SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 12-01-2015

SENTENCIA Nº2 DEL TSJ DE CASTILLA-LEON DE 12-01-2015 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (PARCIALMENTE FAVORABLE)

RESUMEN

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Dámaso contra la Resolución de 27-7-2011 del TEAR de Castilla y León, siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre IRPF, ejercicio 2004 (solicitud de rectificación de autoliquidación).

ANTECEDENTES DE HECHO

D. Dámaso interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 27-7-2011 del TEAR de Castilla y León, desestimatoria de la reclamación presentada contra el Acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de León de la AEAT, por el que se denegó la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2004, en cuantía de 6.801,68 €.

La parte actora dedujo el 20-1-2012 demanda en la que solicitaba se declare contraria a Derecho la resolución impugnada, anulándola, y declarando:

a) que la cantidad que por concepto de "Derechos por servicios pasados" y procedente del Seguro de Supervivencia le fue reconocida a fecha 1-7-1992 y traspasada por Telefónica al Plan de Pensiones, es decir, la suma de 54.051,15 €, no está sujeta a tributación al tiempo del rescate de los Fondos porque ya tributó en su día en este impuesto, debiendo tributar el resto de la prestación percibida como rendimiento del trabajo de carácter irregular, es decir, con derecho a la reducción del 40 por 100

b) su derecho a la devolución de ingresos indebidos que en ejecución de sentencia resulten de la rectificación de la declaración-autoliquidación, más los intereses de demora devengados desde la fecha en que debió percibir el exceso no devuelto fiscalmente y la fecha de la propuesta de pago, con todo lo demás que proceda y resulte del expediente

La Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente.

Se fijó la cuantía del recurso en 6.801,68 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Resolución impugnada y pretensiones de las partes.

La Resolución de 27-7-2011 del TEAR de Castilla y León desestimó la reclamación presentada por D. Dámaso contra el Acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de León de la AEAT, por el que se denegó la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IRPF del ejercicio 2004, en cuantía de 6.801,68 €, por entender, en esencia, que cuando Telefónica creó en el año 1992 su plan de pensiones ofreció a sus trabajadores la opción de continuar con su derecho a percibir la prestación de supervivencia establecida en el contrato de seguros celebrado con la compañía Metrópolis, o bien, integrarse en el plan de pensiones creado -supuesto en el que se les reconocerían una serie de compromisos sociales en función de los servicios prestados a la empresa (LA CUANTÍA ERA EN FUNCIÓN DE LA EDAD, NO DE LA ANTIGÜEDAD)-, optando el reclamante por incorporarse al plan de pensiones

Don Dámaso prestó servicio activo para Telefónica, S.A., desde el 24-11-1967 hasta el 2-1-1999 en que se acogió a un Programa de Prejubilación, estando incluido como los demás trabajadores de Telefónica en un Seguro Colectivo de Riesgo y Supervivencia suscrito por la empresa con la compañía de seguros Metrópolis mediante dos pólizas, una de ellas por muerte e invalidez, y otra de supervivencia a la edad de 65 años, para cuya cobertura se descontaba del salario mensual el importe correspondiente a las primas de seguro

El 31-12-1982 Telefónica rescató ambas pólizas, fijándose el importe de los capitales asegurados hasta dicho rescate a fin de garantizar las reservas técnicas necesarias para su abono en el momento de la producción del riesgo asegurado y desde ese momento hasta el día 1-7-1992 -en que la empresa constituye el Plan de Pensiones Empleados de Telefónica alternativo al Seguro Colectivo- la situación económico fiscal del fondo interno constituido es una cuestión absolutamente oscura por causa imputable a la empresa

Al tiempo de constituirse el Plan de Pensiones Telefónica traspasó el importe del denominado Fondo Interno al Fondo de Pensiones de forma que las aportaciones efectuadas por cada trabajador al citado Fondo de Pensiones derivan del Seguro Colectivo de supervivencia el cual, insiste, fue sufragado por los trabajadores mediante la técnica del descuento salarial en cada nómina mensual, generándose en consecuencia la correspondiente retención fiscal

En la fecha de constitución del Plan de Pensiones le reconocieron, derivados del citado Fondo de Aseguramiento un total de 54.051.15 €, situación anterior que indudablemente pone de manifiesto que los trabajadores estaban fiscalmente consumiendo renta para prevenir un futuro por lo que la cantidad percibida una vez producido el riesgo no es rendimiento de trabajo personal sino, actualmente, un rendimiento de capital mobiliario, que anteriormente fue considerado como un incremento de patrimonio

Durante el ejercicio 2004 rescató, en forma de capital, un total de 90.000 € del Fondo de Pensiones de su titularidad (Fonditel), tributando por la totalidad del importe como rendimiento del trabajo de carácter irregular, con el resultado a devolver de 6.801,68 €

Habiendo tenido conocimiento posteriormente que desde el 1-1-1999 los importes recibidos como rescate de un seguro de vida se califican como rendimientos del capital mobiliario, solicitando la oportuna rectificación de la declaración pues entiende que la cantidad de 54.501,15 € del total rescatado no tribute por IRPF pues no debió ser incluida como renta, tratándose de una percepción de especial naturaleza consecuencia del tránsito del Mutualismo al sistema de Planes de Pensiones, no sujeta a IRPF toda vez que deriva de las primas al Seguro colectivo pagadas directamente por cada trabajador y la empresa, habiendo sido ya en su día imputadas fiscalmente al trabajador como retribución en especie sujetas a la pertinente retención fiscal

De lo anterior se deduce que las aportaciones al Plan de Pensiones tiene un doble origen y por tanto deben tributar en función del mismo:

- de una parte, la dotación inicial de 54.051,15 € en concepto de "derechos por servicios pasados" que ya ha tributado por IRPF y que deriva de las primas pagadas al Seguro Colectivo, consecuencia del ejercicio por su parte de la opción que se instrumentó mediante renuncia a la prestación de supervivencia, cantidad que no debe tributar

- de otra, lo que exceda de esa cantidad, que son las restantes aportaciones al plan en sentido estricto y que deben tributar como rendimientos del trabajo de carácter irregular con derecho a la reducción legalmente prevista

Todo ello por más que de la información proporcionada por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica no resulte posible distinguir la parte del importe percibido que deriva de las estrictas aportaciones al Plan de aquella que deriva de la dotación inicial. (LA COMISIÓN DE CONTROL NO CONTROLA NI ACLARA NADA)

SEGUNDO. En sentencias anteriores de esta Sala, de 28-5-2012 y de 26-9-1214 hemos mantenido el criterio siguiente:

"Sobre el origen económico del fondo extinguido en 1992 que justificó la dotación inicial de Telefónica al fondo de pensiones el planteamiento del actor recuerda los numerosos recursos sometidos a distintos órganos de este orden jurisdiccional, entre ellos al TS, en este caso a través de los recursos de casación para unificación de doctrina.

De acuerdo con los datos obrantes en estos autos y los existentes en las referidas sentencias del TS, es posible elaborar el siguiente resumen:

Telefónica tenía suscritas con la compañía de seguros Metrópolis, 2 pólizas colectivas en beneficio de sus trabajadores, una de ellas de muerte e invalidez y otra de supervivencia a la edad de 65 años.

Para su cobertura, se descontaba, a los trabajadores de su salario y a los jubilados de su pensión, el importe de las cuotas necesarias.

El 31-12-1982, Telefónica rescató dichas pólizas, fijándose el importe de los capitales asegurados hasta dicho rescate, a fin de garantizar las reservas técnicas necesarias para su abono, en el momento de la producción del riesgo asegurado.

Desde ese momento, hasta el año 1992, en que Telefónica constituye un Plan de Pensiones a favor de sus trabajadores, la cuestión de la previsión por supervivencia se oscurece (ES UNA FORMA DE DECIR QUE NO ESTÁ CLARA), estribando la dificultad en determinar el origen de las aportaciones que lo nutrieron, y si provenían del bolsillo de los empleados o de la entidad.

Y a partir de julio de 1992 la compañía traspasa el importe del denominado Fondo interno al Fondo de Pensiones que en última instancia retribuye al demandante. La naturaleza de las aportaciones al Plan a partir de esta fecha, y del tratamiento fiscal que merece la contraprestación correspondiente es pacífica, y no se discute ni por Administración ni por el contribuyente.

El criterio más generalizado (NO TODO EL MUNDO PIENSA IGUAL) es, al menos, hasta 1982, el seguro de supervivencia fue sufragado por aportaciones de los trabajadores, mediante el descuento salarial correspondiente.

Restaba, sin embargo, por conocer la procedencia de las cantidades aplicadas a partir del momento del rescate del seguro.

La tesis de la Administración, y de algunas resoluciones judiciales se inclinaba por considerar que el denominado "fondo interno" se dotaba con cargo a los resultados de la Compañía, y no de los empleados.

El TS en numerosas sentencias ha mantenido que la prestación de Supervivencia a los 65 años satisfecha por Telefónica con cargo a su fondo interno, durante el periodo de vigencia de la Ley 18/1991 del IRPF, tributaba en el IRPF como incremento patrimonial y no como rendimiento irregular de trabajo. Consideraba que la retención practicada en la nómina demuestra que las cantidades entregadas como consecuencia de un seguro colectivo deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia del contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado. (...)

CUARTO.- En el presente caso estamos hablando del año 2005, es decir 13 años después de la constitución del plan de pensiones ya con aportaciones tanto del promotor como del participe.

A ello se une que estamos en un procedimiento de rectificación de declaración a instancia de parte, como pone de manifiesto el Abogado del Estado (COMO AFINA EL ABOGADO DEL ESTADO), lo que supone que de acuerdo con el art. 108.4 de la LGT que:

Lo que puesto en relación con el principio general de carga de la prueba (QUE ES COMO UN PRINCIPIO DE LA FÍSICA) que establece el art. 105 del mismo texto legal , cuando nos dice:

Resulta que si el recurrente declaró como rentas irregulares de trabajo las cantidades percibidas de Fonditel, a él (Y SÓLO A ÉL) le corresponde acreditar la existencia del error y los presupuestos necesarios para la rectificación de su declaración, declaración que en principio se ajusta a derecho, pues a las cantidades aportadas al fondo de pensiones en concepto de derechos por servicios pasados a fecha 1-17-1992, se han añadido con posterioridad las la aportaciones, realizadas durante los años posteriores (el actor causó baja en la empresa el 2-1-1999 según el informe de vida laboral), tanto de Telefónica 6,87% del Salario Regulador, como de los partícipes, 2,2 %, según se determina en el art. 21 del Reglamento del Plan .

Y en principio (SÓLO EN PRINCIPIO) las cantidades percibidas por el recurrente se reciben de un plan de pensiones, con lo que de acuerdo con el art. 16.2.a) 3ª del RDL 3/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la LIRPF

Es cierto que el origen de las aportaciones por reconocimiento de derechos por servicios pasados, según las sentencias que cita el recurrente tienen un componente de primas de seguro abonadas por el participe, y detraídas de su nómina después de tener en cuenta el importe de la prima para determinar la renta percibida por el recurrente, con lo cual si ya pagó IRPF al percibir el sueldo por las primas, si ahora se considerasen esas cantidades como renta de trabajo sin más resultaría que estaría volviendo a pagar por una renta que ya pagó, pues la primas pagadas en su día se integraron en el cálculo de la base imponible, a diferencia de lo que ocurre con las cantidades aportadas a planes de pensiones que reducen directamente la base imponible.

Ahora bien el que ello sea así, no exime al interesado de acreditar cuales han sido esas aportaciones (OJO), por las que tendría que pagar a partir de la Ley 40/98 del IRPF como rendimientos del capital mobiliario, art. 23.3, con la remisión al art.16.2.a) (con la LIRPF anterior como incrementos de patrimonio); máxime cuando como resulta del Certificado expedido por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Telefónica, los derechos consolidados reconocidos al recurrente en concepto de derechos por servicios pasados, de acuerdo con el Plan de reequilibrio, resulta que dichos derecho reconocidos solo se aportaron al Plan de modo efectivo los incluidos en el Plan de Transferencia, mientras que el resto lo fueron con cargo al Plan de Amortización, que habría de efectuar Telefónica en el futuro, siendo por tanto una aportación clara de Telefónica (OJO). Dicha acreditación no se ha producido en el presente caso.

Con relación al ejercicio de 2005, que es el que se revisa, resulta aplicable el criterio recogido en la STSJ de Andalucía de fecha 10-2-, que confirma la resolución impugnada:

 "la resolución del TEARA de 14-11-2008 estimó parcialmente la reclamación, anulando el acuerdo impugnado para que, en su sustitución, se practicara liquidación con arreglo a lo dispuesto en su último fundamento, que disponía así:

Por consiguiente, el supuesto de autos estaría regulado en el régimen de tributación de los rendimientos del trabajo del art. 16.2. 5º del citado texto refundido:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 94 de la citada norma sobre "Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro".

Sin embargo, resulta que no habiendo acreditado el actor los presupuestos de hecho de aplicación de la norma, la cuantía de las contribuciones imputadas por la empresa y las aportaciones realizadas por la trabajadora, no cabe estimar la pretensión del suplico de la demanda de que el importe de 42.000 € percibido del total de los "derechos por servicios pasados" queden sin tributar, solicitud que en todo caso desconoce que esta suma es en parte fruto de su actualización financiera.

Y, por la misma razón, la falta de acreditación de su importe, también se desestima la petición subsidiaria de la demanda, de que puedan declarase exentos una parte de aquellos derechos (aportaciones efectuadas por Telefónica y la parte actora al Seguro de Vida y Supervivencia, y a las que ya se les retuvo el correspondiente IRPF) tributando la diferencia entre los derechos consolidados y la cantidad anterior como rendimiento de capital mobiliario.

En el caso de autos el actor no ha acreditado las cantidades que justificarían su pretensión. El propio actor alega en la demanda y en el escrito de conclusiones que según la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica es imposible distinguir la parte del importe recibido que deriva de las estrictas aportaciones al plan, de aquella que deriva de la dotación inicial.

En consecuencia, visto el tratamiento normativo la decisión de este proceso dependerá en primer lugar de la documentación aportada a cada caso y el criterio que se siga sobre la carga de la prueba respecto a las "contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador" a que se refiere el precepto legal de aplicación artículo 16.2.a) 5º de la Ley 35/2006, de 28-11.

TERCERO.- En el presente caso con la reclamación se han aportado nóminas o certificados anuales desde marzo de 1973 octubre de 1971 a junio de 1992, en los que figuran como descuento de los haberes la cuota del seguro colectivo con imputación fiscal así como una compensación cuota simple del seguro colectivo de la que no consta su imputación fiscal (BIEN).

De esta forma la actora no acredita que la cantidad que dice ha satisfecho por descuentos en nóminas al seguro colectivo haya sido en su totalidad objeto de imputación fiscal, pues no ha descontado las cantidades de las cuotas del seguro colectivo que le fueron compensadas por la empresa (OJO)

Sin que de la Instrucción nº 55 del seguro colectivo resulte acreditado que la bonificación de 50% de la cuota del seguro colectivo hubiera sido objeto de imputación fiscal.

Figura en la certificación de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica que la cuantía total provisional reconocida al actor por Derechos por Servicios Pasados a fecha julio de 1992 es de 54.051,15 €.

En consecuencia, habiendo acreditado las aportaciones realizadas en su día por la parte actora al contrato de seguro colectivo de supervivencia, sin perjuicio de lo dicho sobre las compensaciones en concepto de cuota simple del seguro colectivo, y al ser un supuesto análogo al aquí enjuiciado, procede aplicar el criterio mantenido en la sentencia del TSJ de Madrid en la sentencia de 2-4-2014 que dice:

"A una conclusión similar, precisamente amparándose en la doctrina fijada por el TS, ya se llegó por el propio TEAR de Madrid en la resolución de 24-2-2011 que estimó la reclamación económico administrativa que fue examinada en la sentencia de esta Sala de 23-4-2013 en el recurso contencioso administrativo nº 435/2011.

En el caso analizado en este recurso, es aplicable la Ley 35/2006, del IRPF, al ejercicio 2007, según la cual en su art. 17.2.a.5º que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo

En el mismo sentido, el art. 16. 2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del IRPF, aplicable al ejercicio 2006 determina que son rendimientos del trabajo:

Por tanto, sólo los importes que excedan de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador, pueden considerarse rendimientos del trabajo, lo que supone que los importes de descontados en las nóminas no pueden considerarse rendimientos del trabajo, contrariamente a lo argumentado por la Administración (ESTO ES MUY IMPORTANTE).

Sin embargo (PERO), en las nóminas se aprecia que junto al importe que se descuenta, aparece una cantidad que se resta en concepto de "Compensación Cuota Simple Seguro Colectivo" que viene a ser el 50% del importe descuento por el mismo concepto, lo que evidencia que el importe real descontado al trabajador es el 50% del valor consignado en el concepto de "Cuota Seguro Colectivo".

El recurrente en la demanda pretende que se tenga en cuenta como cantidad exenta el importe total de las cuotas del seguro colectivo, es decir, sin la resta del 50%, pero ello sólo sería posible si constara acreditado en alguna forma que el citado 50% que se resta de la reducción es imputado fiscalmente al trabajador, recayendo en el recurrente la carga de la prueba (HAY QUE TOMAR NOTA DE ESTO) conforme a lo dispuesto en el art. 105.1 de la Ley General Tributaria , pero de los documentos aportados no resulta que el 50% que es reducido de la aportación del trabajador al Seguro Colectivo haya sido imputado fiscalmente al propio trabajador.

Debiendo tener en cuenta que como se aprecia en las nóminas, el tipo de descuento en concepto de IRPF que se aplica en cada una de ellas se calcula sobre el 50%, de tal manera que la deducción practicada en las nóminas lo es tan sólo sobre el importe del 50%, pues el otro 50% le es reintegrado por la empleadora, por lo que no queda probado mediante las nóminas que se practicara la imputación fiscal por el importe alegado por el recurrente.

En todo caso, debe hacerse referencia que se aportan las nóminas relativas a los meses de enero de 1974, diciembre de 1977 y de todos los meses del año 1973 y de 1978 a 1992, ambos inclusive, sin que se hayan aportado el resto de las nóminas (ES MUY DIFÍCIL TENER TODAS LA NÓMINAS) con lo que resulta imposible calcular la cantidad total anual del importe deducido en concepto de seguro colectivo, cantidad que resultaría exenta de tributación (OJO AL DATO), por lo que el 50% deberá calcularse únicamente respecto de las cuotas de seguro colectivo deducidas que se acreditan con la aportación de las nóminas en la demanda. Esa es la cantidad que resultaría exenta de tributación.

De lo expresado se deduce que el importe que ha de ser considerado como aportación efectuada por el trabajador constituye la suma de la totalidad de los descuentos efectuados en las nóminas portadas en este recurso (LAS NO PORTADAS, NO), pero restado el 50%, y por tanto, dicho importe no puede ser considerado como rendimiento del trabajo …… se debe tener en cuenta que el art. 94, del citado Real Decreto Legislativo 3/2004, regula los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro y en su apartado 2 establece lo siguiente:

Por tanto, de acuerdo con el precepto citado, en el presente caso supone que ha de aplicarse el 75% de porcentajes de reducción, como manifiesta el recurrente, ya que el mismo es aplicable en virtud de la Disposición Transitoria 11ª de la Ley 35/2006, también al ejercicio 2007, ya que regula el régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de los contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones y que determina:

Si bien esa reducción no puede calcularse sobre todo el importe pretendido por el actor sino sobre el exceso de la cifra que resulte de calcular el 50% de las cantidades deducidas por cuotas de seguro colectivo, según las nóminas aportadas con la demanda, hasta la suma que se corresponde con la parte rescatada de la dotación inicial aportada por Telefónica en concepto de derechos por servicios pasados.

En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso contencioso administrativo, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como el acuerdo del que trae causa, declarando el derecho del recurrente a la devolución del importe resultante de efectuar el cálculo más arriba establecido."

FALLO

Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Dámaso contra la Resolución de 27-7-2011 del TEAR de Castilla y León y se anula la resolución recurrida y el acuerdo del que trae causa por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, declarando el derecho del recurrente a la devolución del importe resultante según lo especificado en el fundamento de derecho tercero de esta resolución.

VER SENTENCIA

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