SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 08-07-2020

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 08-07-2020 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES (FAVORABLE Y DIDÁCTICA)

Recurso interpuesto por D. Bartolomé contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del TEAR de Madrid en la reclamación económico administrativa interpuesta contra el acuerdo de la AEAT de 6-3-2018 por el que se estima parcialmente la solicitud de rectiﬁcación de autoliquidación del IRPF ejercicio 2015, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del TEAR de Madrid en la reclamación económico administrativa interpuesta contra el acuerdo de la AEAT de fecha 6-3-2018 por el que se estima parcialmente la solicitud de rectiﬁcación de autoliquidación del IRPF ejercicio 2015, siendo la cuantía del recurso ﬁjada por el recurrente la de 5.042.72 € que fue el resultado a ingresar en la declaración del ejercicio 2015. Si bien el resultado del mencionado acuerdo de estimación parcial fue una cuota diferencial de 4.384,96 €, por lo que, restados al importe ingresado de 5.042,72 €, resultó una cantidad de 657,76 € a devolver.

SEGUNDO: El recurrente solicita en su demanda que se reconozca el derecho a que la liquidación de las obligaciones tributarias derivadas de la percepción en el Ejercicio de 2015 de una prestación en forma de capital, por un importe de 118.478,19 €, se realice de la siguiente forma:

1) 0,00 €, exentos, por haber sido previamente objeto de imputación ﬁscal.

2) El exceso de esta cifra hasta la cantidad de 28.963,08 €, como rendimientos del trabajo, en los términos previstos en los artículos 16.2.a.5a) y 94.2 del Texto Refundido de la Ley del IRPF, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3.

Alega que prestó servicios como empleado de Telefónica desde el 10-6-1969.

La compañía mantenía con sus empleados determinados compromisos en materia de previsión social:

-·Por un lado, a través de la ITP, compañía que estuvo operando hasta 1991, año en el que, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27-12-1991 se iniciaron los trámites para:

1) la integración de los compromisos asumidos y los fondos correspondientes en el Régimen General de la Seguridad Social, y

2) proceder a su disolución con liquidación posterior (cuya beneﬁciaria fue la propia Telefónica).

-·Por otro lado, la compañía mantenía desde antiguo 2 seguros colectivos con Metrópolis, S.A., para la cobertura de una prestación por supervivencia (jubilación), y una prestación por fallecimiento e invalidez.

El 31-12-1982, Telefónica procedió a rescatar estos seguros colectivos.

Desde ese momento y hasta 1992, fecha de constitución del Plan de Pensiones de Telefónica, la compañía actuó como verdadera aseguradora de estas coberturas, tal y como ha reconocido el TS en conocida y consolidada jurisprudencia.

A estos efectos, se remite a las Sentencias del TS de 9-5-2008, 21-1-2008, 21-12-2007, 8-10-2007, 17-4-2007, 20-3-2007 (I), 20-3-2007 (II), 20-3-2007 (III), 12-3-2007 (I), 12-3-2007 (II), 5-3-2007, 21-12-2006, 13-10-2006, 11-10-2006 (I), 11-10-2006 (II), 11-10-2006 (III), 10-10-2006, 2-10-2006, 28-9-2006, 30-5-2006, 4-4-2006, 3-4-2006, 28-3-2006, 14-3-2006 (I), 14-3-2006 (II), 7-3-2006, 6-3-2006, 21-2-2006 (I), 21-2-2006 (II), 9-2-2006, 7-12-2005, 11-4-2005, 1-6-2004, 7-4-2004, 18-3-2004, 26-7-2003 (I), 26-7-2003 (II), 18-7-2003, 12-7-2003, 9-5-2003, 7-4-2003, 26-3-2003, 25-3-2003 (I), 25-3-2003 (II), 2-10-2002, 30-9-2002, 27-9-2002, 16-9-2002 o 27-7-2002.

Con el ﬁn de constituir los fondos necesarios para cubrir las prestaciones comprometidas por medio de los anteriores sistemas, la compañía detraía de las nóminas de los empleados mensualmente 2 importes:

1) uno en concepto de aportación a ITP, y

2) otro en concepto de "cuota del seguro colectivo". El importe detraído se imputaba ﬁscalmente a los empleados, con carácter previo a su detracción en nómina, practicando la compañía el ingreso a cuenta correspondiente.

El recurrente no dispone de las nóminas del periodo anterior a la constitución del Plan de Pensiones, pero es un hecho notorio, que este Tribunal tiene constancia de ello y así ha sido ratiﬁcado por la Jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, que a todos los empleados de Telefónica se les descontaba en sus nóminas la cuota del seguro colectivo y dicho descuento tenía el carácter de prima de dicho seguro. Así lo reconocen las Sentencias de esta Ilustre Sala de 30-06-2015, 09-06-2016, 21-12-2016, 12-12-2018 y 16-01-2019, entre otras.

En 1992 se alcanzaron una serie de acuerdos en materia de previsión social en la compañía en virtud de los cuales, y entre otras cuestiones, se procedió a la constitución de un Plan de Pensiones de empleo al amparo de lo previsto en la disposición transitoria 1ª y 2ª del Reglamento de desarrollo de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 1307/1988. En cumplimiento de los acuerdos de previsión social, de los fondos existentes en el Seguro Colectivo de Capitales de Vida a 30-6-1992, se asignaron 32.204 millones de pts. para cubrir parcialmente los derechos consolidados reconocidos en el Plan de Pensiones, correspondientes a los trabajadores acogidos al Plan. La incorporación al Plan de Pensiones determinaba la renuncia expresa y deﬁnitiva del trabajador a la prestación de supervivencia asegurada con la compañía, así como a la parte que resultara necesaria de la cobertura de riesgo (fallecimiento e invalidez absoluta y permanente) hasta el importe de los derechos consolidados reconocidos en su incorporación al Plan de Pensiones (Disposición Adicional 1ª del Reglamento del Plan de Pensiones).

Mediante Resolución de la Dirección General de Seguros de fecha 18-7-1995, se aprobó el Plan de Reequilibrio del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, y en ejecución del citado Plan de Reequilibrio les fueron ingresadas a los partícipes, en concepto de derechos consolidados por servicios pasados, las cantidades correspondientes, que se desglosaban en:

a) cantidades ingresadas en virtud del Plan de Transferencia de fondos constituidos;

b) cantidades ingresadas en virtud del Plan de Amortización del déﬁcit. (Disposición Transitoria 6ª del Reglamento del Plan de Pensiones).

El reconocimiento de estos derechos consolidados por servicios pasados no tuvo efecto ﬁscal adicional alguno en los empleados (el recurrente entre ellos).

El recurrente procedió a su incorporación al Plan de Pensiones, con efectos de 1-7-1992, y con esa fecha le fueron ingresados en el citado Plan de Pensiones 28.963,08 €, en concepto de derechos por servicios pasados, tal y como se pone de maniﬁesto en el Certiﬁcado de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica. En el Expediente de la AEAT obra dicho Certiﬁcado de la Comisión de Control del Plan de Pensiones y ﬁgura el Extracto de Operaciones emitido por Fonditel Pensiones, Entidad Gestora del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, en el que se detallan las aportaciones efectuadas al Plan de Pensiones del recurrente.

En base a los datos que ﬁguran en el Extracto de Operaciones, se ha elaborado el Desglose del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, en el que se establece el desglose de las aportaciones en función del origen de las mismas:

1) Por una parte, lo aportado en concepto de derechos por servicios pasados (Plan de Transferencia más Amortización del Déﬁcit), y

2) Por otra parte, las aportaciones del promotor y del partícipe.

El 28-1-2015 percibió del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica una prestación en forma de capital por importe de 22.387,21 €, del Plan de Pensiones Individual Fonditel Red Básica y una prestación en forma de capital por importe de 3.066,17 € y del Plan de Pensiones Individual Fonditel Red Activa percibió una prestación en forma de capital por importe de 93.024,81 €, dentro de las cuales está incluida la dotación inicial por servicios pasados, que asciende a 28.963,08 €.

El recurrente integró en su totalidad la cantidad percibida en forma de capital, por importe total de 118.478,19 €, en su declaración conjunta del IRPF del ejercicio de 2015, como rendimientos del trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2.a).3ª de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, practicando una reducción del 40%, de la que resulta una cuota a ingresar de 5.042,72 €. La declaración del IRPF presentada por el recurrente obra en el Expediente de la AEAT.

Considerando que la Declaración del IRPF de 2015 presentada era lesiva para sus intereses, con fecha 6-4-2017 el recurrente procedió a solicitar la rectiﬁcación de su autoliquidación, (basada, muy resumidamente, en que, parte de la prestación percibida en forma de capital del Plan de Pensiones no debe tributar conforme a lo previsto en el art. 16.2 a) 3ª del Texto Refundido de la Ley del IRPF, sino de acuerdo a lo previsto en el art. 16.2 a) 5ª de la misma norma), y la devolución del importe indebidamente ingresado.

El 3-10-2017, presentó solicitud de rectiﬁcación de las autoliquidaciones del IRPF de los ejercicios 2013 a 2016, solicitando la aplicación de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley del IRPF en relación con el importe de la pensión de jubilación de la Seguridad Social que percibe.

Alega la improcedente tributación de la totalidad de los importes recibidos del plan de pensiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 a) 3ª de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF.

La reiterada jurisprudencia del TS, que ya ha analizado estos hechos, ha concluido que Telefónica asumió "de hecho" la función de entidad aseguradora de la cobertura de supervivencia de sus trabajadores y pensionistas, quienes en concepto de primas satisfacían parte de las cuotas del seguro colectivo, que ﬁscalmente les eran imputadas en ese momento. En concreto, las Sentencias de 30-06-2015, 09-06-2016, 21-12-2016, 12-12-2018 y 16-01-2019, entre otras, resuelven unos casos idénticos al presente, en que el recurrente no disponía de las nóminas de Telefónica anteriores a la constitución del Plan de Pensiones, sin que ello fuera óbice para estimar la demanda, como en los casos en que los recurrentes disponían de nóminas anteriores a dicha constitución del Plan de Pensiones.

Por ello, esta parte considera que la tributación de la cantidad satisfecha por los Planes de Pensiones de Empleados de Telefónica, Individual Fonditel Red Básica e Individual Fonditel Red Activa, que asciende a un total de 118.478,19 €, en forma de capital, debe efectuarse de la forma establecida por la doctrina consolidada de esta Ilustre Sala.

En el presente caso sería de la forma siguiente:

1) 0,00 €, exentos de tributación, por haber sido objeto de imputación ﬁscal anteriormente, al no disponer el recurrente de las nóminas anteriores a la constitución del Plan de Pensiones. (OJO)

2) El exceso de esta cifra hasta la dotación inicial como Derechos por Servicios Pasados, que asciende a 28.963,08 € debe tributar como rendimiento del trabajo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) 5ª de la Ley del IRPF, y dado que las prestaciones percibidas lo han sido en forma de capital, procede la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 94.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, y en este caso, como todas las primas pagadas han sido satisfechas con una antelación superior a 5 años con respecto a la fecha de rescate, la reducción a aplicar será del 75%.

Por ello, esta parte considera que la tributación de la cantidad satisfecha por el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, que asciende 124.569,91 € (SERÍAN 118.478,19 €), en forma de capital, debe efectuarse de la forma establecida por la doctrina de esta Ilustre Sala, pero con la matización expresada en los párrafos anteriores.

TERCERO: La Abogada del Estad sostiene que hay que tener en cuenta que, cuando en 1992 Telefónica creó su plan de pensiones, ofreció a sus trabajadores dos posibilidades:

- o bien continuar con su derecho a percibir la prestación de supervivencia establecida en el contrato de seguros celebrado con la Compañía Metrópolis,

- o bien, integrarse en el plan de pensiones creado.

Ante esta alternativa, el recurrente optó por incorporarse al plan de pensiones por lo que se le reconocieron unos derechos por los servicios prestados sin exigencia de imputación ﬁscal alguna.

Ello no signiﬁca que el recurrente ejercitara entonces el derecho de rescate del contrato de seguro y su liquidación se aportase a un Plan de Pensiones. Tampoco supuso una transformación del seguro colectivo en un Plan de pensiones. La elección del recurrente supuso incorporarse a un Plan de Pensiones v que su empresa realizara una serie de aportaciones al nuevo Plan a favor del recurrente.

No existe controversia jurídica alguna, si consta acreditada la imputación al trabajador de las aportaciones de la empresa, se debe aplicar una reducción del 75%, mientras que, si no consta dicha imputación, se aplica una reducción del 40%.

La cuestión objeto de controversia en el presente procedimiento, es meramente de prueba, y consiste en determinar si consta acreditado en los presentes Autos, si la cantidad aportada por la empresa fue imputada ﬁscalmente al trabajador. En el caso que nos ocupa, el único elemento probatorio serían las nóminas del interesado, nóminas que no ha podido aportar, sin que puedan considerarse un hecho notorio, por lo que no se cumple la carga probatoria que le corresponde al interesado para poder estimar su pretensión.

Esta Abogacía del Estado no desconoce las sentencias dictadas por esta misma Sala en supuestos iguales al que nos ocupa. En concreto la sentencia de 27-10-2016, entre otras..

Sin embargo, pese a lo anterior, una vez que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la imputación ﬁscal al trabajador del 50% de las cuotas aportadas por la empresa no ha sido debidamente acreditado, de forma errónea, a juicio de esta Abogacía, asocia a esas aportaciones la aplicación de una reducción del 75%, en lugar del 40%, derivada de la aplicación del artículo 94.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, incurriendo con este proceder, dicho con el máximo de los respetos y en términos exclusivos de defensa, en clara contradicción y en la aplicación errónea de los preceptos analizados, motivo por el cual dicha sentencia ha sido recurrida en Casación ante el TS. (OJO)

Cita la sentencia de esta misma Sección 5ª, de 12-06-2013, que señala expresamente que las nóminas aportadas no eran prueba suﬁciente para acreditar que al trabajador le había sido imputado ﬁscalmente las cantidades percibidas..

CUARTO: Sobre la tributación de la pensión de jubilación

QUINTO: Una vez delimitadas las cuestiones planteadas por las partes en este litigio, como ya se ha señalado por esta Sala reiteradamente, pudiendo citarse las sentencias de 12-06-2013, 12-02-2014, 25-02-2014 y 28-04-2015, entre otras, ha de tenerse en cuenta la doctrina ﬁjada por el TS en varias sentencias, pudiendo citarse, entre otras, las de 05-03-2007, 12-03-2007, 20-03-2007, 08-10-2007 y 21-01-2008, dictadas en recursos de casación para uniﬁcación de doctrina, que anulan sentencias de esta Sala y Sección dictadas en los años 2002, 2003 y 2004.

Pudiendo señalarse entre las últimas sentencias del TS sobre la cuestión debatida, la de 09-05-2008, dictada en recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina, en la que respecto de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía (Sede Granada), determina lo siguiente:

"Sobre el tema debatido se viene pronunciando esta Sala, entre otras, en sus sentencias de27-7-2002, 16-9-2002, 2-10-2002,12-7-2003,7-4-2004, 1-6-2004,11-4-2005, 20-2-2006,6-3-2006, 7-3-2006,2-10-2006 y 10-10-2006, a favor de la tesis que propugna el recurrente.

Así en la última citada se señala que:

"podemos en deﬁnitiva abordar el juicio contradictorio entre las tesis contrapuestas, que hemos de resolver a favor de la tesis de la parte recurrente, puesto que la retención practicada en la nómina demuestra, sin lugar a dudas, que las cantidades entregadas como consecuencia del seguro colectivo, deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia derivada de un contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado, y no, como se ha considerado por la Administración, como una renta irregular de trabajo personal.

Recordemos las tajantes apreciaciones probatorias que se contienen en las sentencias contradictorias, en contraste con la indeﬁnición a que llegó la recurrida.

Debemos añadir, por ello, que el Fondo de Pensiones constituido por Telefónica lo fue en 1992, y aunque el ejercicio a que se reﬁeren las actuaciones es el de 1995, en la sentencia recurrida no se acredita suﬁcientemente que haya habido aportaciones de Telefónica para el pago de las primas, lo cual determina que, en aras del mantenimiento de la unidad de doctrina, haya de rechazarse la tesis de la Administración, no pudiendo considerarse que la cantidad percibida deba atribuirse a dos conceptos diferentes, a saber, el rescate de un seguro de supervivencia y lo derivado del Fondo aludido.

Resultaba aplicable, en consecuencia, el art. 48.1.i) de la Ley 18/1991, a cuyo tenor:

"cuando la alteración del valor del patrimonio proceda[...] de contratos de seguros de vida o invalidez, conjunta o separadamente, con capital diferido, el incremento o disminución patrimonial vendrá determinado por la diferencia entre la cantidad que se perciba y el importe de las primas satisfechas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 9, apartado uno, letra e) y 37, apartado uno, número 3, letra f) de esta Ley."

Pues bien, de acuerdo con la doctrina ﬁjada por el TS, y partiendo de que en el presente caso se ha acreditado por el recurrente mediante la aportación de los certiﬁcados de la entidad Fonditel, aunque no se han aportado nóminas (OJO), que se practicaron aportaciones por el partícipe, lo que evidencia, como maniﬁesta el TS que las cantidades entregadas como consecuencia del seguro colectivo, deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia derivada de un contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado. A una conclusión similar, precisamente amparándose en la doctrina ﬁjada por el TS, ya se llegó por el propio TEAR de Madrid en la resolución dictada el 24-2-2011 en la que estimó la reclamación económico administrativa número 28/06210/08, que fue examinada en la sentencia de esta Sala dictada el 23-04-2013.

Lo que ocurre en el presente caso es que al no aportar las nóminas se desconoce el importe de las cantidades deducidas en las nóminas, pero el recurrente no solicita exención por el importe de las cantidades que habían sido previamente objeto de imputación, por lo que no existe controversia respecto a la exención, ya que en la demanda se indica "0,00 €, exentos, por haber sido previamente objeto de imputación ﬁscal" (OJO)

En el caso analizado en este recurso, es aplicable la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, que en el art. 17.2.a).5ª considera, en todo caso, rendimientos del trabajo:

"5ª Las prestaciones percibidas por los beneﬁciarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneﬁciarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones , y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas ﬁscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.".

Por tanto, sólo los importes que excedan de las contribuciones imputadas ﬁscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador, pueden considerarse rendimientos del trabajo. (OJO)

Sólo el exceso sobre dicha cifra hasta el total del importe reconocido en concepto de Derechos por Servicios Pasados, según el certiﬁcado del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, aportado al expediente administrativo, ha de imputarse como rendimiento del trabajo, pero sobre dicho importe se debe tener en cuenta que el art. 94 del citado Real Decreto Legislativo 3/2004, regula los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos procedentes de contratos de seguro y en su apartado 2 establece lo siguiente:

"A los rendimientos derivados de las prestaciones percibidas en forma de capital, establecidas en el artículo 16.2.a).5ª de esta ley cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios hayan sido imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones, y a los rendimientos derivados de percepciones en forma de capital de los contratos de seguro a que se reﬁere el artículo 23.3 de esta ley, les resultarán de aplicación los siguientes porcentajes de reducción:

a) El 40%, para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de 2 años de antelación a la fecha en que se perciban, y para los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez a las que no resulte de aplicación lo previsto en el párrafo b) siguiente.

b) El 75% para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de 5 años de antelación a la fecha en que se perciban, y para los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, en los términos y grados que reglamentariamente se determinen.

Este mismo porcentaje resultará de aplicación al rendimiento total derivado de prestaciones de estos contratos que se perciban en forma de capital, cuando hayan transcurrido más de 8 años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suﬁcientes, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

c) Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas simpliﬁcadas para la aplicación de las reducciones a las que se reﬁeren los párrafos a) y b) anteriores"

Por tanto, de acuerdo con el precepto citado, en el presente caso supone que ha de aplicarse el 75% de porcentajes de reducción, ya que el mismo es aplicable en virtud de la Disposición transitoria 11ª de la Ley 35/2006 que regula el régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de los contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones y que determina:

"2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir de 1-1-2007 correspondientes a seguros colectivos contratados con anterioridad a 20-1-2006, podrá aplicarse el régimen ﬁscal vigente a 31-12-2006. Este régimen será sólo aplicable a la parte de la prestación correspondiente a las primas satisfechas hasta 31-12-2006, así como las primas ordinarias previstas en la póliza original satisfechas con posterioridad a esta fecha".

Si bien esa reducción no puede calcularse sobre todo el importe percibido por el actor sino solo hasta la suma que se corresponde con la parte rescatada de la dotación inicial aportada por Telefónica en concepto de derechos reconocidos por Telefónica por servicios pasados en a 1-7-1992, es decir, el importe de 28.963,06 €, que es el importe que ﬁgura reconocido en el certiﬁcado aportado del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica Comisión de Control, que ha sido aportado al presente recurso.

En consecuencia, procede la estimación del recurso contencioso administrativo, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como el acuerdo del que trae causa, declarando el derecho del recurrente a la devolución del importe resultante de que la liquidación de las obligaciones tributarias derivadas de la percepción en el Ejercicio de 2015 de una prestación en forma de capital, por un importe de 118.478,19 €, se realice de la siguiente forma:

1) 0,00 €, exentos, por haber sido previamente objeto de imputación ﬁscal.

SEXTO: En base a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede la imposición de costas a la Administración demandada al ser rechazadas todas sus pretensiones, si bien, y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 139.4 de la Ley de la Jurisdicción, la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 500 €, atendida la facultad de moderación que el artículo 139.4 de la LJCA concede a este Tribunal fundada en la apreciación de las circunstancias concurrentes que justiﬁquen su imposición, habida cuenta del alcance y la diﬁcultad de las cuestiones suscitadas, importe al que se deberá sumar el I.V.A. si resultara procedente.

FALLO

Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Bartolomé, contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del TEAR de Madrid en la reclamación económico administrativa sobre IRPF, ejercicio 2015, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como el acuerdo del que trae causa, declarando el derecho del recurrente a la devolución del importe resultante según lo especiﬁcado en el fundamento quinto de esta sentencia.

Con imposición de costas a la Administración demandada, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 500 € al que se deberá sumar el I.V.A., si resultara procedente, conforme a lo dispuesto en el art. 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5-10.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de la notiﬁcación

VER SENTENCIA -> http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1b366f4c0ea2acbf/20200827

VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE TRIBUTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES -> SENTENCIASPP.html

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