SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA DE 06-02-2019

SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA DE 06-02-2019 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (DESFAVORABLE, MUY CONFUSA Y TÉCNICAMENTE MUY MALA)

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Miguel.

Es Administración demandada la Administración General del Estado -TEAR-, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Constituye el objeto del recurso tributación por IRPF. La cuantía se fijó en indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 13-4-2016 la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAR de Valencia de f 31-10-2016 que estima parcialmente la reclamación económico administrativa contra el acuerdo dictado por los órganos de Gestión Tributaria de Alicante por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación por el concepto de IRPF, ejercicio de 2012. El acuerdo impugnado desestimaba la reclamación al entender que las cantidades percibidas en concepto en concepto de prestación por el Plan de Pensiones de Telefónica no podían ser consideradas exceptuadas de la tributación que corresponde según el art. 17.2 a) 3ª de la Ley 35/2006.

La parte recurrente suplica que respecto a la desestimación presunta del TEAR: "la declare nula y los actos administrativos de que trae causa, reconociendo:

- Que se ha producido una doble imposición en las primas aportadas con anterioridad a 1992, al haber sido consideradas como rendimiento del trabajo en aquel momento y, en el momento del cobro de la prestación total del Plan de Pensiones.

- Que la parte del plan de pensiones correspondiente a aportaciones realizadas con anterioridad a 1992 no hubo rentabilidad alguna.

- Que la calificación fiscal de la renta, en caso de haberla, sería la de rendimiento del capital mobiliario y nunca la de rendimiento del trabajo.

Con condena en costas a la Administración Pública, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de Sentencia."

SEGUNDO.- El Abogado del Estado suplica que se dicte sentencia por la que se declare la conformidad a derecho de la resolución impugnada, con expresa imposición de costas a la actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El acto administrativo recurrido es el acuerdo del TEAR de Valencia de 31-10-2016 que estima parcialmente la reclamación económico administrativa contra el acuerdo dictado por los órganos de Gestión Tributaria de Alicante por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación por el concepto de IRPF, ejercicio de 2012.

El mencionado acuerdo desestimaba la reclamación al entender que las cantidades percibidas en concepto en concepto de prestación por el Plan de Pensiones de la empresa Telefónica no podían ser consideradas exceptuadas de la tributación que corresponde según el art. 17.2 a) 3ª de la Ley 35/2006.

La reclamación fue planteada por el recurrente contra la denegación de la rectificación de la autoliquidación del IRPF. Consideró el reclamante que se había equivocado en la calificación de los ingresos percibidos procedentes del plan de pensiones de empleados de la Compañía Telefónica.

Según el TEAR,

La parte recurrente del proceso relataba que como empleado de Telefónica estaba adherida a un seguro colectivo para empleados de dicha compañía, y que las primas de dicho seguro eran satisfechas por los trabajadores. Se indica que el 1-7-1992, Telefónica constituyó un plan de pensiones alternativo al que se incorporó la recurrente, recibiendo por ello una compensación económica en concepto de derechos por servicios pasados por importe de 25.385,18 euros, que fue objeto de gravamen por el IRPF.

En el año 2012, el recurrente rescató el plan, percibiendo por ello la cantidad de 95.960,63 euros, cantidad que fue computada como rendimiento del trabajo personal del que le fueron retenidos 19.192,13 euros, si bien, como considera que las cantidades iniciales ya habían estado sujetas al IRPF, solicitó la rectificación que es desestimada al entender que había tenido lugar una doble imposición.

La resolución del TEAR de la Comunidad Valenciana de 31-10-2016, estima parcialmente la reclamación económico- administrativa formulada por el actor contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF, ejercicio 2012, en la que se regulariza la situación del obligado tributario al entender que las cantidades percibidas en concepto de prestación por Plan de Pensiones de la empresa Telefónica, no podían ser consideradas exceptuadas de la tributación que le corresponde según el artículo 17.2 a) 3ª de la Ley 35/2006, y por ende la resolución del TEAR aquí recurrida estima parcialmente la reclamación al entender que si bien a la actora le fue imputada la cantidad total de 25.385,18 euros, cuantía total reconocida por derechos pasados a fecha 1-7-1992, es por 2 conceptos; resultando que solo plan de transferencia de fondos constituidos obedece a primas satisfechas, y que solo la transferencia de las primas satisfechas, goza de exención, es decir, de la calificación que el interesado pretende, el resto se trataba, habida cuenta de la situación en la que se encontraba el fondo interno, de una previsión de aportaciones y compensación de rendimientos en función de un calendario previsto que, siendo posteriores a 1-7-1992, deben considerarse aportaciones al plan de pensiones por parte de Telefónica, debiendo tener el tratamiento del artículo 16.2 a) 3º del RD 3/2004 TRLIRPF, artículo 17.2.a) 3º de la Ley 35/2006, la prestación derivada de las mismas, por lo que procede estimar en parte las alegaciones del actor y aminorar los rendimientos del trabajo en un importe de 12.974,11 euros.

La resolución impugnada estima parcialmente la reclamación, partiendo de que en la documentación obrante consta que la cuantía total definitiva reconocida por derechos pasados a fecha 1-7-1992, por los dos conceptos antes referidos, y señala que los acuerdos que determinaron la integración al Plan de Pensiones de los Empleados de Telefónica datan de 1992, fecha en la que había entrado en vigor la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones, por lo que atendiendo a que la cuestión planteada es determinar la legalidad del acuerdo impugnado y, en particular, si la prestación derivada del plan de pensiones de Fonditel debe ser calificada y calculada como rendimiento de capital mobiliario en la parte correspondiente a los derechos que telefónica aportó el 1-7-1992 al citado plan de pensiones procedente del seguro de vida anteriormente vigente y del que la interesada era hasta dicha fecha beneficiaria, señala que el TSJ de la Comunidad Valenciana, ha resuelto en sentido estimatorio en supuesto similares, como en la sentencia de 10-7-2012 y 11-9-2012, refiriendo que se trata de un tema de prueba, siendo que en el presente supuesto existe la notificación de la cuantía total ya indicada, y atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2003 y 9 de mayo de 2008, señala que ha encontrado aval jurisprudencial la tesis que consideró que el fondo interno extinguido en 1992 se nutrió, con carácter general, por aportaciones de los trabajadores descontadas de sus nóminas, pero una cosa es que las primas del seguro de vida fueran imputables al interesado, tributando por ellas en su momento en cuanto no reducían su base imponible, y otra es la cuantía que de dichas primas se aportó por Telefónica en fecha 1-7-1992, siendo que ya se ha señalado como al interesado le fue imputada, pero por 2 conceptos, plan de transferencia de fondos constituidos, y plan de amortización del déficit, resultando que sólo el primero de dichos conceptos obedece a primas satisfechas, por lo que de ambos conceptos, solo la transferencia de primas satisfechas goza de exención, es decir, de la calificación que el interesado pretende, el resto se trataba, habida cuenta de la situación en que se encontraba el fondo interno, de una previsión de aportaciones y compensación de rendimientos en función de un calendario previsto que, siendo posteriores a 1-7-1992, deben considerarse aportaciones al plan de pensiones por parte de Telefónica, estimando en parte las alegaciones del actor.

SEGUNDO.- La parte actora articula la pretensión estimatoria de la demanda, alegando, la improcedencia de inclusión en la base general del IRPF como rendimiento del trabajo las percepciones correspondientes a primas por las que ya se había tributado.

Refiere que conforme lo expuesto en los artículos 16 y 23.3 de la Ley 3/2004, por haberse acogido el actor al Plan de Pensiones habría salido fiscalmente muy perjudicado puesto que, unas mismas rentas habrían sido objeto de gravamen en 2 ocasiones, pues:

- por un lado, las primas aportadas con anterioridad a 1992, fueron gravadas como rendimientos de trabajo en el momento en que fueron imputadas

- por otro, el cobro de la prestación del plan de pensiones fue considerado íntegramente como un rendimiento de trabajo.

Añade que la tributación correcta conforme ha señalado la AN en sentencia de 1-2-2007, recogiendo la del TS de 21-12-2006, es que la parte correspondiente a las primas aportadas por el trabajador con anterioridad a la constitución del Plan tributara como incremento de patrimonio o rendimiento del capital mobiliario según la normativa del IRPF aplicable en el momento del devengo, mientras que la parte correspondiente al Plan de Pensiones sí tributaran como rendimiento del trabajo personal.

Señala que se debería haber tributado, la parte correspondiente al seguro colectivo como rendimiento de capital mobiliario y la parte correspondiente a aportaciones al plan de pensiones como rendimiento de trabajo personal.

Alega, respecto la naturaleza fiscal de los derechos reconocidos por servicios pasados por importe de 28.111,15 euros, que los trabajadores de Telefónica que se adhirieron al plan de Pensiones estuvieron anteriormente suscritos al seguro colectivo, por lo que, las nóminas que se percibían se minoraban en la parte de la cuota del seguro que tenía que satisfacer el trabajador, de forma que todas las aportaciones que realizaba el trabajador tributaban como rendimientos de trabajo en el IRPF de cada ejercicio, por lo que es lógico que una vez percibido el rescate del Plan de Pensiones, con ocasión de la jubilación, los derechos reconocidos por servicios pasados, a 30-6-1992, han tributado y no vuelvan a incluirse como rendimientos de trabajo personal ya que si no se estaría produciendo una doble imposición.

Entiende que habría resultado correcto distinguir la parte correspondiente al seguro colectivo, que debería tributar como rendimiento de capital mobiliario, de la parte de las aportaciones al Plan de Pensiones que tributaria como rendimiento de trabajo, y respecto de los primeros por aplicación de la Disposición Transitoria 6ª de la ley 40/98 debería aplicarse coeficientes correctores por remisión a la ley 18/1991.

- Innecesariedad de fijar la porción de renta obtenida con origen en las aportaciones posteriores a la integración en el Plan de Pensiones.

Sostiene que la Administración parte de que la actora no ha diferenciado la porción de renta obtenida, que tiene su origen en las aportaciones posteriores al Plan de Pensiones, de la renta obtenida que tiene su origen en la aportación inicial, siendo que la actora ha probado tanto en la vía administrativa como en la judicial la tributación por duplicado de una parte del capital percibido con ocasión de la jubilación, y concluye que siendo que la actora ha aportado la autoliquidación por IRPF, considerando que ha probado que se ha tributado dos veces por un mismo capital, y las cantidades que se pagaban en concepto de prima a la entidad tomadora tanto por el trabajador como por la sociedad, debe estimarse el recurso.

Alude a una resolución de 10-6-2010 que a su juicio le da la razón.

Entiende que debe quedar sobradamente demostrado que en el importe reconocido como derechos por servicios pasados no había ningún tipo de rentabilidad implícita sino al contrario. Por ello, cualquier consideración en la que deba someterse a tributación la diferencia positiva entre lo aportado y lo recibido debe concluir en la inexistencia de dicha diferencia positiva. El seguro colectivo de Telefónica no entra dentro de las previsiones contempladas en la disposición adicional 1ª de la Ley 8/87.

TERCERO.- El Abogado del Estado argumenta su pretensión desestimatoria de la demanda alegando que:

- La cuestión ha sido objeto de análisis en diversas sentencias, como la del TS de 8-10-2007, en las que se viene a señalar que las prestaciones recibidas de un seguro de supervivencia constituyen un incremento de patrimonio en el IRPF, no obstante, y aun cuando las referidas sentencias efectúan tales pronunciamientos, no pueden sin más ser trasladables al presente supuesto en el que se trata de importes percibidos en el ejercicio 2012, en el que ya no se encontraba vigente la normativa aplicada en las sentencias, sino la Ley 35/2006.

- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25.3 a) de la citada Ley 35/2006, y al artículo 17.2.a) de la misma, se entiende que la tributación de los importes percibidos por la reclamante tienen pleno encaje en la previsión del artículo 17.2.a), siendo que dicho precepto tiene presente una cuestión primordial en las referidas sentencias, que llevaba a la tributación de tales importes como incremento patrimonial, que es que el trabajador aportaba las primas de los referidos seguros, es decir, que dichos importes ya se habían sometido a tributación, y la normativa estudiada en tales sentencias no preveía dicha situación, por lo que la consideración como incremento de patrimonio permitía eludir una doble imposición de los importes aportados por el trabajador, pero la regulación ahora citada contempla este aspecto, estableciendo que la cuantía a considerar como rendimiento, debe descontar las contribuciones que ya han tributado, y que son las imputadas fiscalmente, y las aportadas por el trabajador, en consecuencia y a la luz de esta normativa debemos considerar que las cantidades percibidas por la parte reclamante en virtud del contrato de seguro colectivo deben ser consideradas rendimientos del trabajo, debiendo desestimarse la demanda.

CUARTO.- Sobre la cuestión referente a la naturaleza de las aportaciones al Plan de Pensiones de los Empleados de Telefónica realizadas antes de 1-7-1992 ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en múltiples sentencias, como en la recientes sentencias de 20-9-2017, 19-4-2017 y de 13-4-2018 (pudiéndose citar como antecedente remoto la sentencia TS de 13-10-2006), siendo el mismo letrado que actúa en el presente procedimiento, donde entendiendo que era una cuestión de prueba decíamos: (Ver Fundamento Jurídico CUARTO de la Sentencia de 13-4-2018)

QUINTO.- Así expuesta la controversia entre las partes, resulta que la cuestión planteada ha sido ya resuelta por esta Sala y Sección en anteriores Sentencias en el mismo sentido, cuyo criterio debemos tomar en cuenta para fallar el presente litigio, tanto por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico. Así, cabe citar la Sentencia de esta Sala y Sección de 12-3-2013 que tiene el siguiente tenor literal: (Ver Fundamento Jurídico TERCERO de la Sentencia de 12-3-2013)

Por lo expuesto, el presente recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado.

SEXTO.- Conforme lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA 29/98, conforme redacción dada por la Ley 37/2011, habiéndose desestimado la demanda hay que imponer las costas a la parte actora, si bien, en uso de la facultad que confiere el citado artículo se fijan en un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos respecto del Abogado del Estado.

FALLO

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Miguel contra la resolución expresa del TEAR de 31-10-2016, estimando parcialmente la reclamación interpuesta contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF, ejercicio 2012, en la que se regulariza la situación del obligado tributario con relación a las cantidades percibidas en concepto de prestación por Plan de Pensiones de Telefónica. Con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora con la limitación máxima de 1.000 euros por todos los conceptos del Abogado del Estado.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la LRJCA, recurso de casación ante la Sala 3ª del TS o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana.

Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del TS los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20-4-2016 de la Sala de Gobierno del TS, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del TS (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

VER SENTENCIA

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VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES

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