- El reclamante presento, autoliquidación por el Impuesto y ejercicio reseñado, de la que resultaba una cuota diferencial a ingresar de 295,54 €.

- Presento solicitud de rectificación de autoliquidación en la que solicita la devolución pertinente.

- El objeto de la presente solicitud de rectificación de autoliquidación se circunscribe a determinar si procede minorar el importe de los rendimientos del trabajo por considerar exentos el importe de 27.125,53 € procedentes de la cuantía de los derechos reconocidos en 1.992 por servicios pasados integrados en el Plan de Pensiones de la entidad Telefónica.

- La exteriorización o salida del patrimonio empresarial de los compromisos adquiridos por los empresarios con sus trabajadores comenzó con la Ley 8/1987, de 8-6, de Planes y Fondos de Pensiones y continuó con la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la que se dio cumplimiento al artículo 8, de la Directiva 80/987/CEE relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

Los acuerdos que determinaron la integración al Plan de Pensiones de los empleados de Telefónica datan de 1992, fecha en la que ya había entrado en vigor la Ley 8/1987, de 8-6, de Planes y Fondos de Pensiones.

Tal y como se recoge en el escrito de la Comisión de Control del Plan de Pensiones aportado, el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica se constituyó al amparo de lo establecido en la citada Ley y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30-9, en el marco de su régimen transitorio. El mencionado régimen transitorio, en concreto, Disposición Transitoria 1ª de la Ley 8/1987 y Disposiciones Transitorias 1ª, 2ª y 3ª del Real Decreto 1307/1988, vigente también en los ejercicios 2004 y siguientes en virtud de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 304/2004, de 20-2, por el que se aprueba el nuevo reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, preveía que podrían constituirse en Fondos de Pensiones diversas instituciones y fondos constituidos por contribuciones y dotaciones realizadas para la cobertura de prestaciones análogas a las previstas en dicha Ley, cuando los partícipes o beneficiarios fuesen trabajadores o empleados de la propia empresa, para los cuales, podrían reconocerse derechos por servicios pasados.

Pues bien, en dicho marco normativo se produjo la creación del Plan de Pensiones que ahora nos ocupa, tal y como se afirma expresamente en Sentencia de la AN de 3-4-2006, en cuyo fundamento tercero que indica que mediante los Acuerdos de Previsión Social suscritos entre la Dirección de la Empresa y los Representantes de los Trabajadores el 3-11-1992, e incorporados al Anexo IV del CºCº de Telefónica de España, SA, se inicia la transformación del sistema de Previsión Social en un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo, acogido al régimen transitorio de la Ley 8/1978, que integra en diversa forma la prestación de supervivencia para los adheridos.

Así se reconoce también en el Boletín n° 57 de julio de 2007 del propio Plan de Pensiones, donde bajo el título Derechos Reconocidos por Servicios Pasados se señala textualmente lo siguiente:

Nuestro Plan de Pensiones se constituyó al amparo de la Ley 8/1987, de 8-6, de Planes y Fondos de Pensiones y su reglamento de desarrollo. El régimen transitorio de esta legislación estableció la posibilidad de constituirse en Fondos de Pensiones a las Entidades de Previsión Social, con reconocimiento de derechos por servicios pasados para el personal incorporado en la empresa con anterioridad a 29-6-1987, siempre que se cumplieran los requisitos que la norma establece, estableciendo la no imputación fiscal para los partícipes de las cantidades reconocidas (es decir no se imputan las cantidades que entran en el plan por ese concepto) (LO DICEN 2 VECES) y la tributación para los beneficiarios (la prestación que se percibe del plan) conforme a la normativa de IRPF para prestaciones de planes de pensiones.

En el presente supuesto, cuando Telefónica creó su plan de pensiones ofreció a sus trabajadores dos alternativas:

- o bien continuar con su derecho a percibir la prestación de supervivencia establecida en el contrato de seguros celebrado con la Compañía Metrópolis

- o bien integrarse en el plan de pensiones creado; en este último supuesto se le reconocerían, porque así lo permitía la legislación, una serie de compromisos sociales en función de los servicios pasados prestados a la empresa.

El interesado optó, ante estas dos alternativas, por incorporarse al plan de pensiones por lo que se le reconocieron unos derechos por los servicios prestados por los que, no se le exigió imputación fiscal alguna.

Sin embargo, esto no significa que se ejercitase, por parte del reclamante, el derecho de rescate del contrato de seguro y se aportase al Plan de Pensiones, así como tampoco supuso una transformación del seguro colectivo en un plan de pensiones, sino que, optó por incorporarse a un plan de pensiones con todas sus consecuencias y en unas condiciones determinadas.

Estas condiciones suponían que se le reconociesen unos derechos por servicios pasados, lo que no deja de ser el reconocimiento de unos derechos consolidados en el plan de pensiones y la renuncia, probablemente a favor del tomador del seguro (Telefónica) (A FAVOR DE QUIEN IBA A SER) de su derecho de rescate sobre las reservas matemáticas del seguro.

En definitiva, no puede hablarse, como solicita el reclamante, de un origen diferenciado en las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones sino que todas proceden, puesto que así se establece en el régimen transitorio al que se acogió Telefónica, de una misma fuente, las aportaciones del promotor, las cuales se hicieron siguiendo los denominados planes de reequilibrio que permitían extender en el tiempo dichas aportaciones en lugar de realizarlas de golpe para no despatrimonializar a las empresas (YA), y con un régimen fiscal específico para estas aportaciones.

Establecido lo anterior, procede señalar que, según el artículo 17.2.a).3 de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, las prestaciones obtenidas de un plan de pensiones tributarán como rendimientos del trabajo.

Por otra parte, el artículo 18.1 de la Ley del IRPF, establece que, como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.

En este sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en su consulta n° 0786/00 de 6-4-2000, donde ante la pregunta de una promotora de un plan de pensiones que señala que los derechos consolidados del plan proceden no sólo de aportaciones al plan de pensiones, sino también de la renuncia de una parte del capital de un seguro colectivo, se contesta invocando el artículo 16.2.a) 3° de la Ley 40/1998, de 9-12, del IRPF, y el artículo 28 de la Ley 8/1987 , concluyendo que las cantidades percibidas del plan de pensiones se consideran, en todo caso, rendimientos del trabajo y deberán integrarse, de acuerdo con lo señalado, en la parte general de la base imponible, sin que sea posible aplicar un tratamiento diferente a la parte de los derechos consolidados correspondiente a la renuncia a una parte del seguro colectivo y a la parte correspondiente a las aportaciones efectuadas directamente al plan, criterio que mantiene en la consulta vinculante V1292-08, de 19-6, que este órgano comparte, al señalar que las prestaciones de planes de pensiones se consideran, en todo caso, rendimientos del trabajo, independientemente de la procedencia de las aportaciones.

Manifiesta el interesado que procede aplicar aquí el mismo criterio que se ha aplicado en la Sentencia del TSJ de Madrid de fecha 12-6-2013, en un caso similar al presente.

Conviene ahora analizar, si dicha sentencia puede ser aplicable al caso que nos ocupa. A este respecto, en primer lugar, porque las sentencias de los TSJ no crean jurisprudencia, sin obviar lógicamente lo previsto respecto de los efectos de la mismas en la Ley 28/1998, de 13-7 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LJCA) en cuyo artículo 72.3 se prevé la estimación de pretensiones de reconocimiento o establecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.

Por su parte el artículo 110 de la LJCA establece:

1. En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de la ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.

2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos.

Por lo tanto y según todo lo manifestado, este órgano considera que en el presente caso no se cumplen los requisitos exigidos por la LJCA para que los efectos de la situación jurídica individualizada reconocida a las partes pudieran extenderse a la interesada, porque no es este órgano el competente para extender dichos efectos sino el órgano jurisdiccional competente según el apartado 2 del artículo 110. Por ello este órgano considera que no procede acceder a la pretensión actora en este punto.

Según el artículo 127.4 del Real Decreto 1065/2007, de 27-7, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece lo siguiente:

"Finalizadas las actuaciones se notificará al interesado la propuesta de resolución para que, en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho, salvo que la rectificación que se acuerde coincida con la solicitada por el interesado, en cuyo caso se notificará sin más trámite la liquidación que se practique".

Una vez notificada la propuesta con fecha 20-04-2015, y desestimadas sus pretensiones, no se han presentado alegaciones. Por lo tanto, se acuerda desestimar la presente solicitud.".

"Sobre el tema debatido se viene pronunciando esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 27-7-2002, 16-9-2002, 2-10-2002, 12-7-2003, 7-4-2004, 1-6-2004, 11-4-2005, 20-2-2006, 6-3-2006, 7-3-2006, 2-10-2006 y 10-10-2006, a favor de la tesis que propugna el recurrente. En la última citada se señala que:

"podemos en definitiva abordar el juicio contradictorio entre las tesis contrapuestas, que hemos de resolver a favor de la tesis de la parte recurrente, puesto que la retención practicada en la nómina demuestra, sin lugar a dudas, que las cantidades entregadas como consecuencia del seguro colectivo, deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia derivada de un contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado, y no, como se ha considerado por la Administración, como una renta irregular de trabajo personal.

Recordemos las tajantes apreciaciones probatorias que se contienen en las sentencias contradictorias, en contraste con la indefinición a que llegó la recurrida.

Debemos añadir, por ello, que el Fondo de Pensiones constituido por Telefónica lo fue en 1992, y aunque el ejercicio a que se refieren las actuaciones es el de 1995, en la sentencia recurrida no se acredita suficientemente que haya habido aportaciones de Telefónica para el pago de las primas, lo cual determina que, en aras del mantenimiento de la unidad de doctrina, haya de rechazarse la tesis de la Administración, no pudiendo considerarse que la cantidad percibida deba atribuirse a dos conceptos diferentes, a saber, el rescate de un seguro de supervivencia y lo derivado del Fondo aludido. Resultaba aplicable, el art. 48.1.i) de la Ley 18/1991, a cuyo tenor:

"cuando la alteración del valor del patrimonio proceda[...] de contratos de seguros de vida o invalidez, conjunta o separadamente, con capital diferido, el incremento o disminución patrimonial vendrá determinado por la diferencia entre la cantidad que se perciba y el importe de las primas satisfechas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 9, apartado uno, letra e) y 37, apartado uno, número 3, letra f) de esta Ley."

"5ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional 1ª del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador."

Así pues, constituye rendimiento del trabajo el exceso sobre esa cantidad y hasta el importe total reconocido a 1-7-1992 en concepto de derechos consolidados por servicios pasados, que asciende a 27.125,53 euros, de modo que el importe del rendimiento del trabajo queda fijado en 25.432,71 euros (27.125,53 -1.692,82), cuantía que no goza de exención tributaria, aunque de acuerdo con la Disposición Transitoria 11ª.2 de la Ley 35/2006, del IRPF (régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de los contratos de seguros colectivos), es de aplicación al caso el régimen fiscal vigente a 31-12-2006. (OJO A ESTE PÁRRAFO)