensiones- y la renuncia, posiblemente a favor del tomador de seguro (Telefónica), de su derecho de rescate sobre las reservas matemáticas del seguro En contra de lo que pretende el solicitante de la rectificación de la autoliquidación, no puede hablarse de un origen diferenciado en las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones ya que todas proceden de una misma fuente -así se establece en el régimen transitorio al que se acogió la empresa-, las aportaciones del promotor, siendo indiferente el origen de los recursos -del contrato de seguro al que tuvieron que renunciar los trabajadores por ser partícipes del plan- con los que el promotor financia las aportaciones, pues desde el momento en el que unos fondos y unas persona se incorporan a un plan de pensiones quedan sujetas al régimen legal previsto para los mismos, siendo claro que las prestaciones obtenidas de los planes de pensiones tributan como rendimientos del trabajo. Dª Casilda alega en la demanda que prestó servicio para Telefónica, S.A., desde el 24-1-1969, causando alta en dicha fecha en el Seguro Colectivo y en la I.T.P. Como consecuencia de la disolución de oficio de la ITP, Telefónica efectuó una reestructuración profunda de la previsión social de sus empleados y en julio de 1992 le reconocieron como aportación inicial en el Plan de Pensiones de empleados de Telefónica los derechos consolidados por servicios pasados que ascendieron en principio a 32.444 €. Que en la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2008 incluyó indebidamente ingresos de trabajo personal por la cantidad de 83.267,51 € procedentes del pago de prestaciones correspondientes al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, cuando dicha prestación en la cuantía correspondiente a los derechos reconocidos en 1992 está exenta y su gravamen produciría una doble imposición. Solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación y la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, solicitud que ha sido rechazada por la Agencia Tributaria y por el TEAR. Para entender la naturaleza de la cuestión debatida es preciso hacer una breve exposición de la previsión social de telefónica: Existía: a) La ITP que estuvo operando hasta 1991, otorgando las prestaciones sustitutorias a las contempladas en el Régimen General de la Seguridad Social. b) Una póliza del Seguro Colectivo que se creó en 1943 con Metrópolis (póliza 1278), en la modalidad de capital asegurado simple y doble; en el año 1977 como consecuencia de la publicación de la Orden de 24-1-1977 del Ministerio de Hacienda por la que se regulaban los seguros del grupo sobre la vida humana se cambió la póliza generándose la póliza 120.734 que estuvo vigente hasta 1983, año en que se hicieron 3 pólizas de seguros desdoblando muerte, supervivencia y accidentes, pólizas: - de riesgo: 123.854 - de accidentes: 709.368 - de supervivencia: 123.855 A partir de esta fecha se crea un fondo interno actuando Telefónica como entidad de seguros según se acredita por el TS en diferentes sentencias. Para dotar a estos sistemas de fondos necesarios Telefónica descontaba en nómina a sus empleados las contribuciones de los mismos a la ITP y las primas del seguro colectivo, estas primas en el transcurso del tiempo se descontaran o no en nómina, siempre se imputaban fiscalmente a los empleados o los efectos de la declaración del IRPF. Este sistema llega hasta el año 1992 cuando existe una profunda reforma con ocasión de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los colectivos activos y pasivos que venían percibiendo a través de la ITP, aquellas prestaciones sustitutorias de las que se otorga el sistema de la Seguridad Social. Se disuelve la ITP y se creó un plan de pensiones de forma que para aquellos trabajadores en activo que lo fueran antes del 1-7-1992 y se acogieran al Plan de pensiones que se le reconocería en sustitución del seguro colectivo de supervivencia unos derechos económicos por servicios pasados que serían ingresados en dicho Plan de Pensiones y para los que no se adherían al Plan de Tensiones se mantuvo seguro colectivo de prestación de supervivencia y el seguro de riesgos en sus configuraciones y cuantías actuales. Alega que en la Instrucción 55 de Telefónica de junio de 1984 consta claramente que la prima del seguro colectivo obligatorio muerte/vida se descuenta mensualmente en nómina a los empleados y que la compañía bonificada el 50% de dicha prima, importe bonificado que posteriormente declaraba e imputaba fiscalmente al empleado según el régimen fiscal vigente en cada momento. Considera aplicable lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2004, en la Disposición Transitoria 5ª y en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 35/2006 de 28-11 del IRPF, en cuanto regulan el régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con anterioridad a 1-1-1999. En su aplicación dada la fecha de incorporación a Telefónica los derechos consolidados por servicios pasados reconocidos por telefónica en 1992 están exentos de tributación. Se basan para ello en las nóminas y certificados de retenciones, fecha de ingreso de la actora en Telefónica y demás documentación que ha incorporado a las actuaciones. SEGUNDO. Sobre la problemática litigiosa en sentencias anteriores de esta Sala, de 28-5-2012 y de 26-9-1214 hemos mantenido el criterio siguiente: CUARTO.- Estamos en un procedimiento de rectificación de declaración a instancia de parte, lo que supone que de acuerdo con el art. 108.4 de la LGT que: "Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario". Lo que puesto en relación con el principio general de carga de la prueba que establece el art. 105 del mismo texto legal, cuando nos dice: "1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. 2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria." Resulta que si el recurrente declaró como rentas irregulares de trabajo las cantidades percibidas de Fonditel, a él (Y SÓLO A ÉL) le corresponde acreditar la existencia del error y los presupuestos necesarios para la rectificación de su declaración, declaración que en principio se ajusta a derecho, pues a las cantidades aportadas al fondo de pensiones en concepto de derechos por servicios pasados a fecha 1-7-1992, se han añadido con posterioridad las la aportaciones, realizadas durante los años posteriores (el actor causó baja en la empresa el 2-1-1999 según el informe de vida laboral), tanto de Telefónica 6,87% del Salario Regulador, como de los partícipes, 2,2 %, según se determina en el art. 21 del Reglamento del Plan. Y en principio las cantidades percibidas por el recurrente se reciben de un plan de pensiones, con lo que de acuerdo con el art. 16.2.a) 3ª del RDL 3/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la LIRPF "2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo: a) Las siguientes prestaciones:... 3ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones". Es cierto que el origen de las aportaciones por reconocimiento de derechos por servicios pasados, según las sentencias que cita el recurrente tienen un componente de primas de seguro abonadas por el participe, y detraídas de su nómina después de tener en cuenta el importe de la prima para determinar la renta percibida por el recurrente, con lo cual si ya pagó IRPF al percibir el sueldo por las primas, si ahora se considerasen esas cantidades como renta de trabajo sin más resultaría que estaría volviendo a pagar por una renta que ya pagó, pues la primas pagadas en su día se integraron en el cálculo de la base imponible, a diferencia de lo que ocurre con las cantidades aportadas a planes de pensiones que reducen directamente la base imponible. Ahora bien (NO OBSTANTE) el que ello sea así, no exime al interesado de acreditar cuales han sido esas aportaciones, por las que tendría que pagar a partir de la Ley 40/98 del IRPF como rendimientos del capital mobiliario, art.23.3, con la remisión al art.16.2.a) (con la LIRPF anterior como incrementos de patrimonio); máxime cuando como resulta del Certificado expedido por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Telefónica, los derechos consolidados reconocidos al recurrente en concepto de derechos por servicios pasados, de acuerdo con el Plan de reequilibrio, resulta que de dichos derechos reconocidos solo se aportaron al Plan de modo efectivo los incluidos en el Plan de Transferencia, mientras que el resto lo fueron con cargo al Plan de Amortización, que habría de efectuar Telefónica en el futuro, siendo por tanto una aportación clara de Telefónica. Dicha acreditación no se ha producido en el presente caso. No aceptando, sin más lo que el reclamante pretende de que el importe total de los "derechos por servicios pasados» quede sin tributar: - primero porque desconocemos si dicho importe coincide con la suma de las contribuciones imputadas por la empresa y las aportaciones realizadas por el trabajador o, en cambio, es superior a dicha suma fruto de su actualización financiera - segundo porque el reclamante no acredita lo que afirma (OJO AL DATO) de que a la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica le resulte imposible hacer tal distinción dentro de la prestación total abonada, con olvido de que, siendo éste quien insta la revisión de su declaración, a él le corresponde la prueba del error, prueba que ha de extenderse a todos los componentes considerados». El supuesto de autos estaría regulado en el régimen de tributación de los rendimientos del trabajo del art. 16.2. 5º del citado texto refundido: "5ª Las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador." Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 94 de la citada norma sobre "Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro". Sin embargo, resulta que no habiendo acreditado el actor los presupuestos de hecho de aplicación de la norma, la cuantía de las contribuciones imputadas por la empresa y las aportaciones realizadas por la trabajadora, no cabe estimar la pretensión del suplico de la demanda de que el importe de 42.000 € percibido del total de los "derechos por servicios pasados" queden sin tributar, solicitud que en todo caso desconoce que esta suma es en parte fruto de su actualización financiera. Y, por la misma razón, la falta de acreditación de su importe, también se desestima la petición subsidiaria de la demanda, de que puedan declarase exentos una parte de aquellos derechos (aportaciones efectuadas por Telefónica y la parte actora al Seguro de Vida y Supervivencia, y a las que ya se les retuvo el correspondiente IRPF) tributando la diferencia entre los derechos consolidados y la cantidad anterior como rendimiento de capital mobiliario. En el caso de autos el actor no ha acreditado las cantidades que justificarían su pretensión. El propio actor alega en la demanda y en el escrito de conclusiones que según la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica es imposible distinguir la parte del importe recibido que deriva de las estrictas aportaciones al plan, de aquella que deriva de la dotación inicial. Como se indica en la sentencia del Sentencia del TSJ de Castilla y León de 16-12-2011, mediante una argumentación plenamente aplicable al caso de autos: "Una cosa es que la doctrina jurisprudencial que aporta y cita el recurrente sirva para considerar que las primas pagadas por el mismo en el seguro colectivo de supervivencia deban considerarse a efectos de calcular los incrementos de patrimoniales obtenidos por esas primas, y otra que acreditadas las aportaciones al plan de pensiones y percibidas estas, no deba tenerse en cuenta que la declaración como rendimientos de trabajo de las mismas es ajustada a derecho, y al recurrente ante una petición de rectificación de la declaración le corresponda acreditar los presupuestos de su pretensión (OJO AL DATO). Lo que no se ha efectuado en esta instancia, sin que la certificación emitida por Fonditel en periodo probatorio pueda considerarse prueba al efecto. Primero porque como resulta de la propia certificación no parte de datos concretos sino de estimaciones proporcionales. Segundo porque estamos hablando del ejercicio 2004, 12 años después de la constitución del plan con aportaciones del participe y del promotor que claramente quedan fuera de las alegaciones en las que se basa el recurrente. En tercer lugar porque respecto del plan de reequilibrio una parte, la de amortización es claro que se trata de una aportación de la empresa, y en cuanto al plan de transferencia, no existe dato alguno que permita saber que parte es de aportaciones de la empresa y que parte de las cuotas abonadas por los trabajadores, ya que de las nóminas aportadas resulta que en los descuentos de la nómina figura por un lado el descuento de "cuota simple seguro colectivo", pero a continuación y con signo negativo "compensación cuota simple seguro colectivo", con lo que no todas las cuotas pagadas del seguro colectivo eran de cuenta del recurrente, al menos la mitad según la proporción que resulta de las nóminas era de la empresa". Lo expuesto nos lleva a mantener a que no se ha cumplido con la carga de la prueba de los presupuestos para la rectificación y devolución interesadas.» Más recientemente, nuestras Sentencias de 16-11-2012 y 26-4-2013 han resuelto un supuesto similar, y más recientemente aún las Sentencias del TSJ de 4-11-2013, de 2-6, 13-6 ó 23-6. En consecuencia, visto el tratamiento normativo la decisión de este proceso dependerá en primer lugar de la documentación aportada a cada caso y el criterio que se siga sobre la carga de la prueba respecto a las "contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador" a que se refiere el precepto legal de aplicación artículo 16.2.a) 5º de la Ley 35/2006, de 28-11. De acuerdo con el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que impide resolver de manera diferente cuestiones sustancialmente iguales, que es lo que sucede entre los supuestos de las sentencias reseñadas y aún de esta Sala -en los que se ha aportado por la parte recurrente nóminas o certificados anuales de percepción de haberes en los que figuran como descuento la cuota del seguro colectivo con imputación fiscal así como una compensación cuota simple del seguro colectivo de la que no consta su imputación fiscal-, en este caso ni se alega ni se acreditan los importes descontados en nómina por el Seguro Colectivo y por la ITP, quedando así huérfano de prueba sobre las concretas aportaciones imputables al recurrente, por lo que procede desestimar igualmente la demanda origen de este proceso, significándose no obstante, como dijimos en la última sentencia citada: 1) que dicho criterio es el mantenido, entre otros, por el TSJ de Asturias -por todas, Sentencia de 26-6-2012, TSJ de Castilla y León, -por todas, Sentencia de 26-6-2012-, TSJ de Canarias, Sentencia de 21-12-2011 2) que el criterio que invoca el recurrente y seguido por el TSJ del País Vasco -Sentencia de 10-6-2011 y de 7-3-2012, estimatorias parciales de los recursos- de considerar a todos los empleados sometidos a idéntica situación, ha sido expresamente rechazado por la reciente Sentencia del TS de 26-3-2012 desestimatoria del recurso de casación para la unificación de doctrina presentado frente a la Sentencia de 4-6-2008, del TSJ de Madrid por la que se desestimó el recurso nº 456/05, y ello por admitir la posible existencia de divergencia fáctica no obstante tratarse de empleados de Telefónica ("a pesar de la similitud formal de los asuntos"), que impide a su vez aplicar la doctrina que el propio TS mantiene sobre este particular, entre otras, en Sentencias de 27-7-2002, 20-2 y 6 y 7-3 y 2 y 10-102006 y 21-1-2008. FALLO Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Casilda contra la Resolución de 25-11-2011 del TEAR de Castilla y León, por su conformidad con el ordenamiento jurídico. VER SENTENCIA http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCYL110520152.pdf VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES |
