SENTENCIA DEL TS DE 10-02-2026

SENTENCIA DEL TS DE 10-02-2026 SOBRE EL SEGURO DE SUPERVIVENCIA (DESFAVORABLE Y SIENTA DOCTRINA) (Muy larga, pero muy interesante)

Recurso de casación interpuesto por Dª Leticia y D. Segundo contra la sentencia de 12-03-2024 del TSJ de Andalucía, con sede en Granada.

Ha comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, bajo la representación del Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Resolución recurrida en casación.

1. Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia del TSJ de Andalucía de 12-03-2024, con sede en Granada, que estimó parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR de Andalucía de 09-07-2020, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra una liquidación provisional girada por la Delegación de Granada de la AEAT, relativa al IRPF, ejercicio 2016.

La sentencia aquí recurrida tiene una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

2. Presentada por la parte recurrente solicitud de aclaración, complemento y subsanación de la sentencia, fue desestimada por auto de la Sala de 22-04-2024.

SEGUNDO. Preparación del recurso de casación.

1. Dª Leticia y D. Segundo prepararon recurso de casación contra la sentencia de 12-03-2024 y el auto de la Sala de 22-04-2024, anteriormente mencionados que identifica como infringidos:

(i) La Disposición Transitoria 11ª de la Ley 35/2006, de 28-11 del IRPF.

(ii) Los artículos 25.3 y la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 35/2006, de 28-11 del IRPF.

(iii) La Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2006, de 28-11 del IRPF.

(iv) El artículo 14, artículo 24 y artículo 120.3 de la Constitución Española.

2. La Sala de instancia, por auto de 12-06-2024, tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante el TS, con Dª Leticia y D. Segundo como parte recurrente y la Administración General del Estado, representada por la Abogada del Estado, como parte recurrida.

TERCERO. Admisión e interposición del recurso de casación.

1. El TS apreció que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

"Determinar si los rendimientos derivados del Seguro Colectivo de Supervivencia de Telefónica de España, S.A., y en general aquellos rendimientos obtenidos de pólizas de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones, distintos de los planes de previsión social empresarial y que fijan un capital para el trabajador a percibir al momento de su jubilación, son calificables como rendimientos del trabajo a los que les es de aplicación la Disposición Transitoria 11ª de la Ley 35/2006 del IRPF; y si en tal caso es de aplicación una reducción del 75% para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de 5 años de la fecha en que se perciban, por lo que sobre la prestación total percibida, tras la deducción de la cantidad anteriormente reconocida como cuotas abonadas por el recurrente, debe aplicarse tal deducción, y ello por aplicación del régimen anterior aplicable por dicha Disposición, establecido en los artículos 94 y 16.2.a).5ª del Real Decreto Legislativo 3/2004, que es la anterior Ley del IRPF, y del artículo 11 del Reglamento del IRPF de 2004 (Real Decreto 1775/2004).

Identificarcomo norma jurídica que, en principio, habrá de ser objeto de interpretación la Disposición Transitoria 11ª de la Ley 35/2006, de 28-11 del IRPF y los artículos 14, 24 y 120.3 de la Constitución, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso".

2. Dª Leticia y D. Segundo interponen recurso de casación, que observa los requisitos legales y en el que se mencionan como normas jurídicas infringidas las que han quedado citadas más arriba.

Aduce que la sentencia recurrida ha vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la ley y la exigencia de motivación de las sentencias, al haberse desestimado expresamente la pretensión primera y principal de la demanda relativa a la fiscalidad del seguro de supervivencia, y que fue además la causa de la liquidación impugnada, pero de forma inmotivada, al no incluirse razonamiento alguno, ni explícito ni implícito sobre su desestimación, incurriendo en una evidente incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre tal cuestión, ni razonar ni exponer mínimamente los motivos para su desestimación. Ello tiene relación directa, además, con el fondo que es objeto del contenido casacional apreciado en el auto de admisión.

Esgrime que la cuestión principal de la demanda era la calificación fiscal de los rendimientos del seguro de supervivencia percibido durante el ejercicio, y la aplicación a los mismos de la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF, debiendo reajustarse la autoliquidación a tal criterio. Sin embargo, la sentencia deja dicha cuestión sin resolver, puesto que, entendiendo que se trata de rendimientos del seguro de supervivencia como rendimientos de trabajo, no determina cuál es la reducción aplicable en ese caso (40% o 75% como pretendía la actora), y se centra sólo en la aplicación de la Disposición transitoria 2ª sobre la pensión de jubilación de la trabajadora (que sólo afectaba a los apartados d) y e) del suplico), y descarta sobre esa base, los puntos subsidiarios b) y c) del suplico de la demanda.

En consecuencia, la sentencia impugnada en casación se olvida de resolver sobre la fiscalidad de la percepción del seguro de supervivencia y si bien la parte recurrente solicitó, en plazo, la aclaración y complemento de dicha sentencia para que se subsanasen los defectos advertidos, esta solicitud fue denegada por auto de 22-4-2024.

En este sentido, sostiene que si considera esta Sala que no se dispone de elementos de criterio suficientes para un pronunciamiento sobre el fondo, dado el tenor de la sentencia recurrida, debe declararse la nulidad de la sentencia recurrida y ordenarse que se dicte otra por la Sala sentenciadora, resolviendo expresamente y de forma motivada todas las cuestiones planteadas, y en especial, resolviendo sobre la petición principal de la demanda recogida en el apartado a) del suplico, y referida a la aplicación a los rendimientos del seguro de supervivencia percibido por la demandante y la reducción, en su caso, del 75%, indicando de forma motivada, en su caso, las razones por las que se pudiera apartar de la propia doctrina anterior de la misma Sala y Sección.

No obstante, y si como sucede en este caso, el Tribunal tiene todos los elementos para pronunciarse sobre el fondo, puede y debe pronunciarse sobre éste, ante la necesidad de evitar lo que el TS califica de «peregrinaje judicial».

La cuestión de fondo planteada, recogida en el auto de admisión como cuestión de interés casacional objetivo, versa sobre la aplicación de la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF a los rendimientos del seguro de supervivencia de la demandante.

CUARTO. Oposición del recurso de casación.

La Abogada del Estado, emplazada como parte recurrida en este recurso de casación, presentó escrito de oposición.

En relación con la primera infracción alegada por los recurrentes, relativa a la vulneración de garantías procesales por parte de la sentencia recurrida con incongruencia omisiva y desconocimiento de la doctrina constitucional, reconoce la vulneración de esos preceptos pues la sentencia omite por completo cualquier argumentación jurídica en la resolución del debate, tanto implícita como explícita, de la cuestión referida al primer y principal petitum de la demanda, que es la cuestión sustancial del pleito, relativa a la tributación del seguro de supervivencia, lo que no se logró subsanar por los demandantes, vía aclaración y complemento de sentencia, que fue rechazada por la Sala sentenciadora.

No obstante, la Abogada del Estado no se opone, a la vista de las circunstancias, a que la Sala pueda ya analizar con plenitud la cuestión sustantiva relativa a la tributación de los rendimientos derivados del seguro colectivo de supervivencia de Telefónica de España, S.A.

Respecto de dicha cuestión, y en referencia al marco normativo aplicable, parte de la consideración, en todo caso, de los rendimientos percibidos de ese seguro colectivo de supervivencia como rendimientos del trabajo, reproduciendo el tenor del artículo 17.2.a) 5ª de la Ley del IRPF de 2006, fiel trasunto de lo establecido en el artículo 16.2.a).5ª del Texto Refundido de la Ley del IRPF de 2004, desarrollado en el artículo 11 de su Reglamento (Real Decreto 1775/2004).

El apartado 2 de la Disposición Transitoria 11ª de la Ley del IRPF de 2006, regula el régimen transitorio aplicable a estas prestaciones, siendo el establecido en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3, del Texto Refundido de la Ley del IRPF de 2004, que regula los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro.

En consecuencia, esta prestación está sujeta al IRPF como rendimientos del trabajo en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador, de acuerdo con el artículo 17.2.5ª de la Ley del IRPF de 2006.

El régimen fiscal vigente a 31-12-2006 calificaba igualmente estas prestaciones de rendimientos del trabajo, y de acuerdo con el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del IRPF de 2004, los contribuyentes podían aplicar un porcentaje de reducción cuando la prestación se percibía en forma de capital.

Afirma que para dar una respuesta fundada en Derecho a la cuestión casacional admitida es esencial partir de los datos fácticos que recoge, extraídos del expediente administrativo y que condicionan la decisión final.

Termina suplicando a la Sala: "[...] dicte sentencia por la que lo desestime, confirmando la sentencia recurrida."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Objeto del presente recurso de casación y hechos relevantes para su resolución.

1. El objeto de este recurso de casación, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, consiste en determinar si los rendimientos derivados del seguro colectivo de supervivencia de Telefónica de España, S.A., y en general aquellos rendimientos obtenidos de pólizas de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones, distintos de los planes de previsión social empresarial y que fijan un capital para el trabajador a percibir al momento de su jubilación, son calificables como rendimientos del trabajo a los que les es de aplicación la Disposición transitoria 11ª de la Ley 35/2006, del IRPF; y si en tal caso es de aplicación una reducción del 75% para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de 5 años de la fecha en que se perciban, por lo que sobre la prestación total percibida, tras la deducción de la cantidad anteriormente reconocida como cuotas abonadas por el recurrente, debe aplicarse tal deducción, y ello por aplicación del régimen anterior aplicable por dicha Disposición, establecido en los artículos 94 y 16.2.a).5ª del Real Decreto Legislativo 3/2004, que es la anterior Ley del IRPF, y del artículo 11 del Reglamento del IRPF de 2004 (RD 1775/2004).

2. Los hechos del litigio relevantes para su resolución y que no resultan controvertidos, son los siguientes:

2.1. Iniciado un procedimiento de comprobación limitada respecto de Dª Leticia , se giró por la Oficina de Gestión de la Delegación de Granada de la AEAT la liquidación NUM006, relativa al IRPF del ejercicio 2016, por importe de 3.513,05 € a ingresar, frente a los 9.102,16 € a devolver resultantes de la autoliquidación presentada por la contribuyente.

El procedimiento de comprobación limitada comenzó por un requerimiento de información a fin de que se justificase la reducción declarada de los rendimientos del trabajo, alegando la hoy recurrente que era de aplicación la reducción de los rendimientos del trabajo declarados procedentes de la percepción del seguro de supervivencia establecido para los trabajadores de Telefónica, argumentando que la reducción aplicable era del 75% y no del 40% que le había sido aplicada por la entidad Antares.

Asimismo, alegó que no es conforme a Derecho la calificación fiscal de los ingresos percibidos por el concepto de supervivencia, ya que deberían ser calificados como rendimientos del capital mobiliario objeto de compensación fiscal por la obtención de rendimientos en un periodo de generación superior a 2 años, y, subsidiariamente, podrían ser calificados como incremento de patrimonio.

Finalmente, respecto de la pensión de jubilación adujo que la reducción que establece la DT 2ª de la Ley del IRPF de 2006 se debe aplicar sobre la totalidad de la pensión percibida o, en otro caso, la proporción debe calcularse teniendo en cuenta 35 años y no la vida laboral completa de 12.775 días.

La Administración en la liquidación girada expuso, por lo que aquí interesa, que la reducción que procede aplicar es la prevista en la Disposición Transitoria 11ª de la Ley 35/2006, que es del 40% según certifica la empresa pagadora.

2.2. Interpuesta reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Andalucía, fue desestimada en resolución de 9-7-2020. Argumenta el TEAR, con cita de la sentencia del TSJ de Castilla y León de 05-11-2012, que:

2.3. Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Andalucía, con sede en Granada, recayó sentencia parcialmente estimatoria en fecha 12-03-2024.

2.4. La recurrente en la instancia presentó escrito solicitando aclaración y complemento de la sentencia dictada, alegando que:

Esta solicitud fue desestimada por auto de la Sala de 22-4-2024, con imposición de costas a la parte recurrente.

La sentencia y el auto son objeto del presente recurso de casación.

3. Recuerda el auto de admisión, a fin de justificar el interés casacional objetivo, que el presente recurso de casación suscita una cuestión tangencial con otras que ya han sido analizadas por esta Sala.

En efecto, la cuestión relativa al régimen fiscal aplicable a la pensión de jubilaciónde la hoy recurrente ha sido resuelta en varias sentencias del TS

Ahora bien, como admite la parte recurrente, no es esta la cuestión de interés casacional sobre la que se nos interesa que sentemos doctrina jurisprudencial, sino que la cuestión "no resuelta por la sentencia recurrida" es la concerniente a la calificación fiscal de los ingresos derivados del seguro de supervivencia y la reducción aplicable a los mismos.

SEGUNDO. Marco normativo.

1. Conforme al auto de admisión, se plantea la necesidad de interpretar los siguientes preceptos.

La Disposición transitoria 11ª.2 de la Ley del IRPF, relativa al Régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de los contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, dispone que: …

2. A su vez, el artículo 17.2.a).5ª de la Ley del IRPF establece que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo: …

El referido artículo 17.2.a).5ª de la Ley del IRPF -desarrollado en el artículo 11 del Reglamento del IRPF del Real Decreto 1775/2004, de 30-7- es fiel trasunto de lo establecido en el artículo 16.2.a).5ª del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3, (texto refundido de la Ley del IRPF derogado), que señalaba que:

3. El régimen fiscal vigente a 31-12-2006, a que se remite el apartado 2 de la Disposición transitoria 11ª de la LIRPF de 2006, es el establecido en el artículo 94 del texto refundido de la Ley del IRPF de 2004 derogado, que regula los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro en los términos siguientes:

4. Asimismo, deberá tomarse en consideración los artículos 14 (igualdad ante la ley), 24 (tutela judicial efectiva) y 120. 3 (motivación de las sentencias) de la Constitución.

TERCERO. Vulneración de garantías procesales por la sentencia recurrida. Incongruencia omisiva.

1. Tenemos que partir de que la finalidad nomofiláctica del recurso de casación nos obliga a resolver la cuestión o cuestiones declaradas de interés casacional en el Auto de admisión; de modo que, como ha señalado el TS, solo cabe analizar otras cuestiones, no mencionadas en dicho Auto, de forma excepcional, circunscrita a supuestos en que «por razones objetivas, para dilucidar dicha cuestión de interés casacional, o subjetivas, para la satisfacción del interés subjetivo de la parte vinculado a la cuestión casacional objetiva, sea necesario, por constituir presupuesto obligado, o consecuencia derivada», siempre que tales cuestiones «posean la referida dependencia respecto de la cuestión identificada en el auto de admisión»; rechazando, sin embargo, examinar cuestiones que «ni fueron seleccionadas en el auto de admisión, ni guardan, ni siquiera se intenta establecer dicha conexión, relación alguna con la cuestión de interés casacional, no siendo necesaria su resolución para resolver la cuestión con interés casacional fijada en el auto de admisión, ni su resolución es la consecuencia subsiguiente a la resolución de la cuestión identificada de interés casacional».

Aplicando esta doctrina se comprueba que la cuestión de interés casacional viene referida a la interpretación de la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF y, en particular, a determinar si los rendimientos percibidos por la trabajadora, derivados del seguro colectivo de supervivencia de Telefónica de España, S.A., y en general aquellos rendimientos obtenidos de pólizas de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones, distintos de los planes de previsión social empresarial y que fijan un capital para el trabajador a percibir al momento de su jubilación, son calificables como rendimientos del trabajo a los que les es de aplicación la Disposición transitoria 11ª de la Ley 35/2006, del IRPF; y en tal caso, si es de aplicación una reducción del 75% para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de 5 años de la fecha en que se perciban.

Adicionalmente, se observa que la sentencia de instancia, sobre esta cuestión, nada dice. En efecto, entendiendo que se trata de rendimientos del seguro de supervivencia como rendimientos de trabajo, no determina cuál es la reducción aplicable en ese caso (40% o 75% como pretendía la actora), y se centra sólo en la aplicación de la Disposición transitoria 2ª sobre la pensión de jubilación de la trabajadora. El resultado es que omite todo razonamiento sobre este extremo.

Siendo el recurso de casación un recurso en que se enjuicia la sentencia, si esta omite pronunciarse sobre un motivo planteado por las partes, la vía correcta es poner de manifiesto la incongruencia omisiva como paso previo para poder alegar la infracción de las normas sobre las que no se pronunció la sentencia.

Y, conforme a nuestra jurisprudencia, debe acudirse de forma previa al remedio del complemento de sentencia. Así lo señaló el TS: «Teniendo en cuenta que, en tales situaciones, la parte recurrente resulta obligada de acreditar que interesó la subsanación de la falta o trasgresión en la instancia, de haber dispuesto de momento procesal oportuno para ese menester».

2. Pues bien, la parte recurrente en casación sí ha procedido de esta forma, puesto que presentó, en plazo, escrito solicitando la aclaración y complemento de la sentencia de instancia, solicitud que fue desestimada por la Sala de instancia en el auto de 22-4-2024 citado. Prueba de ello, es que el propio auto de admisión recoge que la cuestión sobre la que se solicita fijar jurisprudencia "no fue resuelta por la sentencia recurrida".

Además, la incongruencia omisiva en que ha incurrido la sentencia impugnada en casación en relación con la cuestión de interés casacional ha sido admitida por la Abogada del Estado en su escrito de oposición.

Lo importante será ahora determinar, ante la vulneración producida, qué opción debe acoger esta Sala de las 2 que plantea la recurrente:

- bien acordar la nulidad de la sentencia dictada y ordenar la retroacción de actuaciones para que por la Sala de instancia se dicte otra sentencia en la que se resuelva expresamente y de forma motivada sobre todas las cuestiones planteadas y, en especial, sobre la petición principal de la demanda, referida a la aplicación de la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF a los rendimientos del seguro de supervivencia percibidos por la demandante y la reducción, en su caso, del 75%

- bien, entrar a examinar la cuestión sustantiva suscitada, relativa a la tributación de los rendimientos derivados del seguro colectivo de supervivencia de Telefónica de España, S.A., en los términos indicados en el auto de admisión.

3. La Sala considera que debe entrar a examinar la cuestión de fondo suscitada, al estar en disposición de los elementos de juicio necesarios para resolver la pretensión de fondo ejercitada, lo que hace innecesario repetir el procedimiento, con la pérdida de energía, tiempo y dinero que la demora subsiguiente ocasiona. Así lo reclama el principio de tutela judicial, que debe ser efectiva, esto es, no puramente nominal, que se puede articular por medio de una pretensión de plena jurisdicción.

CUARTO. Tributación de los rendimientos derivados del seguro colectivo de supervivencia. Criterio interpretativo de la Sala.

1. Ya se ha expuesto que la cuestión de fondo que suscita este recurso de casación viene referida a la calificación fiscal de los rendimientos derivados del seguro colectivo de supervivencia y la reducción que resulta aplicable.

Como se ha anticipado, dicha cuestión no ha sido abordada por este Tribunal, pues cuando en la sentencia de 25-05-2020 analizamos la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF, lo hicimos en el marco del seguro de invalidez, que carecía del carácter de póliza actual renovable, y no del seguro de supervivencia a la edad de jubilación. Además, dicha cuestión está siendo resuelta de forma contradictoria por distintos TSJ, confirmándose en algunos pronunciamientos la aplicación de esa reducción del 75% a los rendimientos del seguro de supervivencia percibidos, con descuento de la totalidad de las aportaciones efectuadas por el trabajador.

2. Conforme al marco normativo expuesto, no existe controversia en la consideración, en todo caso, de los rendimientos percibidos de ese seguro colectivo de supervivencia como rendimientos del trabajo, al disponerlo el artículo 17.2.a) 5ª de la Ley del IRPF.

Por tanto, la prestación percibida por el beneficiario de este contrato de seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones tributa en el IRPF como rendimientos del trabajo.

Asimismo, el apartado 2 de la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF de 2006, regula el régimen transitorio aplicable a estas prestaciones, recogiendo que, para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir de 1-1-2007 correspondientes a seguros colectivos contratados con anterioridad a 20-1-2006, podrá aplicarse el régimen fiscal vigente a 31-12-2006.

Pues bien, el régimen fiscal vigente a 31-12-2006 también calificaba estas prestaciones de rendimientos del trabajo, disponiendo el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del IRPF citada, que los contribuyentes podían aplicar un porcentaje de reducción cuando la prestación se percibía en forma de capital. De esta forma, en los seguros de vida cuyas primas no hubieran sido imputadas fiscalmente al trabajador, se podía aplicar una reducción del 40 % a las prestaciones percibidas en forma de capital correspondientes a primas satisfechas con más de 2 años de antelación a la fecha de percepción.

Frente a ello, la aplicación de la reducción del 75 % requiere que las aportaciones efectuadas por los empresarios hayan sido imputadas fiscalmente al trabajador y que los rendimientos correspondan a primas satisfechas con más de 5 años de antelación a la fecha en que se perciban.

En consecuencia, esta prestación está sujeta al IRPF como rendimientos del trabajo en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador, de acuerdo con el artículo 17.2.5ª de la Ley del IRPF.

3. La adecuada solución de la cuestión suscitada, consistente en la tributación de las prestaciones recibidas de contratos de seguros colectivos de supervivencia percibidos en general por los trabajadores de Telefónica, y, en concreto, la reducción que resulta aplicable, requiere partir de los datos fácticos que resultan del expediente administrativo y de la documentación obrante en el recurso contencioso-administrativo.

3.1. Del expediente se desprende que originariamente (1983) existían 2 pólizas de seguros colectivos suscritas por Telefónica con la compañía Metrópolis y que instrumentaban compromisos por pensiones, diferentes y complementarias, en las que tanto las prestaciones como las coberturas eran distintas.

Una, la Póliza NUM005 (Vida y Accidentes) denominada -conforme a la certificación emitida por Telefónica- "Seguro Colectivo de Riesgo", suscrita con Metrópolis, que cubría las contingencias por fallecimiento, por enfermedad o accidente, incapacidad absoluta por enfermedad o accidente e invalidez parcial permanente por accidente, póliza a la que se adhirieron los empleados que así lo deseasen, y en la que las primas se sufragaban en parte por Telefónica y en parte por los empleados, descontando en la nómina del trabajador la cantidad correspondiente (se trata, por tanto, de cuantías imputadas al trabajador).

Otra, especialmente relevante a efectos de este recurso, la Póliza nº NUM003 de "Supervivencia", suscrita también con Metrópolis, que cubría la contingencia de supervivencia, siendo el grupo asegurado los empleados de Telefónica que estuvieren adheridos al Seguro Colectivo de Riesgo (Póliza NUM005) y cuya edad de entrada estuviera comprendida entre los 55 y los 65 años. El plazo de duración era 10 años y daba derecho al trabajador a percibir un pago único en concepto de seguro de supervivencia al cumplir los 65 años.

3.2. En dicha Póliza de Supervivencia NUM003, a diferencia de la Póliza de Riesgo NUM005, el pago de las primas correspondientes se sufragaba exclusivamente por Telefónica. Así se pone de manifiesto en el Apéndice 1 de la póliza en la que se hace constar textualmente que:

"Por voluntad expresa del contratante la póliza a que este apéndice se refiere queda liberada del pago de primas", acordando ambas partes aplicar las reservas técnicas de la póliza a la liberación parcial de capitales de supervivencia correspondientes a los asegurados que en tal fecha (1983) tuvieran entre 55 y 64 años, lo que no es el caso de la hoy recurrente (nació en 1950, ingresó en Telefónica en 1970, y se jubiló anticipadamente el 17-12-2011 tras cumplir 61 años, conforme a los datos facilitados por la propia recurrente).

En efecto, del certificado expedido por Telefónica -tomadora del seguro- y que ha sido aportado por la Abogada del Estado con su escrito de oposición al recurso de casación, se desprende que mediante apéndice número 1 a la póliza NUM003, correspondiente a la Prestación de Supervivencia, se acordó entre Telefónica de España y Metrópolis, con fecha de efectos de 1-1-1983, la liberación total del pago de primas futuras y la aplicación de las reservas técnicas, tanto las matemáticas como las de vencimientos pendientes de pago en dicha fecha, a la liberación parcial de capitales de supervivencia correspondientes a asegurados de ambos sexos con edades cumplidas en 1-1-1983, de entre 55 y 64 años de edad.

Conforme a lo pactado, a partir de 1983 Telefónica constituyó un Fondo interno con recursos propios, a través del cual cubría el riesgo de supervivencia indicado, de forma que los capitales que se abonaron por este concepto en el periodo 1-1-1983 al 1-1-1993, lo fueron íntegramente por Telefónica con cargo a ese Fondo interno.

3.3. Resulta relevante destacar que las cantidades que se descontaban en nómina a los empleados por "Seguro Colectivo" se referían exclusivamente, frente a lo manifestado por la recurrente en su escrito de interposición, a los riesgos de muerte e invalidez, pero no al de supervivencia, que pasó a ser abonado solo por Telefónica con cargo al mencionado Fondo interno, tal y como se desprende de la certificación emitida.

Prueba de ello es que en el certificado individual de seguro de la recurrente, Dª Leticia , con Antares de fecha 10-5-2019 y con referencia a la Póliza NUM004, se hace constar de forma precisa, entre otros extremos, que: "En ese mismo año 1983 mediante apéndice nº 1 a la póliza NUM003 se acordó con efectos de 1-1-1983 la liberación del pago de primas y la aplicación de las reservas técnicas, a la liberación parcial de capitales de supervivencia correspondientes a asegurados con edades comprendidas entre 55 y 64 años de edad", lo que, como hemos visto, no es el caso de la hoy recurrente.

3.4. En noviembre de 2002, en cumplimiento de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 8/1987 -en redacción dada por la Ley 30/1995, de 8-11- que estableció la prohibición de instrumentar compromisos como el de la Prestación de Supervivencia mediante fondos internos, se exteriorizó dicha prestación concertándose con Seguros de Vida y Pensiones Antares la póliza de seguro colectivo NUM004, en la que se integra la Prestación de Supervivencia. Con la suscripción de esta póliza, Telefónica de España se limitó a dar cumplimiento al mandato de exteriorización sin que implicara modificación alguna del compromiso existente, "habiéndose consensuado con la representación social de la empresa la adecuación de la prestación garantizada por la póliza al compromiso existente, cuya prima se satisface íntegramente por Telefónica de Españasin imputación fiscal a los asegurados y sin conceder derechos de rescate o pago anticipado".

En efecto, en el referido certificado individual de seguro de la recurrente se hace constar de forma precisa, entre otros extremos, que:

3.5. En consecuencia, resulta innegable, tal como refleja el contrato con Antares, que a partir del 1-1-1983 la prestación se garantiza directamente por Telefónica de España, que ha venido efectuando la correspondiente dotación contable en cada ejercicio a un fondo interno y abonando la prestación en los mismos términos que venían pactados en el citado contrato de seguro.

Prueba de ello es que la póliza de Antares, nº NUM004, recoge en el artículo preliminar de sus condiciones particulares esta sucesión de pólizas de supervivencia, señalando lo siguiente:

En coherencia con lo anterior, el punto 11 de las condiciones particulares de la póliza de Antares se refiere a la prima, señalando que la prima por servicios pasados es la prima única inicial que refleja el coste de la parte del capital atribuible a cada empleado desde la fecha de alta en el seguro colectivo de riesgo hasta la fecha de efecto de la presente póliza, prima que se satisface a través de la prima anual (el coste de la parte de capital atribuible a cada año) y las primas de regularización (que recoge las variaciones en el capital del seguro consecuencia de modificaciones salariales o desviaciones de la tasa de crecimiento salarial).

3.6. Lo expuesto se corrobora por el certificado de Telefónica de España, S.A.U., emitido por el Gerente de Nómina, Previsión Social y Servicios al Empleado de la Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de Personas de Telefónica, que fue aportado por la Abogada del Estado con su escrito de oposición, en el que, después de desglosar las 2 pólizas y hacer constar la liberación total del pago de primas futuras y la aplicación de las reservas técnicas para hacer frente al pago de las primas del seguro de supervivencia, recoge lo siguiente:

3.7. De lo expuesto, se desprende que las primas de supervivencia se pagan por la empresa y no se imputan fiscalmente a los asegurados, sin que los descuentos en las nóminas por las cuotas de seguro colectivo se refieran a estas primas de la póliza de supervivencia, sino al seguro colectivo de riesgo de fallecimiento y de accidente (póliza nº NUM005). Consecuentemente, la recurrente no ha acreditado que las cantidades que se le descontaban por las cuotas de seguro colectivo se referían, aparte de al seguro por muerte, enfermedad e invalidez, al seguro de supervivencia.

4. En definitiva, en términos coincidentes con la Resolución No Vinculante 0024-13, de 29-10-2013, de la Dirección General de Tributos, resulta acreditado que, en ningún momento, la recurrente realizó aportación alguna a la prestación de supervivencia ni consiguientemente ha soportado imputación fiscal alguna por este concepto, que la pueda hacer acreedora a la reducción del 75% prevista en la Disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF, sino la reducción aplicada del 40% que corresponde aplicar cuando, como aquí ocurre y certifica el propio tomador del seguro, Telefónica de España S.A.U., las aportaciones empresariales a dicho seguro de supervivencia, a diferencia del seguro colectivo de riesgo, que se imputaron en parte, no fueron imputadas a los trabajadores ya que el capital percibido ha sido constituido solo por aportaciones de la empresa, inicialmente mediante el traspaso del importe acumulado del fondo interno de pensiones que tenía constituido previamente dicha empresa y posteriormente, desde noviembre de 2002, mediante aportaciones directas a la Compañía de Seguros Antares, que asumió la póliza anterior suscrita con Metrópolis.

Todo ello comporta la improcedencia de la reducción del 75% pretendida por la recurrente.

QUINTO. Doctrina jurisprudencial que se establece.

SEXTO. Respuesta a las pretensiones suscitadas en casación.

Pese a la incongruencia omisiva en que ha incurrido la sentencia impugnada en casación, la necesaria consecuencia de lo que hasta aquí hemos expuesto y la aplicación al caso de la doctrina referida nos lleva a la desestimación del recurso de casación.

Así pues, la sentencia recurrida ha de ser confirmada en cuanto al sentido de su fallo, no así su argumentación, que debe entenderse parcialmente sustituida por la que hemos establecido en esta sentencia en relación con la cuestión de interés casacional suscitada, en aplicación de la doctrina sobre el principio de efecto útil del recurso de casación, que, en síntesis, impide que prospere éste cuando, pese a no ser conformes a Derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida, bien en todo o en parte, ello no deba traducirse en el éxito de la pretensión estimatoria en casación, por ser ajustada a Derecho la decisión final.

FALLO. Esta Sala ha decidido:

Primero. Fijar los criterios interpretativos expresados en el Fundamento Jurídico Quinto de esta sentencia.

Segundo. No haber lugar al recurso de casación interpuesto por Dª Leticia y D. Segundo contra la sentencia de 12-03-2024 del TSJ de Andalucía, con sede en Granada.

VER SENTENCIA -> https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/12ac60679f1074cda0a8778d75e36f0d/20260219